Diego mostró su satisfacción por la decisión del Ministerio, una «gran noticia» que, según destacó, beneficiará a más de un millar de plantas de cogeneración en toda España.
En Cantabria, la medida afectará especialmente a Sniace y a otras empresas como Solvay, la planta de Repsol en Gajano o Textil Santanderina.
Según explicó el presidente de Cantabria, la rebaja del «céntimo verde» se aplicará con carácter retroactivo, de forma que el Ministerio devolverá a las empresas los 50 céntimos por gigajulio de diferencia desde enero hasta que entre en vigor el correspondiente reglamento, en el que ya está trabajando el Ministerio de Hacienda, y cuya publicación «se espera para antes del mes de julio».
Diego señaló que esta tributación reducida requiere la publicación de un Real Decreto para regular su aplicación «por la diferencia que existe en el gas consumido para vapor que se usa en el proceso interno de la fábrica y el vapor que se produce exclusivamente para la venta de energía directa a la red». Asimismo, anunció que el Gobierno de Cantabria seguirá reivindicando ante el Ministerio de Industria para incluir el carbón en el Real Decreto.
El presidente subrayó que el logro de este compromiso por parte del Ministerio, que según dijo le fue comunicado por el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, demuestra la «capacidad de reivindicación del Gobierno de Cantabria ante el Gobierno central», algo que le «gustaría no que nadie agradezca, sino que cuando menos se reconozca».
En este sentido, criticó la «incredulidad» manifestada por la oposición en el Parlamento de Cantabria, y por los propios trabajadores de Sniace, después de las reuniones que mantuvo con el secretario de Estado de Energía y con el ministro de Industria, José Manuel Soria, a los que trasladó personalmente el 24 de enero y el 11 de febrero, respectivamente, la propuesta de aplicar una tributación reducida al gas natural para cogeneración.
El consejero de Industria, Eduardo Arasti, abundó en el tema reproduciendo algunas de las declaraciones realizadas en sede parlamentaria el pasado 25 de febrero por la secretaria general del PSOE, Eva Díaz Tezanos, quien criticó a Diego por venirse de Madrid «con las manos vacías» y le acusó de montar con el ministro un «teatro» para «ocultar que no se va a hacer nada».
«Hemos sometido a toda la presión que nos cabía en todos los ámbitos del Ministerio», reinvindicó Diego, quien subrayó la «trascendencia» del compromiso de Industria para Sniace y otras empresas cogeneradoras de Cantabria. Diego comunicó por teléfono la noticia al presidente de Sniace, Blas Mezquita, quien a su vez la trasladará al consejo de administración en una reunión convocada para este viernes.
Tras reconocer que la nueva fiscalidad energética «verdaderamente no ayuda», Diego insistió en que la «enfermedad» de Sniace, empresa «emblemática para la Torrelavega y la Cantabria industrial», «no son los impuestos». «Hemos conseguido remover el obstáculo de la fiscalidad, el gran obstáculo aún inmóvil es la viabilidad del proyecto industrial y su condicionamiento ambiental», afirmó.
En este sentido, señaló que Sniace atraviesa «dificultades importantes por su posición dentro de los mercados». «Sus cuentas vienen parpadeando en ámbar desde hace ya muchos meses; sus dificultades para adaptarse a la legislación ambiental europea y española son notorias; y su capacidad para innovar e invertir es a veces brillante y otras veces ausente».
El presidente se esforzó por recordar que Sniace no es una empresa pública, sino una empresa privada, y que «su futuro no está en manos de la administración», sino que son los dueños y los trabajadores «los verdaderos protagonistas de su futuro», quienes han de «encontrar el camino -dijo- hacia unas cuentas mejores y un cumplimiento más agil de la normativa que les afecta, y con ello, asegurar el desarrollo de proyectos ilusionantes, realizables y sostenibles».
«Lo público sólo puede ayudar, nunca sustituir»
Diego reiteró la total disposición del Gobierno a colaborar con Sniace «en todo lo que nos sea posible para crear condiciones que sirvan para dar futuro» a la fábrica, pero puntualizó que «lo público sólo puede ayudar, nunca sustituir» y añadió que ni el presidente ni el consejero de Industria «somos ni accionistas ni sindicalistas» de Sniace, una empresa -dijo- que «no puede ser privada cuando reparte beneficios y pública cuando reparte pérdidas».
«Si el «céntimo verde» era la causa del problema de Sniace, ya no lo es», subrayó el presidente, quien explicó que el Gobierno sigue trabajando en otros compromisos adquiridos con la empresa en todos los ámbitos en los que ésta pidió su apoyo. En este sentido, explicó que la dirección de Sniace ya solicitó al Gobierno la reunión a tres bandas con los trabajadores, y «se está buscando una fecha adecuada que nos permita poner sobre la mesa formulaciones lo suficientemente trabajadas».
Para Diego, la gestión del Gobierno actual en la crisis de Sniace demuestra que no todos los gobiernos y todos los políticos son iguales. «En Cantabria hay políticos que solo se acuerdan de Sniace cuando hacen manifestaciones, para abrazarse a la pancarta», afirmó el presidente de Cantabria y del PP regional tras reprochar a los partidos ahora en la oposición, que el Gobierno de Revilla (PRC-PSOE) estuvo a punto de abocar a Sniace al cierre con decisiones de carácter ambiental que tuvo que enmendar el PP a su llegada al Gobierno.
Preguntado sobre por qué cree que, sin embargo, los trabajadores de Sniace recibieron a Revilla al grito de ‘presidente’ en una reciente protesta en el Parlamento, Diego respondió que «ahí puede haber un notable punto de politización de determinados dirigentes sindicales».
