El grupo Gas Natural-Unión Fenosa considera que la puesta en marcha del real decreto para incentivar el uso de carbón nacional por parte de las compañías eléctricas supondrá una «ruptura del mercado libre» porque primará unas tecnologías por encima de otras.

Fuentes de la compañía energética expresaron su «preocupación» por la modificación que el Ministerio de Industria va a introducir en el real de decreto del carbón y que ya ha sido comunicada a la Comisión Nacional de Energía (CNE).

Industria realizará esta modificación tras recibir la opinión de la Comisión Europea, que ha dado el visto bueno al mecanismo de incentivos al carbón recogido en el real decreto, pero ha pedido que se supriman las compensaciones por lucro cesante para las centrales eléctricas que utilizan gas, fuel o carbón importado, y que se vean afectadas en el sistema de generación eléctrico.

Según las fuentes consultadas, el nuevo real decreto «perjudicaría gravemente la tecnología de generación que hoy en día es la única que puede garantizar la seguridad del sistema», en referencia a los ciclos combinados (gas), por la función de respaldo que realizan en los momentos de repunte de la demanda o de caída de la producción renovable.

La compañía, que estudiará «con detenimiento» la nueva norma para poder valorarla con mayor profundidad, pide que se defina un modelo energético que aporte estabilidad jurídica y permita evitar las «distorsiones que sufre el sector».

Las mismas fuentes advirtieron de que no es posible contar con un modelo «aparentemente liberalizado pero con aspectos fuertemente regulados que distorsionan el buen funcionamiento del libre mercado».

Sedigas denuncia distorsiones e inseguridad jurídica

Por su parte, la Asociación Española del Gas (Sedigas) manifestó su «preocupación» por las distorsiones de mercado y la «inseguridad jurídica» que introducirá el decreto de ayudas al carbón nacional.

La patronal reaccionó así tras conocer la intención del Ministerio de Industria de modificar el real decreto del carbón, aprobado el pasado 12 de febrero, para suprimir las compensaciones a las centrales eléctricas que se vean desplazadas por las ayudas al mineral nacional.

Sedigas recordó que la mayor parte de centrales de ciclo combinado -las que funcionan con gas natural- son de reciente construcción, de modo que «cualquier cambio importante en su previsión de funcionamiento distorsiona su estabilidad económica y también la seguridad de suministro».

El presidente de la patronal, Antoni Peris, criticó que «se pueda llegar a imponer, en un mercado aparentemente liberalizado, una tecnología en prejuicio de otras en base a subvenciones».

Según cálculos de la patronal, la puesta en marcha de las ayudas del carbón implicará que el precio medio de la electricidad generada con energía no subvencionada se encarezca casi un 33 por ciento, hasta el nivel de los 56,3 euros por megavatio hora (MWh).

Peris añadió que la sustitución de centrales de ciclo combinado por térmicas de carbón tendrá un «importante impacto ambiental», ya que sus emisiones por unidad de energía eléctrica son tres veces superiores a las generadas por las plantas de gas.

En declaraciones a los periodistas tras comparecer en comisión en el Senado, el ministro Sebastián explicó que «Red Eléctrica nos ha pedido dos meses para desarrollar unas aplicaciones que son necesarias para la ejecución del plan».

Por esas «cuestiones técnicas», además, «ganamos tiempo» a la espera de una respuesta de la Comisión Europea por si la iniciativa afecta a la competencia, indicó.

El ministro de Industria recordó que el Gobierno ya ha «prenotificado» la normativa a Bruselas y no se ha producido «ninguna reacción negativa» a su contenido,

La nueva normativa, que establece medidas transitorias cuya aplicación se extenderá como máximo hasta 2014, está motivada porque la caída de la demanda eléctrica impide la quema del carbón autóctono, lo que pone en riesgo el mantenimiento de la única fuente nacional de combustible ampliamente disponible.

El real decreto se basa en el procedimiento de resolución de restricciones por garantía de suministro y para su puesta en marcha es necesario que REE, empresa que actúa como gestor técnico del sistema eléctrico, disponga de unas aplicaciones específicas, comentó Sebastián.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes el real decreto por el que el carbón nacional tendrá un precio regulado para priorizar su utilización en la producción de electricidad.

En todo caso, apuntó que la medida se aprobó porque «hay una situación que había que abordar con la máxima rapidez posible».

Gas Natural cree que las ayudas al carbón provocarán una subida de la electricidad

Por su parte, el consejero delegado de Gas Natural, Rafael Villaseca, consideró que el nuevo decreto por el que se prima el consumo de carbón nacional hará necesario «reducir los costes del mercado regulado o subir las tarifas eléctricas».

En un encuentro con analistas, Villaseca fue preguntado acerca de la nueva normativa que rige el sector del carbón, aprobada en el último Consejo de Ministros. El nuevo decreto subvenciona el consumo de carbón autóctono; algo de lo que se beneficiarán las tres plantas de carbón con las que cuenta el grupo que preside Salvador Gabarró.

Igualmente, y a falta de conocer las «cifras finales», Villaseca confió en que la nueva regulación también contemplará algún procedimiento para «compensar de alguna forma a la energía desplazada; se habla de subasta, aunque son sólo borradores y no conozco la versión definitiva», dijo.

En este sentido, Villaseca también contó con que las plantas de ciclos combinados de la compañía recibirán dichas compensaciones.

«Partimos de la hipótesis de que no será negativo» para el sector; «será neutro económicamente, puesto que no puede ser el sector quien financie» el uso del carbón nacional. Esperamos que se desarrollará en condiciones razonables», añadió.

Con todo, Villaseca reconoció que estas ayudas al carbón español «va a generar aumento del déficit de tarifa» eléctrica. Dado que, según los compromisos fijados por Industria, el déficit no puede superar este año los 3.000 millones de euros, «será necesaria una reducción de costes del mercado regulado o bien una subida de tarifas. Estoy seguro de que el Gobierno tomará alguna consideración a este respecto«, dijo.

El consejero delegado de la compañía expresó su convencimiento de que el Ministerio de Economía y Hacienda «trabaja para resolver este año, más bien pronto que tarde», la cuestión de la titulización del déficit.

En todo caso, Villaseca también comentó que la actual coyuntura «requeriría replantearse cuáles son los objetivos de la política energética de España». De lo contrario, se creará una sensación de «inquietud» en el sector, a la que se sumará la «incertidumbre» que reina en cuanto a la utilización de la energía nuclear.

Así lo ha confirmado el presidente de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), Luis Berenguer que, en respuesta a preguntas de la prensa, explicó que el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio «nos ha pedido un nuevo informe», en este caso sobre «un proyecto reformado» relativo a las ayudas del Estado al carbón nacional. El nuevo documento se recibió el lunes, apuntó Berenguer.

Sin embargo, horas más tarde, tanto desde Industria como desde la CNC, se ha aclarado que fue una de las secretarías del Ministerio de Economía, y no el ministerio encabezado por Miguel Sebastián, quien envió el citado informe.

Desde Industria se ha asegurado que «el diseño de la normativa que hemos propuesto desde el principio consigue, a nuestro parecer, los fines perseguidos, es decir, es plenamente compatible con la Directiva Europea y la ley española y no provoca distorsiones en el mercado».

Asimismo, fuentes del ministerio de Industria recalcaron que «su motivación y necesidad (de la norma) trasciende los aspectos puramente de competencia y tiene su origen en los otros grandes ejes de la política energética, como son la sostenibilidad y la seguridad de suministro»

La CNC elaboró un informe sobre el borrador del decreto de ayudas al carbón el pasado diciembre. En su anterior redacción, el real decreto elaborado por Industria y que ya había sido notificado a Bruselas, suscitó críticas tanto de la CNC como de la Comisión Nacional de la Energía (CNE).

En su primer informe, Competencia advirtió de que los incentivos al uso del carbón nacional tendrían un coste desproporcionado e iban a distorsionar significativamente el funcionamiento del mercado y los mecanismos de formación de precios en España.

Según sus cálculos, estas ayudas generarían un sobrecoste para el sistema que podría llegar a los 1.200 millones de euros y aumentarían en torno a un 16% los costes de la electricidad.

Por su parte, la CNE planteó a Industria dos alternativas al borrador de decreto elaborado para incentivar el uso de carbón nacional.

La primera propuesta pasaba por otorgar una prima a las centrales que consumen carbón nacional para asegurar su competitividad, en tanto que la segunda consistía en instrumentar un sistema retributivo complementario al precio del mercado, a través de los pagos de garantía de potencia.