Un bidón cae al suelo en Garoña y vierte 3 litros de agua radiactiva aunque no excede los límites permitidos

Un contenedor con un bidón con agua radiactiva que estaba siendo transportado en un contenedor extraído del Almacén Transitorio de Residuos y Bidones (ATR) en la central nuclear de Garoña (Burgos) cayó al suelo de forma accidental de una altura de tres metros y se vertieron unos tres litros de agua radiactiva, según recogió el acta de inspección trimestral del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que, sin embargo señala que no superó los niveles permitidos.

La incidencia, no notificable, se produjo el 24 de marzo, cuando un contenedor transportaba en su interior un bidón extraído sin tapa al que se colocó un cierre provisional de aluminio. El aro metálico que sujetaba la tapa del contenedor se rompió y cayó al suelo desde unos tres metros de altura. La tapa quedó suspendida de la pinza y, al caer el contenedor, la tapa de aluminio que llevaba en su interior cedió y desparramó unos 3 litros de residuo del contenido del bidón.

Según refleja el acta de inspección trimestral de la planta burgalesa, el titular «inmediatamente» cubrió con plástico la zona del derrame e instaló un recinto cerrado con plásticos para que se pudiera recuperar el vertido en su interior. El vertido se recuperó ese mismo día, para lo que los operarios retiraron unos 2 o 3 centímetros del asfalto afectado. Según han indicado fuentes del CSN, de acuerdo con la normativa vigente este suceso «no es notificable» porque se produjo en una zona de la central clasificada radiológicamente cuyos límites de dosis están establecidos y, en este caso, no se superaron.

No obstante, señalan que el regulador pidió al titular un análisis de «notificabilidad» del incidente radiológico. Según la IS-10 donde se recogen los criterios de notificación de las centrales, no se superaron los límites de dosis establecidos en una zona radiológica, por lo que no fue notificable. De acuerdo con el acta firmada por el inspector residente, atendiendo a criterios de contaminación superficial, la zona estaba por debajo de 0,4 Bequerelios por centímetro cuadrado y, tras recoger el vertido se optó por retirar la capa superficial de asfalto para recuperar los valores iniciales y esto se hizo en menos de 12 horas. Si se hubiera superado este plazo sí habrían tenido que notificarlo al regulador.

Fallo en pestillo del contenedor

Del mismo modo, no se detectó contaminación fuera de este área cubierta con plásticos, por lo que los técnicos no establecieron medidas ambientales ya que se habían recuperado los niveles normales. En este contexto, el titular analizó las causas del suceso y advirtió que la pinza eléctrica estaba funcionando con tres pestillos operativos de los cuatro que posee y que precisamente la holgura entre el pestillo y el aro metálico es suficiente para que con tres pestillos se sostenga el contenedor. Sin embargo, sin el aro, el contenedor se desprende. Por ello, el inspector del CSN estipuló que antes de utilizar las pinzas se compruebe el correcto funcionamiento de sus pestillos y, en caso contrario, que se prohíba su utilización.

En la descripción de lo ocurrido, se analizaron las posibles consecuencias radiológicas de que se liberase un 10% del contenido del bidón y también de si se hubiera volcado por completo el bidón: supondría una dosis efectiva al público muy inferior a la restricción operacional para el conjunto del año. Aunque en el análisis de notificabilidad realizado por Nuclenor, al principio se limitaba a uno de los criterios de la Instrucción de Seguridad, se solicitó al titular que se considerara adicionalmente la posible aplicabilidad de cualquier liberación, parcial o total y se determinó que en todo caso habría sido inferior a los niveles permitidos y por debajo de 1 microsievert, que constituye el límite del criterio para notificar al CSN.

En todo caso, el inspector subraya que en este incidente se produjo un retraso en la comunicación a la sala de control de lo ocurrido y advierte de que esto sí podría ser importante en los casos en los que el titular sí debe informar «prontamente» al jefe de turno y al inspector residente en el informe de incidencia menor.

La Unión Europea necesita invertir 450.000 millones de euros hasta 2050 para mantener la capacidad de generación de sus nucleares

EFE.- La Unión Europea necesitará invertir entre 350.000 y 450.000 millones de euros hasta 2050 para mantener la actual capacidad de generación eléctrica de sus centrales nucleares, según Miguel Arias Cañete, comisario europeo de Acción Climática y Energía. Actualmente hay 129 reactores atómicos operativos en 14 miembros comunitarios, con una capacidad de 120 GW, si bien esas instalaciones tienen ya una antigüedad media de 30 años.

Sin unos programas de adaptación a largo plazo, «el 90% de los reactores actuales tendrán que ser cerrados en 2030» si no se producen esas inversiones, indicó Arias Cañete, que participó en el XII Foro Nuclear Europeo. Además, Arias Cañete recordó que la energía nuclear en la Unión Europea «no está muerta», pues hay nuevos proyectos de construcción de centrales nucleares en 10 países. Son 4 los reactores actualmente en construcción en Finlandia, Francia y Eslovaquia, mientras que existen otros 3 proyectos en proceso de licencia (Finlandia, Hungría y Reino Unido) y otros 5 en estado de preparación (Bulgaria, República Checa, Lituania, Polonia y Rumanía).

Coincidiendo con el 60 aniversario de la creación de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (Euratom), el político español expresó que ese tratado «ha garantizado la seguridad nuclear». El Reino Unido dejará de ser miembro de esa comunidad en marzo de 2019, recordó asimismo el comisario europeo. «Hasta que los tratados dejen de aplicarse al Reino Unido en marzo de 2019, ese Estado se mantiene como miembro de la Unión Europea y de la Comunidad Euratom con los mismos derechos y obligaciones como cualquier otro miembro», explicó. Sobre la salida de Londres del acuerdo Euratom, Arias Cañete avanzó que «es aventurado decir cuál será el futuro marco de colaboración».

El Gobierno confirma que el incidente por un pequeño incendio en la central nuclear de Ascó está «absolutamente controlado»

Redacción / Agencias.- El delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, confirmó que el incidente ocurrido en la central nuclear Ascó I está «absolutamente controlado» y «no ha tenido ninguna consecuencia» ni peligro para los ciudadanos. La central nuclear tarraconense recuperó la alimentación eléctrica exterior en los sistemas de seguridad, por lo que ha desclasificado la situación de prealerta de emergencia, según indicó el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

El titular de la central nuclear Ascó había comunicado al CSN una alerta de emergencia conforme a los requerimientos establecidos en su Plan de Emergencia Interior (PEI), siguiendoel criterio de notificación de incendio de duración superior a 10 minutos. El cortocircuito por caída de agua sobre los interruptores de una barra de alimentación eléctrica normal durante los trabajos de recarga en el edificio de turbina provocó el incendio. Como consecuencia, se perdió el suministro eléctrico normal y entró en funcionamiento el generador diésel de emergencia de forma correcta, sin riesgo de emisión radiactiva. El incidente obligó obviamente a detener su programa de parada de recarga y a activar las maniobras de descarga del combustible.

Millo ha asegurado que la situación está «absolutamente controlada»: «El incidente ha sido absolutamente controlado y no ha tenido consecuencias. En ningún momento ha habido peligro para las personas de contaminación radiológica de ningún tipo», ha explicado. El delegado del Gobierno en Cataluña ha explicado que el Plan de Emergencia, que estuvo activado durante 5 horas, ha funcionado «con absoluta normalidad» y todos los grupos de seguridad han estado en funcionamiento desde el primer momento. «Máxima tranquilidad. Todo ha funcionado correctamente y no ha habido peligro para nadie», ha señalado Millo, que subrayó su «satisfacción» por el «perfecto funcionamiento» de los operativos del Estado, la Generalitat y el ámbito local.

El CSN activó el retén de emergencia de su Organización de Respuesta ante Emergencias (ORE) en modo 1 (activación reducida) y ha seguido la evolución de la situación desde la Sala de Emergencias (SALEM) en continua comunicación con la Inspección Residente, con la instalación y con la Subdelegación de Gobierno en Tarragona. Se han comprobado los niveles de radiación ambiental recogidos de forma continua en las estaciones de la red de vigilancia, sin que se hayan observado variaciones de los niveles normales. Este suceso no ha tenido repercusión en los trabajadores, la población ni el medio ambiente y ha sido clasificado provisionalmente como nivel 0 en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos (INES).

Como consecuencia del accidente, la Subdelegación del Gobierno en Tarragona activó el Plan de Emergencia Nuclear de Tarragona (PENTA) en situación 0 tras una prealerta y se ha convocado a todos los grupos operativos del PENTA. Además, informó de la evolución de la situación a los alcaldes del ámbito de la central. Una vez la central nuclear recuperó la alimentación eléctrica exterior, se desclasificó la situación de prealerta de emergencia y se desactivó el PENTA.

La nuclear de Garoña realiza su simulacro anual simulando un terremoto que la dejaría sin suministro de electricidad

Europa Press.- La central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) realizó su ejercicio de simulacro anual en el que ha simulado un terremoto que ha afectado a la planta, que se ha quedado sin suministro eléctrico externo ni suministro interno de emergencia.

El simulacro es preceptivo, según los requerimientos que establece el Plan de Emergencia Interior. En el ejercicio han participado la Organización de Respuesta ante Emergencias del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y del Centro de Coordinación Operativa (CECOP) de la Subdelegación del Gobierno en Burgos. El CSN ha seguido el estado de la planta y las actuaciones del titular para recuperar las condiciones de seguridad y se mantuvo en contacto con la Subdelegación del Gobierno en Burgos para recomendar las correspondientes medidas de protección radiológica.

El simulacro comenzó cuando el titular ha declarado el estado de alerta de emergencia que se produjo a consecuencia de un terremoto que afectó tanto al suministro eléctrico exterior como al interior de emergencia. El seísmo provocó simuladamente daños en 5 elementos combustibles que estaban almacenados en la piscina, una fuga en la piscina que ha provocado un descenso del nivel de agua y un aumento de los valores de radiactividad en el interior de la instalación. Sin embargo, las dosis en el exterior de la zona bajo control del titular de la central han estado «en todo momento» por debajo de los límites establecidos.

Igualmente, se ha simulado que dos trabajadores han resultado heridos y contaminados externamente cuando estaban llevando a cabo labores de recuperación de la planta por lo que han sido atendidos y descontaminados en los servicios médicos del emplazamiento. Por su parte, el CSN ha recomendado al CECOP que estableciese el control de los accesos en el exterior de la central nuclear y la activación del Plan de Emergencia Nuclear de Burgos (PENBU). De haberse producido, un suceso de estas características habría sido clasificado con nivel 2 en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos (INES), lo que significa incidente.

Nuevo rifirrafe entre el Gobierno y Castilla-La Mancha tras producirse un terremoto a 28 kilómetros de la ubicación del ATC

Europa Press.- Después de que el Gobierno de Castilla-La Mancha expresara su preocupación tras el terremoto de 2,3 en la escala de Richter en Hontanaya (Cuenca), a 28 kilómetros de los terrenos donde el Gobierno central proyecta la construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares de Villar de Cañas, el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Julián Gregorio, señaló que las declaraciones que realizó el consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo, «no las hace ni un niño de parvulitos«.

En este sentido, Gregorio señaló que las declaraciones que hizo el consejero de Agricultura, en las que indicó que aunque fuera «un temblor pequeño era para estar preocupado y analizar lo que hubiera podido pasar si ese temblor hubiera sucedido estando el almacén construido», le parece que estuvieron «un poco fuera de lugar«. Según el delegado de Gobierno, con esas declaraciones no se podrían «hacer ni casas en ninguna parte de España, ni se podría hacer ninguna instalación industrial, ni se podría hacer absolutamente nada».

Por eso, ha recalcado que Martínez Arroyo debería ser un «poquito serio porque todo lo que se construye ahora tiene que llevar unas medidas obligatorias para que la seguridad sea máxima». Estas medidas, ha explicado Gregorio, se «imponen desde el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), desde el Gobierno de España y desde la Unión Europea». «No creo que nos dejen hacer una instalación de palillos como algunas que hace la Junta, nosotros hacemos las cosas de una forma seria, las hacemos de verdad», sentenció Gregorio.

El consejero castellano-manchego había llamado a «reflexionar» a aquellos que tienen que tomar las decisiones, al mismo tiempo que reiteraba la postura del Gobierno regional contra la ubicación ATC en su actual emplazamiento. «Nosotros vamos a ir, como hemos dicho desde el principio, a todas las instituciones que sea necesario; desde luego a Europa a poner de manifiesto el incumplimiento de la Directiva Hábitats por la no protección del espacio natural y, desde luego, recurriendo en los Tribunales«, ha concluido.

 

El Ministerio del Interior abre la convocatoria de subvenciones hasta 1,06 millones de euros a municipios cercanos a centrales nucleares

Europa Press.- Los municipios cercanos a centrales nucleares podrán acogerse a las subvenciones del Ministerio del Interior que tendrán una cuantía total de 1.066.000 euros y que se destinan a entidades locales adscritas a los Planes de Emergencia Nuclear. Concretamente, podrán acogerse los municipios cercanos a las centrales nucleares de Santa María de Garoña (Burgos), Almaraz (Cáceres), José Cabrera y Trillo (Guadalajara), de Ascó y Vandellós (Tarragona) y de Cofrentes (Valencia), que cuenten con un Plan de Actuación Municipal en Emergencia Nuclear.

Si bien, los interesados solo podrán presentar una solicitud de subvención en esta convocatoria e incluir un tipo de proyecto entre los 6 definidos expresamente. El importe máximo es de 1.066.000 euros. En concreto, se concederán hasta 60.000 euros si se trata de un contrato de obra según lo previsto en la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado mediante Real Decreto Ley de noviembre; 21.500 euros, en caso de otros contratos previstos en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

Para los proyectos destinados a acondicionar viales, la subvención concedida podrá llegar como máximo al 80% del valor del presupuesto total del proyecto y si posteriormente el beneficiario adjudicara el correspondiente contrato por un importe inferior al presupuestado, la subvención abonada se reducirá en cuantía proporcional hasta alcanzar el 80% del importe del contrato adjudicado. Los interesados podrán presentar sus solicitudes durante 15 días hábiles.

Los técnicos de Hacienda (Gestha) advierten de que aplicar un impuesto por desmantelar la nuclear de Garoña puede ser inconstitucional

Europa Press.- Mientras el Grupo Parlamentario Popular ha manifestado en el Senado su rechazo a una moción de Podemos, debatida en la Comisión de Energía, por la que se instaba al Gobierno a desestimar la solicitud de renovación de la autorización de la central nuclear de Garoña, en Burgos. El colectivo de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) ha advertido de que aplicar un impuesto a las empresas eléctricas por el desmantelamiento de la central nuclear de Garoña «podría ser declarado inconstitucional».

Así, Gestha ha recordado que el artículo 31 de la Constitución dice que cada ciudadano debe contribuir al sostenimiento de las cargas públicas conforme a su renta, de modo que cualquier impuesto que se establezca sobre una industria para mantenerlo en pérdidas e impedir su cierre «podría quedar fuera de los preceptos constitucionales», sobre todo sicomo en el caso de Garoña dicho impuesto «fuese tan elevado como para que sea más rentable prolongar la actividad que desmantelar la central».

Aunque Gestha entiende que el objetivo del Gobierno de Castilla y León es preservar los puestos de trabajo y la actividad económica que genera esta planta en Burgos, recuerda que si una empresa se ve abocada a cerrar porque no es viable, «no es posible que se le imponga un tributo cuando no hay renta o riqueza que gravar». Por otra parte, Gestha cree que el propio Ministerio de Hacienda desaconsejará ese impuesto y podría interponer un recurso de inconstitucionalidad si finalmente se decide aprobarlo.

Alternativamente, el colectivo recuerda que el municipio donde está radicada la central puede aprobar una Ordenanza para exigir el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), para gravar al tipo máximo del 4% el coste de ejecución de cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija obtención de la licencia de obras o urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia. En cualquier caso, desde Gestha reconocen que España «todavía tiene mucho camino por recorrer para estar en la media del resto de la Unión Europea en materia fiscal medioambiental o fiscalidad verde«.

El PP rechaza desmantelar Garoña

La propuesta de Podemos, que contó con el apoyo del PSOE, pedía que se renunciara definitivamente a la reapertura de la instalación y se procediera al desmantelamiento de la planta nuclear, al tiempo que se elaboraba un plan de reactivación de la zona. Desde Podemos, reclamaron a los parlamentarios escuchar «el clamor popular que se ha dado durante años» para cerrar una planta «vieja, obsoleta, peligrosa, cara e innecesaria». Sin embargo, el PP argumenta que la central es ahora más segura que hace 40 años.

Ecova ve un «problema muy serio» en el cierre de Garoña y augura un reflejo en la factura eléctrica

Europa Press.- Mientras el secretario autonómico del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, considera que el impuesto anunciado por la Junta para Endesa e Iberdrola asociado al cierre de la central nuclear de Garoña es una «cortina de humo» de la Junta, el decano y presidente del Colegio de Economistas de Valladolid (Ecova), Juan Carlos de Margarida, considera un «problema muy serio» para Castilla y León que desaparezca Garoña y destaca su importancia en el empleo ya que es una empresa «consolidada».

De Margarida ha evitado valorar la posibilidad de que la Junta grave con un impuesto a las compañías Iberdrola y Endesa, copropietarias de la planta burgalesa, si optan finalmente por el cierre de Garoña, pero se ha mostrado comprensivo con que la comunidad quiera poner «todos sus medios encima de la mesa» para evitar el desmantelamiento de la central. En este contexto, ha lamentado también el anuncio de clausura de la central térmica de Compostilla (León) por parte de la italiana Enel y ha augurado que, de confirmarse ambos cierres, esto tendría su reflejo en la factura de la luz.

Impuesto: “una cortina de humo”

Por su parte, Luis Tudanca ha acusado al Ejecutivo regional de plantear una política fiscal propia “de los hermanos Marx”. «Desde hace muchos años se ha opuesto a que se pusiera un impuesto a la actividad de Garoña que permitiera obtener recursos suficientes para hacer un tejido industrial alternativo cuando lo proponía el PSOE en los Presupuestos», ha reseñado Garoña.Así, ha considerado que «no tiene mucho sentido» que desde la Junta se plantee ahora gravar el cierre de una empresa que ya no va a generar beneficio económico. «Es una cortina de humo ante su incapacidad de cumplir promesas y para responder ante los trabajadores y ante las comarcas que van a sufrir el cierre de Garoña», ha manifestado.

De este modo, Luis Tudanca ha insistido que en el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, y la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, «volvieron con las manos vacías» de su reunión con el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, y «soltaron este anuncio absurdo y sin sentido«.»Como con todo lo que hace la Junta se demuestra su irrelevancia con el Gobierno central», ha manifestado, tras lo que se ha referido al pacto sobre el cupo vasco, sobre el que ha reiterado que es «lamentable» que los diputados del PP, 18 de Castilla y León, consigan «menos para los suyos» que los cinco diputados del PNV para España.

Manifestación en Miranda de Ebro

Ante la situación actual de posible reinicio de la central nuclear, la Coordinadora contra Garoña convocó una manifestación en Miranda de Ebro (Burgos) por la reindustrialización y desmantelamiento de Garoña y el resto de centrales nucleares. Acudieron las diferentes coordinadoras de Burgos, Cantabria, Euskadi, Aragón y Rioja. El objetivo de la manifestación fue “dejar clara la oposición social a la reapertura e impedir que el Gobierno del Partido Popular firme la reapertura a 20 años, después del incomprensible voto favorable del Consejo de Seguridad Nuclear».

A su juicio, esta decisión «afecta a toda la población, dejando la gestión de la vieja central en manos de las empresas, que sólo tienen en cuenta la rentabilidad económica, y no la salud y el riesgo a los que someten a la población y el medio ambiente». Además remarcan “la actual división del consejo de administración de Nuclenor, donde Iberdrola (propietaria junto a Endesa) reconoció que no tienen ninguna intención de reabrirla, apelando a la inviabilidad económica, dadas las reformas a acometer». Por ello, consideran que la central “carece de viabilidad alguna por mucho que lo pretendan el CSN y el Gobierno del PP«.

“Garoña lleva años cerrada y no se ha conocido problema alguno en el suministro eléctrico en la zona que abastece, por lo que la necesidad técnica de su suministro es totalmente irreal, salvo la del negocio para sus propietarios a costa de la seguridad de los habitantes de la zona, de las provincias limítrofes y del claro riesgo para el medioambiente», denunciaron. La Coordinadora contra Garoña recuerda que la movilización social contra ésta y todas las centrales nucleares «siempre ha estado y seguirá en la calle mientras no den pasos efectivos cerrando y desmantelando las centrales nucleares, dejando de producir peligrosos residuos y trabajando en el nuevo modelo energético sin combustibles fósiles ni centrales nucleares».

Castilla y León, defensora de la continuidad de Garoña, se plantea ahora crear un impuesto a Nuclenor si hay desmantelamiento

Europa Press.- La Junta de Castilla y León podría imponer un impuesto que gravase a las empresas energéticas Endesa e Iberdrola en compensación por el posible desmantelamiento de la central nuclear de Santa María de Garoña, (Burgos), tal y como aseguró la consejera de Economía de Castilla y León, Pilar del Olmo, tras mantener una reunión con el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal.

La consejera ha defendido la energía nuclear y el carbón, una defensa que ha afirmado que comparte con el Gobierno ya que «abarata» el recibo de la luz de los españoles. «Tanto el Ministerio como la Junta defendemos que tiene que haber una participación en el mix energético nacional; tiene que entrar el carbón y por supuesto la nuclear, ya que en ambos casos son las energías más baratas«, aseguró.

«De no existir el carbón o la energía nuclear, el recibo de la luz se dispararía más del 30%», indicó Del Olmo, reiterando la defensa del Gobierno castellano y leonés al sector minero. Por ello, la Junta se plantea impulsar una figura impositiva que, «de una u otra manera», grave el desmantelamiento de Garoña ya que «supone la pérdida de un millar de empleos». El impuesto iría dirigido a las empresas titulares de la central, Endesa e Iberdrola: «si les sale mucho más barato cerrar que continuar con la producción, con este impuesto a lo mejor se lo piensan», subrayó.

Por su parte, la Dirección de Nuclenor, el titular de la central nuclear de Garoña, no tiene «conocimiento oficial» del impuesto que le plantea imponer la Junta de Castilla y León en «compensación» por el posible desmantelamiento del reactor y la pérdida de empleo que conllevaría. Fuentes de la empresa han confirmado que no tiene «conocimiento oficial de esta iniciativa» pero que, en todo caso, «Nuclenor no hará valoraciones sobre las declaraciones» de Del Olmo.

Críticas a planes de Enel

Tanto el Ministerio como la presidencia de Castilla y León han mostrado su «preocupación» por el anuncio de Enel respecto al futuro de las centrales térmicas de Compostilla (León) y Andorra (Teruel), del que Del Olmo ha confesado que el ministro no tiene «constancia oficial«. La pasada semana Enel, principal accionista de Endesa, confirmó el cierre de sus centrales de Compostilla (León) y Andorra (Teruel) el 30 de junio de 2020 durante la junta general de accionistas celebrada en Roma.

«No tiene ningún sentido, hay que englobar la producción de las centrales térmicas y las centrales nucleares en la política energética nacional, y no puede depender del anuncio de una empresa», ha señalado. «La política energética nacional depende del Gobierno y de los grupos con representación en el Congreso de los Diputados», sentenció Del Olmo. Así, en la reunión se ha planteado la necesidad de lograr un pacto por la energía entre todas las fuerzas parlamentarias, donde tanto carbón como las energías nucleares tengan cabida.

Colectivos antinucleares se manifiestan en Villar de Cañas contra el ATC mientras el Gobierno defiende que “es necesario para España”

Europa Press.– El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Julián Gregorio, asegura que el Almacén Temporal Centralizado de residuos nucleares (ATC) y combustible gastado de Villar de Cañas (Cuenca) es «algo necesario para España» después de unas 500 personas, según los organizadores, hayan participado en la marcha a pie a Villar de Cañas desde Casalonga, convocadas por la Plataforma contra el Cementerio Nuclear en Cuenca y el Movimiento Ibérico Antinuclear (MIA), para posicionarse en contra de la instalación en la localidad.

Una marcha, bajo el lema No al cementerio nuclear. Ni en tu pueblo ni en el mío, que ha transcurrido en un ambiente festivo, según indicó la portavoz de la Plataforma, María Andrés, quien ha señalado que ha sido un día de reencuentro y participación de «mucha gente». Andrés ha explicado que entre las razones que les han llevado a convocar esta manifestación está el hecho, como dicen «alto y claro cada año», de que «nadie» les preguntó ni les ha tenido en cuenta. «No queremos un cementerio nuclear ni que Villar de Cañas sea el apoyo a fuentes de energía nuclear en este país».

Este proyecto «está todavía en pañales» y «no tiene ningún permiso para poder trabajar toda la parte nuclear», indicó. «El ATC ni está ni por el momento se le espera», recalcó. Sobre las últimas decisiones del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha respecto a la ZEPA del Hito, Andrés considera que «es importante» tener en cuenta que «siempre ha habido un grupo importante con la intención de que el ATC salga adelante». «Pero la realidad es que no tiene declaración de impacto ambiental, no tiene permiso de construcción del Consejo de Seguridad Nuclear ni permisos municipales, con lo cual no puede seguir adelante”, señaló.

Tanto la MÍA como la plataforma rechazan la implantación del ATC y reclaman un calendario de cierre de las centrales nucleares cuando cumplan los permisos vigentes para reducir lo más posible la generación de residuos. También reclaman un debate sobre el volumen y alternativas para los residuos desde el punto de vista de la seguridad pero también desde el punto de vista económico, social y ambiental. Las organizaciones seguirán movilizándose y el próximo 10 de junio se producirá una gran manifestación en Madrid en contra de la energía nuclear en toda la Península Ibérica, tanto en España como en Portugal.

En esta marcha participó el director provincial de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Joaquín Cuadrado, quien ha afirmado que Cuenca «es símbolo de naturaleza y el ATC sería un lastre para el futuro de la provincia«. Por esa razón, ha señalado que el Gobierno regional «dará la batalla hasta el final para que el ATC no se instale en nuestra región y continuará anteponiendo los valores medioambientales a los intereses nucleares».

Cuadrado ha asegurado que la Junta de Comunidades «apuesta por un modelo de desarrollo diferente, basado en un modelo energético renovable» y que la instalación de un cementerio nuclear en Villar de Cañas «perjudicará seriamente a sectores que ahora mismo son claves para la economía provincial». En este sentido, ha afirmado que el ATC «no es una lotería, como nos han querido vender, sino una hipoteca para muchos, muchos años, que vamos a pagar entre todos», ha remarcado. Además, ha explicado que los técnicos de la Consejería «llevan mucho tiempo trabajando para catalogar los valores naturales de esta zona y todos los informes avalan la ampliación del espacio protegido ZEPA».

También participaron varios miembros de Izquierda Unida, entre ellos el coordinador regional, Juan Ramón Crespo, y el coordinador provincial, Jacobo Medianero, quien señaló que esta manifestación «vuelve a mostrar que son muchos los factores que hacen inviable el cementerio nuclear, entre ellos la disconformidad social con el mismo». «Una movilización que, como ha quedado patente, vuelve a crecer y tiene que ser un elemento clave para que no nos condenen a albergar los residuos nucleares de toda España», señaló Medianero, para pedir a la ciudadanía «que actúe contra el ATC sin esperar a ver qué sucede en unos u otros procesos judiciales o tramitaciones administrativas que no pueden ser la única oposición al basurero nuclear”.

Además, Medianero ha recordado los argumentos que, a día de hoy, son más que conocidos por todos, como «la poca idoneidad de los terrenos, cada vez más patente, la falta todavía de declaración de impacto ambiental, la posible revisión del POM de la localidad o la proliferación de almacenes individuales que hacen menos necesario una instalación tan costosa como ésta».

Desde el PSOE regional también se ha pronunciado al respecto la diputada del Grupo Socialista en las Cortes, Carmen Torralba, quien ha querido dejar claro que tanto desde el Ejecutivo regional como desde la formación política «vamos a seguir trabajando y haciendo todo lo posible para que ni en esta localidad conquense ni en ningún otro lugar de la región nos traigan la basura nuclear».

Para la diputada del Grupo socialista, «el medioambiente tiene que estar muy por encima de cualquier proyecto nuclear», a lo que ha añadido que el modelo que defienden los socialistas y casi todos los ciudadanos en esta región, «menos los dirigentes del PP», se basa en la obtención de energía a través de fuentes sostenibles y renovables. «Está claro que esta elección fue política y pensando en los intereses del PP más que en los intereses de los ciudadanos de Castilla-La Mancha», ha apuntado, para agregar que el ATC puede «servir de tapón a otros desarrollos como el turístico o el agrícola porque la cercanía de un cementerio nuclear ahuyenta cualquier otro tipo de inversión».