El 23 de junio de 2003, el secretario general del PSOE de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, anunció en su discurso de investidura la implantación de una refinería «igual o superior» a la de Puertollano (Ciudad Real).
Tres días después, desveló que el proyecto correría a cargo de promotores extremeños -luego se supo que sería el Grupo Alfonso Gallardo- , y que permitiría la creación de 2.500 empleos.
La asociación conservacionista ADENEX fue uno de los primeros colectivos en alzar la voz contra el proyecto, al denunciar que la Junta de Extremadura iba en la «dirección contraria» a una política energética basada en las renovables.
Al año siguiente, el 14 de febrero, el proyecto se presentó públicamente en la Presidencia de la Junta de Extremadura, en la primera rueda de prensa que ofrecía en su vida Alfonso Gallardo.
El empresario extremeño y Rodríguez Ibarra aseguraron que la refinería de Tierra de Barros sería la más moderna y menos contaminante del mundo y supondría una inversión de 1.200 millones de euros.
El capital inicial de 360 millones sería aportado por el Grupo Alfonso Gallardo (40%), la Sociedad de Fomento Industrial de Extremadura (SOFIEX) (20%), BBVA y Caja Madrid (27%), Iberdrola (10%) y Caja Extremadura (3%).
El inicio de la construcción se anunció para un año después y la finalización en un plazo de tres año y medio, unas previsiones que nunca se cumplieron.
Una de las condiciones que puso el Gobierno regional para la participación de SOFIEX, que aportaría 72 millones, era que Extremadura tuviera el control de la planta, algo que se conseguía con la suma del capital del promotor, la sociedad pública y Caja Extremadura.
Al año siguiente, la empresa entregó al Estado la primera memoria-resumen del proyecto, que se convirtió en el tema más debatido en la sociedad extremeña.
A pesar de contar con el respaldo de la Junta, del PSOE y de las principales fuerzas económicas y sindicales, la zona de influencia se dividió y se crearon plataformas a favor y en contra.
La más activa, «Refinería No», organizó concentraciones, cortes de carreteras y tractoradas, llevó su oposición hasta la Unión Europea y dio lugar a una formación política independiente (Ciudadanos de Villafranca).
Bajo la presidencia de Carlos Floriano, el PP se posicionó en contra del proyecto, al igual que IU y el sector agrario de la zona, pero los populares cambiaron de opinión en 2008 cuando José Antonio Monago se puso al frente del partido.
La necesidad de construir un oleoducto hasta Huelva extendió la oposición a la refinería a Andalucía, que temía por el Parque Nacional de Doñana y la Sierra de Aracena, y posteriormente a Portugal, por el río Guadiana.
El proyecto, que ese año incorporó a Shell como socio tecnológico, se enquistó ante el Ministerio de Medio Ambiente, independientemente de quien fuera su titular -Cristina Narbona, Elena Espinosa y Rosa Aguilar-, con continuos requerimientos a la empresa que aplazaban el fallo.
Con la llegada del PP a la Moncloa, el ministro del ramo, Miguel Arias Cañete, anunció una inmediata decisión, lo que no impidió que el empresario, reacio a la prensa, saltara a la luz pública con unas llamativas declaraciones.
En ellas, alababa a Rodríguez Ibarra, criticaba la tibia defensa que del proyecto había hecho su sucesor, Guillermo Fernández Vara, y aseguraba que la refinería estaba «en manos de Monago», quién contestó que la declaración de impacto ambiental era una decisión técnica.
Hace unos meses, poco antes de dejar el cargo de consejero delegado del Grupo Gallardo, Juan Sillero subrayaba que el proyecto era «viable» técnica, económica y medioambientalmente, y que se había retrasado por «falta de voluntad política».
Su argumento: la nueva refinería de Cartagena y la ampliación de la de Huelva, cuyos proyectos comenzaron más tarde que el extremeño, estaban mucho más avanzados.
La iniciativa industrial no es la misma que arrancó en 2003, el acuerdo PP-IU que permitió la investidura de Monago ha dejado sin dinero público a la refinería e Iberdrola ha salido del accionariado.
El presupuesto se ha ido incrementado hasta superar los 2.000 millones, pero a pesar de la falta de ayuda pública y de los problemas en varias empresas del grupo, la financiación estaría asegurada, según Sillero, por el interés de varias firmas petrolíferas extranjeras.
