El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó, con los votos a favor de PSOE, IU-ICV, ERC y BNG la convalidación del Real Decreto-Ley que obliga a las eléctricas a devolver el importe de los derechos de emisión de CO2 gratuitos asignados por el Gobierno para el periodo 2008-2012.

A pesar de mostrarse a favor del fondo de la norma, PP, CiU y PNV se abstuvieron al considerar que el asunto no tiene la urgencia necesaria para regularse mediante Real Decreto-Ley.

Tras la convalidación, el Pleno acordó, a propuesta del PP, que la norma se tramite como proyecto de ley, por lo que el texto deberá ser analizado por la Mesa del Congreso, que previsiblemente decidirá que es imposible completar el procedimiento durante el actual periodo de sesiones. No obstante, el Real Decreto-Ley, que entró en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE, continuará vigente.

En su intervención el ministro de Industria, Turismo y Comercio, Joan Clos, se comprometió a aceptar su tramitación como Proyecto de Ley en la próxima legislatura si el PSOE vuelve a ganar las elecciones de marzo de 2008, lo que permitirá introducir enmiendas por los grupos, tal como pedían las compañías eléctricas.

Clos afirmó que la nueva normativa, aprobada por el Consejo de Ministros el 7 de diciembre pasado, está «plenamente justificada» y responde a una política «de defensa de los consumidores y contribuyentes». El ministro recordó que en 2006 el Congreso respaldó una medida igual a la debatida y aseguró que esta normativa «ha demostrado su utilidad», ya que va a permitir reducir el déficit tarifario de ese ejercicio en 1.150 millones de euros.

Según los cálculos de Industria, este año el importe de los derechos gratuitos de emisión de CO2 será de 100 millones y en 2008 ascenderá a 1.450 millones.

El 23 de marzo de 2006 el Congreso convalidó otro Real Decreto-Ley que obligó a las eléctricas a devolver los derechos de emisión de los ejercicios 2006 y 2007 con los votos a favor del PSOE, CiU, IU-ICV y BNG, mientras que el PNV se abstuvo y el PP votó en contra.

El diputado del PP Fernando Castelló explicó que su grupo optaba por la abstención para defender los intereses de los consumidores, aunque aseguró que esta norma puede tener consecuencias negativas para el sistema eléctrico «que conlleven riesgo de apagones» y tildó de «políticamente injustificable» la elección de la figura legal del Real Decreto-Ley para su aprobación.

El portavoz de CiU, Josep Sánchez Llibre, consideró la norma una medida «caótica y precipitada» incapaz de lograr los objetivos que persigue, aunque se mostró conforme con «el fondo».

En el mismo sentido, el diputado del PNV José Ramón Beloki se opuso a la convalidación por la «premura» con la que se ha planteado y la ausencia de debate con todos los agentes afectados.

Rosario Velasco, del PSOE, destacó que esta norma es «un asunto de justicia» que «no va en contra de las eléctricas» y consideró justificada su urgencia porque, de no aprobarse, el déficit de tarifa aumentará el próximo año en 1.450 millones de euros.

El portavoz de IU-ICV, Joan Herrera, señaló que su grupo entiende que el decreto es «de sentido común» y recordó que es «la continuidad» de otra norma convalidada por la Cámara en marzo de 2006, mientras que Jordi Ramón, de ERC, lo consideró «acertado» y se mostró de acuerdo con los objetivos que persigue. Sin embargo, a pesar del respaldo, ambos grupos criticaron la discrecionalidad que tendrá Industria para fijar el montante final de los derechos de CO2 gratuitos, que se hará mediante orden ministerial.

El ministro de Industria, Turismo y Comercio, Joan Clos, se mostró confiado en que el Congreso convalide el Real Decreto-Ley que obliga a las eléctricas a devolver el importe de los derechos de emisión de CO2 que reciben gratis y consideró esta norma equitativa y lógica.

En un desayuno informativo organizado por la asociación empresarial Aragonex, Clos recordó que este decreto, aprobado hace dos semanas, es «la continuación de una norma vigente» y se limita a extender la actual situación al Plan Nacional de Asignación (PNA) 2008-2012.

El Ejecutivo ha aprobado dos normas que obligan a las empresas a restar el importe de los derechos de emisión que se les asignó gratuitamente, una en 2006 para las emisiones de ese ejercicio y las de 2007 y otra el pasado 7 de diciembre para el periodo 2008-2012. La primera fue convalidada por el Congreso el 23 de marzo de 2006 y la segunda se debatirá y votará este jueves en la Cámara.

El ministro consideró que «lo lógico y equitativo» es que las eléctricas devuelvan el dinero que cobraron a sus clientes por las emisiones de CO2 que recibieron gratuitamente del Estado y que esta cantidad se destine a reducir el déficit de tarifa, situación que se produce cuando los ingresos obtenidos por las tarifas son insuficientes para cubrir todos los costes del sistema eléctrico.

Las empresas consideran que el Real Decreto-Ley introduce inseguridad regulatoria, les causa un daño patrimonial y reduce la competencia entre las compañías, y solicitan al Gobierno que admita su tramitación en el Parlamento como Proyecto de Ley, lo que permitiría introducir enmiendas por los grupos para modificarla.

El Gobierno otorga al sector eléctrico una cantidad de derechos de emisión de CO2 mediante los Planes Nacionales de Asignación. A pesar de que los reciben gratis, las compañías han internalizado el coste de estos derechos y lo cobran a sus clientes mediante las tarifas de la electricidad.