El Gobierno destina 3.895 millones de euros para pagar costes del sistema eléctrico, un 7,4% menos

Servimedia / EFE.- El Gobierno reducirá un 7,4% la cuantía destinada para financiar los costes del sistema eléctrico en 2016, hasta un total de 3.895,14 millones de euros, frente a los 4.207,17 millones del ejercicio precedente, según el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el 2016.

Según el Ejecutivo, una parte se financiará con ingresos procedentes de los impuestos introducidos por la Ley de medidas fiscales para sostenibilidad energética de 2012 y, otra parte, con el resultado de las subastas de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. También se incluye en esta cifra la financiación del 50% de los sobrecostes que supone generar electricidad en los territorios insulares y extrapeninsulares. Este reparto es resultado de la reforma energética aprobada por el Ejecutivo para atajar el llamado déficit tarifario, la diferencia entre los ingresos y los costes del sistema eléctrico.

Según el proyecto de presupuestos, el objetivo principal en materia energética sigue siendo, precisamente, «el control y solución» de los déficit, en especial en el sistema eléctrico, sin menoscabo de la seguridad del suministro ni de la retribución adecuada de las inversiones en activos regulados. El texto elaborado por el Gobierno incide también en las políticas de ahorro y eficiencia energética, y en la protección de los consumidores. Globalmente, la política de Industria y Energía contará el próximo año con unos recursos de 5.455,02 millones de euros, disminuyendo un 9,5% con relación al ejercicio precedente.

Los presupuestos dedican a la minería del carbón 377 millones en 2016, un 3,66 % menos

EFE.- Las políticas para el desarrollo del marco de actuación de la minería del carbón durante 2016 contarán con una dotación presupuestaria de 377,14 millones de euros, un 3,66 % menos que este año, según el proyecto de Presupuestos Generales del Estado presentado hoy en el Congreso.

Esta suma estará dedicada, entre otras cosas, al cierre de unidades de producción no competitivas y al adelanto de ayudas laborales a los mineros.

Según el proyecto, la caída de la cotización del carbón en los mercados internacionales ha obligado a muchas compañías a anticipar su cierre, por lo que se ha tenido que adelantar a 2016 las bajas previstas para 2017 y 2018.

Los fondos para financiar el marco de actuación minero se articularán a través del Instituto de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras.

En el proyecto también se contemplan actuaciones en materia de desarrollo alternativo de las comarcas mineras «mediante la financiación de infraestructuras y proyectos empresariales generadores de empleo».

El Gobierno mantiene el presupuesto del CSN para 2016

Servimedia / Europa Press.- El Gobierno mantiene prácticamente igual para 2016 la dotación presupuestaria prevista para el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), al destinar 46,46 millones de euros, frente a los 46,51 millones de euros de los que disponía en la partida de 2015. Esta cantidad supone una disminución del 0,1% en la asignación al organismo regulador para la seguridad nuclear y la protección radiológica respecto a los presupuestos de 2015, aunque aumenta también su representación en el total que el Gobierno destinará a las políticas de Industria y Energía.

Concretamente, del total de los 5.455,02 millones de euros que el Ejecutivo destinará al departamento que dirige José Manuel Soria, el presupuesto para el CSN representa el 0,9%, un 0,1% más. Así consta en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016 presentado en el Congreso de los Diputados. El CSN, organismo que supervisa la energía nuclear en España, ejerce sus funciones de reglamentación, autorización e inspección y control sobre las instalaciones, con el fin de que sean operadas por sus titulares «de forma segura, y estableciendo las medidas de prevención y corrección frente a emergencias radiológicas, cualquiera que sea su origen».

Soria advierte de que vigilará el mercado eléctrico tras el alza en julio que empaña la bajada de peajes

Europa Press.- El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, se mantendrá «vigilante» ante el comportamiento del mercado mayorista de electricidad, o pool, después de que las subidas de precios durante el mes de julio hayan empañado el recorte en un 4% de los peajes eléctricos aplicados desde el pasado sábado y encaminados a provocar un descenso en el 2,2% en el recibo de la luz.

«Siempre estamos vigilantes y también lo está el propio regulador del sistema», cuya función es «velar para que las reglas de competencia se cumplan y no haya ningún tipo de distorsión que pueda afectar a los precios«, afirmó el ministro al ser preguntado por las fuertes subidas en el mercado eléctrico en un momento en el que el Gobierno ha apostado por rebajar la parte regulada del recibo desde agosto.

«Lo que sí que hay este año es una realidad: las condiciones meteorológicas no están favoreciendo una mayor generación de renovables», ya que «hay poco viento y poco sol, poca eólica y solar», y esta circunstancia, junto a una demanda en verano desconocida en «varios años», provoca subidas en la parte de mercado del recibo de la luz, señaló. En todo caso, Soria presentó el recorte de los peajes como «una bajada real en uno de los componentes de la factura eléctrica». «Los beneficios de la reforma energética llegan al consumidor en términos de bajada de precios», aseguró el ministro.

Respecto a la evolución del recibo a lo largo de 2015 y de si se producirá una bajada con respecto al ejercicio anterior, consideró «prematuro» realizar un vaticinio. «Creo que cuando acabe el año habremos tenido un comportamiento similar a lo que fue 2014″, indicó Soria. En todo caso, el ministro rebajó las expectativas ante una posible nueva bajada de peajes antes de fin de año. «El colchón que hay de 250 millones de euros es el que ya se ha utilizado» y el que ha permitido aplicar la rebaja del 2,2% entre agosto y diciembre, de modo que ahora «habría que ver cómo van evolucionando los primeros meses los ingresos y costes del sistema«.

Por otro lado, el ministro quitó importancia a las críticas al nuevo sistema de tarifa por horas de electricidad, entre ellas la de que no permite conocer los precios con antelación suficiente o la de que resulta demasiado compleja e induce al consumidor a conductas como la de poner la lavadora por la noche. «Eso es lo anecdótico de la medición horaria de la facturación», afirmó, antes de destacar como «importante» la eliminación de un sistema de fijación de precios mediante subastas que provocaba un sobrecoste adicional de 300 millones de euros al año y de 1.500 millones en el periodo entre 2009 y 2013.

Además, Soria se mostró confiado ante cualquier denuncia interpuesta contra la tarifa por horas, así como acerca de los arbitrajes que se libran en el Ciadi a propósito de los recortes a las renovables. «El Gobierno no ha tomado ninguna decisión o medida que haya supuesto ninguna discriminación entre inversores nacionales y extranjeros, por lo que no ha lugar en términos de fundamento jurídico a que se planteen ese tipo de arbitrajes internacionales», dijo. «Toda la reforma energética que impulsó el Gobierno en lo referido a incentivos de energías renovables está basado en la doctrina del Tribunal Supremo, que dice que estos incentivos no pueden ser independientes de cómo evolucione el ciclo económico«, señaló Soria.

Sobre el decreto de autoconsumo, el ministro indicó que incorporarán algunas recomendaciones de la CNMC que «mejoran» el texto. «En septiembre ya irá al Consejo de Ministros», avanzó Soria. «No he visto a nadie que sea capaz de explicarme qué es el impuesto al sol. Eso no está en la ley. Lo que hay es que si alguien se instala una placa solar en su casa y sólo consume de esa instalación, no tiene que pagar absolutamente nada, pero si aparte se quiere estar enganchado a la red, en ese caso se debe pagar esa red como el resto de los consumidores, y eso es lo que hemos establecido», señaló.

El Gobierno aprueba una norma de fomento de la competencia eléctrica en las islas que impedirá la participación de Endesa

Redacción / Agencias.- El Gobierno aprobó un decreto en el que regula la producción eléctrica en los sistemas extrapeninsulares, Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, con el objetivo de fomentar la competencia y posibilitar la entrada de funcionamiento de nuevas instalaciones renovables. Según explicó el Ministerio de Industria, la normativa aprobada en Consejo de Ministros «pretende reducir los costes de generación y favorecer la competencia en los sistemas extrapeninsulares».

Este reglamento fija un régimen retributivo basado en instalaciones tipo y parámetros retributivos revisables cada seis años, como el resto de actividades, un vía con la que el Gobierno pretende favorecer la renovación de centrales y primar así la eficiencia. Además, favorecerá a juicio del Gobierno el aumento de la competencia, ya que se establece un procedimiento en concurrencia competitiva para otorgar el régimen económico a nuevas instalaciones. Sin embargo, las compañías que tengan más de un 40% del mercado en estos sistemas extrapeninsulares, fundamentalmente Endesa, no podrán participar en los procedimientos competitivos que se lancen para conceder el régimen económico a las nuevas centrales.

El nuevo reglamento forma parte de las diferentes medidas desarrolladas por el Ministerio de Industria durante esta legislatura y que el Gobierno ha encuadrado en la que denomina como reforma eléctrica, que, según el departamento dirigido por José Manuel Soria, ha permitido alcanzar el equilibrio entre ingresos y costes en el sistema eléctrico para este año. El decreto determina la retribución de la actividad de producción en estos sistemas eléctricos para cubrir los costes necesarios para realizar la actividad por una empresa «eficiente y bien gestionada», mediante la aplicación de criterios homogéneos. Estos regímenes económicos permitirán la obtención de una retribución adecuada a la de una actividad de bajo riesgo.

Retribución a las renovables extrapeninsulares

Industria recuerda que la actividad eléctrica en las islas, por el menor tamaño del territorio, las renovables resultan más baratas que las energías convencionales, básicamente dependientes de los combustibles, al no permitirse grandes economías de escala ni un mercado de generación como en el sistema peninsular. Esta normativa extrapeninsular también permitirá «dar señales de precio a los consumidores para que adapten su demanda a los costes energéticos de cada momento».

Según Industria, el establecimiento de un despacho económico y técnico más eficiente permitirá «garantizar el suministro, la seguridad del sistema y la integración de energías renovables«. La generación en los sistemas eléctricos extrapeninsulares es más cara que en la Península, un desfase que asciende a aproximadamente 1.800 millones de euros anuales que se sufragan a partes iguales entre los Presupuestos Generales del Estado y los peajes que se incluyen en el recibo de la luz.

Industria acusa a los defensores del autoconsumo de querer «cobrar subvenciones»

EFE / Europa Press.- El Ministerio de Industria, Energía y Turismo acusó a algunos defensores del autoconsumo de querer «cobrar subvenciones» con cargo al sistema eléctrico, lo que supondría un riesgo de «parasitar» este sistema. Fuentes de Industria aseguran que algunos defensores del autoconsumo pretenden evitar las cargas previstas en el borrador de esta normativa desarrollada por Industria, que fija una carga por autoconsumo, lo que en la práctica sería cobrar subvenciones a costa del resto de consumidores.

Este borrador establece que los titulares de instalaciones de autoconsumo conectados a la red tienen que pagar una serie de cargos para contribuir a sufragar los costes del sistema, que también utilizan, como redes, renovables o la deuda del déficit tarifario. Además, tanto los sistemas extrapeninsulares como los consumidores con una potencia contratada inferior a 10 kilovatios disfrutan de beneficios en la parte variable del peaje. Frente a esto, los detractores de la norma aceptan pagar la parte fija del peaje, que se corresponde con la potencia contratada, pero no la variable, que tiene que ver con el consumo y supone el 35% del total.

Industria reconoce que en una primera fase esa parte del peaje no sería muy cuantiosa, pero advierte del riesgo de crear un incentivo que lleve a «parasitar» el sistema eléctrico de manera que se produzca un déficit de ingresos para unos servicios de los que disfrutan tanto los autoconsumidores como quienes no lo son. Además, advierte de que «para autoconsumir hace falta espacio», de manera que solo podrán hacerlo quienes tengan espacio, es decir, empresas, centros logísticos y hogares de gran tamaño, dejando fuera a las personas de menos recursos.

Por ello, estas mismas fuentes consideraron que la aprobación del autoconsumo, tal y como se está planteando por las plataformas defensoras, supondría «una de las políticas más regresivas a la pobreza energética que puede haber habido nunca», ya que beneficia a las rentas más altas frente a las más bajas. En ningún momento, defendieron, el marco normativo para el autoconsumo, que previsiblemente se aprobará el próximo septiembre, irá en contra de su desarrollo, ya que esta actividad se beneficiará tanto de la energía generada como del no pago de los impuestos correspondientes a esta energía, que representa por sí misma «una subvención fiscal implícita ya que no se paga el IVA y otros impuestos de esta energía que se genera».

Por otra parte, las mismas fuentes confirmaron que el sistema eléctrico cerrará este año con un superávit superior al esperado, debido a ciertos factores positivos como la bajada del precio del petróleo, los menores pagos por capacidad por la mayor producción de carbón o gas o la mayor recaudación por impuestos debido a la entrada de grandes cantidades de producción térmica. Parte de este superávit se dedicará a reducir la partida de pagos por capacidad en 250 millones de euros, lo que rebajará la parte fija del recibo a partir de agosto, una partida que hasta ahora se ingresaba en exceso para compensar la falta de fondos en otros apartados.

Precisamente esta partida de pagos por capacidad es la única que escapa, de acuerdo a la ley del sector eléctrico, de la obligación de dedicar el superávit a reducir la deuda pendiente. Industria explica que la decisión de consignar parte del superávit para bajar los peajes en lugar de reducir deuda está relacionado con el propio mecanismo de titulización de esa deuda, es decir, de colocación en el mercado con el aval del Estado, que cobra en función del déficit pasado y no del saldo vivo. Así, la eventual reducción de la deuda acortaría ligeramente los plazos pero no reduciría las cantidades que se pagan anualmente, por lo que el Gobierno ha optado por rebajar las aportaciones de los consumidores.

El superávit de este año por tanto se dedicará así a reducir los pagos por capacidad, «limpiar» pagos pendientes de otros ejercicios y, en menor medida, a reducir la deuda pendiente. De cara a la próxima legislatura, Industria fija como prioridades en materia energética la apuesta por la eficiencia, los mercados secundarios mayoristas, cuya mejora del diseño podría ahorrar «cientos de millones de euros», y la apuesta por las interconexiones.

APPA denuncia la política «discriminatoria» del Gobierno con las renovables respecto al transporte de Red Eléctrica y a la distribución

Europa Press.- La Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) denunció el trato «absolutamente discriminatorio» a las energías renovables por parte del Ministerio de Industria, que reconoce costes financieros al transporte y la distribución pero no a las renovables y subraya que este hecho supone «un paso más en la cruzada anti-renovable que el Gobierno lleva a cabo desde su llegada al poder«, cuyo primer decreto-ley supuso «una moratoria para las energías renovables, que decía ser provisional y todavía sigue en vigor».

Así, considera que con la normativa en desarrollo sobre transporte y la distribución de electricidad, el Gobierno contraviene la Ley del sector eléctrico que especifica que «la retribución de las actividades se establecerá reglamentariamente con criterios objetivos, transparentes y no discriminatorios». Para APPA, esta normativa ministerial es «un ejemplo más del trato de favor hacia algunas actividades y la discriminación a las energías renovables». Además, la asociación considera que las renovables son «las grandes damnificadas de la mal llamada reforma energética del Gobierno», pues no afectó a todos y en realidad, son una serie de medidas «improvisadas y principalmente recaudatorias«.

Soria dice que el recibo de la luz subirá hasta un 30% si no hay un ATC en España

Redacción / Agencias.- El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, advirtió de que el coste de no tener un almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares en España podría derivar en un encarecimiento de hasta el 30% en la factura de la luz. Por su parte, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, asegura que el Estado sigue teniendo competencias para autorizar el ATC mientras que el PP manchego subraya que «deben ser los técnicos y no los políticos» los que decidan.

En este sentido, Soria aseguró que si no se pone en marcha el ATC se deberá detener toda la producción eléctrica nuclear que hay en España, que es un 20%, lo que «encarecería entre un 25 y un 30% el precio de la factura«. Así, Soria subrayó que el ATC es un almacén tanto para los residuos nucleares que se generan como para los que deberán volver de Francia en 2018, año para el que es necesario una solución, ya que el coste de su envío al país galo es de 22 millones al año.

Además, el ministro señaló que el objetivo de la Junta de Castilla-La Mancha con su decisión sobre la protección medioambiental de los terrenos para tratar de impedir la instalación del ATC en Villar de Cañas es «única y exclusivamente hacer ruido», ya que va «en contra de los intereses de los castellano-manchegos, del municipio y de todos los municipios que están en los alrededores, ya que el ATC es un proyecto que genera actividad«. De todos modos, el ministro descarta que esta decisión vaya a afectar a la ejecución o el desarrollo del proyecto, de manera que la empresa encargada de los residuos radioactivos (Enresa) podrá iniciar «en los próximos meses» los trámites pendientes para iniciar la construcción del proyecto.

Asimismo, Soria recordó que este proyecto, que supondrá una inversión de 900 millones de euros, era del anterior Gobierno socialista, «con muy buen criterio», y fue de los temas que su antecesor en el cargo, Miguel Sebastián, le pasó como una de las cuestiones «totalmente cerradas«. «El Gobierno socialista tuvo buen criterio cuando se embarcó en este proyecto y ahora al final, cuando ya está el proyecto, el mismo partido viene y dice que ahora no. Esto es muy poco serio», añadió Soria al respecto.

Soria destacó que, una vez que se cuenta con el informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) al emplazamiento en Villar de Cañas, ahora el siguiente paso es la declaración de impacto medioambiental del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente. «Solamente cuando haya esa declaración y sea favorable, entonces el Ministerio de Industria procederá a aprobar la autorización del ATC», dijo, añadiendo que este proceso podría completarse «a lo largo de los próximos meses».

El Gobierno sigue teniendo competencias

Por su parte, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, se mostró convencido de que el Estado sigue teniendo competencia para autorizar el primer permiso del proyecto de construcción del ATC pese al anuncio de la Junta de Castilla-La Mancha de ampliar la protección natural de la zona para impedir el proyecto. «Habrá que estudiar si tiene relevancia y tiene coherencia ampliar la Red Natura en ese espacio, pero, en todo caso, el Estado, en la legislación actual tiene competencias para conceder excepcionalmente algunas licencias cuando hay una causa de interés general que supera las competencias de una comunidad autónoma«, aseguró.

Según indicó el ministro, esa posibilidad existe dentro de la actual legislación, aunque Catalá reconoció que, para llevar a cabo esta medida, «tendrá que ser objeto de análisis, de estudio y de valoración» con el fin de determinar «cuál es el interés superior que pudiese concurrir en este caso». Catalá argumentó que, aunque parece que la decisión de la Junta de Castilla-La Mancha de «utilizar una declaración medioambiental» para paralizar el ATC «puede estar dentro su ámbito competencial», el proyecto de construcción del ATC también «tiene que ver con la protección a los ciudadanos en el tratamiento de residuos nucleares«.

«Deben ser técnicos quiénes deciden»

El Partido Popular de Castilla-La Mancha cree que «deben ser los técnicos y no los políticos» los que decidan sobre la ubicación del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares en Villar de Cañas (Cuenca).La diputada del PP en las Cortes de Castilla-La Mancha, Claudia Alonso, ha lamentado que «a una zona muy deprimida» como la que rodea Villar de Cañas «se le niegue la posibilidad de tener capacidades para el fomento de riqueza y empleo». Igualmente, ha preferido esperar hasta conocer qué se plantea por parte del Gobierno autonómico para manifestarse sobre los terrenos que quieren incluir en la Red Natura 2000, aunque ha incidido en que esa cuestión debe decidirse «de manera técnica».

Las compañías integradas en Unesa seguirán pagando más del 99% del bono social de la electricidad para el consumidor vulnerable

Redacción / Europa Press.- El Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha propuesto un nuevo esquema de reparto de la financiación del bono social para 2015, que recaerá sobre un total de 29 empresas, en lugar de las 27 que se incluyeron en la lista del pasado año, si bien las eléctricas integradas en la Asociación Española de la Industria Eléctrica (UNESA), especialmente Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa, deben asumir más del 99% de este coste, que ronda los 200 millones de euros.

En el caso de las cinco grandes compañías eléctricas, Endesa será la que mayor porcentaje del bono social deba financiar en 2015, con el 42,28%, frente al 41,61% del año pasado; seguida de Iberdrola (39,21% frente al 38,47% del ejercicio anterior), Gas Natural (12,27% frente al 14,18%), EDP España (3,18% frente al 2,64%) y Viesgo (2,27% frente al 2,36%). Según consta en la memoria de la propuesta, el coste liquidado del bono social durante los meses de septiembre de 2013 y agosto de 2014 ascendió a 184 millones de euros.

El bono social, creado en 2009, fue inicialmente financiado por las cinco grandes eléctricas a razón de unos 150 millones de euros anuales, hasta que Iberdrola denunció este mecanismo por discriminatorio y logró que en 2012 el Tribunal Supremo le diese la razón. Posteriormente, en noviembre de 2013, el Supremo dictó un auto en el que extendía a las cinco grandes eléctricas el derecho a que se les restituyese el dinero dedicado al bono social.

Al anularse esta fórmula de financiación restringida a cinco empresas, el Gobierno cargó de forma provisional el coste del bono social a la tarifa eléctrica en 2013, mientras definía el nuevo mecanismo de financiación, en el que de nuevo son las compañías eléctricas las que asumen el coste, aunque ahora a través de unos criterios que, en su redacción regulatoria, elimina los aspectos considerados discriminatorios. En concreto, este importe se carga sobre las compañías que desarrollen simultáneamente las tres actividades de producción, distribución y comercialización.

La AIE recomienda a España limpiar la tarifa de la luz de los costes ajenos al suministro

Redacción / Agencias.- La Agencia Internacional de la Energía (AIE) recomienda al Gobierno español que «reforme» la tarifa de la luz mediante la «eliminación de cualquier componente de coste que no esté relacionado con el suministro«. Así aparece recogido en el informe anual de la AIE sobre España, el Energy Policies of IEA Countries for Spain 2015 Review, presentado por la directora ejecutiva de la agencia, Maria van der Hoeven, junto al ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria.

La directiva de la AIE subrayó que los costes de la electricidad en España siguen «entre los más altos de Europa», por lo que es recomendable «quitar barreras que no tienen que ver con esos costes» y «estar más alineados con las señales que da el mercado para conseguir mejor respuesta por parte de los clientes». Por ello, el informe considera que los costes no esenciales que se saquen de la tarifa deben recuperarse a través de «mecanismos más apropiados» y que «España debe revisar sus objetivos de renovables» con la premisa de que «la carga sea compartida por distintos sectores, lo que pasa por limitar de forma más ambiciosa el uso de carburantes fósiles en el sector del transporte«.

Por su parte, Soria recordó que en España se incluyen los extracostes peninsulares de los que «una parte ya están yendo a los Presupuestos Generales del Estado», si bien sacar este tipo de costes del recibo era «muy difícilmente planteable» en un escenario de consolidación fiscal. En cualquier caso, valoró que como consecuencia de la reforma energética se haya conseguido que «una buena parte de los costes regulados del sistema hayan disminuido» y hayan permitido corregir el «persistente» déficit tarifario. Soria subrayó los efectos positivos de las medidas emprendidas por el Gobierno en materia energética por las que, aunque el nivel de precios es todavía elevado, indica según dijo «que el camino que se ha seguido es el buen camino».

Al analizar la reforma energética, la AIE considera que el Gobierno «ha cumplido su objetivo», ya que «los costes y los ingresos del sector vuelven a estar en equilibrio y el déficit de tarifa acumulado, que alcanzó un pico de 29.000 millones en 2013, equivalente al 3% del PIB, podrá desaparecer gradualmente«. Por ello, Van der Hoeven valoró la resolución del problema del déficit de tarifa y felicitó al Gobierno «por haber luchado contra este desafío», que «no iba a ser popular ni fácil». La reforma, indica el informe, «ha sido compleja, pero necesaria. La sostenibilidad futura del sistema eléctrico depende tanto de las circunstancias macroeconómicas como del mantenimiento de un compromiso con la reforma por parte de los políticos».

Aún así, Van der Hoeven subrayó que la reforma energética ha tenido también sus contras, como frenar las inversiones en renovables al enviar una «visión negativa» a los inversores por los recortes aplicados. «Lo importante ahora es ceñirse a las reglas para poder recuperar la confianza perdida, y se conseguirá muy pronto«, añadió. Para evitar «cualquier interferencia política en el futuro», es necesario aplicar el principio de que «ningún coste nuevo debe introducirse sin un incremento anterior de ingresos», afirma la agencia. El informe también destaca la reducción en 10 puntos, del 80% al 70%, de la dependencia energética de España en el periodo entre 2009 y 2014, que «puede ser atribuida en parte al rápido incremento en las renovables».

Van der Hoeven apuntó que los esquemas de ayudas a las renovables «fueron demasiado altos para la economía española», por lo que fue necesario «tomar medidas» para reducirlas. «Esta reforma también ha tenido costes», indicó, «puesto que los inversores han aprendido sobre riesgos políticos y reglamentarios y no olvidarán estas lecciones». Por ello sostuvo que el sector renovable en España se ha visto «muy afectado» por la reforma eléctrica desarrollada, ya que las medidas han conseguido «traer equilibrio al sector pero han frenado las inversiones».

«Tenemos el riesgo de que se estanque este sector», advirtió la directora general de la AIE, quien consideró que «hay mucho por hacer» y a pesar de esa «turbulencia» percibe un «potencial grande» de energías renovables en España en el futuro. «España tiene recursos de viento y sol», indicó, «y necesita más capacidad para cumplir los objetivos europeos, por lo que confía en que con una política de precios e inversiones este sector podrá ser competitivo en España y se reducirá la necesidad de subsidios».

Por su parte, el ministro defendió que las inversiones extranjeras ahora cuentan con «certidumbre, estabilidad y confianza», lo que ha conducido, según datos del Ministerio de Industria, a un volumen de inversiones en renovables superior a los 1.000 millones de euros en el primer semestre en España. Además, recordó que el Ejecutivo lanzará una convocatoria de 700 MW de renovables, y especificó que en eólica se dedicará a la repotenciación de parques eólicos actualmente existentes pero antiguos con capacidades inferiores.

Preguntada por la postura de la AIE respecto al autoconsumo energético en España y la normativa actualmente en elaboración, la directora general coincidió con Industria en que la tarifa energética «tiene que asegurarse con que todos los suministradores contribuyan». Por ello, remarcó la necesidad de invertir en la red puesto que seguirá siendo la «columna vertebral», ya que los autoconsumidores precisarán de su utilización cuando quieran vender su superávit o no cuenten con energía suficiente.