El Consejo de Administración de la Comisión Nacional de Energía se ha reunido este jueves para analizar la propuesta de tarifas que a principios de septiembre, el Ministerio de Industria le remitió para el cuarto trimestre.
Los dos puntos más significativos de esta propuesta de orden ministerial, que se aprobará a principios de octubre, son el mantenimiento de las tarifas eléctricas, sin variación, tanto para consumidores particulares como para empresas e industria, y el cambio del concepto de «garantía de potencia» a «retribución por capacidad», lo que para las eléctricas supondría una merma en sus ingresos de, en principio, 900 millones de euros, pasando de 1.200 a 300 millones.
Poco podía hacer la CNE en este caso más que mostrar su desacuerdo con una política tarifaria que no hará sino alargar el déficit. El Gobierno ya mostró su disposición a congelar las tarifas en esta ocasión y, teniendo en cuenta que el informe del organismo presidido por María Teresa Costa no es vinculante, la decisión será del Ejecutivo.
El motivo alegado por el Gobierno para no subir las tarifas es el «ejercicio de responsabilidad política», o la coherencia con las promesas de no subir el precio de la luz más de lo que lo haga el IPC. A pesar de que, en julio, se decidiera revisar la tarifa eléctrica de forma trimestral. Y a pesar de que, en la propia propuesta, el Ministerio de Industria reconoce la necesidad de subir la tarifa para ajustar los precios de la electricidad a sus costes reales en el mercado, teniendo en cuenta, entre otros factores, el precio de la materia prima.
Precisamente, en el seno de este Consejo, se ha producido un intenso debate sobre el uso de la frase «responsabilidad política», ya que por un lado se está admitiendo la necesidad de actualizar las tarifas, y por otro lado no se está haciendo nada al respecto, aplazando por tanto la solución de un problema que es el déficit tarifario.
El informe de la Comisión no considera que este «ejercicio de responsabilidad política» sea un motivo que la CNE deba tener en cuenta.
Pero la Comision Nacional de Energía ha tratado también la cuestión de la retribución por garantía de potencia, que la orden ministerial presentada por Industria pretendía modificar para rebajarla de forma sustancial. Tampoco aquí ha habido una actitud laxa por parte del organismo regulador, sino más bien al contrario. La Comisión ha devuelto al secretario general de Energía, Ignasi Nieto, esa parte de la propuesta, negándose a pronunciarse sobre esta cuestión. De forma unánime, los servicios de la Comisión han entendido que esta modificación es algo que se debe aprobar mediante una norma de distinto rango a la que incluye la congelación de las tarifas.
UNESA, también a favor de actualizar los precios
Dejar de subir la tarifa de la luz puede ser una política muy popular con la ciudadanía, pero no lo es con los principales actores del sector, las compañías eléctricas. Desde las filas de UNESA señalan que esta decisión política «va a producir el efecto no deseado de aplazar la recuperación del déficit». En opinión de la patronal, lo prudente sería «terminar con el déficit paulatinamente, pero cuanto antes, entre otras cosas porque la decisión de la UE de eliminar las tarifas está muy próxima, y no conviene que haya cambios bruscos».
El hecho de que el Gobierno, por los motivos que sea, decida congelar las tarifas, traslada al consumidor la impresión de que, como no sube la tarifa de la luz, no va a pagar más por la electricidad. Sin embargo, fuentes de UNESA explican que «el consumidor va a pagar exactamente lo que tiene que pagar, pero una parte de ese coste lo hará al contado -en el recibo- y otra parte a plazos, que es el recargo correspondiente del déficit acumulado». Es decir, el déficit en que se incurre durante un año, el consumidor lo estará pagando durante 14 años posteriormente».
Para la patronal, existe un problema «irresoluble», y es que «no hay un gobierno, del color que sea, que se resista a intervenir en la fijación del precio del servicio que es más común a todos los ciudadanos y que más incide en el bienestar de cada uno de ellos». En cualquier caso, para UNESA, lo mejor es que el consumidor «sepa de manera indubitativa cuál es el coste de la energía que consume». Según explica la patronal, en todos los países de nuestro entorno «los precios reales siempre han sido una de las señales más eficaces a la hora de promover el ahorro energético».
Respecto a la modificación del concepto de garantía de potencia, la Asociación Española de la Industria Eléctrica coincide con la opinión de la CNE en que una orden ministerial no es la vía jurídica más adecuada para tramitar una reforma de ese tipo. Por otro lado, las fuentes consultadas creen que «cambia la figura, y que el nuevo sistema tiene una sobredosis de intervencionismo; sería mucho mejor dejar jugar al mercado».
