Greenpeace pide al CSN que aclare si alguna central nuclear española tiene elementos defectuosos fabricados por la francesa Areva

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Redacción / Agencias.- Greenpeace ha enviado una carta al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para que explique si alguna central nuclear española posee alguno de los 400 componentes defectuosos que la empresa nuclear Areva reconoció haber instalado en centrales nucleares de todo el mundo.

La organización ecologista pide al CSN que «aclare públicamente y con urgencia si ha recibido información de si Ascó y Almaraz pueden tener generadores de vapor que no cumplen con los estándares de calidad», así como una lista de todos los componentes procedentes de Areva instalados en España. La responsable de energía nuclear de Greenpeace, Raquel Montón, señaló que «la seguridad nuclear no ocurre por la mera existencia del CSN, sino porque éste trabaje para cumplir sin excusas los requerimientos de seguridad en todo momento».

El pasado 26 de abril de 2016, Areva informó a la autoridad de seguridad nuclear francesa (ASN) que, tras analizar los registros de producción de su empresa filial, Le Creusot Forja, se habían identificado 400 irregularidades en componentes producidos desde el año 1965. Por ello, Greenpeace teme que algunos de esos elementos puedan estar en España después de que Areva admitiera haber reemplazado los generadores de vapor de las plantas atómicas de Almaraz y Ascó.

Información a finales de mes

No obstante, «aún no está claro que hayan recibido alguno de los elementos defectuosos y se espera que a finales de este mes el regulador francés reciba toda la información de Areva«. Según la organización ecologista, las irregularidades incluyen «inconsistencias, modificaciones u omisiones en los archivos de producción en relación con los parámetros de fabricación o resultados de las pruebas». Areva ha confirmado que los registros han sido falsificados y que de los 400 componentes alterados, 50 están instalados en Francia, pero se desconoce el paradero de los otros 350.

Por su parte, fuentes de Areva España han confirmado que antes del 31 de mayo emitirá un informe de progreso, tras la auditoría de calidad lanzada a finales de 2015 en las unidades de fabricación de Areva en Francia, que aún «continúa». En todo caso, asegura que no se han establecido informaciones que pongan en cuestión la integridad mecánica de las piezas. En concreto, señala que en la auditoría a la fábrica de Creusot, se han puesto en evidencia «anomalías» que en la actualidad «están siendo caracterizadas» en el seguimiento de las fabricaciones. Asimismo, la empresa afirma que esta fase continuará en las próximas semanas.

Igualmente, ha agregan que se ha puesto en marcha un proceso de información e intercambios de documentos en el que se asocia a la ASN. De acuerdo con los resultados de la auditoría, estas «anomalías» son fruto de «acciones pasadas» y que la organización de modos de funcionamiento actuales «no permiten hoy estos tipos de anomalías«. En todo caso, subraya que, para la caracterización de estos hallazgos, un comité técnico comenzó a trabajar junto a la empresa eléctrica francesa EDF.

Ecologistas en Acción denuncia riesgos en Almaraz y Trillo por componentes de Areva pero el titular niega toda relación

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Europa Press.- Ecologistas en Acción ha denunciado que las deficiencias detectadas en los componentes de la empresa nuclear francesa Areva podrían afectar a los reactores españoles de Almaraz (Cáceres) y Trillo (Guadalajara), aunque el titular de estas plantas afirma que esta deducción no guarda relación con la realidad.

Así, la ONG asegura que los fallos de 400 protocolos de control de calidad de materiales detectados en Areva, que «estaban falseados» y se han descubierto a raíz de unas fisuras en uno de los reactores en la planta de Flamanville (Francia), que está en construcción, podrían afectar también a estos reactores españoles, porque la empresa que las gestiona contrata con la corporación nuclear gala para realizar operaciones de mantenimiento en ambas centrales. Asimismo, esta empresa contrató a Areva para fabricar combustible para seis recargas para la central nuclear de Trillo a partir de 2017, e hizo pruebas con barras de combustible de Almaraz en 2015″, asegura Ecologistas en Acción.

Ecologistas vincula como un «elemento de especial gravedad» que Areva se haya encargado de supervisar y analizar las causas del fallo de las bombas de agua de servicios esenciales en la unidad II de Almaraz, a principios de este año y critica la decisión del CSN de mantener la planta cacereña en funcionamiento, basándose en el análisis de Areva. El portavoz de la campaña antinuclear de Ecologistas en Acción, Francisco Castejón, ha alertado de la gravedad del hecho porque Areva «es omnipresente» en las operaciones de mantenimiento y reparación de las centrales de Almaraz y Trillo. «Hay que determinar hasta qué punto el falseamiento de los protocolos afecta la seguridad de estas dos centrales”, insistió.

Sin embargo, el titular de las plantas, Centrales Nucleares Almaraz-Trillo (CNAT), aseguró que tanto los servicios como el suministro de combustible que ha realizado Areva para estas plantas «no están puestos en entredicho» por la información sobre las deficiencias detectadas en Areva Francia. En concreto, aclara que los servicios que ha prestado Areva respecto al sistema de agua de servicios esenciales de la central de Almaraz «no tienen ninguna relación con las deficiencias identificadas por dicha empresa». Además, fuentes de la empresa añadieron que Areva únicamente da servicios y suministro de combustible en el caso de Trillo pero desde Areva Alemania. Almaraz compra el combustible a la empresa española ENUSA.

Los reactores nucleares de Ascó II y Trillo inician una parada para recarga de combustible

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EFE / Europa Press.- La central nuclear de Trillo (Guadalajara) comenzó los trabajos para su vigésimo octava recarga de combustible en la que se sustituirán 40 elementos y se realizarán tareas de mantenimiento general. Por su parte, la unidad II de la central nuclear de Ascó (Tarragona) se desconectó de la red eléctrica para iniciar los trabajos de su 23 recarga de combustible, que durará 38 días, en los que están programadas 11.000 órdenes de trabajo, según comunicó la Asociación Nuclear Ascó Vandellòs (ANAV).

Durante la parada, además de la sustitución de 64 de los 157 elementos combustibles que integran el núcleo del reactor, destaca la realización de trabajos orientados a la operación segura y a largo plazo de la central. Una vez finalizados los trabajos previstos, la planta iniciará un nuevo ciclo de operación de 18 meses. En esta vigésimo tercera recarga están planificadas 11.700 órdenes de trabajo, de las cuales un 80% corresponde a tareas de mantenimiento preventivo e inspecciones; un 10% a trabajos correctivos; y el 10% restante, a modificaciones de diseño de la central. Para llevar a cabo todos estos trabajos, las empresas de servicios que trabajan en la parada aportan un millar de profesionales de diferentes perfiles y especialidades.

Adopción de medidas preventivas pos-Fukushima

En esta recarga se ejecutarán trabajos significativos, como la inspección de los generadores de vapor por medio de corrientes inducidas, la sustitución de dos motores del generador diesel A, el cambio del sistema de control digital del reactor y la revisión del alternador principal, además de la implementación de las últimas modificaciones de diseño relacionadas con el proyecto Refuerzo de la Seguridad, derivado de las medidas pos-Fukushima. En este sentido, destacan la instalación de los recombinadores pasivos de hidrógeno en el edificio de contención, la sustitución de los primeros sellos de las bombas de refrigerante del reactor, la incorporación de la inyección directa a la cavidad del reactor y la instalación del sistema de venteo filtrado del edificio de contención.

Recarga de combustible en Trillo

La central nuclear de Trillo (Guadalajara) se desconectó de la red eléctrica, para iniciar la parada en la producción de energía que permitirá realizar los trabajos. Asimismo, ha indicado que los trabajos se prolongarán por espacio de 29 días, por lo que el acoplamiento a la red está previsto para el próximo 28 de mayo. Más de 40 empresas especializadas con más de un millar de trabajadores, la mayoría de Castilla-La Mancha, se han contratado para completar la plantilla habitual de la planta con el fin de realizar la recarga.

Durante este periodo se realizarán más de 3.470 actividades planificadas, entre las que destacan la sustitución de 40 elementos combustibles. Además, se realizarán las inspecciones del cojinete superior, inferior y sellos en una de las tres bombas principales del circuito primario (YD10), así como corrientes inducidas en las barras de control y en todos los tubos del generador de vapor 10. También se realizará la prueba de capacidad de las baterías de la redundancia 4/8, así como la revisión eléctrica y mecánica de la redundancia 3/7, del interruptor de generación y de las válvulas del lazo 20 de vapor principal. Las actuaciones se completarán con la sustitución de las juntas del semicuerpo 3 del condensador.

El Congreso exige al Gobierno el cierre de los 8 reactores nucleares españoles cuando cumplan los 40 años de funcionamiento

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Europa Press.- La última Comisión de Industria, Energía y Turismo del Congreso de esta legislatura aprobó una proposición no de ley del PSOE que plantea el cierre de las 8 plantas atómicas españolas a los 40 años de su funcionamiento. Esta iniciativa salió adelante con el apoyo de PSOE, Ciudadanos y Democracia y Libertad (17 votos); el voto en contra de PP y Foro de Asturias (16), y la abstención de Podemos.

La central nuclear más antigua de España es Garoña, que empezó a funcionar en 1971. Actualmente cuenta con 45 años desde su puesta en marcha, aunque permanece parada desde diciembre de 2012. En este sentido, la propuesta socialista exige al Gobierno que no tome ninguna decisión sobre su continuidad, a la espera de la conformación de un nuevo ejecutivo. El resto de centrales atómicas españolas, que todavía no han cumplido sus 40 años de funcionamiento, son: Almaraz, que cuenta con dos unidades (1980 y 1983); Ascó, también con dos unidades (1982 y 1985); Vandellós II (1987); Cofrentes (1984); y Trillo es la última central puesta en marcha en España (1987).

Esta misma comisión también debatía una proposición no de ley de Podemos, que no salió adelante, y que urgía al Gobierno a poner en marcha un apagón nuclear para 2024, es decir, no esperar a que las centrales cumplan los 40 años de funcionamiento y que se cierren cuando toque renovar su permiso de explotación. Contó con los únicos votos a favor del partido morado, el voto en contra de PP y Foro de Asturias, y la abstención de PSOE, Ciudadanos y Democracia y Libertad.

La impulsora de la iniciativa socialista, Pilar Lucio, insistió en que es necesaria una gradual disminución de la producción energética de las plantas nucleares, hacia una transición energética que permita descarbonizar la economía y sustituir la energía nuclear por las renovables. Según insistió la diputada socialista, la nuclear «no es una energía limpia porque genera residuos difícilmente gestionables», además de que representa una amenaza para seguridad internacional y nacional, desde el punto de vista terrorista y medio ambiental. «Pensamos que un mix energético sin nucleares es posible y por eso proponemos una gradual disminución dentro de un Pacto de Estado por la energía para adaptar la política energética, dar al sistema una mayor estabilidad, y facilitar la transición energética», añadió.

Además, los socialistas reclaman la supresión del decreto para la gestión responsable de combustible nuclear gastado, donde el actual Ejecutivo cambió un reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas (RINR) «para permitir la renovación de Garoña», que ya estaba en situación de cese definitivo de explotación. Otra de sus peticiones en la proposición no de ley es que se revise la decisión sobre la instalación del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares en Villar de Cañas (Cuenca), garantizando la solvencia de los criterios técnicos y de seguridad establecidos por el CSN. Para ello, exige que el Ejecutivo apruebe el séptimo plan general de residuos radiactivos.

Por su parte, en defensa de la iniciativa del partido morado, Juan López de Uralde, insistió en que las nucleares «no son seguras, ni limpias ni baratas», a la vez que ha destacado que el riesgo de accidente nuclear es «real» tal y como se comprobó con Fukushima o Chernóbil. También criticó que hasta la fecha no se ha resuelto la cuestión de los residuos radiactivos. «El mito de la nuclear barata se ha desmoronado. Ha llegado la hora de proceder al cierre progresivo para culminar con un apagón en 2024, una vez venzan los permisos de explotación», ha argumentado.

Por su parte, Enrique Bueno, de Ciudadanos, ha subrayado que su programa contempla el cierre progresivo de las nucleares una vez transcurridos los 40 años de vida útil para las que se crearon. Apuesta por la transición del modelo energético hacia las renovables y por la eficiencia energética. Por ello, indicó que votará a favor de la iniciativa del PSOE.

Mientras, Guillermo Mariscal justificó su voto en contra a las dos iniciativas en que no se debe infrautilizar ninguna de las capacidades disponibles. «Todo lo relacionado con la vida útil es una tarea que corresponde al CSN, que es quien vela por la garantía medioambiental y sobre las personas y la seguridad radiológica», precisó el portavoz del PP. Cree que un discurso que enfrente renovables con nucleares es «insustancial» porque, a su juicio, las renovables no garantizan actualmente la seguridad de suministro y haría falta energía complementaria, que podría ser el gas o el carbón, por ejemplo, que contribuyen al aumento de emisiones de CO2 y gases de efecto invernadero.

«Si queremos ser responsables con los compromisos adquiridos en el acuerdo del Clima de París creo que esta tecnología que permite generación eléctrica sin emisión es un valor más, teniendo en cuenta que se cree en la necesidad de que haya neutralidad a la hora de decidir qué tecnologías permiten ese mix que garantice la sostenibilidad del sistema, la seguridad de suministro y una optimización de los costes energéticos«, concluyó.

El Foro Nuclear advierte de que esta energía es «esencial» mientras que los ecologistas hablan de “brindis al sol”

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Europa Press.- Ecologistas en Acción cree que la petición de la mayoría de grupos parlamentarios en la Comisión de Industria para que el Gobierno cierre las centrales nucleares según vayan cumpliendo 40 años es «un brindis al sol» ante la disolución de las Cortes Generales. Por su parte, el Foro de la Industria Nuclear advierte de que la continuidad de esta energía es «esencial» para asegurar la estabilidad del sistema eléctrico y el freno a las emisiones contaminantes.

Fuentes del Foro señalaron que la tecnología nuclear no debería entender de ideologías y abogan por mantener la operación de las plantas nucleares mientras su funcionamiento sea seguro y cumplan los requisitos del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). A su juicio, la continuidad del funcionamiento de las centrales nucleares españolas permitirá continuar con un abastecimiento eléctrico «abundante, fiable, medioambientalmente limpio y competitivo» para cumplir con los objetivos de sostenibilidad energética definidos por la Unión Europea.

En este sentido, insisten en que la energía nuclear es «esencial» en el mix eléctrico español y recalcan que las centrales nucleares españolas producen electricidad de forma constante y sin emisiones de CO2 y, además, en 2015 «fueron líderes en la producción eléctrica al generar más del 20% de la electricidad». Junto a ello, recuerdan que la producción nuclear supuso el 36,4% de la electricidad sin emisiones contaminantes en 2015.

«Brindis al sol» para ecologistas

Ecologistas en Acción cree que la petición del Congreso al Gobierno para que cierre las centrales nucleares es «un paso maravilloso» porque los grupos políticos «se retratan» pero que se convierte en «brindis al sol» ante la inminente disolución de las Cortes Generales. Según indicó el portavoz de la campaña nuclear de Ecologistas en Acción, Francisco Castejón, es «maravilloso» porque los grupos políticos «se retratan» en sus intenciones y espera que durante la campaña electoral sigan manteniendo la misma propuesta.

La propuesta socialista es “aceptable”

Para la ONG las centrales nucleares españolas «podrían cerrarse antes», y que su intención es que se clausuren una vez vayan expirando sus licencias, es decir, que éstas no se renueven incluso sin llegar a esa fecha, pero admite que la propuesta de 40 años de vida «es aceptable». De ser así, Castejón cree que Garoña (Burgos) no debería volver a abrir y que a esta le seguirían en el cierre Almaraz (Cáceres) en 2021, mientras que las últimas serían Vandellós (Tarragona) y, poco después, en 2028, la de Trillo (Guadalajara). Con ello, según indicaron, España daría por finalizada su etapa de energía nuclear seis años después que Alemania, un país que es «un referente en el paradigma energético europeo».

La oposición pide el cese del presidente del CSN por su negativa a comparecer en la Comisión del Congreso

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EFE / Europa Press.- Todos los grupos de la Comisión de Industria del Congreso, salvo el PP y Foro Asturias, firmaron una petición para pedir el cese del presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Fernando Martí, por su negativa a comparecer ante la Cámara. El texto está rubricado por el PSOE, Podemos, Ciudadanos, Esquerra Republicana de Catalunya, Democracia y Libertad, y Grupo Vasco (EAJ-PNV).

La mayoría de los grupos parlamentarios habían solicitado la presencia del máximo responsable de este organismo regulador para que informara sobre el proceso de evaluación del permiso de renovación de la central de Garoña (Burgos) y del ATC de Villar de Cañas (Cuenca), entre otras cuestiones. La portavoz de energía del PSOE, Pilar Lucio, ha explicado que debido a la «incomparecencia» de Martí, tres quintas partes de la Comisión han firmado un escrito en el que se exige su salida del CSN, máximo responsable de la seguridad nuclear y de la protección radiológica en España.

La diputada del PSOE denunció la actitud «esquiva» de Martí para comparecer ante el Parlamento, pese a la insistencia de la mayoría de los grupos durante los dos últimos meses. Concretamente, los grupos solicitaron a Marti que adelantara su comparecencia prevista para el día 5 de mayo, ante la previsible disolución de las Cortes el día 3 de mayo. Fue él mismo el que solicitó comparecer a petición propia ese 5 de mayo, y no antes, por «motivos de trabajo». Una dilación que la diputada socialista ha tildado de «voluntaria».

En todo caso, esta petición de cese decaerá ante la inminente disolución de las Cortes el próximo martes día 3. No obstante, los firmantes de la misma aseguraron que volverán a pedir su dimisión en la próxima reunión de la Diputación Permanente del Congreso, el órgano que sustituye al Pleno del Congreso en los periodos no ordinarios de sesiones, en estos dos próximos meses. Desde el PP lamentaron tener conocimiento del escrito una vez fue registrado en la Cámara Baja.

Según argumentan los diputados, la Ley de creación del CSN establece que el órgano regulador mantendrá «puntualmente informado al Gobierno» y al Congreso de los Diputados y al Senado de cualquier circunstancia o suceso que afecte a su competencia. Además, indica que la ponencia de relaciones con el CSN o la Comisión parlamentaria de Industria podrá solicitar «cuantas comparecencias de responsables del CSN crea oportunas» y es por ello por lo que reclamaron su comparecencia.

«El presidente del CSN, aunque la ley le obliga a mantener puntualmente informado al Congreso de los Diputados y al Senado, no comparece ante las Cortes Generales desde el 3 de diciembre de 2014, habiendo sido solicitada su comparecencia en varias ocasiones por parte de la Comisión, y sin haber presentado aún el informe anual del Consejo correspondiente a 2014, a pesar de los numerosos temas que afectan a su gestión», lamentan, apuntando entre otros a la reapertura de Garoña o el ATC de Cuenca.

Asimismo, destacan que la Ley de creación del CSN establece que el Congreso de los Diputados, a través de la comisión competente y por acuerdo de los tres quintos de sus miembros, podrá instar en cualquier momento al Gobierno el cese del presidente y de los consejeros. Es por ello por lo que solicitan el cese del presidente Martí. Desde el CSN recuerdan que fue el propio órgano regulador el que ya el pasado febrero pidió comparecer a petición propia ante la Comisión de Industria del Congreso y que no recibió respuesta en 2 meses.

El Tribunal Constitucional anula el impuesto catalán sobre las centrales nucleares

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EFE.- El Tribunal Constitucional anuló la ley catalana que grava la producción de energía eléctrica nuclear, impugnada por el Gobierno central en julio del año pasado, al entender que coincide con otro tributo similar de ámbito estatal. En su sentencia, el Constitucional declara inconstitucional la ley que el Parlamento catalán aprobó en diciembre de 2014 para gravar la producción de energía eléctrica de origen nuclear.

La sentencia da la razón al Gobierno, que presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la ley catalana, por entender que la base imponible de ese impuesto, con el que la Generalitat recaudó 48 millones de euros, coincide con el tributo estatal sobre producción de combustible nuclear. La Generalitat, por su parte, alegó que existen diferencias entre ambos impuestos, ya que mientras el estatal grava el material resultante del proceso de producción de energía eléctrica termonuclear, los residuos radiactivos, el autonómico se aplica al combustible nuclear que se introduce en el reactor, “por el riesgo para el medio ambiente que entraña”.

El Constitucional considera que existe «equivalencia» entre el tributo autonómico y el estatal, ya que este «grava tanto la producción de combustible como los residuos». Para el Constitucional, en ambos tributos «el hecho imponible consiste en la utilización de energía nuclear para generar electricidad» y el hecho de que el impuesto de la Generalitat grave el gasto de combustible y el estatal la producción «no impide la conclusión de coincidencia». «En suma, lo que se sujeta a gravamen, en ambos tributos, es la utilización de combustible«, argumenta el Constitucional, que concluye que los dos impuestos no solo gravan la misma actividad, «sino que se hace también desde la misma perspectiva».

Por su parte, en su voto particular, el magistrado Juan Antonio Xiol defiende que en el impuesto autonómico existe «una finalidad extrafiscal medioambiental y de protección civil» que lo diferencia del estatal y concluye que la aprobación de ese tributo sobre las nucleares entra dentro de las competencias autonómicas. Además de insistir en que la aprobación del impuesto catalán «supone el ejercicio de competencias autonómicas concurrentes con las estatales», el magistrado catalán cree que para valorar el tributo autonómico se debe tener en cuenta la «especial incidencia» que la energía eléctrica nuclear tiene en Cataluña.

Según expone Xiol, en España existen actualmente 8 reactores nucleares de producción eléctrica, 3 de los cuales se encuentran en Cataluña, concretamente en Tarragona, lo que supone un 37,5% del total estatal. «Esa cifra aumenta al 40% si el análisis se hace tomando en consideración la potencia eléctrica. Como gustaba decir a juristas clásicos intentando superar concepciones formalistas, res ipsa loquitur: los hechos hablan por sí mismos», apunta el magistrado.

Prado (Endesa) vincula el futuro de Garoña a una decisión empresarial de Nuclenor siempre que el CSN apruebe su reapertura

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El presidente de Endesa, Borja Prado, reiteró que no existe «ningún compromiso político» con respecto al futuro de la central nuclear de Garoña y vinculó cualquier decisión final sobre el futuro de la planta, una vez se conozca el informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) sobre si aprueba a su reapertura, a que su titular Nuclenor (sociedad participada al 50% junto a Iberdrola) estudie su viabilidad «desde el punto de vista técnico y financiero», es decir, “una decisión empresarial”.

Asimismo, Prado señaló ante la junta de accionistas que lo que sí pide la energética es «que ese informe se saque lo antes posible» por el CSN para que Nuclenor pueda tomar una decisión. Por otra parte, el presidente de Endesa descartó comprar la participación de Iberdrola en Nuclenor si finalmente ésta decide dejar de operar plantas nucleares en España. «No es algo que contemplamos en este momento», apuntó. Al respecto, Prado no quiso calificar de desleal la actitud de Iberdrola, que según los sindicatos comunicó su intención de cerrar Garoña por causas económicas antes de plantearlo en el seno de Nuclenor, aunque subrayó que «cada uno es como es». «Yo no lo haría», concluyó.

En lo que respecta a Endesa, Prado indicó que en 2015 la compañía cumplió «con éxito» los objetivos marcados, reflejando una «operativa rentable y una posición financiera sólida», con un beneficio neto de 1.086 millones de euros. Asimismo, apuntó a la renovación de la compañía, con la creación de su nueva imagen corporativa y el lanzamiento de su nuevo logo, «que representa la voluntad de modernidad y de cambio; así como la visión, enmarcada en el concepto Open Power que impulsamos para el grupo Enel».

En este sentido, señaló que «la sólida» posición financiera de Endesa y los «buenos» resultados de gestión justifican la política de dividendos «muy atractiva y estable», que distribuirá el 100% del beneficio neto consolidado y que, como mínimo, ese dividendo sea cada año un 5% superior al del ejercicio anterior. De hecho, la junta aprobó el reparto de un dividendo total de los 1.086 millones de beneficio de 2015. Endesa ya procedió al pago de un dividendo a cuenta de 0,4 euros brutos por título. Con el abono en julio de un dividendo complementario de 0,626 euros brutos, la retribución total al accionista correspondiente a 2015 ascenderá a 1,026 euros.

Por otra parte, Prado subrayó que la contribución fiscal total de Endesa ascendió a 4.213 millones de euros en el año 2015, unos 11,5 millones de euros diarios y el 96% de ella realizada en España. Así, el grupo pagó en España un total de 1.745 millones de euros en impuestos en 2015, «una cifra superior en un 60% al beneficio neto registrado por la compañía en ese mismo año». «Y los impuestos recaudados, que no repercuten en nuestras cuentas, pero que se producen gracias al valor generado por nuestras actividades, fueron de 2.468 millones de euros”, añadió al respecto.

En su intervención ante los accionistas, el consejero delegado de la compañía, José Bogas, pidió dar un fuerte impulso a la electrificación de la demanda final de la energía, por razones medioambientales, de eficiencia y ahorro energético, y porque está directamente relacionada con la posibilidad de introducir nuevas tecnologías para conseguir un sistema energético más sostenible y descarbonizado. Endesa está desempeñando un papel relevante en el impulso del coche eléctrico.

Por último, Bogas incidió en la importancia de proceder a una reforma en profundidad de los mercados energéticos, «con el fin de que estos envíen claras señales de precios de largo plazo a los agentes». A este respecto, denunció que «en la actualidad el correcto funcionamiento de los mercados se está viendo negativamente afectado por un amplio número de excepciones que introducen importantes perturbaciones en la formación de los precios«.

La junta de accionistas también aprobó el nuevo Plan de Fidelización de la compañía para retener a sus directivos, que contempla retribuciones por importe máximo de cerca de 3,8 millones de euros para su presidente, Borja Prado, y su consejero delegado, José Bogas. La junta, que también aprobó el resto de puntos del orden del día, ha refrendado este sistema de retribución a largo plazo que tiene como finalidad fortalecer el compromiso de los directivos en posiciones de mayor responsabilidad en la consecución de los objetivos estratégicos de la sociedad.

Este plan está dirigido al presidente, al consejero delegado y a los restantes directivos del grupo con responsabilidad estratégica que sean determinados por el Consejo de Administración. El periodo del plan será de 3 años a contar desde el 1 de enero de 2015 para el Programa 2015-2017 y desde el 1 de enero de 2016 para el Programa 2016-2018.

Ecologistas en Acción lanza la campaña Desenchúfate de la energía nuclear con motivo del aniversario de Chernóbil

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Redacción / Agencias.- Mientras Ucrania ha celebrado un homenaje para recordar el trigésimo aniversario del desastre nuclear de Chernóbil, que contaminó permanentemente áreas del este de Europa y resaltó las debilidades del hermético sistema soviético, Ecologistas en Acción lanzó la campaña Desenchúfate de la energía nuclear con motivo del 30 aniversario del accidente en la central de Chernóbil, en la que se anima a la ciudadanía a prescindir de la aportación nuclear en su consumo eléctrico.

Junto a otras asociaciones, la campaña de Ecologistas en Acción hace hincapié en que para evitar accidentes como los de Chernóbil o Fukushima hay que proceder «al cierre escalonado de las nucleares lo antes posible». En España, la aportación nuclear a la potencia instalada es baja, del 6,8%, pero los ecologistas creen que con la regulación se “beneficia” a los propietarios de las centrales nucleares, lo que hace que la energía nuclear suministre más del 20% de la electricidad consumida.

La propuesta de la campaña es que los usuarios adopten medidas que disminuyan el consumo doméstico, fundamentalmente de ahorro y eficiencia. Entre ellas, la mejora del aislamiento de la vivienda, la instalación de dobles vidrios en las ventanas y la incorporación de iluminación LED, la instalación gradual de electrodomésticos eficientes cuando los antiguos se vayan estropeando. Además, la campaña propone el cambio de la comercializadora de electricidad actual por aquellas que venden energía de origen renovable certificada, aunque lo cierto es que la energía vertida a la red no permite garantizar su origen y que no provenga de centrales nucleares.

Homenaje en aniversario de Chernóbil

En abril de 1986, una prueba fallida en la central nuclear de la entonces Ucrania soviética provocó una fusión que emitió nubes mortales de material atómico a la atmósfera, forzando a decenas de miles de personas a abandonar sus hogares. Familiares de aquellos que murieron como resultado del peor accidente nuclear del mundo acudieron a la vigilia celebrada en una iglesia de Kiev construida en su memoria. «No pensamos que este accidente cambiaría todas nuestras vidas. Fue una guerra nuclear silenciosa para nosotros», cuenta Liudmila Kamkina, antigua trabajadora de la planta. Otros se reunieron en un homenaje en Slavutich, ciudad a 50 kilómetros de Chernóbil que se estableció para acoger a muchos de los evacuados.

Más de medio millón de personal civil y militar de toda la antigua Unión Soviética fue reunido para participar como «liquidadores» en la limpieza y contención del desastre nuclear, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). 31 trabajadores de la planta y bomberos murieron inmediatamente después del accidente, la mayoría de ellos por una contaminación aguda de radiación. Durante las últimas tres décadas, miles más han muerto por enfermedades relacionas con la radiación, como el cáncer, aunque la cifra total de fallecidos y afectados a largo plazo sigue siendo objeto de un intenso debate.

Nikolai Cherniavskiy, de 65 años, que trabajó en Chernóbil y más tarde fue un liquidador voluntario, recuerda haber subido al tejado de su bloque de apartamentos cerca de la localidad de Prípiat para ver la planta después del accidente. «Mi hijo dijo ‘papá, papá, quiero mirar también’. Él tiene que llevar gafas ahora y siento que es mi culpa por dejarlo mirar»,  relata el liquidador.

Municipios del entorno de Garoña se oponen a un ATI sin garantía de que vaya a construirse el ATC

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Europa Press / EFE.- Los municipios del entorno de la central de Santa María de Garoña mostraron su oposición a la construcción de un almacén temporal individualizado de residuos (ATI) si no hay garantías del traslado de los mismos a un Almacén Temporal Centralizado (ATC) como el previsto en Villar de Cañas (Cuenca) y además no hay un plan alternativo de desarrollo para esta zona.

Así lo han expresado los alcaldes de una docena de localidades burgalesas y dos alavesas ubicadas en el entorno de la central, todos ellos pertenecientes a la Asociación de Municipios en Áreas con Centrales Nucleares (AMAC), tras una reunión mantenida en el Ayuntamiento de Valle de Tobalina en Quintana Martín Galíndez para analizar las posibles consecuencias de su cierre. En concreto, asistieron a la reunión los alcaldes de las localidades burgalesas de Bozoo, Cascajares de Bureba, Encío, Frías, Jurisdicción de San Zadornil, Merindad de Cuesta Urria, Miraveche, Oña, Pancorbo, Partido de la Sierra, Santa Gadea del Cid y Valle de Tobalina y los de las alavesas de Lantarón y Valdegovía.

Todos ellos, ante las informaciones que apuntan a un posible planteamiento de Iberdrola de cerrar la central, han criticado la «falta de interés» de la empresa Nuclenor de mantener informados a los municipios del entorno sobre las decisiones que se toman y afectan a sus vecinos, «a pesar de las constantes declaraciones de voluntad de transparencia«, según comunicaron. Además, consideran que esta decisión puede ser «más grave» por los «vaivenes» a la hora de decidirse sobre la continuidad, dado que ha provocado el «abandono» y la «desaparición» del Plan de Desarrollo Económico Alternativo a la Central Nuclear que el Estado puso en marcha en 2009, cuando se publicó el decreto de cierre de la planta.

No al ATI sin ATC

De la misma forma, han criticado lo que a su juicio entienden como la verdadera voluntad: «la explotación de un territorio aislado de pequeños municipios a su interés y el abandono cuando sus intereses les llevan a otra parte». Este grupo de municipios considera «más rechazable» aún esta filosofía en el caso de Garoña al pretenderse la construcción de un almacén de combustible gastado, el «residuo radiactivo más peligroso», al aire libre «sin ningún plan de desmantelamiento del mismo», ya que en estos momentos consideran que no se puede confiar en un supuesto ATC como garantía de su posterior traslado.

De esta forma, estas localidades acordaron reafirmar su voluntad de trabajar conjuntamente para «hacer frente» a la situación que se causa con un posible cierre de Garoña y la intención de construir un almacén de residuos de alta actividad en el emplazamiento de la central nuclear mientras no existan «garantía» de un plan de desarrollo para la zona nuclear y también de su traslado futuro a un almacenamiento adecuado. Asimismo, reclaman a Nuclenor, al Estado y a Castilla y León un plan de desarrollo alternativo de la zona incluida dentro de los 10 kilómetros de la central nuclear que asegure un futuro «digno» a los vecinos de los pueblos que han convivido con la central durante más de 40 años.

Estos municipios recuerdan que las zonas aledañas a Zorita, «sufren» las consecuencias de un cierre nuclear y que, como el resto de centrales, «van a sufrirlas en un futuro no muy lejano». Este conjunto de localidades ha recordado que el cierre de la central nuclear de Garoña, según el estudio realizado por el Colegio de Economistas de Burgos con la financiación de Nuclenor, causará unos efectos «altamente negativos» en el entorno de la central, que serán «peores» para la zona más cercana a la misma, cuya dependencia a la instalación «es mayor por cuanto este tipo de instalaciones, si bien suponen una cantidad importante de puestos de trabajo, no generan ningún tipo de economía alrededor que permanezca a su cierre».