Zapatero debe comparecer en el Parlamento para explicar su decisión de cerrar Garoña

Se puede engañar a alguien una vez, se puede engañar a alguien siempre, pero no se puede engañar a todos siempre. Y, eso es lo que está pasando en el tema de Garoña con la actuación del Presidente del Gobierno, único responsable de la decisión tomada y hecha pública ayer. Por mucho que se haya querido vender la misma como equidistante, de forma que iba a “molestar a todos”, como el árbitro que pita penaltis falsos sucesivos en áreas alternativas de juego, la decisión sobre el cierre de Garoña no es equilibrada, es radical. Es un cierre nada encubierto, claro, manifiesto, postergado, que no cumple con el principio de vida útil de la planta certificada técnicamente, no se atiene a una lectura no dogmática del programa electoral socialista y, que además, ha utilizado falsedades (el número de centrales en operación, el número de centrales con ampliación de vida útil, el número de centrales en construcción…, datos falsos, inciertos y manipulados, de aparición constante en las sucesivas intervenciones de Zapatero, adicionando el componente de estado asistencial supletorio); es una decisión que ha partido de prejuicios y posicionamientos ideológicos y la concesión de prerrogativas a los contrarios a la energía nuclear y a este reactor en particular.

Por ello, cuando un Presidente de Gobierno toma una decisión como ésta tiene que explicarla, argumentarla o, al menos, pasar por el estrado para defender una posición personal con consecuencias para todo el Estado, para la economía y para toda la ciudadanía. Cuando la justifica en el compromiso con los electores especificado en el programa electoral debe explicarla ante los elegidos y votantes que, presuntamente, habían comulgado con el apartado 2.1. del programa electoral. Y no debe ser ni el Ministro de Industria, ni el de Trabajo, que fueron retirados en su momento de la decisión para que se cocinase en la Moncloa, los que hayan tenido que presentarla en público y “dar la cara”.

Cuando un Presidente de Gobierno decide causar un quebranto a los españoles que puede estar en cifras astronómicas (incluyendo indemnizaciones, lucro cesante, energía y fuentes alternativas, subida de la luz, etc), debe dar explicaciones a la sociedad de las razones a esgrimir de una decisión derrochadora, caprichosa y manirrota que, además de tener costes directos, atenta contra la credibilidad, la confianza y la seguridad en nuestra economía, nuestra regulación y nuestras instituciones. Cuando un Presidente del Gobierno se instala en el radicalismo y en la polarización, en medio de una grave crisis económica, debe justificar su postura y puede ser cuestionado de forma pública y exponerse directamente a los resultados de una política tan arriesgada para el país.

Cuando un Presidente de Gobierno no es capaz de dirigir el diálogo social, teme y evita el conflicto social (¡a mí no me hacen una huelga general!) y, por otro lado, decide cerrar una central nuclear en contra de todos los agentes sociales (empresarios, sindicatos y trabajadores) así como contra el gobierno de la Comunidad Autónoma con sus legítimos intereses y posicionamientos, tiene que explicarles directamente y mirándoles a los ojos por qué deteriora y demedia las relaciones con los agentes sociales e institucionales. Por ello, tanto la Junta como el Parlamento regional de Castilla León deben pedir explicaciones directas al Presidente del Gobierno. También debe dar una explicación a los responsables de las Comunidades Autónomas de las instalaciones que tienen que pasar por procesos similares en breve para que sepan cuál va a ser su criterio.

Cuando un Presidente de Gobierno decide, con 3 millones y medio de parados, causar un daño al empleo, deprimir una zona geográfica, hundir el tejido productivo y empresarial, generar paro a cambio de promesas y planes vagos y etéreos, que nunca funcionan (vean el caso de Zorita, como expuso Televisión Española en su Telediario del pasado miércoles), debe dar una explicación a los perjudicados, trabajadores, familias, hombres y mujeres que padecerán las consecuencias de su decisión. Y, lógicamente, a los representantes de los trabajadores, a sindicatos y a empresarios.

Cuando un Presidente del Gobierno falsea información en los medios de comunicación, miente continua y deliberadamente, utiliza los argumentos para confundir a los españoles, debe ser sometido a censura y escrutinio público. No se puede decir que se cierra Garoña porque hay un exceso de oferta de electricidad hoy, porque precisamente los excesos de oferta permiten precios bajos de lo que pagan los ciudadanos en sus recibos. Y porque en 2013 se prevé que se recupere la demanda y, para atenderla, será preciso nuevamente malgastar el dinero en inversiones que podrían haberse evitado con un buen gobierno de los recursos. En energía estas decisiones son siempre de largo plazo y el cortoplacismo político explica poco y, lo que es peor, confunde.

Tampoco un Presidente de Gobierno puede polarizar a la sociedad porque Garoña pertenezca a unas empresas y quiera jugar al viejo estatalismo frentista de los intereses de las empresas, al izquierdismo trasnochado de los años 60, devolviéndonos a la terminología de los patronos, al modelo expropiatorio, intervencionista (versión personal), y al lenguaje de que la rentabilidad es mala en una actividad que suministra energía a la sociedad. Hoy el problema que hay aquí creado es otro, de amplias consecuencias políticas, sociales y económicas a nivel general. Cuando, además, el Gobierno tiene perdida la credibilidad en lo que se refiere a las decisiones económicas, tiene que esforzarse mucho más en que sus afirmaciones no sean frívolas, banales, vacías o dogmáticas, dado que, ya seguramente, esta estrategia no le vale de mucho, habida cuenta de que es de puro sentido común que cerrar una instalación que funciona, la 31ª del mundo según los rankings y echar a la gente a la calle es un dispendio, cualquiera que sea la titularidad del mismo.

Cuando un Presidente de Gobierno decide ningunear a sus ministros y a los órganos de regulación y supervisión y gobernar desde el búnker con los influenciadotes externos y sus “spins doctors” (con mayor o menor fortuna), debe explicar en el Parlamento, el supresor de la soberanía popular que debería haber dirigido previamente el debate sobre el futuro energético. Zapatero tiene, por tanto, que responder a toda la sociedad, no sólo ante el número concreto de votantes ideologizados de mitin y bocadillo, o los de la corriente que le apoya (muchos menos que los votantes totales del PSOE). Arrogarse, por tanto, los once millones de votantes, como favorables a lo de Garoña porque se recogiera, más o menos crípticamente, en el programa electoral es una barbaridad, una apropiación política indebida y utilizar al pueblo para actuar en términos de “El Estado soy yo y mi ideología”.

Cuando un Presidente de Gobierno se presenta como defensor de la causa del medioambiente y, derivado de sus decisiones, aumentan las emisiones contaminantes, la dependencia energética, la factura de los combustibles fósiles (que sí que está demostrado que son perjudiciales para la salud, primera causa de muerte en el mundo según la ONU, frente al pánico inducido, inflamado y artificial pánico antinuclear basado en el terror colectivo y en la manipulación de las masas), hay un problema. Además estas emisiones contaminantes debe ser sufragadas por la sociedad en forma de derechos de emisión. Por tanto, la sociedad tiene que pedir explicaciones a este gasto, a este estipendio, a esta cuenta y explicaciones de por qué la tenemos que pagar más, sin necesidad.

Cuando el secretario general de un partido político aniquila, neutraliza, bloquea las posiciones discrepantes y decide gobernar con su camarilla, debe dar explicaciones a todo el partido al que representa. Cuando decide interpretar el programa torticeramente, de forma que confunde lo que está bien con lo que le conviene o interesa a sus posiciones ideológicas particulares, tiene que comprender la composición de la militancia, en la que empieza a cundir el pánico y sus distintas posturas.

Por ello los grupos parlamentarios deben requerir la presencia del Presidente y no conformarse con menos. Debe ser en sede parlamentaria, debe ser donde reside la soberanía popular, ésa que ha sido utilizada como excusa, como coartada, como instrumento al servicio de sus posiciones ideológicas (la palabra dada e interpretada), aunque ya la sociedad no quiera una solución que es costosa e ineficiente y, realmente por ello, haya sido traicionado su voto. Debe exponerse a la crítica, a la censura de los representantes y debe ser exigido a la evidencia del vacío. Y, en lógica correspondencia, a un ejercicio de defensa pública para lograr convencer a los españoles de que la decisión persigue el bienestar de la sociedad. Cualquier otro criterio es falaz o no es propio de un gobierno.

Afortunadamente, pocos gobernantes en el mundo han actuado por motivos ideológicos en esta crisis, sino por motivos pragmáticos. En eso sí que somos la excepción. Nadie puede estar tranquilo. Ni empresarios con sus empresas, ni trabajadores con sus puestos de trabajo, con un ejercicio de gobierno de estas características que puede abstraerse de los problemas reales de los españoles, de las necesidades de nuestra economía y de los principios que garantizan el funcionamiento de la sociedad: la seguridad jurídica, la estabilidad regulatoria, el respeto a las instituciones, a los mecanismos de mercado, de organización libre de la economía (con buena regulación), la ausencia de arbitrariedad e intervencionismo y la confianza en quienes nos gobiernan porque atienden al bien común. Todo eso ha quebrado ayer.