«Es importante que la Comisión Europea mantenga sus decisiones«, señaló la comisaria en declaraciones a un grupo de periodistas europeos. «No es una coincidencia que tomásemos esta decisión, lo hemos discutido a conciencia«, recalcó.

Según Hedegaard, «la posición de la Comisión Europea es muy clara» y «existe un límite para lo que el Ejecutivo comunitario puede hacer si el Parlamento Europeo y el Consejo -donde están representados los Veintisiete- quieren algo más».

Bruselas ya concedió en 2007 una primera prórroga de tres años y otra de cuatro (hasta finales de 2014) el pasado mes de julio, cuando propuso el reglamento con el que quiere reformar el marco actual, que expira este año.

Alemania, por su parte, defiende ampliar el plazo hasta 2018 con el argumento de que esa es la fecha prevista en su legislación nacional de 2007 para el fin de las ayudas. No obstante, Hedegaard recuerda que «la decisión alemana fue tomada en 2007 y los alemanes ya sabían entonces que el límite era finales 2010».

La normativa alemana incluía además una cláusula de revisión en 2012 que abría la puerta a una posible nueva extensión, pero el Gobierno alemán aceptó eliminarla como pedía Bruselas con vistas a facilitar el acuerdo, confirmó a Efe una fuente diplomática europea.

España y Rumanía, los otros dos estados más afectados junto a Alemania por la medida, se han pronunciado también a favor de retrasar la fecha, incluso han solicitado que los subsidios se permitan hasta 2020 y 2022.

Estos tres países lograron el respaldo mayoritario dentro del comité de representantes permanentes (Coreper), formado por los embajadores de los Veintisiete ante la Unión Europea, pero aún está por ver si consiguen la mayoría cualificada necesaria para modificar la medida.

Si la Comisión Europea se negase a introducir cambios en la propuesta de reglamento, el Consejo precisaría unanimidad para forzar la ampliación del plazo hasta 2018, según aclaró una fuente comunitaria.

Bruselas no ha querido aclarado oficialmente su postura de momento por deferencia al Parlamento Europeo, que aún debe pronunciarse en sesión plenaria el próximo martes (aunque su opinión no es vinculante, ya que se trata de un procedimiento de consulta).

Sin embargo, el comisario europeo de Energía, el alemán Günther Oettinger, se mostró esta misma semana menos escéptico que su colega de Clima al afirmar que, si los países de la Unión Europea y la Eurocámara insisten en retrasar la fecha, la Comisión Europea tendrá que aceptar «hacer alguna matización».

Todo apunta a que la prolongación de las ayudas hasta 2018 saldrá adelante, según indicaron fuentes diplomáticas, pero no como nueva propuesta de la Comisión Europea sino como una petición de la presidencia belga de turno de la Unión Europea que Bruselas aceptará en el Coreper del 1 de diciembre, o a más tardar en el del miércoles de la semana siguiente.

Si se cumple este calendario, la medida ya modificada estará lista para ser oficialmente aprobada como punto sin debate en el Consejo de Competitividad del 10 de diciembre.

«Si es necesario hacer alguna matización actuaremos en consecuencia», afirmó Günther Oettinger, quien explicó que la Comisión Europea sigue de cerca los debates en el Consejo y el Parlamento Europeo para comprobar la acogida que tiene la medida.

Los países de la Unión Europea han apoyado en su mayoría, aunque de momento sólo a escala técnica, la idea de extender las ayudas hasta 2018.

Los ministros de Energía, por su parte, también están debatiendo la cuestión, y lo mismo hará el Consejo de Competitividad que se celebra el próximo 10 de diciembre en Bruselas, recordó el comisario.

Los estados miembros permanecen a la espera de que la Eurocámara se pronuncie al respecto en su sesión plenaria del próximo 23 de noviembre.

Varias comisiones parlamentarias ya se han mostrado a favor de prolongar los subsidios hasta 2018, pero eurodiputados españoles han anunciado la presentación de enmiendas para tratar de ampliar el plazo hasta 2020.

En el Consejo, donde los países decidirán sobre el futuro de las ayudas, algunos socios como Holanda o Dinamarca mantienen sus reticencias a permitir que se siga apoyando al carbón, un sector que ven como altamente contaminante.

El actual reglamento de ayudas vence a finales de año, por lo que la intención de los Veintisiete es aprobar el nuevo el próximo mes, para que pueda entrar en vigor el 1 de enero.

Las minas que dependen de las subvenciones de funcionamiento están situadas principalmente, aunque no exclusivamente, en España, la región alemana del Ruhr y en el valle del Jiu en Rumanía.

Aunque las ayudas estatales concedidas al sector hullero han descendido considerablemente en los últimos años, éstas ascendieron a los 2.900 millones en 2008.

Alfonso Guerra ha confiado en que va a haber «carbón para muchísimo tiempo» y ha recordado que el Coreper ha apoyado la extensión de las ayudas hasta 2018.

«El carbón va a tener vida», ha exclamado Guerra y ha apuntado que la captura del dióxido de carbono (CO2) del carbón, «que es lo que parece que ofende a todo el mundo», «dentro de cuatro días va a ser una realidad», al igual que «el grafeno», que es «el futuro».

La falta de prestaciones sociales o el trabajo infantil en la minería de otros continentes lleva, según Guerra, a que el apoyo al carbón se haga por «el sentido de la solidaridad humana».

El también presidente de la Fundación Pablo Iglesias ha advertido de que si la Unión Europea permite «sin reflexionar» que se termine la extracción de carbón autóctono puede hacer «un daño irreversible».

El diputado del PSOE ha hecho un repaso de la historia del SOMA, desde su contribución al «republicanismo social» en sus primeras décadas hasta el liderazgo de José Ángel Fernández Villa en las últimas, de quien ha dicho que cayó «en el sitio exacto en el momento exacto».

José Ángel Fernández Villa, secretario general del Sindicato SOMA-FIA-UGT, ha intervenido también en el encuentro y ha señalado que «no somos una antigualla, no somos una hipoteca ni para el país ni la región«.

«Para nosotros el ajuste ya ha tocado fondo«, ha dicho Villa, quien ha pedido al Gobierno español que ejerza su «soberanía» para defender al carbón en Europa.

El dueño del grupo, Manuel Lamelas, aseguró que está preparando un ERE que presentará en los próximos días y que afectará a más de 200 trabajadores de sus empresas Alto Bierzo e Hijos de Baldomero García.

Por su parte, el portavoz del comité de empresa de Hijos de Baldomero García, Adelino Pires, explicó que la empresa se ha comprometido a reincorporar a los trabajadores a la explotación minera cuando comience a facturar el carbón almacenado.

Asimismo, aseguró que el expediente no afectará a aquellos operarios que deben prejubilarse a finales de 2012 y que ya no se dedicarán a la extracción de carbón, sino a las tareas de mantenimiento.

«Lógicamente, a ninguno nos gusta la medida, pero la mayoría dice que siendo así no se perjudica a los prejubilados», declaró Adelino Pires.

Además, les ha comunicado que respetará las vacaciones que han acumulado hasta este momento.

Adelino Pires recordó que los cerca de cincuenta operarios que conforman la plantilla de Hijos de Baldomero García aún no han cobrado los salarios de octubre.

En ese sentido, el sindicalista aseguró que la empresa anunció a los representantes de los trabajadores que si firmaban el ERE «abonaría los salarios», algo que Pires ha calificado como «chantaje».

El ERE entrará en vigor aproximadamente en una semana.