Francia protegerá a los ciclos combinados de gas al aplicar en 2017 una tasa a las emisiones de carbono

EFE.- La ministra francesa de Ecología, Ségolène Royal, anunció que el compromiso de su país de imponer una tasa a las emisiones de carbono (CO2) se cumplirá desde enero de 2017 con un mecanismo aplicado a las centrales de carbón, lo que deja entrever que no se verán afectadas las de gas.

Royal indicó que se fijará un precio mínimo del carbono generado en la producción de electricidad desde el 1 de enero, como ya lo había anunciado el presidente, François Hollande, y detalló que estará «concentrado en las centrales de carbón». Se trata, según el departamento de Ecología, de que «la ganancia medioambiental sea significativa» y de que, al mismo tiempo, se preserve «la seguridad del sistema eléctrico». Es una forma de sugerir que el gravamen no pesará sobre las centrales de gas, que habían advertido de que incrementar sus cargas favorecería las importaciones de electricidad y, a la larga, pondría en peligro el parque francés.

La ministra aprovechó para avanzar que Francia apoyará la propuesta de varios parlamentarios europeos de que se incorpore en la directiva sobre el mercado del carbono un mecanismo con una tasa a las emisiones en función de «un corredor» con un máximo y un mínimo. Y apuntó que, si se estableciera a escala europea un precio del carbono de al menos de 20 euros por tonelada, Francia podría esperar recaudar cerca de 1.000 millones de euros anuales, frente a los 315 millones conseguidos en 2015.

En un informe encargado por el Gobierno francés elaborado por expertos, proponen que la tasa sobre las emisiones de CO2 en la Unión Europea se haga con un corredor de precios para dar visibilidad a los actores económicos y acelerar las reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero. Su sugerencia es que la horquilla sea para 2020 de 20-30 euros como mínimo y 50 como máximo, con incrementos anuales entre el 5 y el 10%, con el objetivo de que en 2030 el valor mínimo sea de 50 euros.

Castilla y León fue la comunidad con más excedente de energía eléctrica en 2015

EFE.- Castilla y León fue la comunidad con más excedentes de energía eléctrica en el 2015, ya que produjo 31.239 gigavatios-hora y consumió 13.752, un 1,4% más, pese a lo cual el saldo de intercambios fue de 16.633, según el Informe del Sistema Eléctrico español del 2015 de Red Eléctrica de España. Castilla y León fue la tercera comunidad que más energía generó el pasado año, por detrás de Cataluña y Andalucía.

Por tecnologías, del total de energía producida en Castilla y León, 11.080 GWh procedieron de la energía eólica, con 9.310 del carbón, y 7.950 de la hidráulica, 1.800 de cogeneración y 844 de la solar fotovoltaica. A nivel nacional el consumo de electricidad repunto un 1,9% y experimentó subidas en 15 autonomías o ciudades autónomas, lideradas por Baleares y Extremadura, con crecimientos del consumo del 3,8% y 3,7%, respectivamente. En España se produjo más energía eléctrica de la que se consumió, con un superávit de 133 GWh. Entre las autonomías deficitarias en energía, figura la Comunidad de Madrid, que tuvo que recibir 27.639 GWh; seguida de País Vasco, con 10.953 y Comunidad Valenciana, con 9.440.

WWF critica la contaminación de las centrales térmicas Aboño, Andorra, As Pontes y Litoral

EFE.- WWF asegura que las centrales térmicas fueron responsables de 1.170 muertes prematuras en España en 2013. El estudio La nube negra sobre Europa: efectos de la quema de carbón sobre la salud y la economía de la UE, publicado por WWF junto a la Alianza para la Salud y el Medio Ambiente (HEAL) y la Red de Acción por el Clima en Europa (CAN), analiza los impactos en la salud de la contaminación del aire provocada por las plantas de carbón.

Su conclusión es que en 2013 las emisiones provenientes del carbón en toda Europa fueron responsables de más de 22.900 muertes prematuras (comparables con las 26.000 muertes en accidente de tráfico en el 2013), de las que 1.170 correspondieron a España. Además, causaron «decenas de miles de casos de mala salud por enfermedades del corazón o bronquitis», y un gasto sanitario de hasta 62.300 millones de euros, incide el documento.

Los datos apuntan a que los 5 países que más muertes provocan fuera y dentro de su territorio, ya que «el polvo nocivo producido por estas centrales viaja más allá de las fronteras europeas», son Polonia (5.830 muertes prematuras), Alemania (4.350), Reino Unido (2.870), Rumanía (2.170) y Bulgaria (1.570). España es el sexto país responsable en muertes prematuras causadas por las plantas de carbón. “Las más contaminantes son Andorra, en Teruel; Aboño, en Asturias; As Pontes, en Galicia, y Litoral, en Almería”, indican. Hay 7 países de Europa que no queman carbón: Bélgica, Chipre, Estonia, Letonia, Lituania, Luxemburgo y Malta, y 3 que se han comprometido a dejar de usarlo: Portugal en 2020 y Reino Unido y Austria en 2025.

Además de las muertes prematuras, los contaminantes producidos por la quema de carbón también provocan otras enfermedades, como cerca de 11.800 nuevos casos de bronquitis crónicas y 538.000 millones de ataques de asma en niños en la Unión Europea, según estas organizaciones. El informe subraya que, aproximadamente, 21.000 ingresos hospitalarios y 6,6 millones de pérdidas de días de trabajo están relacionados con las emisiones de las centrales de carbón en Europa. Los impactos del carbón en la salud, junto con la reducción de la productividad causada por la abstención en el trabajo, también generan un impacto económico, cuantificado por estas organizaciones entre 32.400 y 62.300 millones de euros en 2013.

Raquel García, técnico del programa de clima y energía de WWF España, denuncia que estos costes «no están cubiertos por el sector del carbón sino que los asume la sociedad, incluyendo los costes directos e indirectos en la salud que recaen sobre los presupuestos nacionales en sanidad». «El cierre de las centrales térmicas de carbón es imprescindible, además de para la salud pública, para cumplir con el Acuerdo de París, en el que se pactó limitar el aumento de la temperatura global por debajo de los 1,5 grados», agrega García.

La portavoz de WWF recuerda que el 18% de las emisiones de efecto invernadero de Europa proceden de los humos de las 280 centrales de carbón, y reclama el fin de las subvenciones al carbón en España en 2018 y el cierre de las plantas que queman este combustible en 2025, «con una transición justa para el sector minero«. «La contaminación del aire es responsable de millones de muertes, pero la buena noticia es que reducir el uso del carbón ofrece una oportunidad única para mejorar la calidad del aire y mitigar el cambio climático, y por consiguiente proteger la salud», sostiene el doctor Roberto Bertollini, científico jefe y representante de la OMS en Europa.

Los mineros encerrados en el Pozo Aurelio (León) realizan una huelga de hambre con el apoyo de políticos y sindicatos

Europa Press / EFE.- Los 4 mineros encerrados desde el pasado día 13 de junio en el Pozo Aurelio (León), realizaron una huelga de hambre de 3 días, aunque se inició con el propósito de ser indefinida, cuando se cumplen 18 días de su encierro para presionar al Gobierno Central y conseguir que desbloquee las ayudas para el cierre de las explotaciones de interior.

Los mineros presentaron esta propuesta al Comité de Empresa, a quienes pidieron que se retirase la comida del interior del pozo. Los propios familiares de los cuatro mineros explicaron que la decisión de comenzar la huelga de hambre perseguía el objetivo de «llevar al límite una protesta para reclamar a los organismos oficiales una decisión firme que permita liberar el dinero prometido para el cierre».

Herrera defiende una «causa justa»

Por su parte, el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, defendió «de forma muy intensa y personal» la que considera «causa justa y justificable» de los cuatro mineros de la Hullera Vasco-Leonesa que reclaman al Gobierno central el pago de las ayudas que fomentan el cierre de explotaciones mineras y que fueron suscritas en octubre de 2013. Así se pronunció Herrera en el debate sobre el estado de la Comunidad.

El primero en referirse expresamente al caso de estos mineros encerrados en el Poco Aurelio ha sido el socialista Luis Tudanca, quien les ha enviado «todo el calor y aliento» porque son un «símbolo de la dignidad de las cuencas«. Posteriormente también el portavoz de Podemos, Pablo Fernández, se refirió a los mineros para mostrar su solidaridad con su situación, pero fue el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, quien profundizó más en la situación que atraviesan. Lo hizo tras una alusión del procurador leonesista Luis Mariano Santos, quien ha planteado como «dramático» y «terrible» que los mineros tengan que estar en huelga de hambre para pedir ayudas que promueven el cierre de explotaciones.

Herrera explicó que la situación de las explotaciones mineras de la Hullera Vasco-Leonesa en La Pola de Gordón tienen dos planos diferentes, ya que la mina de interior carece de viabilidad en el proceso concursal en que se halla al no haber potenciales compradores, mientras que la mina a cielo abierto sí puede contar con inversores que mantengan el empleo.

El presidente detalló que la entrega de las ayudas, para lo que ha ofrecido a la propia Junta de Castilla y León como intermediara, serviría por un lado para dar empleo al menos durante 3 años a los mineros en los trabajos de desmontaje de la mina, y por otro para dar tiempo a que fructifiquen las gestiones de venta del cielo abierto. «Hay que mover a un Gobierno que no puede justificar su inacción en el hecho de estar en funciones», ha adelantado Herrera antes de calificar de «causa justa y justificada» la defendida por los mineros de la Hullera y de comprometerse a reclamar de forma «muy intensa y personal» el cumplimiento de lo pactado ante el Gobierno.

Tudanca arremete contra el PP

A su vez, el portavoz del grupo socialista, Luis Tudanca, criticó que las «lágrimas de cocodrilo» del presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, con relación a la minería del carbón «no han dado de comer a ni una sola familia de las cuencas». Tudanca preguntó al presidente qué va a hacer la Junta para acabar con la despoblación en las comarcas mineras y le advirtió que en esta materia «se acabaron las bromas». “Un año después de sus golpes de pecho hoy quedan dos minas de interior abiertas con tan solo 60 trabajadores y el futuro del carbón es más negro que nunca», insistió.

En este punto, Tudanca ha acusado a Herrera y al PP de firmar «la defunción de un sector sin el cual estas comarcas no tienen futuro», en una coyuntura en la que los socialistas están «hartos» de que en Castilla y León «digan una cosa y en Madrid otra». Herrera ha replicado que le parecía «poco objetivo» que el PSOE le pueda «endosar» al PP el fin de la minería del carbón en el año 2016, cuando, en su opinión, fue en 2010 cuando se empleó la «guillotina» contra el sector por parte de los socialistas. «Nos podemos y debemos entender», ha planteado el presidente, especialmente en el principio de defender que se mantengan abiertas las explotaciones que resulten rentables.

USO exige evitar los «dramas”

Asimismo, el sindicato USO ha reclamado al Ministerio de Industria que evite el «drama humano» que supone la situación de los mineros encerrados en el pozo Aurelio y conceda las ayudas al cierre que contempla y regula el Plan del Carbón 2013-2018. El sindicato reclama del Instituto del Carbón y del Ministerio de Industria que, de una vez por todas, resuelvan la interpretación sobre «las deudas con Hacienda o Seguridad Social» a los efectos de poder percibir ayudas del Estado.

USO considera que en el caso de la Hullera Vasco-Leonesa, así como ocurre también con Astur-Leonesa (antigua Coto Minero del Cantábrico), se debe dar una interpretación legal en el sentido de favorecer el empleo. «Lo contrario supone un contrasentido total y absoluto sobre los fines de salvar las empresas que entran en concurso de acreedores y a la vez se les niega la percepción de ayudas del Estado por situaciones ajenas al nuevo adjudicatario», señala USO. También advierte del contrasentido que supone que en situaciones como las que atraviesa la Hullera, por entrar en quiebra y mantener deudas con Hacienda y Seguridad Social, se niegue las ayudas para realizar un cierre ordenado y con seguridad.

Izquierda Unida pide aumentar el objetivo europeo renovable en 2030 mientras se preocupa por el carbón en Castilla y León

Servimedia / EFE.- El portavoz de Izquierda Unida-Equo en las Cortes de Castilla y León, José Sarrión, pidió al presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, una reunión en la que abordar los problemas que atraviesa la minería del carbón mientras la eurodiputada de Izquierda Unida, Paloma López, cree que España debe reorientar su política energética, ya que está en riesgo el cumplimiento de los objetivos comunitarios de renovables para 2020 y para que se pueda fijar un objetivo del 40% en 2030.

De hecho considera imprescindible aumentar el objetivo de renovables al 40% para que la aportación de este tipo de energías sea prácticamente del 100% en 2050. Un informe del Parlamente Europeo sitúa a España entre los países en los que está en riesgo el cumplimiento de los objetivos para 2020, junto a Bélgica, Francia, Luxemburgo, Malta, Reino Unido y Holanda, el único Estado que no cumplió la meta de 2014.

López lamentó que España se encuentre en esta situación, «cuando estábamos a la cabeza de desarrollo de energías renovables con una apuesta muy decidida por ellas», y atribuyó este cambio a las medidas adoptadas en la última legislatura. En concreto, dijo que se ha creado «inseguridad jurídica» con medidas como el recorte a la retribución de las energías renovables o la decisión de que quienes autoconsuman su energía deban pagar el mantenimiento de la red.

Entre los puntos del informe, López destacó que «hemos vuelto a poner en valor la importancia que tienen los objetivos vinculantes», ya que algunos partidos pedían que fueran recomendaciones; y también valoró que «hemos garantizado el 30% de renovables para 2030», frente a la Comisión Europea, que proponía el 27%. Además, hizo referencia a la inclusión de una enmienda que recoge estándares laborales en materia de generación de empleo de calidad, para aprovechar el «gran potencial» del sector, y lamentó que no haya incluido garantías sociales para los consumidores vulnerables.

Abordar problemas del carbón nacional

Por su parte, Sarrión ha explicado que los encargados de la liquidación de Hullera Vasco-Leonesa han subrayado la «imposibilidad de hacer un cierre controlado de la minería de interior si no se desbloquean las ayudas destinadas a ello» y que dependen del Gobierno central. Para Sarrión, no llevar a cabo el cierre controlado de las explotaciones mineras «supone un riesgo muy elevado para la población del municipio y sus pueblos colindantes, además del impacto medioambiental que puede suponer», con posibles «hundimientos, inundaciones, contaminación de acuíferos y explosiones«, entre otros riesgos.

Por esta razón el representante de Izquierda Unida se ha mostrado partidario de informar a las personas que desconozcan estos peligros, para que se agilicen los trámites y se concedan las ayudas pertinentes para el cierre. «La comarca de La Pola de Gordón ha sido muy castigada social y laboralmente por el fin de la minería y no queremos añadir a esto un sufrimiento más para la población», resumió Sarrión.

Elcogas y los sindicatos firman el acuerdo de conciliación sobre el ERE, que afecta a 143 empleos

EFE.- Representantes de CCOO y UGT y los abogados de Elcogas firmaron el acuerdo de conciliación para retirar la demanda colectiva sobre el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que supone el despido de los 143 empleados de la planta termoeléctrica de Puertollano, final que ha sido recibido con «sabor agridulce» por los trabajadores.

El acuerdo supone mejorar las indemnizaciones y crear una comisión de seguimiento que estudiará la posible recolocación de la plantilla en las empresas eléctricas españolas, como explicó el presidente del comité de empresa de Elcogas, José Antonio Alcaide, que admitió que este acuerdo deja «un sabor agridulce» porque lo que querían los empleados de Elcogas «era trabajo, empleo, no dinero por liquidar así la responsabilidad social» pero ha insistido en que esperan que el compromiso de estudiar las recolocaciones funcione.

El presidente del comité de empresa ha recordado que de los 143 trabajadores 121 han salido ya y los demás están en fase de preparación del desmantelamiento de la factoría, aunque no llegará hasta octubre, un plazo que ha dicho debe aprovecharse para estudiar opciones de viabilidad que devuelvan la actividad a Elcogas. José Antonio Alcaide avanzó que hay 14 compañeros que ya han sido recolocados, 7 en Endesa y 7 en Iberdrola, y ha añadido que durante un año y medio una comisión de seguimiento estudiará nuevas recolocaciones en estas empresas y en Hidrocantábrico. «Para nosotros, lo más importante de este acuerdo son esos compromisos para valorar las vacantes externas que salgan en las empresas eléctricas españolas», ha afirmado.

Esperanzas después de las elecciones

El portavoz de la plantilla ha insistido en la importancia de que la Junta de Castilla-La Mancha vele porque ese compromiso se cumpla, pero ha subrayado que los trabajadores seguirán «defendiendo que Elcogas no se desmantele», y que «no se permita el desmantelamiento de la central». De este modo, se ha mostrado confiado en que el 26 de junio, España tenga «un gobierno más progresista que entienda que una central de más de 1.000 millones de euros no se puede achatarrar». José Antonio Alcaide ha asegurado que no quieren «crear falsas expectativas» en Puertollano, pero abogan por que se estudie la posibilidad de que «otras empresas hagan lo que las empresas españolas no quieren hacer» y Elcogas vuelva a abrirse.

Por su parte, la empresa ha indicado que los accionistas españoles de Elcogas «mantienen su voluntad de ofertar a los extrabajadores de la compañía las vacantes que se produzcan en sus empresas, que coincidan con el perfil profesional solicitado, y extienden esta opción hasta diciembre de 2017». Elcogas señala que con el acuerdo ratificado finaliza un proceso «en el que la empresa ha manifestado y mostrado su mayor voluntad negociadora, para conseguir las mejores condiciones económicas posibles para todos los trabajadores» El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, por su parte, indicó que aprueba la conciliación alcanzada entre las partes y archiva el procedimiento.

El PSOE defiende el carbón nacional y los mineros piden al futuro Gobierno que se acuerde del sector

EFE.- El candidato del PSOE al Congreso de los Diputados por Teruel, Ignacio Urquizu, ha dicho hoy en Ariño que el PSOE «se compromete a poner soluciones sobre la mesa» para el futuro del carbón, como asegurar el mix energético, o la situación de las ayudas.

Urquizu ha hecho estas afirmaciones al termino del encierro de 24 horas llevado a cabo por los mineros en el Ayuntamiento de Ariño para pedir el cumplimiento del Plan del Carbón, acordado entre sindicatos y el Gobierno central.

Este plan recoge una de las propuestas de los socialistas, que es reservar una parte del mix energético para que el carbón que se extrae en Teruel pueda quemarse en las centrales térmicas del país y así las minas «tengan futuro».

Según un comunicado, Urquizu se ha comprometido a «negociar con Bruselas para que las ayudas que se han recibido no se tengan que devolver» en 2018, tal y como es obligatorio ahora, y «garantizar así el futuro de la minería».

Es necesario, a su juicio, apostar por la investigación y el desarrollo para conseguir «un carbón más limpio» y mejorar la situación laboral de muchos trabajadores del sector que están en subcontratas con peores condiciones. «Hay que cambiar el modelo laboral de este país que está permitiendo salarios de miseria y situaciones más indignas» ha sentenciado.

Los mineros de Teruel piden al próximo Gobierno que se acuerde del carbón

Los mineros de Teruel han terminado hoy un encierro en el Ayuntamiento de Ariño (Teruel) para reivindicar de nuevo el cumplimiento del Plan del Carbón y han pedido al futuro Gobierno «que tenga en cuenta el sector». Así lo han expresado en el manifiesto leído a la salida del encierro que han protagonizado representantes sindicales de las minas de Ariño y los miembros del comité de empresa de la central térmica de Andorra (Teruel).

Francisco Montull, responsable minería FICA-UGT, ha defendido que el Plan del Carbón estuvo negociándose «prácticamente un año» y aunque «no nos gustaba ni a unos ni a otros, al final se llegó a un acuerdo». Por este motivo, ha destacado, «no puede ser que una de las partes no lo respete». Uno de los puntos principales de este acuerdo es el que obliga a las centrales térmicas a que al menos el 7,5 por ciento del carbón que queman sea autóctono, algo que no se está cumpliendo.

El dirigente sindical ha rechazado las acusaciones de «electoralistas» que han hecho algunos partidos a los mineros que se están movilizando, y ha recordado que el sector también se movilizó en 2010, con el PSOE en el gobierno. «Lo que hemos hecho este tiempo es aguantar el tirón como hemos podido, pero ya no podemos más».

 

18 mineros turolenses se encierran para pedir que el Gobierno «cumpla» los acuerdos y que la térmica de Andorra siga

EFE.- Representantes sindicales de las minas de Ariño y de la central térmica de Andorra, en Teruel, se encerraron en el Ayuntamiento de Ariño para reclamar «al Gobierno actual y al próximo que cumplan sus obligaciones», firmadas en el Plan del Carbón. Entre estas exigencias se encuentra exigir a las centrales térmicas que el 7,5% del carbón que quemen sea autóctono.

«Esto no se está cumpliendo y es el Gobierno el que debe exigir a las empresas que lo hagan, tal y como está firmado», señaló el responsable de Minería de CCOO y delegado de la mina de Ariño a cielo abierto, Antonio Montoyo. Él es una de las 18 personas que se encerraron durante 24 horas en el Ayuntamiento, junto a representantes de CCOO y de FICA-UGT. Además, también se sumó el comité de empresa de la central térmica de Andorra, formado por 11 personas.

El delegado sindical explicó que actualmente las minas turolenses de Ariño venden 40.000 toneladas de carbón al mes, que se están acumulando en la propia mina, hasta casi el millón, y que la central térmica acumula otro tanto sin quemar. Montoyo destacó también la necesidad de que Endesa invierta en las mejoras que exige la normativa medioambiental para la central térmica. Algo que, según indicó, están haciendo en otros países europeos para que la minería del carbón tenga al menos 20 años más de vida.

«Europa no está diciendo que haya que cerrar las minas» y por ello, reclaman el compromiso de los gobernantes para mantener el sector durante al menos dos décadas y de este modo, dar tiempo también a la industrialización de las zonas mineras. «Si aquí nos cierran las minas esto se queda en la más absoluta indigencia, hablamos de comarcas enteras», ha sentenciado el responsable sindical.

Según sus datos, en las centrales térmicas de España se queman al año entre 16 y 17 millones de toneladas de carbón importado. «Aunque se cierren las minas, España seguirá quemando carbón, pero de fuera, cuando con 4 o 5 millones de toneladas de carbón autóctono sería posible mantener la minería en las cuatro comunidades autónomas donde permanece«, afirmó. Finalmente, rechazó además las medidas anunciadas por el Gobierno sobre ayudas a la producción al afirmar que «no sirven de nada si luego hay que devolverlas».

Sindicatos y empresa llegan a un acuerdo sobre el ERE de Elcogas

EFE.- Los sindicatos y la dirección de la central eléctrica Elcogas de Puertollano han llegado a un acuerdo sobre el expediente de regulación de empleo (ERE) extintivo, que evitará el juicio que se iba a celebrar este miércoles. Así lo indicó el presidente del comité de empresa de Elcogas, José Antonio Alcaide, quien explicó que el acuerdo contempla indemnizaciones de 33 o 45 días por año trabajado, según la antigüedad y hasta un máximo de 24 meses, además de un complemento medio de 10.000 euros por cada trabajador despedido.

Asimismo, ha señalado que sindicatos y empresa han acordado crear una comisión de seguimiento que estudie las vacantes en las empresas accionistas de Elcogas en territorio nacional (Endesa, Iberdrola e Hidrocantábrico) que analice los perfiles adecuados entre los 119 trabajadores despedidos el pasado marzo, para lograr su reincorporación a cualquiera de los centros de estas compañías. Alcaide ha calificado de «positivo» el acuerdo alcanzado porque recoge la máxima indemnización legal, como si fuera despido improcedente, mientras la comisión de seguimiento realizará la función de lograr el máximo número de recolocaciones de los trabajadores despedidos entre las empresas accionistas de Elcogas

No obstante, el presidente del comité de empresa ha asegurado que los sindicatos seguirán «apostando» por la viabilidad de la planta térmica de Elcogas de Puertollano, ya que hay grupos inversores que están interesados en continuar con la producción. En este sentido, confían en que el nuevo gobierno que salga de las elecciones de este domingo pueda apoyar políticamente el proyecto de Elcogas, que a su juicio «sigue siendo de futuro». El apoyo político permitiría la continuidad de la central de gasificación integral de carbón en ciclo combinado y evitaría su desmantelamiento definitivo, previsto para el próximo mes de octubre.

Ecologistas en Acción pide que se paralice Valurcia, una explotación minera de carbón a cielo abierto en Palencia declarada ilegal

EFE.- Ecologistas en Acción pide que se paralice de forma urgente la actividad de la explotación a cielo abierto Valurcia, en Villanueva de la Peña (Palencia), que lleva funcionando tres años y ha sido declarada ilegal por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSCYL), que ratificó una sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo de Palencia contra la autorización de la Junta de Castilla y León otorgada a la empresa UMINSA (Unión Minera del Norte).

Los ecologistas recuerdan que en 2015 este juzgado de Palencia declaró no conforme a derecho la desestimación del recurso de alzada presentado en enero de 2013 por Ecologistas en Acción-Palencia ante la Junta de Castilla y León por dictar una Declaración de Impacto Ambiental favorable sin atenerse a la normativa de obligado cumplimiento que hubiera imposibilitado su concesión. La sentencia del TSJCYL recoge, según Ecologistas, una desatención del procedimiento establecido, secretismo y complicidad de la Junta de Castilla y León para conceder a UMINSA esta autorización pese a su ilegalidad.

Ecologistas en Acción además determinaba que el impacto ambiental para esta autorización era muy perjudicial, y que todo se hizo para que la empresa pudiese obtener la autorización, pese a las restricciones normativas y de ordenación del territorio. Los conservacionistas aseguran que con esta decisión, la Junta de Castilla y León ha contribuido de forma activa a la destrucción de una zona de protección natural de doce hectáreas de arbolado, que se ha convertido ahora «en un paisaje lunar donde antes había bosque y pradera».

Ecologistas en Acción lamenta lo ocasionado con una explotación que es ilegal, «tal y como sentencian los tribunales de manera firme, y a la que viene oponiéndose debido a su clara ilegalidad desde mucho antes a la autorización». Ahora pide a la Junta de Castilla y León que paralice la autorización a UMINSA de manera urgente, «ya que esta actividad ha sido declarada ilegal», y que compense el daño que se ocasionó a los vecinos de Villanueva de la Peña.