Esta moción, que ha sido aprobada en parte con el apoyo de los votos del PSOE e IU-BA-LV, ha sido defendida por el diputado del PP Ramón García Cañal, quien ha recordado que todavía están pendientes de ejecución obras del primer plan de la minería, es decir, que acumulan un retraso no inferior a seis años en muchos casos.

Ha añadido que las obras del segundo plan llevan «peligrosamente» el mismo retraso, hasta el punto de que de 2006 a 2009 están pendientes 900 millones, a los que hay que sumar otros 250 millones del primer plan.

García Cañal ha destacado que a las denuncias del PP se han unido ahora las de sindicatos y ayuntamientos ante la «gravedad» de los retrasos y en demanda de una buena gestión de los fondos mineros.

El parlamentario del PP ha recordado que las obras que no se hayan iniciado en 2014 no podrán ser financiadas con cargo a los fondos mineros y ha advertido de que al ritmo actual se perderán tres anualidades, el equivalente a 600 millones.

El portavoz socialista, Benigno Enríquez, ha recordado al PP que la tramitación de los proyectos se hace en la mesa nacional de la minería, que es la que tiene las competencias, y le ha acusado de «no querer enterarse que la responsabilidad única no es del Gobierno regional».

Enríquez ha dicho que los retrasos «son asumibles» y ha asegurado que «no hay la más mínima oportunidad de que se pierda alguna anualidad, aunque al PP le gustaría que así fuera».

Desde los escaños del Grupo de IU-BA-LV, su portavoz, Jesús Iglesias, ha acusado al PP de «reiterativo» y «rutinario» al abrir los periodos de sesiones con una iniciativa sobre los fondos mineros.

Iglesias ha reconocido los retrasos, pero ha precisado que en su gestión están implicadas varias administraciones y no se puede achacar a una sola, en esta caso a la autonómica.

Además, le ha recordado al PP que el Gobierno regional carece de competencias para cambiar los mecanismos de gestión.

La moción ha sido apoyada por todos los grupos políticos, PSOE, UPL y PP, partido, éste último, que gobierna con mayoría absoluta en la institución.

En el debate de esta propuesta, en un pleno extraordinario, el portavoz del grupo popular, Jaime González, ha explicado que lo que se pretende es que el Gobierno central cumpla lo que hay firmado en el Plan del Carbón (2006-2012), «que es una norma y un acuerdo a nivel estatal».

El objetivo de esta moción es fomentar el consumo de carbón español, a raíz de que algunas centrales térmicas hayan anunciado que cortaban la recogida de este mineral, dada la cantidad de producto almacenado, y como consecuencia del descenso del consumo de energía.

En 2008, se suprimieron los incentivos que tenían las eléctricas por consumir carbón autóctono, ya que el precio del carbón internacional se incrementó hasta tal punto que al final éste último era más caro.

Sin embargo, este año la situación se ha invertido y ahora el carbón producido en España necesita de nuevo estas ayudas.

En la sesión plenaria, el portavoz del PSOE, Demetrio Alfonso Canedo, propuso añadir en la moción el matiz de que el Gobierno central restablezca, si no el incentivo, «un sistema equivalente» para fomentar el consumo del carbón nacional o autóctono.

De la misma manera, el grupo popular ha tendido la mano al resto de partidos políticos para que en un futuro se pueda hacer otra moción más completa.

Tras su aprobación en el pleno, este acuerdo se trasladará a todos los ayuntamientos de la provincia de León, que podrán adherirse a esta iniciativa.

Durante su intervención en la Comisión de Industria, Turismo y Comercio, Pedro Marín explicó que esta fórmula permitirá pagar a las empresas eléctricas una cantidad determinada por mantener operativas las centrales térmicas que funcionan con carbón y así paliar la crisis que atraviesa el sector dada la caída de la demanda eléctrica.

Marín aseguró que este sistema de retribución está más que justificado para el caso del carbón dado que es el único combustible fósil autóctono.

La diferencia con la recién desaparecida «garantía de potencia» estriba en que mientras ésta se pagaba a todas las centrales por estar operativas sin distinguir el tipo de tecnología -como las nucleares que nunca paran-, el pago por capacidad iría destinado sólo a determinadas centrales.

Asimismo, Marín no descartó que el Ministerio que preside Miguel Sebastián implante este sistema también para el sector del gas, si bien reconoció que aún es algo abierto.

Además, anunció que en un plazo breve de tiempo Industria va a convocar las ayudas de 2010 para el sector del carbón, de manera que puedan materializarse en el primer trimestre del próximo año, lo que permitirá poner en marcha diversas medidas destinadas a crear empleo y a reactivar la actividad en los territorios afectados.

Por otro lado, y con respecto a la reunión que mantuvo con sindicatos y empresas del carbón, Marín reconoció estar satisfecho, ya que se había llegado a un «acuerdo unánime» para buscar una salida a un sector que «ahora subsiste gracias a subvenciones y cuya situación se ha visto agravada por la caída de la demanda energética».

Sin embargo, aseguró que el Ministerio tiene que trabajar ahora «con prisa pero con las máximas garantías» para que el sector cuente con un sistema estable que permita asegurar el futuro plan del carbón.

En la reunión participarán representantes de los firmantes del plan -empresas, sindicatos y Administración-, informaron fuentes del Ministerio de Industria, que explicaron que al encuentro asistirá en secretario de Estado de Energía, Pedro Marín, y el director general de Política Energética y Minas, Antonio Hernández.

La reunión tendrá lugar después de que la semana pasada Marín y Hernández mantuvieran un encuentro en el Ministerio con los presidentes y consejeros delegados de las compañías eléctricas que operan en España y en el que, entre otros aspectos, se abordó la problemática minera.

Endesa y Unión Fenosa han dejado de hacer pedidos de carbón nacional en algunas de sus centrales, entre las que destacan Compostilla y La Robla, bajo el argumento de que no pueden recibir más pedidos porque sus almacenes están llenos y por la caída de la demanda eléctrica.

El pasado 31 de julio, el Gobierno aprobó la creación de un almacenamiento estratégico temporal de carbón autóctono a la espera de que las condiciones del mercado eléctrico permitan su consumo en la generación de electricidad, cuya gestión fue encomendada a Hulleras del Norte (HUNOSA).

No obstante, sobre el sector de la minería del carbón nacional, más caro y de peor calidad que el de otros países, sobrevuela desde hace tiempo la necesidad de plantearse su viabilidad, ya que ahora subsiste básicamente por el apoyo público.