El consumo de electricidad del sistema peninsular entre enero y agosto ascendió a 176.912 millones de kilovatios-hora (KWh), lo que supone un incremento del 2,1 por ciento respecto al mismo periodo del año pasado, informa la patronal eléctrica Unesa.

La producción del denominado régimen ordinario -hidroeléctrica, termoeléctrica clásica y nuclear- cubrió el 79,8 por ciento de la demanda peninsular, mientras que el 20,2 por ciento restante fue atendido por los productores en régimen especial -cogeneración y renovables- y los intercambios internacionales.

En los tres primeros meses del año la energía bruta generada en el régimen ordinario fue de 149.086 millones de KWh, lo que representa un incremento del 1,9 por ciento respecto a igual periodo del pasado año, mientras que el mercado cubierto con esta generación fue de 141.220 millones de KWh, el 2,5 por ciento más. La diferencia entre la producción bruta y la energía aportada al mercado (7.866 millones de KWh) se debe a los consumos propios de las centrales.

Dentro del régimen ordinario, la generación hidroeléctrica cayó el 25,6 por ciento, mientras que la termoeléctrica clásica (carbón, fuel-óleo y gas natural) aumentó el 3,4 por ciento y la nuclear el 14 por ciento. En lo que va de año, la electricidad adquirida a los productores en régimen especial ha crecido el 14 por ciento, hasta situarse en 42.822 millones de KWh.

El pleno de la Diputación de Girona ha aprobado por unanimidad y con carácter de urgencia una moción que pide que se estudie el soterramiento de toda la línea de muy alta tensión (MAT) en su paso por las comarcas de Girona.

La moción la han presentado conjuntamente las tres formaciones representadas en la Diputación, Esquerra Republicana y PSC (en el gobierno) y Convergencia i Unió (en la oposición), y pide que se considere interconexión eléctrica todo el recorrido de la MAT entre Bescanó y Baixàs, y no solo el tramo transfronterizo.

El organismo provincial ha pedido que se estudie el soterramiento de la línea entre Santa Llogaia d’Àlguema y Bescanó y entre Bescanó y Riudarenes, tal y como ya se ha previsto en el tramo que cruza la frontera.

Desde la Diputación han recordado la presentación de algunos estudios recientes, encargados por los ayuntamientos afectados y por el Consejo de Iniciativas Locales por el Medio Ambiente, que demuestran la viabilidad técnica del soterramiento, a pesar de un notable aumento de los costes.

En este sentido, la Diputación propone que se estudien algunas obras viarias y ferroviarias previstas en la zona, como el AVE, la ampliación de la autopista AP-7, el desdoblamiento de la carretera A-2 y el Eje Transversal o la mejora de la N-141, para aprovecharlas para hacer el soterramiento.

En la moción también se pide a los gobiernos español y catalán que tengan en cuenta la urgencia de la actuación, ya que en alguno de los tramos ya han empezado las obras previas a la construcción de la MAT.

La línea de alta tensión entre España y Francia, cuya construcción aprobaron los gobiernos de los dos países a finales de junio, se construirá y entrará en servicio en función del trazado que se elija y de los procedimientos administrativos.

El presidente del gestor de redes eléctricas en Francia, RTE, Dominique Maillard, dijo que el calendario de esa línea «dependerá del trazado y de los procedimientos tanto del lado español como del francés», al ser preguntado si se cumpliría el objetivo de su puesta en servicio en 2011.

Maillard tampoco quiso avanzar el costo de esta infraestructura, decidida en la reunión de alto nivel franco-española celebrada en Zaragoza el pasado 27 de junio, cuando se optó por la construcción enterrada del tramo internacional entre Santa Llogaia, cerca de Figueras, y Baixas, en las proximidades de Perpiñán.

El presupuesto de este proyecto soterrado será mucho más elevado que el inicialmente planteado de una línea aérea, pero el presidente de Red de Transporte de Electricidad de Francia (RTE) no quiso aventurar cifras aproximadas. Insistió en que el precio definitivo estará en función de si el trazado sigue alguna infraestructura existente como la autopista o la nueva línea del tren de alta velocidad Perpiñán-Figueras.

Maillard justificó la opción de la técnica del soterramiento porque el proyecto llevaba encallado 25 años y, para evitar que lo siguiera otros diez años más, «había que aportar una innovación». «Había un contexto particular que lo justificaba» y de hecho enterrar los cables para apaciguar la oposición de los habitantes de la zona que debe atravesar la interconexión «era la forma de resolver este problema», argumentó.

El presidente de RTE dedicó la conferencia de prensa a explicar sus planes para estandarizar las reglas de mercado en Europa y las negociaciones que lleva a cabo con los responsables de redes eléctricas en otros países. A ese respecto, contó que en España hay algunas diferencias significativas en la concepción del mercado, por tratarse de un sistema «más rígido» y que «no concuerda con las reglas europeas».

España es el séptimo país de la UE con mayor dependencia energética del exterior, pues cubre con importaciones el 81,4 por ciento de su consumo, frente al 53,8 por ciento de media en los Veintisiete.

Según la información facilitada por Eurostat, la oficina estadística comunitaria, correspondiente a 2006, sólo Chipre, Malta, Luxemburgo, Irlanda, Italia y Portugal dependen más que España de las importaciones de energía.

El consumo de energía en España en ese ejercicio fue de 143,9 millones de toneladas equivalentes de petróleo (la unidad estándar para evaluar el consumo energético) y las importaciones se elevaron a 123,8 millones de toneladas.

Eurostat incide en que, en los diez años que van de 1997 a 2006, la producción de energía de los Veintisiete ha caído el 9 por ciento, mientras que el consumo ha aumentado el 7 por ciento.

Esa evolución ha obligado a incrementar las importaciones, el 29%, y como consecuencia, se ha ampliado la dependencia del exterior, que ha pasado del 45% al 54%.

El único Estado miembro exportador neto de energía es Dinamarca, que en 2006 vendió a otros países lo equivalente al 36,8% de su consumo.

Aparte de Dinamarca, los países comunitarios con menor dependencia energética son Polonia (sólo cubre con exportaciones el 19,9% de su consumo), Reino Unido (21,3%), República Checa (28%) y Rumanía (29,1%). La UE importa, sobre todo, petróleo y gas, que representan, respectivamente, el 60% y el 26% de las compras.

Rusia es el principal proveedor de estos dos combustibles a la UE, con el 33% del petróleo y el 40% del gas importado, seguido de Noruega, con el 16% y el 23%, respectivamente.

Producción propia de energía

En cuanto a la producción propia de energía, en el conjunto de la UE la nuclear era en 2006 la más importante, con 255,3 millones de toneladas equivalentes de petróleo (el 29% del total), seguida de los combustibles sólidos (22%), el gas (20%), las renovables (15%) y el petróleo (14%).

En España, también son las centrales nucleares el principal productor de energía, con el 15,5% del total. A continuación se sitúan las renovables (9,4%) y los combustibles sólidos (6%).

Los Estados miembros que más apuestan por la energía nuclear son Bélgica (el 89% de su producción tiene ese origen), Francia (85%) y Eslovaquia (73%).

Por el contrario, hay doce países (Dinamarca, Estonia, Irlanda, Grecia, Italia, Chipre, Letonia, Luxemburgo, Malta, Austria, Polonia y Portugal) que no recurren a la nuclear como combustible.

Respecto a las renovables -que incluyen la biomasa, hidráulica, geotérmica, eólica y solar-, Portugal, Letonia, Luxemburgo y Chipre (éstos dos últimos en cantidades mínimas) sólo producen este tipo de energía, mientras que en Austria representa el 72% de la producción total.

Por último, los dos únicos Estados miembros con una producción de petróleo significativa son Reino Unido (78 millones de toneladas equivalentes en 2006) y Dinamarca (17 millones). Asimismo, producen gas Reino Unido (72 millones toneladas) y Holanda (55,4 millones).

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica la orden ministerial de tarifas eléctricas, que estipula una subida media del recibo de la luz del 5,6 por ciento desde el 1 de julio, define la nueva tarifa social y cambia la periodicidad en la facturación de la electricidad. El Gobierno dio su visto bueno a la norma en la reunión del Consejo de Ministros.

La tarifa para los consumidores con una potencia contratada de entre 2,5 y 5 kilovatios (KW), tramo en el que están la mayoría de los hogares, subirá el 7,33 por ciento, para potencias de entre 1 y 2,5 KW el 5,5 por ciento, mientras que las que van de 5 a 10 KW, utilizadas por pequeños comercios y grandes viviendas el 8,34 por ciento.

Las de menos de 1 KW subirán el 5 por ciento y el pago por potencia contratada se congela para todos los tramos.

En la rueda de prensa posterior, el titular de Industria, Miguel Sebastián, afirmó que estos incrementos pretenden reducir el déficit tarifario (situación que se da cuando los ingresos obtenidos mediante los recibos de la luz son insuficientes para pagar los costes del sistema eléctrico), fomentar un consumo responsable y favorecer la competitividad y el empleo.