Los Ministros de Energía de la UE, entre ellos el español Joan Clos, comenzarán el miércoles a discutir si los objetivos de limitación de emisiones de gases de efecto invernadero establecidos por la Comisión Europea (CE) deben ser vinculantes o meramente indicativos, como desean algunos estados.

Este Consejo de Transporte, Telecomunicaciones y Energía será el primer debate político sobre el extenso paquete de propuestas para una «nueva revolución industrial» presentado por Bruselas el 10 de enero, entre ellas el recorte en al menos un 20% de las emisiones causantes del cambio climático para 2020.

España no ha expresado por el momento una posición cerrada sobre el nivel de compromiso que debe suponer para los estados la aprobación de los objetivos de la Política Energética para Europa, que trata de ser una respuesta al cambio climático y a la creciente dependencia energética del continente.

El próximo miércoles los titulares de Energía está convocados a una cena informal en la que harán una primera puesta en común sobre el margen de maniobra y el calendario de aplicación de las propuestas. Al día siguiente, jueves, el comisario de Energía, Andris Piebalgs, expondrá ante los 27 la posición de la Comisión: que el objetivo de la UE debe ser una reducción de emisiones nocivas del 30% (al menos del 20) en 2020, y de entre el 60 y el 80% en 2050. Para ello, insta a que los biocombustibles representen dentro de 13 años al menos un 10% del consumo del petróleo, y que en esta fecha además haya aumentado la eficiencia del consumo total de energía en otro 20%.

También estará sobre la mesa el debate sobre si la energía nuclear debe ser considerada parte de la solución, ya que a su menor efecto contaminante se enfrenta el problema de la gestión de los residuos y del difícil desmantelamiento de las centrales.

Otra de las conclusiones de la Comisión es que se deben diversificar las importaciones de gas y electricidad, así como separar las actividades de producción y de distribución energéticas.

Los estados también debatirán en relación a las estrategias para garantizar un buen funcionamiento y suministro de los mercados de gas y de electricidad, así como sobre el marco legislativo para invertir en plantas generadoras de energía y redes de suministro.

Los ministros darán este primer paso, con vistas a la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de Primavera (8 y 9 de marzo), y en previsión de un debate más en profundidad en el Consejo de Energía que se celebrará en junio.

El Consejo de Administración de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) empezará a estudiar el próximo jueves la petición de ACS de que no se limiten sus derechos políticos en Iberdrola, una cuestión que ha provocado un nuevo roce entre la constructora y la eléctrica.

El periodo de alegaciones, que se amplió durante cinco días a petición de Iberdrola, concluyó el pasado viernes, y la CNE deberá tomar una decisión sobre este tema antes del 23 de febrero.

El jueves, la segunda eléctrica española pidió en sus alegaciones que el regulador energético aplique la normativa vigente, que limita al 3 por ciento los derechos de voto de una sociedad que participe en dos operadores principales del sector energético.

En la actualidad, ACS posee el 40,47 por ciento del capital de Unión Fenosa y controla la mitad de su consejo, mientras que su participación en Iberdrola alcanza el 12,3 por ciento.

En sus alegaciones, la compañía presidida por Ignacio Sánchez Galán recuerda los antecedentes de La Caixa y BBVA, y advierte de que una decisión en sentido contrario «crearía inseguridad jurídica». La Caixa tuvo que optar en 2001 entre Gas Natural y Endesa, mientras que el BBVA debió elegir en 2005 entre Iberdrola y Repsol YPF.

Tras conocer el planteamiento de Iberdrola, ACS subrayó el viernes que su petición, planteada en noviembre, sigue en pié. Aunque la eléctrica asegura que sus relaciones con la constructora son «excelentes», no es la primera vez que surgen roces entre ambas.

ACS no vio con agrado que Iberdrola se lanzara a por el grupo británico Scottish Power sin consultarle, una operación que en algunos ámbitos se interpretó como un intento de Sánchez Galán de diluir el peso de la constructora en su accionariado.

Al margen de este tema, el Consejo de la CNE seguirá analizando esta semana, en concreto el miércoles, el nuevo marco retributivo del régimen especial (energías renovables y cogeneración). La semana pasada, el Consejo respaldó en líneas generales el borrador elaborado por el Ministerio de Industria, aunque se pronunció en contra de la retroactividad del nuevo esquema retributivo. La mayoría de los consejeros defendió que las instalaciones ya existentes puedan seguir acogidas al régimen retributivo actual durante toda su vida útil.
En cualquier caso, el informe de la CNE, que todavía no está redactado, no será vinculante para el Ministerio de Industria.