Redacción / Agencias.- Mientras Facua considera que las sentencias del Tribunal Supremo contra el decreto que regula el régimen de financiación del bono social de la luz «deja en evidencia el fracaso del modelo energético del Gobierno”, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) pone de manifiesto que es «urgente» una reforma de las condiciones de acceso a éste, «de forma que llegue a todos los consumidores que se encuentran en una situación precaria».
En este sentido, la asociación subraya que el fallo del Alto Tribunal no cuestiona que sean las empresas del sector las que tengan que asumir el coste de financiación del bono social en España «ya que la normativa europea recoge expresamente que, en aras del interés general, sean las empresas que obtienen beneficios en el sector las que financien las obligaciones de servicio público». Por ello, señala que se deben revisar los criterios de reparto para que cumplan los criterios de transparencia, no discriminación y garanticen la igualdad entre las empresas, pero de forma que al mismo tiempo se garanticen unas condiciones adecuadas de competencia.
Asimismo, OCU cree las sentencias ponen de manifiesto una vez más «la pésima regulación del sector eléctrico», que tienen consecuencias «muy negativas» para los consumidores por lo que considera necesaria una «reforma urgente» del bono social para adecuarse a los criterios que establece la normativa europea, unos criterios que a juicio del Tribunal Supremo no cumple la normativa española, y se evite así el riesgo de que sean los consumidores quienes asuman una vez más su financiación mediante los peajes.
La OCU estima que, en la práctica, la aplicación de las sentencias supone la devolución de 360 millones de euros a las compañías eléctricas. Así que, además de la financiación, la OCU considera que hay que reformar las condiciones de acceso al bono social, «de forma que llegue a todos los consumidores que se encuentran en una situación precaria», ya que subraya que el actual bono social no cumple esa función. De esta manera, pide al Gobierno que aproveche «la necesaria reforma del bono social para crear una autentica tarifa social» basada en la renta para combatir la pobreza energética.
“Evidencia fracaso del modelo energético»
Por su parte, la Federación de Consumidores en Acción (Facua) considera que las sentencias del Supremo «dejan en evidencia el fracaso del modelo energético del Gobierno, heredado de un proceso de privatización del servicio de un bien básico como es el suministro de electricidad». En este sentido, la asociación señala que la decisión del Supremo «vuelve a poner de manifiesto la inseguridad de un sistema que es continuamente cuestionado en los tribunales, algo que encarece continuamente el servicio y que por lo tanto convierte a los consumidores, la parte más vulnerable, en los principales perjudicados».
Asimismo, Facua recuerda que es la segunda vez que el Supremo tumba el sistema de financiación del bono social ya que en 2012, cuando el alto tribunal anuló el marco legal que lo regulaba y que estaba en vigor desde 2009 tuvo que ser modificado. Entonces, el Gobierno decidió repercutir temporalmente el coste de su financiación sobre la factura de los consumidores, pero en 2014 puso en marcha el sistema de financiación que ahora el Supremo ha vuelto a anular.
Facua considera que estas sentencias son muestra de que el modelo eléctrico actual es «un sistema opaco, que genera inseguridad y que no protege a la ciudadanía en un servicio esencial, especialmente a las más vulnerables y en riesgo de exclusión social». Para Facua, este estado permanente de litigio provoca «un encarecimiento de un servicio con el que los consumidores están profundamente en descontento, tanto por el desproporcionado coste de la electricidad como por las irregularidades que cometen las compañías».
“Que no desaparezca el bono”
La Confederación Española de Cooperativas de Consumidores y Usuarios (Hispacoop) pidió al Gobierno que tome las medidas oportunas para mantener las ayudas económicas que permitan el acceso a la electricidad a las familias que lo percibían para evitar el riesgo de que aumente la pobreza energética con su desaparición. Hispacoop sostiene que las situaciones que marcan la finalidad del bono social siguen estando presentes en la situación actual española. Por ello, advierte de que la desaparición del bono social representaría «un duro golpe» para las familias afectadas, ahondando más en la situación de riesgo de pobreza energética que pueden sufrir.
“No afecta a los beneficiarios”
Precisamente el consejero de Economía e Infraestructuras de la Junta de Extremadura, el socialista José Luis Navarro, ha llamado a la «tranquilidad» a los ciudadanos beneficiarios del bono social eléctrico, pues la sentencia emitida por el Tribunal Supremo «no les afecta». Navarro explicó que la sentencia establece que «no deben ser determinadas empresas del sector eléctrico las que lo paguen, y quien impuso que fueran ellas, el Ministerio de Industria, es el que ahora debe buscar la solución alternativa». Mientras tanto, no va a dejar de existir el bono social y quienes lo perciben «no deben tener ni la más mínima preocupación«, ha subrayado Navarro.
