El Ministerio de Industria ha iniciado conversaciones con el comisario de Energía de la Comisión Europea (CE), Andris Piebalgs, para buscar una salida consensuada entre todos los países de la UE a la desaparición de las tarifas eléctricas para las grandes industrias (la denominada tarifa G4).

Durante su comparecencia en la Comisión de Industria del Senado, el titular de Industria, Joan Clos, afirmó que actualmente mantiene conversaciones con Piebalgs para ver cómo se diseña el paso de estos clientes a un modelo energético liberalizado.

En España está previsto que desaparezcan las tarifas industriales a partir de 2008, fecha en la que sólo quedará la G4, dijo Clos.

A esta tarifa están acogidas un grupo de empresas «muy dependientes de los costes energéticos» y sobre las que se ha suscitado un «debate europeo» para diseñar su transición al mercado y evitar «engañarnos y hacer dumping (competencia desleal) dentro de la UE«, dijo el titular de Industria.

En las negociaciones también están presentes otros países europeos, como Italia o Francia, con sistemas tarifarios en vigor que protegen a las empresas muy intensivas en energía para evitar que pierdan competitividad, dijeron fuentes del sector energético.

Actualmente en España sólo hay cinco fábricas con tarifa G4, propiedad de Arcelor, Alcoa y Asturiana del Zinc, que representan alrededor del 7 por ciento del consumo total de electricidad.

Estos consumidores tiene el menor precio del sistema eléctrico, 2,58 céntimos de euro por kilovatio-hora (Kwh), un 31,1 por ciento del precio medio, según datos de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) correspondientes al año 2006.

Las eléctricas recuperarán alrededor de 2.300 millones de euros por el déficit tarifario acumulado en 2006, una vez que el Gobierno ha determinado su importe definitivo y el valor de los derechos de emisión de CO2 concedidos gratuitamente a las empresas, que deberá restarse de él.

El ministro de Industria, Turismo y Comercio, Joan Clos, adelantó el pasado 12 de septiembre en el Senado que el déficit tarifario (diferencia entre ingresos y costes del sistema eléctrico) de 2006 rondaría los 3.400 millones de euros.

Según indicaron distintas fuentes del sector energético, a esta cifra hay que restarle alrededor de 1.100 millones correspondientes al valor de los derechos de emisión de CO2 gratuitos concedidos por el Gobierno a las eléctricas, en cumplimiento de una normativa aprobada en marzo de 2006.

El Real Decreto-Ley 3/2006 obliga a descontar de la retribución de las eléctricas el coste de los derechos de emisión concedidos gratuitamente por la Administración.

La liquidación número 14 de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), la última correspondiente a 2006, cifraba el déficit tarifario en 3.046 millones de euros, un 20 por ciento menos que los 3.800 millones registrados el ejercicio anterior.

En 2005 y 2006 el déficit de tarifa se disparó como consecuencia de la escasez de lluvias (menos producción hidroeléctrica) y la subida del petróleo y el gas, que aumentaron los costes de generación de los ciclos combinados y las centrales de fuel.

Este año el Gobierno ha puesto en marcha un nuevo sistema que reconoce una cifra de déficit y su forma de financiación de forma previa (ex ante). La cifra máxima prevista por el Gobierno para todo el ejercicio 2007 es de 3.750 millones.

Previsiblemente no se alcanzará esta cantidad, ya que la producción hidráulica se ha recuperado y el precio del crudo bajó en la primera mitad del año.

Según la última liquidación de la CNE, correspondiente al periodo enero-julio de este año, el déficit tarifario era de 395,24 millones de euros.

El consejero delegado de Unión Fenosa, Honorato López Isla, consideró que «no tiene mucho sentido» un canon que penalice la energía hidroeléctrica y que se haga sólo en Galicia.

No obstante, el directivo empresarial subrayó, en declaraciones a los periodistas al concluir un acto sobre otro asunto, que no conoce los pormenores del anuncio hecho en el Parlamento de Galicia por el presidente de la Xunta sobre la instauración de un canon eléctrico.

«Tengo la noticia que me estáis dando -insistió-, cuando vea realmente el alcance, lo que significa, para qué es y demás, tendremos una opinión».

No obstante, agregó que «no se pueden hacer planteamientos de tipo impositivo, recaudatorio, diferencial de unas Autonomías con respecto a otras. Va a ser muy complicado» -explicó-, pues «la energía es un tema muy universal».

Tras reiterar que «hasta que realmente vea el alcance, vea la letra, vea cómo se aplica, vea si es que se va a aplicar, etcétera», reconoció que hace «ya algún tiempo anunciaron eso y nosotros le dimos esta misma opinión».

López Isla consideró que es preciso conocer «el enfoque de la ley y la aplicación y lo que supone, lo que nos supone a las empresas sobre las que se va a aplicar, a las instalaciones a las que se va a aplicar, incluso lo que le puede suponer también a los usuarios, a los clientes que haya en Galicia, porque, evidentemente, en muchos casos ese tipo de cánones, tributos, impuestos, está permitido trasladarlos al usuario, pero no lo sé, hasta que sepa realmente cual es su estructura, pues no puedo decir nada», insistió.

Sin embargo, sí recordó que «la energía hidráulica es una energía que, evidentemente, esta calificada en este momento como energía renovable, energía sostenible y, dentro de eso, se está haciendo un esfuerzo a nivel mundial de apoyar ese tipo de energías, incluso en sentido contrario, como es que determinadas energías, las eólicas o las minihidráulicas, tienen un complemento de precio en el mercado nacional».

«Entonces, no tiene mucho sentido que se penalice», pues, «llámale como quieras, tributo, canon, en definitiva es una penalización a la producción de esas energías y, además, sólo en Galicia me parece que no es equilibrado», concluyó.