La CNMC reprocha a Energía que 335 millones ingresados para pagos por capacidad se destinen a financiar otros costes regulados

Redacción / Europa Press.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) advirtió al Ministerio de Energía de que, en su borrador de peajes eléctricos para 2017, está «financiando» costes del sistema mediante un exceso de recaudación de 335 millones de euros en la partida de pagos por capacidad, unos incentivos a las centrales de respaldo, generalmente térmicas de carbón o de gas, por estar disponibles en los momentos en los que falla la aportación de tecnologías no gestionables como la eólica.

En su informe sobre el borrador de peajes de electricidad, el organismo presidido por José María Marín Quemada advierte de que los ingresos previstos para 2017 destinados a los pagos por capacidad ascienden a 725 millones, a pesar de que esta partida generará unos costes de 390 millones. De esta forma, se registra un saldo positivo de los pagos por capacidad de 335 millones que se destinará a financiar los costes regulados “distintos al transporte y la distribución”, entre los que figuran, especialmente, los incentivos a las renovables o la amortización de la deuda eléctrica.

«Teniendo en cuenta que los peajes de transporte y distribución implícitos en la propuesta de orden son suficientes para recuperar la retribución de las redes, el superávit de los pagos por capacidad está destinado a la financiación del resto de costes regulados del sistema», afirma. La CNMC aprovecha para reclamar a Energía «una metodología de cálculo de los precios unitarios de los pagos por capacidad, a efectos de que cada componente de coste sea recuperado por el precio regulado correspondiente«.

Justifica congelar los peajes eléctricos

El borrador de orden ministerial de peajes eléctricos contempla un escenario de equilibrio entre costes regulados e ingresos procedentes de los peajes para 2017. Tras más de una década de déficit de tarifa, el sistema eléctrico ha arrojado superávit en 2014 y 2015, y lo hará previsiblemente en 2016. La CNMC considera en todo caso que los ingresos regulados previstos para 2017 son suficientes para cubrir los costes y, en consecuencia, está justificada la decisión de mantener congelados los peajes.

La CNMC aprovecha para pedir a Energía que apruebe de forma urgente las modificaciones legislativas necesarias para adecuar sus competencias con las que tienen el resto de reguladores europeos de acuerdo con la normativa comunitaria. También lamenta no haber podido valorar los ingresos por peajes de acceso a consumidores y generadores, y considera «inadecuado» el mecanismo de financiación con cargo a los Presupuestos del 50% del coste de las instalaciones de producción renovable ubicadas en territorio insular. Junto a esto, insiste en la necesidad de que Energía apruebe una metodología para el cálculo de los peajes de transporte y distribución.

A propósito de esta metodología, el regulador indica que su aprobación servirá para contribuir a la transparencia del sistema en su conjunto y, en el caso del autoconsumo, para dotarlo de mayor certidumbre para su desarrollo. Competencia también advierte del incremento de los cargos transitorios por energía consumida para los subsistemas de Mallorca-Menorca e Ibiza-Formentera incluidos en la orden ministerial, sin que se justifique suficientemente el motivo de dicha variación.

Para el conjunto de autoconsumidores, se producirá una rebaja del 6,2% en el término fijo de los cargos para potencias contratadas no superiores a 10 kW. Entre 10 y 15 kW, la rebaja será del 3,6%. En cuanto a los términos variables, registran reducciones comprendidas entre el 3% y el 16,3% para los consumidores de baja tensión y entre el 8,4% y el 16,7% para el resto de los consumidores.

Nadal pide a la CNMC analizar si las subidas del precio de la electricidad son por temas técnicos o no

Redacción / Agencias.- El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, considera que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) actúa «con buen criterio» al analizar con precisión si los “episodios alcistas” en los precios mayoristas de la electricidad en diciembre se deben a cuestiones técnicas puntuales o a una falta de competencia en el mercado. Nadal se ha mostrado preocupado porque en las últimas semanas se haya producido un aumento de los precios de la electricidad «importante».

En este sentido, recordó que en estos episodios alcistas pueden haber incurrido varios factores que pueden haber contribuido a las subidas de las últimas semanas, entre ellas la meteorología, los aumentos de los precios de los carburantes o los problemas surgidos por la indisponibilidad de las centrales nucleares francesas y los problemas en Europa ante la rotura de un cable de conexión entre Reino Unido y Francia. «Queremos saber si estos episodios de aumento de precios son por cuestiones técnicas o por otras cosas», señaló. Nadal ha trasladado al presidente del regulador José María Marín Quemada que sus declaraciones sobre este aspecto son «muy acertadas».

El presidente de la CNMC reconoció que el organismo regulador está «mirando mucho» el incremento del precio mayorista de la electricidad, que ha aumentado un «treinta y pico por ciento» este mes y se ha disparado desde «unos 40 euros el megavatio hora (MWh) a 60 euros». El coste de la energía, que se fija en estos mercados mayoristas, es uno de los componentes del recibo eléctrico y supone alrededor de un tercio del mismo. «Esto es inquietante. Es un incremento notable en un mes y estamos mirándolo porque nos preocupa», ha subrayado Marín Quemada.

Podemos exige que la CNMC investigue lo que considera “irregularidades” en los recibos de la luz

Europa Press.- El grupo parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha registrado una proposición no de ley para que el pleno del Congreso debata sobre la necesidad de que la Comisión Nacional de los Mercados y la competencia (CNMC) incoe una investigación sobre irregularidades en la facturación de la energía eléctrica.

En la iniciativa, Unidos Podemos denuncia que España presenta uno de los precios más elevados de los países de su entorno, ya que la electricidad para sus hogares es la cuarta más cara de toda Europa, según Eurostat. En este sentido, señala que el incremento desde el segundo semestre de 2013 al de 2014 ha sido del 4,1%, frente a un incremento del 2,9% en el conjunto de la Unión Europea y del 2,7% en la zona euro, debido a factores como el déficit de tarifa, los elevados costes de distribución o las prácticas «oligopólicas» de las eléctricas, entre otros.

Respecto a las deficiencias de facturación de los peajes de acceso, el real decreto de 2011 por el que se establecen tarifas de acceso a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica, estipula que los peajes de transporte y distribución serán aprobados por el Gobierno tendrán el carácter de máximos. Por ello, según Unidos Podemos son importes «únicos y aprobados por el Gobierno, no por las comercializadoras, las cuales estarían gravando por encima de esos máximos y por tanto incurriendo en una ilegalidad«.

Además, desde Podemos añaden que «de ningún modo las empresas comercializadoras deberían añadir ningún coste adicional a lo establecido anteriormente por el Gobierno». En este mismo sentido asegura que se pronunciaron las instancias judiciales, ya que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dictaminó en sentencia de mayo de 2012 que no cabía estimar recurso contencioso-administrativo de una empresa comercializadora a una resolución de la sección de Atención a las Personas Usuarias de la Dirección General de Energía, Minas y Seguridad Industrial de la Generalitat.

La facturación del término de potencia es un coste regulado de forma que su aplicación, o no aplicación, «no depende de lo que puedan acordar las partes contratantes, sino que es de aplicación obligatoria». Igualmente, la citada resolución añade que la aplicación y traslado a la facturación de las modificaciones de la cuantía de este coste regulado tampoco puede ser objeto de acuerdos contractuales sino que las sucesivas variaciones deben trasladarse a la facturación de la totalidad de los clientes eléctricos, incluidos en el mercado libre, puesto que se trata de unos porcentajes fijados reglamentariamente.

Respecto a las deficiencias de facturación relacionadas con el maxímetro, estas vienen de nuevo por un «exceso de facturación», apunta Unidos Podemos. Según reguló el real decreto de 2001, el control de la potencia demandada se realizará mediante la instalación de los correspondientes aparatos de medida que registrarán la potencia cuarto horaria máxima demandada en cada período tarifario, punta, llano o valle del período de facturación. Existiendo ya el instrumento de control de la potencia máxima y, por lo tanto la potencia a facturar, las comercializadoras estarían facturando de igual modo el 100% de la potencia contratada, incurriendo en un «incumplimiento claro» de la normativa.

De igual forma, Unidos Podemos pide que la CNMC investigue también las «posibles trampas» que algunas de las empresas comercializadoras de energía eléctrica estarían empleando para hacer creer que sus ofertas son más ventajosas que la tarifa regulada Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), cuando «en realidad en todos los casos analizados los recibos del usuario medio lejos de abaratarse se habrían visto encarecidos».

Discrepancias entre consejeros del CSN sobre las revisiones periódicas de la seguridad en las centrales nucleares

Europa Press / EFE.- La revisión de la Guía de Seguridad del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha motivado discrepancias entre dos de los consejeros del órgano regulador, Cristina Narbona y Fernando Castelló, según consta en la explicación de su abstención y apoyo en las actas del último pleno de noviembre. Narbona justifica su abstención ya que no le parece bien que el CSN plantee «disociar» la revisión periódica de seguridad de las centrales, que se realiza cada diez años, del periodo de renovación de autorización para operar.

Narbona admite que la actualización responde «sin duda» a una mejora de la seguridad, de acuerdo con el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) pero considera que los «importantes» requerimientos deberían incorporarse a una instrucción de seguridad vinculante. Según manifiesta Narbona «en la memoria que acompaña el borrador no hay ningún argumento que justifique la disociación de las Revisiones del tiempo de explotación de la central», siendo el plazo de 10 años de máximo en ambos casos. Narbona considera que el hecho de que la evaluación de seguridad y concesión de autorización para operar vayan acompasadas es una práctica «consolidada» en España y está en consonancia con el OIEA.

Narbona señala que la asociación entre las revisiones y las autorizaciones de explotación fue resultado de numerosas y prolongadas deliberaciones del pleno durante 1999, tal y como se reflejó en las actas cuando por primera vez se concedió a Garoña una autorización de explotación por diez años. Por ello, cuestiona que «sin que haya mediado ningún debate en profundidad», la mayoría del pleno acepte disociar las revisiones del periodo de renovación de la autorización de explotación, «contraviniendo así una buena práctica consolidada en España» en materia de seguridad nuclear y radiológica sin que exista ningún argumento técnico que lo recomiende».

La consejera critica que «la única referencia» en la que se basa el CSN para disociar ambos periodos son los comentarios internos recibidos de una reunión mantenida entre altos técnicos de este órgano y Unesa, en la que la patronal eléctrica propone la eliminación de la referencia a los diez años «por no ser coherente con el proceso de renovación de la autorización a la central de Garoña». El CSN está ultimando el informe sobre la solicitud de la renovación de Garoña para 17 años, cerca del doble de lo habitual hasta ahora. De ser favorable, la central, en caso de que sea autorizada por el Gobierno, sería la primera planta en España que alcanza los 60 años (en 2031).

Por su parte, el consejero Castelló considera que «el análisis de la revisión periódica de seguridad es garantía razonable de que en el periodo siguiente de operación, las condiciones de seguridad se seguirán manteniendo». Castelló subraya que la guía sigue recogiendo que «conviene la realización de una revisión de seguridad de al menos cada 10 años, independientemente del periodo por el cual el Ministerio otorgue la renovación de la autorización de explotación». Agrega el consejero que en el caso de Garoña, «la aplicación de los requisitos a la instalación no se altera ya que la instrucción del CSN sobre requisitos de seguridad para la gestión del envejecimiento y la operación a largo plazo de las centrales nucleares está en vigor».

Ambos consejeros mantuvieron otro desencuentro en el pleno a raíz de la propuesta presentada por Narbona para que antes de decidir la prolongación de la vida útil de las centrales hasta los 60 años, se monte una comisión de expertos internacionales que analicen las implicaciones de esta medida en todos los ámbitos, especialmente en el económico por la mayor generación de residuos. Además, ha pedido una Comisión asesora ad hoc que asesore técnicamente sobre Garoña. Castelló responde a la propuesta que el CSN «no está para hacer política energética», ya que eso le corresponde al Ministerio de Energía. El CSN está actualmente integrado por cinco consejeros, tres de los cuales fueron propuestos por el PP y dos por el PSOE.

Una vez expuesta su propuesta, el consejero Javier Dies Llovera ha reprochado a Narbona que su propuesta es «similar» a la formulada por Ecologistas en Acción y Greenpeace en el Comité Asesor. En ese sentido, subrayó que al CSN «le toca» centrarse en la seguridad nuclear y la protección radiológica para incrementar su eficacia de gestión y recordó que en el pasado un ministro de Industria creó una mesa de debate sobre energía nuclear parecido al propuesto ahora por Narbona.

España permanece entre los países de la Unión Europea con los carburantes más caros antes de impuestos

Redacción / Agencias.- España se mantuvo en octubre como uno de los países de la Unión Europea con los precios antes de impuestos de los carburantes más altos, según el Informe de Supervisión de la distribución de carburantes en estaciones de servicio elaborado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). España conservó la tercera posición en el caso de la gasolina y ascendió de la quinta plaza a la cuarta en la clasificación de países con el gasóleo de automoción más caro.

En octubre, el precio de la gasolina subió un 2,4% en la Península y Baleares, hasta 1,193 euros por litro; mientras que el del gasóleo aumentó un 3,4%, hasta situarse en 1,074 euros por litro. En ambos casos, se trata del segundo mes consecutivo al alza. Por el contrario, el margen bruto promedio de la gasolina bajó un 2,6%, hasta 17,1 céntimos por litro, y el del gasóleo se redujo un 4,7%, hasta 16,3 céntimos por litro. Este margen es el resultado de la resta entre el precio antes de impuestos y el coste del producto, de modo que ahí se incluyen costes como los de comercialización, logística o distribución.

En octubre, los precios más altos de la gasolina correspondieron a las gasolineras de BP, seguidas de las de Cepsa y Repsol. En el caso del gasóleo de automoción, Repsol y Cepsa registraron precios promedio iguales, superiores a las de BP. Los precios de los tres operadores con capacidad de refino en España fueron superiores a los de otras compañías con redes destacadas como Galp o Disa. Asimismo, la demanda de carburantes de automoción creció un 5,7% en septiembre en términos interanuales, pero se redujo un 3,8% respecto a agosto.

Encuentro Rivera Rajoy

Ciudadanos lleva al Congreso de los Diputados la división de la CNMC en dos organismos que pactó con el PP

Europa Press.- Ciudadanos ha registrado en el Congreso una proposición no de ley para instar al Gobierno a dividir la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en dos órganos independientes, una medida que el partido naranja acordó con el Partido Popular en el pacto de investidura de Mariano Rajoy.

Según la iniciativa, que se debatirá en la Comisión de Economía y Competitividad, la actual CNMC debería dar lugar a dos nuevas entidades: una Autoridad Independiente de Regulación de los Mercados (AIReM) y una Autoridad Independiente de Defensa de la Competencia (AIDeCo), siguiendo «el modelo vigente en la mayoría de países de nuestro entorno». En concreto, Ciudadanos propone que la AIReM asuma las funciones de supervisión y control de todos los sectores económicos, en especial los de gas y electricidad.

Además, Ciudadanos apuesta por que esta nueva entidad recupere competencias que fueron asumidas por ministerios y direcciones generales tras la creación de la CNMC durante la reforma de los organismos regulatorios en 2013, cuya supervisión y regulación sería asumida por la AIReM. Aquel año se fusionaron en la CNMC seis organismos (Comisión Nacional de la Competencia, Comisión Nacional de Energía, Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, Comisión Nacional del Sector Postal, Consejo Estatal de Medios Audiovisuales y Comité de Regulación Ferroviaria y Aeroportuaria). Ciudadanos critica que aquella reforma «fue realizada sin consenso y acaparó críticas tanto de expertos como de organismos internacionales, incluida la Comisión Europea». «No tiene sentido cuando se hace en tantos ámbitos y tan dispares», señala Ciudadanos.

Respecto a la AIDeCo, Ciudadanos propone que asuma las funciones de promoción de la competencia, de aplicación de la normativa española y europea de defensa de la competencia y de garantía de la unidad de mercado. Asimismo, esta entidad desarrollaría las funciones de protección y defensa de los consumidores y usuarios siguiendo el modelo imperante en la Unión Europea, «sin perjuicio de las competencias que corresponden a las comunidades autónomas».

«Para que el mercado funcione, es necesario dejar el máximo espacio posible a la iniciativa privada, pero dentro de unas reglas de juego claramente impuestas e imparcialmente ejecutadas», subrayan desde la formación. En este sentido, consideran «absolutamente imprescindible un organismo auténticamente capaz de velar por la competencia efectiva en los mercados y de evitar el abuso de las posiciones dominantes».

Competencia considera que el PVPC es más barato que las ofertas de electricidad en el mercado libre

Europa Press.- La tarifa regulada de electricidad, el conocido como PVPC, es la opción más barata frente a las disponibles en el mercado libre, con un ahorro en la factura de 32 euros al año, un 6% de la facturación anual, según el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre la comparativa de ofertas de gas y electricidad para consumidores domésticos y pymes en el primer semestre del año.

En concreto, el ‘superregulador’ subraya que esta opción fue la más económica en el periodo entre julio de 2015 y junio de 2016, no siendo así en el periodo de julio de 2014 a junio de 2015, lo que «pone de manifiesto que las comercializadoras no han trasladado a sus ofertas toda la bajada del precio que ha registrado la electricidad en los mercados mayoristas durante el periodo».

En el caso del gas, el pasar de ser suministrado a través de la tarifa regulada (TUR) a elegir la oferta más barata disponible en el mercado supone un ahorro para el consumidor doméstico de entre 30 y 44 euros anuales, según el consumo anual, lo que representa entre un 4% y un 13% de su factura anual en el periodo.

En el informe, la CNMC señala que ha detectado que, en el sector eléctrico, las ofertas de los comercializadores ligados a los grupos energéticos tradicionales se han centrado en atraer a los clientes con derecho a PVPC.

Además, afirma que el precio de sus ofertas se ha igualado con respecto al del resto de las comercializadoras del mercado libre, frente a lo que ocurría en años anteriores, cuando sus ofertas eran significativamente más altas.

En el caso de la electricidad, las diferencias de precios más acusadas en el comparador, según el organismo presidido por José María Marín Quemada, afectan a los consumidores eléctricos sin derecho a PVPC (gran consumidor doméstico, pequeño negocio o pyme con potencias contratadas superiores a 10 kW y en alta tensión), de forma que pueden encontrar una diferencia de precios entre la oferta más barata y la más cara que puede variar entre 1.000 y 3.000 euros al año, en función de la modalidad de suministro.

Por su parte, los consumidores con derecho a PVPC (aquellos con suministro de potencia contratada menor o igual a 10 kW), pueden encontrar una diferencia que alcanza los 200 euros en la facturación anual entre la oferta más cara y la más barata incluida en el comparador.

En el caso del gas, la contratación de la oferta más cara frente a la más barata disponible en el comparador supone una diferencia para un consumidor con derecho a tarifa regulada de unos 60-135 euros en la facturación anual. En los consumidores sin derecho a TUR el diferencial entre ofertas puede variar entre 1.000 y 4.600 euros al año.

Incremento en el número de ofertas

En el periodo, la CNMC constata un incremento de las ofertas activas en el mercado libre recogidas en su comparador de precios. Así, desde junio de 2014 hasta el pasado mes de junio, se ha pasado de contar con 390 a unas 550 ofertas activas aproximadamente.

El mayor incremento de ofertas se ha registrado en el mercado eléctrico, con 275 ofertas en junio de 2014 frente a las 425 en junio de este año, debido, principalmente, al incremento de comercializadores eléctricos en el comparador.

Por el contrario, en el caso del número de ofertas de gas, estas se han mantenido constantes, con unas 75 ofertas, mientras que el número de ofertas que incluyen conjuntamente gas y electricidad se redujo durante el periodo de estudio (desde 63 ofertas duales en junio de 2014 a 36 ofertas en junio de 2016).

El déficit eléctrico provisional asciende a 1.599 hasta agosto, 342 millones menos de lo previsto

Redacción / Agencias.- El déficit de tarifa provisional del sistema eléctrico, que se produce porque los costes reconocidos de la actividad regulada son inferiores a los ingresos obtenidos a través de los peajes, se situó en 1.599 millones de euros hasta agosto, un 17% por debajo del escenario previsto. Las previsiones apuntan a una reducción progresiva del déficit provisional que propicie el equilibrio entre ingresos y costes a cierre del ejercicio. De hecho, la tendencia apunta a un nuevo superávit en 2016, tras los de 2014 y 2015.

La cifra de 1.599 millones de euros, incluida en la octava liquidación del sistema eléctrico de 2016 elaborada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), es 342 millones inferior a la prevista. Ya en la liquidación de julio, el sistema eléctrico evolucionaba 249,5 millones mejor de lo previsto. El organismo presidido por José María Marín Quemada explica que la mejor evolución del sistema eléctrico se debe al buen comportamiento de los ingresos por peajes de acceso de consumidores, que fueron 135 millones superiores, y a los menores costes de las renovables y la cogeneración, inferiores en 151 millones a lo previsto.

La demanda en consumo registrada en la liquidación fue un 0,5% inferior al valor promedio observado en años anteriores, mientras que los ingresos por peajes de acceso de consumidores resultaron un 1,7% superiores al valor promedio histórico. El déficit hasta agosto es resultado de que los ingresos totales del sector eléctrico fueron de 9.837 millones mientras que los costes sumaron 11.436 millones. El coeficiente de cobertura de esta liquidación se ha situado en el 83,38%. Este porcentaje recoge la proporción de retribución que van cobrando los agentes del sector en función de la entrada de ingresos en el sistema eléctrico.

En cuanto a la retribución a las renovables, la CNMC ha gestionado la liquidación de 63.688 instalaciones con derecho a retribución específica en agosto. La liquidación provisional a cuenta correspondiente a la energía generada por estos productores desde el 1 de enero hasta el 31 de agosto de 2016 ascendió a 4.332 millones de euros, antes de IVA o impuesto equivalente. La cantidad a pagar a cuenta a los productores en esta liquidación ascendió a 577 millones de euros, antes de IVA o impuesto equivalente.

Por otro lado, los ingresos netos liquidables del sistema gasista fueron de 1.607 millones de euros, lo que supone una disminución del 6,4% respecto a los ingresos netos liquidables del mismo periodo del 2015. La retribución fija acreditada a las empresas ascendió a 1.936 millones de euros, un 1,7% superior a la del 2015. El déficit provisional se situó en 329 millones y el índice de cobertura se ha situado en el 83% de la retribución acreditada. La demanda de gas natural facturada hasta agosto, ascendió a 193,5 teravatios hora (TWh), lo que representa un descenso del 0,7% respecto al 2015 al reducirse la demanda de gas para generación eléctrica.

El FADE coloca una emisión de 188 millones de euros a un tipo del 0,75%, muy inferior a los anteriores

Europa Press.- El Fondo de Amortización del Déficit Eléctrico (FADE) colocó una emisión de 188 millones de euros a 8 años a un tipo de interés del 0,75%, muy inferior al que ha venido financiándose la deuda del sistema eléctrico hasta la fecha. El FADE es un instrumento creado por el Gobierno en 2010 para la titulización en los mercados crediticios de los aproximadamente 28.000 millones de deuda del sistema eléctrico generados por el déficit de tarifa.

Esta deuda había sido financiada hasta ese momento en su mayor parte por las principales compañías eléctricas, que fueron extrayendo progresivamente este pasivo de sus balances hasta que en 2014 dejó de producirse déficit de tarifa. Según cálculos del propio FADE incluidos en su auditoría de 2015, el tipo de interés de la deuda eléctrica colocada en los mercados a través de este instrumento ascendía a cierre de aquel ejercicio a una media del 4,53%. Este tipo interés se situó 2,4 décimas por debajo del 4,77% registrado en 2014 y un punto por debajo del 5,56% de 2013. De los 24.189 millones de euros de deuda eléctrica cedidos al fondo, había 19.832 millones pendientes de cobro a finales de 2015.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) calcula que la deuda pendiente del sistema eléctrico se situaba en 25.056 millones de euros a cierre de 2015, frente a los 26.946 millones de 2014. El FADE ha titulizado cerca del 80% de la deuda eléctrica, a un coste medio más elevado que el resto de las fórmulas de financiación ensayadas. La opción más barata fue la utilizada para el déficit de 2005, en la que el tipo de interés apenas ascendió al 0,089%.

El CSN reclasifica de 0 a 1 en la escala INES un suceso notificado por la central nuclear de Almaraz

Europa Press / EFE.- El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) clasificó como nivel 1 (anomalía) en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares (INES) un suceso notificado por la central nuclear de Álmaraz (Cáceres) el pasado 26 de julio, y calificado como 0 (sin significación) de forma provisional, una vez efectuada la revisión de los datos obtenidos tras las diferentes inspecciones y evaluaciones, según comunicó.

Este suceso, aplicable a las dos unidades y relativo a un incumplimiento de una exigencia de vigilancia requerida por las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento (ETF), fue comunicado y publicado en la web del CSN. Los hechos descritos en el suceso notificado «no tuvieron repercusión ni dentro ni fuera del emplazamiento» por lo que, aplicando el manual de la Escala INES, se debe clasificar siguiendo los criterios de defensa en profundidad (un conjunto de niveles que combina un diseño de múltiples barreras para alcanzar el objetivo de eliminar o minimizar los riesgos en caso de que alguno falle) sin suceso iniciador.

En ambas unidades, el sistema de limpieza del cambiador de calor del sistema de agua de refrigeración de componentes estuvo fuera de servicio durante un tiempo «superior» al que se establece en las ETF. En el caso de la unidad 1, se trata del cambiador de calor del tren B y en la unidad 2, del correspondiente al tren A.

El sistema de refrigeración de componentes es un circuito cerrado cuya función es transmitir la carga térmica de los equipos que requieren refrigeración, al sistema de agua de servicios esenciales. Dicha carga térmica se toma en los enfriadores de los equipos y se transfiere en los cambiadores de calor del sistema de componentes al agua de servicios esenciales, que, a su vez la evacua hacia el exterior, explica el CSN.

El CSN ha llevado a cabo diversas inspecciones y solicitó al titular de la instalación un análisis de la capacidad del cambiador de calor del sistema de refrigeración de componentes para realizar su función durante el tiempo que estuvo fuera de servicio el sistema de limpieza de dicho cambiador. Tanto las inspecciones como el estudio han concluido que, durante ese tiempo, ambos cambiadores «mantuvieron su función de seguridad». Tras el análisis efectuado y de acuerdo con los procedimientos establecidos, el suceso se reclasificó como nivel 1 en la Escala INES.