El Real Decreto 661/2007 ha sido objeto de análisis por parte de los productores renovables en el VI Encuentro de Energías Renovables y Cogeneración, celebrado el jueves y organizado por Expansión Conferencias.
La intervención más llamativa de los invitados fue quizá la de José María González Vélez, presidente de APPA. Vélez empezó hablando de los mensajes del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en apoyo a las energías renovables, y su contrariedad con los mensajes que a su vez está lanzando el ministro de Industria, Joan Clos, al señalar que estas nuevas tecnologías «son muy caras y las tenemos que pagar entre todos». Vélez se quejó de ese «sambenito» que cuelga sobre las renovables, que es la eterna insistencia en lo caras que son estas fuentes de energía. «Pues yo digo que los caros son los otros, y hay medidas tangibles para demostrarlo».
A continuación, Vélez explicó, apoyándose en datos concretos, que los costes externalizados que absorben los productores renovables son muy distintos, más bajos, que los que absorben otras fuentes. Además resaltó el hecho de que, en el cálculo de estos costes externalizados, algunos están contemplados y otros no. Es decir, costes adicionales ocultos.
El presidente de APPA mencionó además las ayudas públicas anuales que recibe el conjunto de las energías a escala mundial, según datos de la Agencia Internacional de la Energía. En este sentido, destacan las cifras de entre 150.000 y 250.000 millones de dólares que reciben los combustibles fósiles, frente a 10.000 millones de dólares que es lo que recibe el conjunto de los generadores de energías renovables.
Según Vélez, el PER, el plan de Energías Renovables planteado por el Gobierno, no se va a cumplir en determinados sectores energéticos como la biomasa o la agricultura energética. «Y si no existe voluntad política, mucho menos». Precisamente es ése, el de la voluntad política, una de las mayores barreras para el crecimiento de las energías renovables en España. Así, Vélez señaló que es necesario implantar una voluntad política real, la aplicación de políticas de estado y que estas políticas tengan un alcance superior al de la legislatura. En opinión del presidente de la patronal de renovables, no es voluntad política «no cumplir con los plazos, ni la existencia de discrecionalidad en el nuevo texto, ni tampoco la falta de transparencia».
Vélez ha reconocido que en el nuevo texto recientemente aprobado existen cambios, para mejor, con respecto a la redacción de los borradores anteriores. «Nos hemos dejado la piel en la lucha por un decreto justo, pero finalmente no estamos tan mal como podíamos pensar», sentenció. «El Real Decreto 661/2007 todavía recoge retroactividad, pero es salvable». Añadió que «no se puede negar la revisión de las tarifas a ningún Gobierno, ya que es algo lícito. Lo que no es lícito es cambiar las reglas a mitad del partido, porque se vea que un sector está ganando dinero».
José María González Vélez señaló que para que tengan éxito las energías limpias será fundamental la preparación de una ley específica de renovables y eficiencia energética, además de que las fuentes renovables se declaren estratégicas, por su carácter autóctono. También atribuyó responsabilidad a la Unión Europea, apuntando a la necesidad de crear un tratado europeo de renovables.
En la Conferencia también hubo tiempo para las Comunidades Autónomas. En representación de la Xunta de Galicia estuvo su director general de Industria, Energía y Minas, Anxo Calvo, y en representación del Gobierno de Aragón, el jefe del servicio de Energía del Gobierno de Aragón, José Ignacio Hernández.
Calvo expuso el problema de que Galicia, siendo pionera en energía eólica, busca alcanzar para el año 2012 6.500 MW de potencia autorizada, pero esa pretensión choca con las limitaciones impuestas por la Administración: los objetivos del PER están en 20.155 MW, sin contar con los 2.000 adicionales que va a significar la renovación de los parques eólicos de mayor antigüedad. En referencia al Real Decreto, señaló que es «manifiestamente mejorable» entre los artículos 4 y 15, ambos inclusive, sobre los procedimientos administrativos para la inclusión de una instalación de producción de energía eléctrica en el régimen especial. Mejorable, porque nentre otras cosas, «no se define el momento procedimental para la solicitud de la autorización».
Uno de los puntos comunes de insatisfacción con esta nueva norma es la falta de una definición concreta sobre lo que significa «tener punto de conexión», un requisito para que los productores puedan poner en marcha proyectos para construir plantas de generación de electricidad.
Hernández coincidió con Calvo en el problema que supone para las comunidades autónomas que los objetivos de la energía renovable a escala nacional sean inferiores a la suma de las peticiones de las CCAA, que en el caso de la eólica, ejemplifica Hernández, más que duplica las cifras del PER. Hernández añadió que las limitaciones de la red de transporte y la red de distribución tienen fuertes límites, lo que condicionaría el crecimiento de la renovable puesto que «ni siquiera el protocolo de Kyoto es más importante que la seguridad de suministro».
ASIF, ACOGEN y AEE también estuvieron presentes en la conferencia. El secretario general de la Asociación Empresarial Eólica, Ramón Fiestas, se refirió a las diferencias entre los motivos que han inspirado el Real Decreto 661/2007 y su predecesor, el 436/2004. Respecto al primero, señaló Fiestas, nació con la pretensión de dar estabilidad, perdurabilidad y certidumbre, y para resolver la gestión técnica. El 661, en cambio, incluye modificaciones pensadas para acomodar las autorizaciones administrativas de las instalaciones a la capacidad de las redes de transporte y de distribución, además de para controlar la evolución de los objetivos del PER. En lo referente al régimen económico, Fiestas apuntó que las medidas contempladas en el nuevo real decreto buscan controlar el incremento del coste, mientras se mantiene la rentabilidad.
La principal preocupación del presidente de la Asociación de la Industria Fotovoltaica, Javier Anta, reside en lo que ocurrirá con las primas al sector cuando se alcancen los objetivos del PER. El Plan de Energías Renovables establece sus objetivos para el año 2010, pero la solar va en camino de llegar a la meta de 370 MW instalados el año que viene. Anta hizo una referencia humorística sobre lo mal que lleva el secretario general de Energía, Ignasi Nieto, que se supere el 7% de la rentabilidad, y explicó que, debido a la mejora de costes en que está incurriendo la energía solar, lo más probable es que se modifique la retribución.
Por último, el secretario general de la Asociación Española de Cogeneración, Andrés Seco, señaló que la situación para ese sector sí ha mejorado con la nueva regulación. Concretamente, en aspectos como la retribución por eficiencia o la facultad de que los cogeneradores puedan patricipar en la solución de restricciones técnicas. Andrés Seco recordó que el año pasado, los cogeneradores redujeron un 20% la producción, lo que no ha ocurrido en el caso de ninguna otra industria energética.
