En primer lugar, se trata de una reforma sin diálogo y sin negociación con los distintos agentes empresariales y sectoriales. Y esta actitud parte de dos prejuicios: una actitud de recelo torvo ante/frente a las empresas y, segundo, de una tendencia al solipsismo, a la iluminación y a la posesión de la verdad en términos exclusivos, a efectos, incluso, de que la consideración de los daños resultantes se distribuyen por parte de la política y su juicio arbitrario.

Uncida a esta visión se reconoce la fría inteligencia del secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, combinada con la actitud silente y aislacionista, que busca una solución rápida y expeditiva, dirigida sobre todo al meritoriaje. En todo caso, en esta cuestión, es ya su prueba de fuego. Nadal es ya el centro de todas las miradas respecto a lo que está preparando y concentrará el éxito o fracaso de la propuesta y sus consecuencias, más allá del manto protector de su hermano, el director de la Oficina Económica del Presidente, Álvaro Nadal.

Es una reforma que se hace sin “oficio”. Expliquemos lo quiere decir oficio en política, referido a la actividad de la gestión, la regulación en economía y los sectores productivos con inversores y financiadores internacionales de por medio. El oficio consiste en conciliar intereses, estudiar el problema desde las distintas perspectivas, sin urgencias. Eso sí, con el sentido de gravedad y responsabilidad que tienen cada una de las decisiones en juego, sin irrogarse como distribuidor de rentas, de forma discrecional de acuerdo con la calificación de los damnificados.

De hecho, si hace un año y medio se hubiera empezado a articular un diálogo conjunto entre los agentes y el Ejecutivo, con más oficio y experiencia, probablemente la solución resultante sería más estable y menos dolorosa. Hoy el problema ha crecido explosivamente, incluyendo la liquidación de 2012. Y, sin equívocos, se aprecia cómo la energía es el área del Gobierno (Fomento, Agricultura) con menos experiencia tanto en las instituciones europeas, como en el trato directo con los sectores económicos y empresariales.

Así, los signos hasta el momento son sobrecogedores: los sucesivos encuentros del secretario de Estado de Energía con los Consejos Asesores de los medios económicos para generar expectación en torno a la reforma; la consideración de grano gordo de los resultados empresariales expuestos sin matices (ni origen nacional o exterior) en términos de distorsión; las palabras de José Manuel Soria, anticipando el crujir de dientes y rechinar de cadenas en los sectores energéticos o, incluso, las filtraciones relativas al efecto sobre la banca y para el sistema financiero español, a la hora de anticipar los posibles efectos de la misma, como aviso a navegantes, incluso internacionales, no son nada tranquilizadoras, sino más bien todo lo contrario.

Y, como piedra de toque está lo que trasluce: las sucesivas declaraciones del casi exembajador norteamericano en España, Alan Solomont, representante de un país que defiende a sus ciudadanos e intereses en el exterior sin remilgos, y que vienen a insinuar, más allá de la diplomacia, preocupación, fuertes discrepancias e inestabilidad. Incluso sería razonable reflexionar respecto a los efectos sobre el sistema financiero español, en un momento como el actual, respecto de los efectos que se anticipan sobre la misma, tras la crisis pasada y la necesidad de recapitalización latente. Del mismo modo, también, tanto las tecnologías del mercado como las renovables más cercanas a los precios de equilibrio, como es la eólica, que son las que han sufrido las medidas pasadas en mayor medida, tienen evidentes motivos para seguir desconfiando de un gobierno imprevisible.

Además de todo eso, se puede decir que puede llegar a ser una reforma sin seguridad jurídica y sin garantía de estabilidad regulatoria. Y, evidentemente, se trata de efectuarla sin asunción de las responsabilidades que se derivan de las distintas administraciones pasadas, a efectos de transparentar a los consumidores el Cafarnaúm existente estos años y sus beneficiarios, incluso en términos de financiación política.

Añadidamente, se trata de una reforma sin política energética consistente o concreta, sin convicción respecto al modelo de liberalización y sin comprensión del modelo de separación de actividades, por lo que todo es posible, incluso los disparates que se han emitido sobre la actividad de distribución como globos sonda, destinados a REE. El objetivo es rebañar supuestas rentas, decidir el nivel de retribución vía discreccionalidad política, y ahí entran todos los apriorismos posibles respecto a cada cuestión en ciernes.

Pero, en todo caso, parece que el problema principal es que se hace sin responsabilidad política.