La plantilla apoya el ERE de Elcogas a falta de «algunos flecos» mientras los sindicatos siguen buscando la vía política

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EFE / Europa Press.- Representantes del comité de empresa de Elcogas y de los sindicatos CCOO y UGT se reunieron con Podemos, Izquierda Unida, PSOE y Ciudadanos para reforzar el respaldo de estas formaciones a la planta de Puertollano (Ciudad Real). Apoyos que habrá que ver en qué se traducen tras las elecciones; de momento los trabajadores de Elcogas decidieron apoyar, a falta de «algunos flecos», el acuerdo con la empresa sobre el ERE.

De esta forma, no se celebrará el juicio previsto en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) para el próximo miércoles 22 de julio como consecuencia de la demanda por conflicto colectivo interpuesta por los sindicatos UGT y CCOO reclamando la nulidad del ERE aplicado por Elcogas sin el acuerdo de la representación de los trabajadores para extinguir los contratos de la plantilla.

Sin embargo, la asamblea de trabajadores ha aprobado de forma mayoritaria el acuerdo con la empresa sobre las indemnizaciones, de forma que Elcogas considera los despidos como improcedentes y aportará cantidades adicionales lineales de 10.000 euros de media por trabajador. Así lo explicó el secretario general de Industria de CCOO en Castilla-La Mancha, Ángel León, quien precisó que han intentado que los trabajadores salgan de Elcogas «con las mejores condiciones».

León ha explicado que en la reunión los abogados de UGT y CCOO han expuesto a los trabajadores la situación actual y las opciones que se abren si se celebra el juicio, y la plantilla ha apoyado el acuerdo. El lunes los abogados de los sindicatos se reunirán con los de la empresa para «perfilar algunos flecos» y de esta manera podrán ratificar el acuerdo ante el juez el miércoles.

El acuerdo, negociado previamente entre los abogados de la empresa y de los trabajadores, recoge que Elcogas reconoce la improcedencia de los despidos y esto eleva las indemnizaciones hasta el máximo legal, 33 o 45 días por año trabajado en función de la antigüedad hasta un máximo de 24 meses. Además, las empresas eléctricas Endesa, Iberdrola y EDF, propietarias de Elcogas, se comprometen a dar prioridad a los despedidos de la central de Puertollano para acceder a los puestos de trabajo que vayan quedando vacantes en sus propias compañías. El acuerdo fue aprobado por el 76,4% de los trabajadores presentes.

«En relación con el fin de Elcogas no estamos satisfechos, pero esta es la situación menos mala. Y, al margen de esto, seguimos trabajando para que el proyecto de Elcogas, se llame así o de otra forma, no sea un proyecto de pasado sino de presente y futuro», explicó León. En este sentido, avanzó que están manteniendo conversaciones con inversores interesados en reactivar la planta.

También reactivan los contactos políticos

Los sindicatos y el comité de empresa también se han reunido por separado con Podemos, Izquierda Unida, PSOE y Ciudadanos para reforzar el respaldo de ambas formaciones a la Proposición No de Ley (PNL) de apoyo a Elcogas aprobada en la legislatura que ahora termina. Se trata de que esta PNL pueda reeditarse inmediatamente después de las elecciones generales del 26 de junio para, primero, evitar el desmantelamiento de la central, previsto para el mes de octubre; y después para volver a ponerla en marcha.

ACOM rechaza que el pacto de apoyo al carbón tuviera fines electoralistas mientras se suceden las dimisiones en IU

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EFE.- Dos responsables de Izquierda Unida no han tardado en mostrar su descontento con el partido tras no sumarse al pacto en defensa de la minería del carbón en el que sí participaron el PSOE y Ciudadanos. Así, han dimitido el alcalde de Pola de Gordón y el coordinador municipal en Ponferrada. Por su parte, el presidente de la Asociación de Comarcas Mineras (ACOM-España), Adrián Barbón, rechazó las críticas que tachan a este pacto de electoralista.

Barbón, alcalde socialista de Laviana, explicó los motivos de la firma de ACOM España del acuerdo en defensa de la minería del carbón promovido por los sindicatos y la patronal del sector y que no fue apoyado por partidos como el PP, Podemos e Izquierda Unida. El alcalde de Laviana asegura que firmar el acuerdo era una «obligación» de compromiso con los territorios mineros y «no una opción a discutir desde posiciones electoralistas». En este sentido, apunta que el acto no fue convocado ni organizado por ningún partido político, por lo que, según ha aseverado, «no tiene nada de electoralista».

ACOM siempre con el carbón

«Lo que sí hay es una ofensa ante los firmantes del acuerdo, contra una decisión, que en el caso de ACOM España se decidió por unanimidad en el seno de la Comisión Permanente y en nombre de todos los ayuntamientos mineros de España», subraya. Considera que las críticas al acto son «poco acertadas» y «alejadas» de la realidad y cree que «suscitan una falta de respeto» institucional por las decisiones que se toman desde los órganos colegiados de la ACOM.

Barbón señala que ACOM España «siempre ha sido parte fundamental en todos los acuerdos y movilizaciones en defensa de la minería del carbón y de las comarcas mineras, enfrentándose a quien fuera por defender los intereses de los municipios mineros«. Por último, el presidente de ACOM España se reafirma en la decisión de firmar y defender lo firmado y anuncia la convocatoria de una reunión urgente y extraordinaria de la Comisión Permanente para analizar el contexto en el que se ha desarrollado la firma del acuerdo y sus consecuencias, así como para definir el marco de actuación de este organismo.

Varias dimisiones en Izquierda Unida

Por su parte, el coordinador general de Izquierda Unida de Castilla y León, José María González, atribuyó la dimisión del alcalde del municipio leonés de La Pola de Gordón, Juan Carlos Lorenzana, de su mismo partido, a su «coherencia personal», pero insistió en que su sustituto seguirá defendiendo la minería. Asimismo, el dirigente autonómico de Izquierda Unida cargó contra algunos empresarios que ejercieron como «buitres» al quedarse «entre las uñas» con dinero procedente de los fondos miner, que en su opinión no llegó en su integridad a las cuencas mineras.

Sobre la firma del acuerdo sobre el mantenimiento del sector del carbón, sin que ningún representante de Izquierda Unida lo rubricara a pesar de estar presentes varios de sus cargos, González aseveró que el documento es «insuficiente» y no cuenta con compromisos reales de inversión. Así volvió a llamar la atención sobre algunos de los «buitres» que firmaron el acuerdo, en referencia a los empresarios, ya que algunos de ellos “explotan la minería sin mineros, ya que subcontratan con empresas que emplea a peones de la construcción o de transportes”.

Alcalde de Pola de Gordón

El alcalde de Pola de Gordón (León), Juan Carlos Lorenzana, junto a dos concejales más de la formación, dimitió por la negativa de Izquierda Unida, a suscribir el acuerdo en defensa de la minería del carbón nacional. El regidor, que también renunció a los cargos orgánicos que ocupa en Izquierda Unida, recalcó que dimite porque la minería exige el apoyo de todos para su supervivencia y criticó que los máximos dirigentes regionales de la coalición estuvieran presentes en la firma del documento pero no lo suscribieran, lo que calificó de «paripé». Por ello aseguró que dimite por «coherencia, honestidad y compromiso» con las cuencas mineras.

Pese a no firmar el documento, Izquierda Unida de Castilla y León reiteró su apoyo a las comarcas mineras. José María González sí que acudió al acto pero precisó que acudía en señal de apoyo a la minería, y explicó que Izquierda Unida no firmó el documento porque «supondría compartir un espacio con partidos como el PSOE, que fue de los primeros en poner fecha de caducidad a la minería», o el PP, que «promueve su liquidación anticipada«. «Queremos hablar de futuro, del futuro de la minería, pero de forma seria tras las elecciones del 26 de junio«, señaló González.

González recordó que en la XI Asamblea de Izquierda Unida, celebrada recientemente, la coalición expresó una vez más su defensa de la minería del carbón mediante la aprobación de una resolución en apoyo a las cuencas mineras y al nuevo modelo energético. En dicho documento, Izquierda Unida reiteró su apoyo a las cuencas mineras y su compromiso en la defensa de las reivindicaciones de sus gentes e instituciones públicas, para mantener la actividad económica de estos territorios y la búsqueda de un futuro con certidumbre.

Dimisión del coordinador de Ponferrada

Por su parte, el coordinador local de Izquierda Unida en Ponferrada (León), Emiliano Núñez, siguió los pasos de Lorenzana y también presentó su «dimisión irrevocable» alegando «severas discrepancias» con la dirección regional de Izquierda Unida «agudizadas en el tiempo» y la negativa de la dirección federal a adherirse al documento de apoyo presentado por la Mesa del Carbón como los motivos de su decisión. Otros cargos de la formación a nivel provincial en León meditan también su continuidad, como por ejemplo en Villablino o Toreno.

PP, Podemos e Izquierda Unida no firman el acuerdo en defensa del carbón nacional de PSOE, Ciudadanos, patronal y sindicatos

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Redacción / Agencias.- Partido Popular, Podemos e Izquierda Unida no han firmado el Acuerdo en Defensa de la Minería del Carbón y las Comarcas Mineras, al que sí se han unido el PSOE, Ciudadanos, partidos de las zonas mineras como Foro Asturias o el Partido Aragonesista. El acuerdo fue promovido por la patronal del Carbón (Carbunión), la Federación de Industria, Construcción y Agro de la Unión General de Trabajadores (FICA-UGT), y la Federación de Industria de Comisiones Obreras para salvar al carbón nacional.

Izquierda Unida sí que acudió al acto: «Es más un acto electoral que un compromiso serio», aseguró la integrante de la formación, Sol Sánchez, quien indicó que la decisión del partido «es lo más coherente» al acudir junto a Podemos a las elecciones y que a partir del próximo 27 de junio Izquierda Unida «va a seguir estando con los mineros». El frente común sí que tuvo el respaldo y rúbrica de las comunidades autónomas de Asturias, Aragón, Castilla-La Mancha y Castilla y León, y de las asociaciones de las comarcas mineras (ACOM y Euracom).

El secretario general de Industria de CCOO, José Luis Villares, señaló que este acuerdo es «necesario e imprescindible» para mantener la viabilidad del carbón en un futuro inmediato. Además, lamentó la «situación crítica» que vive el sector y las empresas mineras, que «están al borde del desahucio». Por lo tanto, exigió al próximo gobierno que tenga en cuenta lo que ahora se ha visualizado y firmado y pidió que cumplan «sí o sí con el marco de actuación» firmado el 1 de octubre de 2013.

Respecto a la ausencia de algunos partidos, Villares comentó que mantuvieron una ronda de contactos con distintas formaciones y con todas las comunidades autónomas afectadas. «Todos estuvieron de acuerdo en que había que defender las comarcas mineras, todos estuvieron de acuerdo en el incumplimiento de actuación para la mina y el carbón», apuntó. Pero, «si no vienen a firmar, lo que está claro es que querían la foto, querían lo fácil, pero lo que hacen es rehusar el compromiso de apoyar a la minería», concluyó. Por ello lamentó “la inquina” del PP al carbón y la negativa a sumarse al acuerdo de los «nuevos partidos», en alusión a Podemos, que «con discursos vacíos y huecos no saben lo que dicen».

Por su parte, el secretario sectorial minero de FICA-UGT, Víctor Fernández, apuntó que las ausencias las tendrán que valorar los propios partidos políticos que «no han cumplido su palabra». «Aseguran que querían que la minería de carbón siguiera adelante», aseveró. Fernández comentó que Podemos «no solo quiere cerrar el carbón, sino que tampoco quieren el carbón de importación, con lo cual tendrán que decirle a los trabajadores de las centrales térmicas que usan carbón de importación dónde les vamos a meter porque dependen más trabajadores que en el carbón nacional». «No saben lo que dicen, usan la demagogia, porque eso significaría subir el precio de la electricidad y apartar el carbón, lo que nos haría depender del gas natural«, señaló.

Futuro para después de 2018

Fernández quiso agradecer la presencia de empresarios, sindicatos, consejeros de las comunidades autónomas y a los partidos políticos «que han cumplido con su palabra» y mostró su confianza en que este acuerdo sirva para que «entre todos se empuje para que el carbón nacional tenga el reconocimiento que merece». «Los demás tendrán el resultado que merezcan en las comarcas mineras a las que han engañado», auguró. Por último, tildó de «cobardes» a alguno de esos partidos, que «esperaron a última hora para anunciar que no venían», y denunció que «el PP presiona a través de sus diputados a los empresarios».

Por su parte, el presidente de la patronal minera Carbunion, Óscar Lapastora, indicó que han querido «poner el broche» a la rueda de contactos que han mantenido los últimos meses y tener un documento que les sirva para que en cuanto se forme un nuevo Gobierno después de las elecciones «podamos ir con este acuerdo para urgirles a que tomen medidas para revitalizar este sector que ahora mismo está agonizando». Asimismo subrayó que el acto «no se planteó en contra de nada ni de nadie» y pidió a todas las partes «buscar no solo los puntos de discrepancia, sino los puntos de acuerdo» para ser capaces de «en la mayor brevedad posible» darle «un futuro a la minería del carbón».

En concreto, el acuerdo trata de reivindicar el papel del carbón nacional, como “único combustible autóctono capaz de reducir la dependencia energética exterior y de garantizar la seguridad de suministro en momentos críticos”, en el periodo de transición hacia un modelo bajo en emisiones. Así, el documento, que cuenta con 5 puntos, recoge el compromiso de los firmantes con la defensa de la minería del carbón hasta y después de 2018, abogando por el cumplimiento de lo acordado en el Plan del Carbón de 2013-2018.

Además, cuenta con otras propuestas para dotar de viabilidad al sector y fortalecer el tejido industrial de los territorios, entre ellas, la puesta en marcha de un mecanismo que asegure un hueco térmico medio anual del 7,5% para el carbón de origen autóctono y/o una bonificación del 85% en el impuesto especial sobre el carbón. Asimismo, se reclama la tramitación urgente de la orden por la que se regula el incentivo a la inversión para la mejora medioambiental en instalaciones de producción de electricidad a partir de carbón autóctono y apoyo a las tecnologías de captura y almacenamiento de CO2.

El acuerdo también estipula la agilización del cumplimiento del plan social, así como la puesta en marcha de los mecanismos acordados para el impulso económico (reactivación y desarrollo alternativo de las Comarcas Mineras) y “la promoción ante la Unión Europea de las condiciones para facilitar la participación de carbón procedente de explotaciones competitivas más allá de 2019”, plazo límite establecido por la Unión Europea para las ayudas a la producción.

Sindicatos, patronal y partidos se unen para pedir al próximo Gobierno la «supervivencia» del carbón nacional

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Europa Press / EFE.- Sindicatos (CCOO y UGT) y patronal (Carbunión) escenificarán este martes la formación de un frente común con partidos políticos, comunidades autónomas productoras del carbón y las asociaciones de las comarcas mineras, con el objetivo de luchar por el futuro de una industria que se encuentra, en su opinión, en «estado terminal» y exigir al próximo Gobierno la «supervivencia» de la minería española del carbón más allá del horizonte de 2018.

El responsable de Industrias Extractivas de CCOO de Industria, José Luis Villares, afirmó que esta es «la última medida para poder salvar al sector de la minería en España», que se encuentra en una situación de «desahucio». A este respecto, el secretario del Sector Minero de Fitag-UGT, Víctor Fernández, criticó que el Gobierno popular desde que ganó las elecciones no ha hecho más que «masacrar» al sector, «reduciendo el empleo, las producciones y las ayudas».

Por su parte, el director general de Carbunión, Pedro Iglesia, aseguró que tratan de «reivindicar el papel del carbón nacional» en el periodo de transición hacia un modelo bajo en emisiones. «El carbón nacional debe mantenerse en el mix energético durante el periodo de transición», dijo Iglesia, subrayando que el carbón nacional es el único combustible autóctono capaz de reducir la dependencia energética del exterior y de garantizar la seguridad de suministro «en momentos críticos».

A la cumbre de la firma del documento, titulado Acuerdo en defensa de la Minería del Carbón y las Comarcas Mineras, está confirmada la asistencia de, además de sindicatos y patronal, representantes de los partidos del PSOE, Foro Asturias, Partido Aragonés y Xunta Aragonesista, así como de las comunidades autónomas de Asturias, Aragón, Castilla-La Mancha y Castilla y León), y de las asociaciones de las comarcas mineras (ACOM y Euroacom). Se mantienen las dudas de la asistencia a la cumbre y de la rúbrica del documento, de Ciudadanos y Podemos, «que están debatiendo la conveniencia o no de asistir», indicó Iglesia, así como del PP, que fueron también invitados.

En concreto, el documento, que cuenta con 5 puntos, recoge el compromiso de los firmantes con la defensa de la minería del carbón hasta y después de 2018, abogando por el cumplimiento de lo acordado en el Plan del Carbón 2013-2018. Además, cuenta con otras propuestas para dotar de viabilidad al sector y fortalecer el tejido industrial de los territorios, entre ellas, la puesta en marcha de un mecanismo que asegure un hueco térmico medio anual del 7,5% para el carbón de origen autóctono y/o una bonificación del 85% en el impuesto especial sobre el carbón. Respecto a la presencia del carbón en el hueco térmico, Iglesia apuntó que “en los momentos actuales no llega a ser ni del 3,5%».

Asimismo, en el documento se reclama la tramitación «urgente» de la propuesta de orden por la que se regula el incentivo a la inversión para la mejora medioambiental en instalaciones de producción de electricidad a partir de carbón autóctono y apoyo a las tecnologías de captura y almacenamiento de CO2. El acuerdo también estipula la agilización del cumplimiento del plan social, así como la puesta en marcha de los mecanismos acordados para el impulso económico (reactivación y desarrollo alternativo de las Comarcas Mineras) y “la promoción ante la Unión Europea de las condiciones para facilitar la participación de carbón procedente de explotaciones competitivas más allá de 2019”, plazo límite establecido por la Unión Europea para las ayudas a la producción.

Por otra parte, los sindicatos criticaron el plan para el carbón español aprobado por la Comisión Europea para destinar 2.130 millones de euros en ayudas para facilitar el cierre ordenado de un total de 26 minas de carbón de aquí a 2018. «Este plan no es el marco de actuación acordado, es el plan del PP, que contempla un cierre rápido y desordenado, el abandono de las comarcas mineras», aseguró Villares. El representante de CCOO acusó al Gobierno central de ser «mentiroso, incompetente y traidor» y aseguró que el próximo Ejecutivo deberá cumplir este marco de actuación, ya que si no es así, será también un «Gobierno mentiroso e incompetente».

Hunosa rechaza las explicaciones de Grupo Alonso tras su condena por el carbón desaparecido

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EFE.- La presidenta de Hunosa, María Teresa Mallada, aseguró que no da «crédito» a las valoraciones del Grupo Alonso respecto a la sentencia judicial que le condena a pagar 46 millones de euros por el carbón desaparecido, y afea al Grupo Alonso que primero negara que faltara el carbón, luego que se lo había llevado la lluvia y el viento y ahora como parte de una «conspiración paranoica» urdida contra sus empresas.

La sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Oviedo confirma que Unión Minera del Norte (UMINSA) y Coto Minero Cantábrico (CMC), del grupo del empresario leonés Victorino Alonso, deberá pagar a Hunosa más de 46 millones de euros por la desaparición de 577.924 toneladas de carbón. Mallada cree que «ha quedado constatado» que existía un importante déficit de carbón por el que han sido declarados responsables UMINSA y CMC, la cual «por mucho que digan» era del Grupo Alonso cuando ocurrieron los hechos, y apunta que la respuesta de los condenados es «dejar entrever que Hunosa se va a quedar sin cobrar, al menos una parte importante de esa cantidad».

En este sentido, la presidenta advierte de que la hullera pública «va a activar y desarrollar todas las acciones judiciales a su alcance» para tratar de cobrar el dinero, los 46 millones que fijan las sentencias que «acreditan» su versión de los hechos y condenan a las empresas del Grupo Alonso. Mallada rechaza los «argumentos insostenibles» de la parte condenada, que anuncia que pedirán daños y prejuicios cuando «ha quedado acreditado» que nadie ha retenido cantidad alguna al Grupo Alonso a petición de Hunosa, o «se habla de puertas giratorias».

«Entiendo que respecto a mí persona, que nunca viví de la política», concluye la responsable de Hunosa, que aseguró que «a alguno le ha traicionado el subconsciente», imaginando que, por «su trayectoria personal y la de sus empresas, cuando se refiere a puertas giratorias lo hace claramente a las puertas de los juzgados porque no acaban de salir de uno cuando ya están en otro».

El Gobierno autoriza la convocatoria de ayudas al carbón por valor de 25,3 millones de euros

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Europa Press/Servimedia.- El Consejo de Ministros autorizó este viernes al Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras la convocatoria de las ayudas destinadas a cubrir las pérdidas de la producción de las unidades incluidas en el Plan de Cierre del Reino de España para la minería de carbón no competitiva.

Estas ayudas se destinan a cubrir las pérdidas de la producción corriente de las unidades incluidas en el Plan de Cierre de España para la minería de carbón no competitiva correspondiente a 2016.

El importe máximo de estas ayudas será de 25,3 millones de euros y se estima un importe de 2,3 millones para empresas públicas (Hunosa) y de 23 millones de euros para empresas privadas.

Estas ayudas, dentro de los límites establecidos por la normativa europea, «contribuyen a encauzar el cese ordenado de las minas de carbón no competitivo».

El importe de la ayuda está determinado por las toneladas de carbón para generación eléctrica efectivamente facturadas a las compañías eléctricas y debidamente aprobadas, y la ayuda que corresponda por tonelada según el origen y poder calorífico del carbón. Se trata en todos los casos de minas subterráneas.

Lambán (Aragón) no da por perdida la térmica de Andorra aunque critica que el Gobierno no defienda al carbón nacional

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EFE.- El presidente de Aragón, Javier Lambán, no da por perdida la central térmica de Andorra (Teruel) pese a haber comprobado con «estupefacción» en Bruselas que el Gobierno central «no ha hecho absolutamente nada» ante la Unión Europea por buscar soluciones para la minería del carbón.

Lambán asegura que en su viaje a Bruselas comprobó «con bastante asombro» que el Gobierno de Mariano Rajoy no ha hecho nada por el carbón cuando decía que estaba presentando propuestas para emitir las órdenes oportunas para facilitar las inversiones necesarias en las centrales térmicas, entre ellas la de Andorra, sin las cuales el sector es inviable. El presidente señaló, al respecto, que su Ejecutivo va a seguir luchando para que el carbón de Teruel tenga vida más allá de 2018 y para que el Gobierno central financie un plan de reindustrialización de la zona.

Ha hecho hincapié en que no da por perdida la térmica de Andorra a pesar de que se perdieron unos años «preciosos» y, en su opinión, es «lamentable» que el Gobierno del PP haya dicho que se estaba avanzando con Bruselas en órdenes admisibles por Competencia para las inversiones en las térmicas cuando ha comprobado que esas gestiones eran «falsas». «A mí me lo llegó a decir taxativamente una semana antes de dimitir el propio ministro Soria», aseveró Lambán, quien lamentó que no se hayan encontrado alternativas a la devolución de las subvenciones que tendrán que hacer las empresas mineras que quieran seguir con su actividad a partir de 2018.

El político socialista admitió que es un asunto complicado, pero «lo lamentable es que en 4 años no se ha hecho absolutamente nada» y sería bueno que quienes en Europa toman decisiones respecto al carbón, especialmente desde el ámbito de la Competencia, visitaran las zonas mineras para que tengan un visión «real» de la dimensión «brutalmente negativa» que el cierre de las minas tendría para una parte importante de Aragón.

Por su parte, la consejera de Economía, Marta Gastón, señaló que si los populares no son conscientes de la situación del carbón al menos podrán trasladar una opinión «crítica» después de que Bruselas autorizara la concesión de una ayuda pública de 2.130 millones de euros para contrarrestar el impacto del cierre de 26 minas de carbón en España. En ese sentido, ha reiterado que el Gobierno de Aragón sigue reivindicando el futuro de la minería, y por tanto de la central térmica de Andorra, que es la destinataria del total de la producción del carbón autóctono que se extrae en las minas aragonesas, mientras trabaja por un plan de reindustrialización.

CCOO y UGT denuncian a nivel internacional que el Gobierno pacte «la muerte» del carbón nacional

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Europa Press / EFE.- CCOO y UGT han trasladado a la Conferencia Mundial de la Minería, formada por sindicatos de todo el mundo, el malestar de los trabajadores del sector del carbón por la decisión del Gobierno de pactar «a sus espaldas» con la Comisión Europea. CCOO califica de «traición» la postura del Gobierno y señala que ha expresado este malestar en una reunión en Leipzig de la IndustriALL Global Union, federación sindical internacional que representa los derechos e intereses de millones de empleados de todo el mundo.

Para CCOO, el Gobierno en funciones «ha traicionado» a los trabajadores de la minería del carbón al negociar con Bruselas «a sus espaldas» un plan que «sentencia a muerte a un sector que es imprescindible para la economía de las comarcas mineras«. El responsable de industrias extractivas de CCOO de Industria, José Luis Villares, aseguró ante la federación que el Ejecutivo español ha acordado con Bruselas que las empresas mineras empiecen a cerrar de forma inmediata para que, cuando llegue el 31 de diciembre de 2018, el cierre sea total.

Por su parte, UGT explica que su representante en el foro de Leipzig, Víctor Fernández, ha abogado por la defensa del sector minero en todos los ámbitos, tanto a nivel nacional como mundial. Durante su intervención, Fernández ha abordado «la crítica situación por la que atraviesa el sector en España por el incumplimiento sistemático por parte del gobierno del Marco de Actuación para la Minería del Carbón y las comarcas Mineras 2013/2018, pactado por la Administración con patronal y sindicatos».

UGT-FICA ha hecho hincapié en la «falta de voluntad política del ejecutivo español para dotar de futuro al sector», lo que recientemente «se ha traducido en el acuerdo alcanzado con Bruselas, de espaldas a patronal y sindicatos con premeditación y alevosía, en el que ha pactado el cierre de las minas de carbón y la obligación de devolver las ayudas recibidas a las empresas competitivas que quieran proseguir con su actividad más allá de 2018″.

«Desde UGT-FICA vamos a combatir con todos nuestros recursos las pretensiones del Gobierno para que no se lleven a cabo», indica el sindicato, antes de explicar que los asistentes al encuentro han suscrito una resolución de apoyo. «Con el respaldo recibido en esta conferencia mundial de IndustriALL, confiamos en que el gobierno rectifique y dé marcha atrás a un acuerdo que, a cambio de un puñado de euros, condenará a las comarcas mineras», añade UGT.

Críticas de Asturias al PP

Por su parte, el director general de Minería y Energía del Principado, Isaac Pola, ha criticado la «opacidad» con la que el PP ha negociado el plan de cierre de la minería que la semana pasada aprobó la Comisión Europea y que, en su opinión, supone la «sentencia definitiva» de las explotaciones de carbón. Según denuncia Pola, de la información transmitida por la Comisión Europea se concluye que el proyecto supondrá el fin del conjunto del sector, ya que afecta a las 26 explotaciones existentes.

Además, el director general lamenta que el Ejecutivo en funciones que preside Mariano Rajoy no haya avanzado en la posibilidad de eximir a las empresas de la obligación de devolver, a finales de 2018, las ayudas a la explotación recibidas durante estos años. «Aunque las explotaciones resultasen competitivas, la devolución de las ayudas recibidas constituiría su sentencia», recalcó. Pola también denuncia la «opacidad» con la que se ha negociado desde Madrid con la Unión Europea y cuestiona que el Gobierno de España «haya tomado una decisión de forma unilateral, mostrando el mínimo compromiso con el sector y los agentes implicados».

Pola instó también al PP a que explique la distribución de los 2.130 millones de euros en ayudas públicas que contempla el documento y «que parecen corresponderse con el conjunto de las ayudas de carácter social y ambiental para atenuar el impacto del cierre de las minas, tales como las ayudas a la restauración, las jubilaciones y las ayudas hasta 2018». No obstante, Pola subrayó que la reducción de las ayudas a la explotación fue superior a lo establecido por Europa, que contemplaba una disminución progresiva de 2011 a 2018.

UGT estudia la posibilidad de impugnar el acuerdo del Gobierno con Bruselas sobre el cierre de 26 minas de carbón

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Europa Press / Servimedia.– El secretario general de UGT, José María Álvarez, aseguró que el sindicato estudia la posibilidad legal de poder impugnar el pacto del Gobierno con Bruselas por el que se aplicará un plan de 2.130 millones de euros en ayudas para el cierre ordenado de 26 minas de carbón. Álvarez se mostró indignado por la decisión adoptada «con nocturnidad» del Gobierno en funciones: «es una traición y vamos a luchar para que no se cumpla», apuntó.

El nuevo secretario general de la UGT calificó el acuerdo de «atemporal» en el sentido de que «no hacía falta ni era el momento» y añadió que este ejecutivo en funciones ha hurtado el derecho a todos los españoles para que el nuevo gobierno que salga de las urnas el 26 de junio pueda adoptar decisiones sobre este sector. «No había obligación», añade el sindicalista, que considera el acuerdo como “el colmo de los despropósitos de este Gobierno, pues se trata de un plan de cierre en todas sus dimensiones que desconocemos por completo y supone el fin de la minería del carbón en España».

Bruselas autoriza el plan español que prevé 2.130 millones en ayudas para el cierre ordenado de 26 minas de carbón

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Redacción / Agencias.- La Comisión Europa dio luz verde al plan del carbón español para destinar 2.130 millones de euros en ayudas para facilitar el cierre ordenado de un total de 26 minas de carbón «no competitivas» de aquí a 2018, al concluir que este apoyo no plantea problemas de competencia en el espacio económico europeo sobre las ayudas de Estado. Para el sindicato UGT, el Gobierno pactó «unilateralmente» con la Comisión Europea el «cierre total de la minería del carbón» en España.

Bruselas ha explicado en su decisión que el objetivo de la ayuda es facilitar el proceso de cierre, cubriendo las pérdidas de producción de las minas hasta su cierre, además de cubrir parte de las indemnizaciones por despido y prestaciones de la seguridad social a los trabajadores que pierdan su empleo.Una de las condiciones es que las minas incluidas en el programa sean desmanteladas «a finales de 2018 a más tardar», por lo que las autoridades españolas se han comprometido a «recuperar toda ayuda» asignada a minas que no hayan sido cerradas para entonces, según ha explicado la Comisión.

El programa de ayudas, que fue notificado por el Gobierno a Bruselas en abril, asegurará también fondos para la seguridad y las obras de rehabilitación necesarias tras el cierre de las minas.El examen del Ejecutivo comunitario concluyó que el nuevo plan para el carbón español está en línea con las normas europeas, que permiten a los Estados «cubrir las pérdidas de producción y los costes excepcionales» derivados del cierre de las minas de carbón no competitivas, «a fin de paliar el impacto social y medioambientalsin falsear indebidamente la competencia en el mercado único”.

La Unión Europea permite los subsidios al carbón en el único caso de que estos apoyos sirvan para contribuir al cierre de minas, con el objetivo de cubrir las pérdidas de producción y los costes excepcionales causados por la clausurahasta que éste se produzca.Estas limitaciones están dirigidas a fomentar el uso de fuentes de energía renovables en la Unión Europea y avanzar hacia una economía sostenible y segura de baja emisión de carbono, al tiempo que se reduce el peso del carbón autóctono.

UGT carga contra el Gobierno

Por su parte, el sindicato UGT criticó que el Gobierno haya acudido ante las instancias europeas «con premeditación y alevosía» para «para presentar un plan de cierre de la totalidad de las minas españolas sin contar ni con empresarios ni sindicatos» y que incluye, según el sindicato, el compromiso de devolución de las ayudas previas para seguir produciendo más allá de 2018. Estos planes suponen «el fin de la minería del carbón» en España y «condena a las comarcas mineras a transformarse en verdaderos guetos, mientras se beneficia a otro tipo de energías». También consideran del Gobierno un «despropósito» decir que defienden al sector y, sin embargo, «apremiar su cierre».

El próximo 7 de junio se firmará el Acuerdo en Defensa de la Minería del Carbón y las Comarcas Mineras, entre otras entidades con la Junta de Castilla y León y los gobiernos autonómicos de Asturias, Aragón y Castilla-La Mancha. Para el sindicato UGT, esta novedad es «un atropello más de este gobierno, que se pone de rodillas ante las eléctricas y Bruselas, incumpliendo sin el menor rubor con todo lo pactado con empresarios y sindicatos». UGT tildó el acuerdo de «traición» al sector y pidió que al menos «tenga la suficiente vergüenza» como para convocar a la comisión de seguimiento del plan del carbón.