La FEMP plantea que el acuerdo para prohibir cortes de luz a los consumidores vulnerables se extienda al gas natural

Europa Press.- El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcalde de Vigo, el socialista Abel Caballero, ha afirmado que el acuerdo del Gobierno con el PSOE y Ciudadanos para evitar los cortes de electricidad a las familias más vulnerable y paliar la pobreza energética, no tiene un coste «inasumible» por las administraciones públicas, y ha abogado por su extensión en el caso de imposibilidad de pago a las facturas de gas natural.

Así lo señaló Caballero, quien denuncia que la pobreza energética está siendo «severa», especialmente en esta fase de la crisis en la que «se acumulan todos los efectos de la crisis de todos los años». Caballero indicó que en términos económicos se está produciendo un repunte, pero en términos sociales «se sigue profundizando», si bien «no es nada que tenga ningún coste inasumible por las administraciones públicas», de forma que desde el Gobierno y los ayuntamientos «se puede asumir sin que produzca ningún quebranto». La cuestión es que Caballero obvia que parte de la financiación recaerá nuevamente sobre las compañías.

«Se trata de voluntad política y yo la vi reflejada en la conversación que tuve con el ministro Nadal y después en el pacto que se llevó al Parlamento y que dio lugar al decreto ley», ha valorado Caballero. La norma, aprobada en el Consejo de Ministros, establece que las comercializadoras eléctricas cofinanciarán una parte de los gastos que las administraciones competentes estén ya realizando para atender a estos consumidores. El dirigente socialista, que ha abogado por la extensión del acuerdo también a los casos de familias vulnerables que no puedan hacer frente al pago del gas, ha explicado que las medidas acordadas con Nadal eran «principios políticos de actuación».

Entre otras, ha citado la prohibición de cortar el suministro a ninguna familia o domicilio en situación de pobreza o vulnerabilidad, para lo que los servicios sociales elaborarán un informe, y que no lo pueda hacer una compañía eléctrica por su cuenta. A modo de ejemplo, Caballero ha indicado que en Vigo se paga la factura a unas 700 familias y ha valorado el avance «importantísimo» que supone el acuerdo sobre cortes de suministro al evitar los cortes de luz a familias vulnerables. «Se está avanzando a buena prisa en la buena dirección», ha subrayado.

Greenpeace plantea en las cuencas mineras las renovables como alternativa económica en un futuro sin carbón

EFE.- La organización ecologista Greenpeace ha elaborado un informe en el que plantea que las energías renovables, la agroindustria y el turismo de experiencias son las posibilidades de desarrollo para la comarca minera de Teruel, ante el escenario del fin de la explotación del carbón.

En diciembre cerró la última mina de interior de Aragón, ubicada en Ariño, localidad donde todavía se explota una a cielo abierto junto a otra en Estercuel, y ambas con la incertidumbre de si cerrará o no la central térmica de Andorra (Teruel), su principal cliente. Las comarcas mineras como la de Teruel ven ya cerca un futuro sin carbón y la realidad es que no ven futuro, porque tal y como demuestra el estudio de la organización ecologista, siguen siendo muy dependientes del lignito.

«Si se hubieran hecho estos trabajos desde el principio, quizá la transición ya se hubiera hecho con los fondos que se han invertido», explica Tatiana Nuño, responsable de Energía de de Greenpeace. Bajo el título Más allá del carbón. Alternativas sostenibles para el futuro de las cuencas mineras. Estudio de caso: El desarrollo alternativo de la cuenca minera de Teruel, el informe es el primero que realiza de manera detallada la ONG sobre una zona minera, apunta Nuño. En el caso de la cuenca minera turolense, el estudio concluye que, a pesar de los planes de reconversión, casi la mitad del Valor Añadido Bruto de la zona continúa dependiendo de la extracción minera y de la central térmica de Andorra.

El futuro pasaría, según este estudio, por el turismo de experiencias, el sector agroalimentario y sobre todo el desarrollo de energías renovables, para lo que la zona tiene, según Nuño, mucho a su favor, al contar con estructuras de evacuación previas y de grandes redes de transporte de energía. También destaca el estudio la existencia de recursos energéticos tanto en energía solar como en eólica y en menor medida biomasa. La organización ecologista ha elegido la cuenca minera turolense como caso de estudio, y piensa que su experiencia puede servir para otras zonas de España, que deberían contar con un plan coordinado por las administraciones.

El desempleo en las minas y los negocios relacionados ha ido en aumento en el último año y el futuro es más que incierto para la central térmica de Andorra, después de que Endesa no se plantee de entrada la inversión en las centrales térmicas. Según Nuño es necesaria una «transición justa y sostenible de todas las cuencas minero eléctricas» y hacer un seguimiento de los fondos públicos que se han dedicado a la reconversión.

Izquierda Unida pide explicaciones al Gobierno en el Congreso por la construcción del ATI en la central nuclear de Almaraz

Europa Press / EFE.- Izquierda Unida registró una pregunta en el Congreso de los Diputados, para su respuesta por escrito, en la que pregunta al Gobierno central sobre la autorización para construir el Almacén Temporal Individualizado (ATI) en la central nuclear de Almaraz (Cáceres), una instalación que rechaza, y exige un debate sobre el modelo energético y el cierre programado de las centrales nucleares.

Los diputados de Izquierda Unida en el Congreso, Miguel Ángel Bustamante, Eva Sempere y Félix Alonso, firman esta pregunta en la que, entre otros asuntos sobre el almacén temporal centralizado (ATC) que se proyecta construir en Villar de Cañas (Cuenca), cuestionan el «sentido» que tiene aprobar la construcción de un ATI en la Central de Almaraz «teniendo en cuenta» que esta planta «cumplirá 40 años en 2021», por lo que inquieren si lo que se pretende realmente es alargar la vida de funcionamiento de Almaraz.

En ese sentido, el coordinador general de Izquierda Unida Extremadura, Joaquín Macías, denuncia la «celeridad inusitada» con la que a su juicio, el Gobierno del PP «ha concedido el permiso para la construcción de un ATI en la central nuclear de Almaraz». Según Macías, «este cementerio de residuos nucleares es el paso previo para conseguir otra prórroga en el funcionamiento de Almaraz más allá del periodo útil para el que fue diseñada», lo que según señala, supone «un paso más en la estrategia de las empresas propietarias de las centrales nucleares para alargar su funcionamiento«.

Para Macías, el historial de incidentes de seguridad en Almaraz y el ocultamiento reiterado de información por parte de los responsables de la central nuclear y el CSN «hace temer lo peor en estas instalaciones«. Finalmente, Izquierda Unida Extremadura reclama a la Junta de Extremadura su «oposición» a estos planes de construcción del ATI que «hipotecarían el futuro inmediato de la región impidiendo cualquier desarrollo económico verde». Para Macías, «es imprescindible un plan de reactivación económica para la comarca de Campo Arañuelo y un apoyo decidido a las energías renovables«.

“España debería contar con Portugal”

Por su parte, la Junta de Extremadura considera que el Gobierno central debería haber contado con Portugal antes de emitir la autorización del ATI de Almaraz, una infraestructura «innecesaria». «Nos parece que las cosas se podrían haber hecho de otra manera para evitar haber dado lugar a esta situación. Es tan fácil como haber permitido participar al Gobierno luso, como había pedido», subrayó el consejero de Economía e Infraestructuras de la Junta de Extremadura, José Luis Navarro. Asimismo, ha destacado la «gran sensibilidad» del Ejecutivo luso, que había solicitado participar en la Declaración de Impacto Ambiental de un proyecto «que podría repercutir en su país».

Navarro ha precisado que la Junta no puede hacer nada para evitar la puesta en marcha de una infraestructura con la que no está de acuerdo. En este sentido, ha especificado que la Junta de Extremadura no tiene competencia urbanística ni medioambiental en la construcción del ATI, puesto que se realizará en unos terrenos autorizados para uso energético; en concreto, de actividad en energía nuclear. «Esperamos que por el bien de todos, y porque existe la voluntad, se reconduzca esta situación y se cumpla la ley», ha concluido el consejero.

El Gobierno de Castilla-La Mancha considera que no tiene sentido volver a plantear el ATC nuclear en Villar de Cañas

EFE.– El Gobierno de Castilla-La Mancha considera que «no tiene ningún sentido» volver a plantear la construcción del almacén temporal centralizado (ATC) en Villar de Cañas (Cuenca) cuando las centrales nucleares están volviendo a construir almacenes temporales de residuos en sus instalaciones. En este sentido, el portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando, volvió a ratificar la posición contraria de la comunidad autónoma a la construcción de un almacén centralizado de residuos radiactivos de alta intensidad en Villar de Cañas.

Hernando apuntó que las centrales están volviendo a construir almacenes ATI localizados en las propias plantas nucleares, por tanto, ha asegurado que «si se está realizando esa inversión, no tiene ningún sentido que volvamos a replantear un proyecto que desde su inicio los técnicos han valorado como inadecuado». «Y además ha habido una lamentable campaña de cacería de brujas dentro del Consejo de Seguridad Nuclear hacia esos técnicos», ha lamentado Hernando, quien ha insistido repetidamente en que si se están construyendo en las centrales instalaciones para sus propios residuos nucleares, no tiene sentido volverse a plantear el cementerio nuclear centralizado.

PNV y PSOE apuestan por explorar una normativa contra la pobreza energética en el País Vasco

EFE.– PNV y PSOE presentaron en el Parlamento vasco una enmienda a la totalidad a una proposición de Podemos en la que instan al Gobierno de Vitoria a promover una normativa propia que haga frente a la pobreza energética. En su enmienda, los dos grupos que apoyan al Gobierno vasco apuestan por esta iniciativa, recogida ya en su acuerdo de gobernabilidad, como desarrollo de las propias competencias de las posibilidades que ofrece la modificación de la Ley del Sector Eléctrico.

Esta propuesta conjunta es un texto alternativo a una proposición no de ley de Podemos en la que este grupo proponía al Parlamento instar al Gobierno de España a poner en marcha la tarifa social en los suministros de electricidad, gas y agua para todas las personas que lo necesiten y a establecer un IVA reducido para el precio del gas y la electricidad domésticos.

PNV y PSOE circunscriben su enmienda al ámbito autonómico y proponen al Gobierno Vasco que establezca indicadores sobre la pobreza energética y las familias que se ven afectadas, y que evalúe las medidas desarrolladas hasta ahora para atender a los colectivos que la sufren. Apuestan por una normativa propia, desde «la convicción de que la pobreza energética merece atención específica desde los poderes públicos para tratar de revertirla o evitar su agravamiento». Esta propuesta se adapta al anuncio de que en pocos meses existirá un impedimento de interrupción del suministro a familias vulnerables, tras el acuerdo alcanzado a nivel nacional.

Además, piden al Gobierno que siga garantizando mediante las consiguientes partidas presupuestarias las ayudas a las familias que no pueden atender sus facturas por razones económicas sobrevenidas. Unas partidas que se incluyeron por primera vez en los Presupuestos de 2015 a instancias del PSOE, y que en 2016 se han duplicado, «también por impulso socialista, tras impedir que corte el suministro a unas 1.500 familias vascas», según reivindican los socialistas.

Por último, en coherencia con posicionamientos anteriores de la Cámara, se insta al Gobierno vasco a seguir favoreciendo la rehabilitación de viviendas bajo criterios de eficiencia energética para reducir la factura. También le reclaman que presente una ley comprometida en el acuerdo de gobernabilidad para la Sostenibilidad Energética que incluya entre sus objetivos el ahorro y la eficiencia energética, y el desarrollo de la construcción y edificación de bajo consumo.

Fuerteventura se moviliza para detener la instalación de torres de alta tensión

EFE.– El Ayuntamiento de Antigua apoyó las medidas judiciales adoptadas por el Cabildo de Fuerteventura ante la empresa Unelco Endesa para detener la instalación de torres de alta tensión, si bien considera que esa medida debió adoptarse antes de su colocación. El Consistorio majorero valora como «injustificable» el daño causado en el término municipal de Antigua, y su alcalde, Juan José Cazorla, asegura que «podía haberse evitado de mantenerse una postura firme y decidida del Cabildo desde un principio».

El Ayuntamiento cree que la construcción de las torres de alta tensión debería ejecutarse como en Lanzarote de forma soterrada y «no considerando Fuerteventura como un buen lugar para ahorrar costes y abaratar la instalación de forma aérea«. Asimismo, cree que esta postura de una empresa eléctrica solo se puede mantener ante «una vaga respuesta inicial del Cabildo de Fuerteventura que permite que una empresa anteponga sus intereses a los intereses medioambientales y energéticos de la isla y sus municipios».

Aún así, el Ayuntamiento aprueba las medidas adoptadas por el Cabildo y exige al Gobierno canario que «frene este improperio que cuenta con la oposición de la mayoría de la sociedad majorera y que se postule ante el atropello que está sufriendo la isla, con la alteración arbitraria del trazado acordado inicialmente con la Institución y ayuntamientos«. El Consistorio también adoptará medidas judiciales contra Unelco Endesa y denunciará la creación de caminos en el término municipal de Antigua sin permisos.

Alertan del riesgo de extraer gas con pozos simulados en el centro de Vitoria

EFE.- El movimiento social Berriztu! ha alertado de nuevo del riesgo de la extracción de gas en el pozo Armentia 2 en Subijana, con la reproducción de pequeños pozos en la plaza de España de Vitoria. Este movimiento, formado por 20 colectivo distintos, nació con el objetivo de paralizar los proyectos de extracción de gas, concienciar a la sociedad sobre el problema y hacerle frente. Así, han recordado que se concentraron frente a la Diputación cuando se debatía sobre el pozo Armentia-2, o ante el Parlamento autonómico.

Con los pozos simulados en la Plaza de España han buscado presentar a los ciudadanos la posibilidad de que «la próxima primavera» empiecen los trabajos de perforación del pozo Armentia-2 en Subijana, en el término municipal de Vitoria. Una «broma» que, estiman, tendría un coste de 27 millones de euros. «Hemos simulado que el permiso para construir un pozo en la Plaza de España se ha obtenido de un día para otro. En el caso del pozo Armentia-2 no ha sido de un día para otro, pero lo que sí está claro es que el Gobierno vasco tiene prisa», denunciaron.

Además, desde el movimiento Berriztu! se quejan de «falta de transparencia» en el Gobierno Vasco, que ha acelerado «al máximo» los trámites para este proyecto, y se han referido a la Evaluación de Impacto Ambiental, que ha pasado de ordinaria a simplificada, así como a la presentación de la licitación, «antes incluso de que el documento ambiental fuera aceptado» Ante estos hechos, Berriztu! ha anunciado que «seguirá luchando» para paralizar el pozo Armentia-2, o «cualquier otro plan» de extraer gas del subsuelo de Álava. Por último, han convocado a una nueva movilización que tendrá lugar el próximo 21 de Enero.

Sedigas destaca que los vehículos de gas pueden circular por Madrid a pesar de las restricciones al tráfico por contaminación

Europa Press.- Los vehículos propulsados por gas natural pueden circular por el centro urbano de Madrid a pesar de las restricciones que ocasionalmente establece el Ayuntamiento de la capital al tráfico rodado debido al alto nivel de contaminación medioambiental, según informó la Asociación Española del Gas (Sedigas).

Desde Sedigas destacaron que el gas es una “energía limpia” que contribuye a la mejora de la calidad del aire, al tiempo que señaló que los vehículos que utilizan esta energía emiten una menor cantidad de material particulado, de óxidos de nitrógeno y de azufre, respecto a un modelo convencional. La organización destacó que estos modelos son «medioambientalmente respetuosos y económicamente sostenibles», al tiempo que subrayó que pueden aparcar y circular en Madrid incluso con un protocolo de contaminación activado.

Según el director de Medio Ambiente de la Unión Europea, Daniel Calleja, la mala calidad del aire es el problema ambiental más serio de Europa, debido a su impacto sobre la salud. Así, la Organización Mundial de la Salud (OMS) apunta que la polución urbana ha aumentado un 8% en los últimos cinco años, principalmente por el automóvil y por las flotas de transporte. Por otro lado, Sedigas destacó que Madrid no es la única ciudad española que cuenta con una mala calidad del aire y afirmó que la mayoría de las ciudades con más de 100.000 habitantes rebasan los límites legales de contaminación atmosférica.

Mar Blava considera que 2017 será un «año clave» para la protección legal del Mediterráneo frente a las prospecciones

Europa Press / EFE.- La Alianza Mar Blava ha afirmado que 2017 será un «año clave» para lograr la protección legal del Mediterráneo frente a las prospecciones de hidrocarburos. En este sentido, desde la Alianza han destacado que se ha concluido la redacción de una proposición de Ley para la declaración de las aguas jurisdiccionales españolas del Mediterráneo como zona libre de prospecciones de hidrocarburos.

La Alianza también ha resaltado que en 2016, tras una larga lucha jurídica contra la tramitación irregular del proyecto de Services Petroliers Schlumberger en el golfo de León, el pasado 8 de julio la Secretaría de Estado de Medio Ambiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) emitió una Resolución de “terminación del procedimiento de evaluación de impacto ambiental” de este proyecto. El 25 de octubre, han recordado, el BOE publicó la Resolución de 20 de septiembre de la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria por la que se declaraba concluido el procedimiento de autorización del proyecto y se archivaron las actuaciones realizadas.

Por otra parte, en julio se logró que el proyecto MedSalt-2, promovido por el Instituto Nazionale de Oceanografía e Geofisica Sperimentale de Trieste (Italia) en aguas de Mallorca, Ibiza y Formentera, no obtuviera la declaración de impacto ambiental simplificada que había solicitado. De esta manera, el promotor tendría que volver a iniciar el proceso y pasar por un procedimiento de evaluación ambiental ordinario. La entidad ha señalado que si bien aún persiste la amenaza de las prospecciones petrolíferas en el Mediterráneo, considera que el balance de 2016 es «muy positivo» en la lucha contra los proyectos de exploración de hidrocarburos.

Retos para el año 2017

El mayor reto al que se enfrenta la Alianza en 2017 es conseguir que la proposición de Ley sea discutida y aprobada, primero en el Parlamento balear y luego en el Congreso de los Diputados. Además, según indicaron, la Alianza seguirá trabajando para lograr el archivo definitivo de los proyectos de prospecciones petrolíferas actualmente en tramitación, como el proyecto de Spectrum Geo Limited en el mar balear; el de perforación de pozos de Repsol en el área Casablanca y el permiso Medusa, ambos frente a las costas de Tarragona; los 12 permisos de investigación de hidrocarburos solicitados por Cairn Energy en el golfo de León.

Los registradores de la propiedad informarán a la Generalitat de la Comunidad Valenciana de la certificación energética de las viviendas

EFE.– Los registradores de la propiedad remitirán a la Generalitat de la Comunidad Valenciana con periodicidad trimestral la acreditación acerca del cumplimiento de la aportación de la documentación exigible en certificación de eficiencia energética, lo que permitirá un mayor control sobre este certificado. El consejero valenciano de Economía, Rafael Climent, y la decana del colegio de Registradores de la Propiedad, María Emilia Adán, firmaron un acuerdo de colaboración con este fin.

El acuerdo permitirá un mayor control y seguimiento del cumplimiento de la obligatoriedad de disponer de certificado energético en las viviendas nuevas y existentes que se pongan a la venta o alquiler. La recepción de la información en soporte electrónico permitirá al IVACE, que es el órgano competente de la Comunidad Valenciana en materia de certificación energética, obtener y gestionar rápida y eficazmente esta información, permitiendo una fácil comunicación, archivo y acceso a la misma.

El certificado de eficiencia energética es un documento que proporciona información objetiva sobre las características energéticas de los edificios y su objetivo es contribuir al ahorro energético en los hogares y mejorar la información de consumidores sobre la calidad de los edificios y viviendas. A partir del Decreto 235/2013, las viviendas en venta o alquiler deben disponer de este certificado.

Información de interés al ciudadano

La certificación energética pone a disposición del ciudadano que demanda una vivienda la información objetiva de su comportamiento energético, es decir cuánto va a consumir y por tanto cómo va a afectar a la factura energética que va a tener que pagar. El resultado del proceso de certificación de eficiencia energética de edificios se resume en una etiqueta de certificación energética, que califica la eficiencia energética del inmueble dentro de una escala de siete letras, que va desde la letra A (edificio más eficiente) a la letra G (menos eficiente).

La información sobre el certificado, en particular la etiqueta de eficiencia energética, debe figurar en la oferta, promoción y publicidad que se realice para la venta o alquiler del edificio o parte del mismo. Un buen certificado energético va acompañado de un documento de recomendaciones sobre las mejoras que se pueden hacer para obtener un comportamiento energético más eficiente, así como aumentar el confort de la vivienda y por tanto reducir la factura energética si se aplican las medidas propuestas.