Las eléctricas recuperarán alrededor de 2.300 millones de euros por el déficit tarifario acumulado en 2006, una vez que el Gobierno ha determinado su importe definitivo y el valor de los derechos de emisión de CO2 concedidos gratuitamente a las empresas, que deberá restarse de él.

El ministro de Industria, Turismo y Comercio, Joan Clos, adelantó el pasado 12 de septiembre en el Senado que el déficit tarifario (diferencia entre ingresos y costes del sistema eléctrico) de 2006 rondaría los 3.400 millones de euros.

Según indicaron distintas fuentes del sector energético, a esta cifra hay que restarle alrededor de 1.100 millones correspondientes al valor de los derechos de emisión de CO2 gratuitos concedidos por el Gobierno a las eléctricas, en cumplimiento de una normativa aprobada en marzo de 2006.

El Real Decreto-Ley 3/2006 obliga a descontar de la retribución de las eléctricas el coste de los derechos de emisión concedidos gratuitamente por la Administración.

La liquidación número 14 de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), la última correspondiente a 2006, cifraba el déficit tarifario en 3.046 millones de euros, un 20 por ciento menos que los 3.800 millones registrados el ejercicio anterior.

En 2005 y 2006 el déficit de tarifa se disparó como consecuencia de la escasez de lluvias (menos producción hidroeléctrica) y la subida del petróleo y el gas, que aumentaron los costes de generación de los ciclos combinados y las centrales de fuel.

Este año el Gobierno ha puesto en marcha un nuevo sistema que reconoce una cifra de déficit y su forma de financiación de forma previa (ex ante). La cifra máxima prevista por el Gobierno para todo el ejercicio 2007 es de 3.750 millones.

Previsiblemente no se alcanzará esta cantidad, ya que la producción hidráulica se ha recuperado y el precio del crudo bajó en la primera mitad del año.

Según la última liquidación de la CNE, correspondiente al periodo enero-julio de este año, el déficit tarifario era de 395,24 millones de euros.

El consejero delegado de Unión Fenosa, Honorato López Isla, consideró que «no tiene mucho sentido» un canon que penalice la energía hidroeléctrica y que se haga sólo en Galicia.

No obstante, el directivo empresarial subrayó, en declaraciones a los periodistas al concluir un acto sobre otro asunto, que no conoce los pormenores del anuncio hecho en el Parlamento de Galicia por el presidente de la Xunta sobre la instauración de un canon eléctrico.

«Tengo la noticia que me estáis dando -insistió-, cuando vea realmente el alcance, lo que significa, para qué es y demás, tendremos una opinión».

No obstante, agregó que «no se pueden hacer planteamientos de tipo impositivo, recaudatorio, diferencial de unas Autonomías con respecto a otras. Va a ser muy complicado» -explicó-, pues «la energía es un tema muy universal».

Tras reiterar que «hasta que realmente vea el alcance, vea la letra, vea cómo se aplica, vea si es que se va a aplicar, etcétera», reconoció que hace «ya algún tiempo anunciaron eso y nosotros le dimos esta misma opinión».

López Isla consideró que es preciso conocer «el enfoque de la ley y la aplicación y lo que supone, lo que nos supone a las empresas sobre las que se va a aplicar, a las instalaciones a las que se va a aplicar, incluso lo que le puede suponer también a los usuarios, a los clientes que haya en Galicia, porque, evidentemente, en muchos casos ese tipo de cánones, tributos, impuestos, está permitido trasladarlos al usuario, pero no lo sé, hasta que sepa realmente cual es su estructura, pues no puedo decir nada», insistió.

Sin embargo, sí recordó que «la energía hidráulica es una energía que, evidentemente, esta calificada en este momento como energía renovable, energía sostenible y, dentro de eso, se está haciendo un esfuerzo a nivel mundial de apoyar ese tipo de energías, incluso en sentido contrario, como es que determinadas energías, las eólicas o las minihidráulicas, tienen un complemento de precio en el mercado nacional».

«Entonces, no tiene mucho sentido que se penalice», pues, «llámale como quieras, tributo, canon, en definitiva es una penalización a la producción de esas energías y, además, sólo en Galicia me parece que no es equilibrado», concluyó.

El presidente de la Asociación Española de la Industria Eléctrica (UNESA), Pedro Rivero Torre, dijo que la congelación del recibo de la luz para todos los consumidores durante el último trimestre del presente año retrasará la recuperación del déficit.

Rivero señaló que «el retraso en la recuperación del déficit es pura aritmética», tras participar en Lisboa en un encuentro sobre «El mercado Ibérico de Electricidad en los próximos 5 años«.

El directivo se refería así a una Orden Ministerial de Industria, Turismo y Comercio dada a conocer el pasado viernes que establece la congelación de tarifas para ese periodo, iniciativa que apuesta por una desaparición progresiva del déficit tarifario que sea asumible por los consumidores.

«En UNESA creemos que cuánto antes el precio y la tarifa den las señales adecuadas de cuál es el valor real de la producción y venta de energía eléctrica será mejor para todos, incluido el cliente», subrayó.

Rivero Torre opinó que la actualización de tarifas será buena para el ahorro y la eficiencia energética, aunque, matizó, «también será buena para el cliente».

Dijo que ante la medida anunciada por el Gobierno UNESA no puede hacer nada y que hay un reconocimiento del Ejecutivo socialista de que las tarifas deberían elevarse, pero que se trata de «decisiones políticas»

«Por decisión política creen -en el Gobierno– más oportuno que los clientes reconozcan el aumento con un plazo, y por lo tanto en vez de llevar a cabo el ajuste ahora se hará a final de año o cuando políticamente se crea oportuno», aclaró el directivo.

Rivero explicó que se trata de decisiones políticas «que anteponen el argumento del interés general», por lo que, dijo, «habrá que acatarlas».

«Se trata de una decisión superior que dice que no es el momento -de subir las tarifas- y que se prefiere que el cliente vaya absorbiéndolo en cómodos plazos», afirmó.

Rivero Torre adelantó que UNESA no presentará recurso alguno contra la decisión, además de recordar que el Ejecutivo ya dio la razón a las pretensiones de esa organización.

Las tarifas domésticas subieron el 1 de enero de este año un 2,8 por ciento y se congelaron el 1 de julio, mientras que para los grandes clientes industriales el incremento acordado en enero osciló entre el 5,4 por ciento y el 9 por ciento, en función de la cantidad de energía que consumen, mientras que el de julio fue del 1,9 por ciento.

Iberdrola invertirá unos 470 millones de euros en la región de Murcia en los próximos cinco años, fundamentalmente en la construcción y mejora de nuevas instalaciones como subestaciones, líneas eléctricas y centros de transformación, informa en un comunicado la compañía eléctrica.

Tras una reunión entre la consejera de Economía, Empresa e Innovación de Murcia, Inmaculada García; el director de Negocio Regulado de Iberdrola, Javier Villalba, y el delegado de la compañía en la Región, Patricio Valverde, los responsables de la eléctrica destacaron la próxima puesta en marcha de la subestación Condomina, que dará suministro a las nuevas urbanizaciones de la zona norte.

Así mismo, subrayaron la próxima finalización de las subestaciones de las localidades de Jumilla y Totana, y el inicio de la tramitación administrativa de la de Puerto de Mazarrón, para lo que solicitaron a la consejera la colaboración de la administración autonómica para agilizar los trámites.

Villalba señala que estas inversiones pretenden «atender el crecimiento y mejorar la calidad de suministro en la región de Murcia, que en los últimos años ha crecido a tasas anuales del 7 por ciento, aunque se espera que en los próximos años se moderen hasta alcanzar en torno al 5 por ciento».

Por su parte, Valverde recalca «el compromiso de la compañía con Murcia y su apuesta inversora, que se plasma tanto a través de la central de ciclo combinado de gas en Escombreras como en la construcción de parques eólicos».

La Comisión Nacional de Energía ha publicado en su página web el documento (que aquí adjuntamos) en el que informa sobre la evolución del acceso de los consumidores a los mercados liberalizados de electricidad y de gas natural.

Según establece de forma clara el documento, al menos en el caso de la electricidad, el mercado liberalizado está sufriendo un cierto grado de retroceso, ya que el número de consumidores que se acogen a éste disminuye. O, lo que es lo mismo, cada día más consumidores se acogen a la tarifa eléctrica.

Así, en el caso de los consumidores de electricidad, en el período comprendido entre enero y junio de este año se confirma que «en términos globales, el nivel de acceso se ha situado en el 13,66% (13,76% en el trimestre anterior) de los algo más de casi 30,8 millones de puntos de suministro, es decir, 4,2 millones de titulares de puntos de suministro contratan la energía a través de las empresas comercializadoras».

Según el informe, esta reducción en el número de clientes que compran su energía a las comercializadoras está causado por un regreso masivo de los consumidorers al suministro regulado (a tarifa).

Estos descensos, que se centran en el mercado eléctrico, pues la tendencia no es igual en el mercado del gas natural (que se mantiene constante), se dan tanto en términos globales como en términos de energía.

La conclusión básica de este informe es que en el ámbito de la energía eléctrica, se está experimentando una transferencia de clientes desde el mercado libre a la tarifa. Es decir, cada vez menos de clientes compran electricidad en el mercado liberalizado y cada vez más la adquieren a precio regulado o tarifa.

¿Por qué sucede esto? Por lo general, el libre mercado mejora los precios y el cliente tiene la posibilidad de elegir el que más le conviene, con lo que la presión sobre los precios es a la baja. De modo que, en teoría, no tiene sentido que se reduzcan los compradores a mercado.

Sin embargo, el cliente puede elegir cuando dispone de una variedad de ofertas de distintas compañías que le ofrecen distintos precios. La decisión de los gobiernos de limitar la subida de la luz impone un techo de precio a las eléctricas que está por debajo del precio que éstas podrían ofrecer a sus clientes, con lo cual se elimina la competencia: ninguna puede ofrecer mejores precios.

De la afirmación anterior puede deducirse, erróneamente, que el consumidor está pagando menos por la electricidad de lo que lo haría en un mercado libre. Al contrario, los consumidores sí pagan la diferencia entre el coste real de la energía y la tarifa eléctrica. Pero en vez de hacerlo hoy, lo harán durante varios años (la factura de hoy comprende también los déficits de ayer), y en vez de pagar el 100% de la electricidad, pagarán el 100% más los intereses que correspondan. De modo que la «paralización» de la factura eléctrica para los consumidores no es ningún favor, sino un pago aplazado y encarecido.