Un intento de patada en la puerta al mercado eléctrico

La Comisión Nacional de Energía en su informe sobre propuesta de tarifas que envía al gobierno, incluye un inquietante párrafo en el que según reza la nota de prensa, como conclusiones añadidas al debate sobre las tarifas eléctricas celebrado en el seno del organismo:

“Tercera. Esta Comisión considera que podría ser necesaria una revisión del marco regulatorio actual de los mercados mayoristas eléctricos. Los cambios producidos en el modelo regulatorio, que han afectado a partes fundamentales de su diseño (cancelación de la regulación de los CTCs, modificación del mecanismo de garantía de potencia y sustitución por el sistema de pagos por capacidad, introducción de los derechos de emisión de CO2, etc.), pudieran haber afectado negativamente a su eficiencia. Esta revisión podría afectar no tanto al nivel marginal de precio en el mercado, como a la brecha cada vez mayor que el nuevo escenario de precios de los combustibles fósiles ha abierto entre los márgenes de las tecnologías marginales e infra-marginales (fundamentalmente hidráulica y nuclear). En esta línea, esta Comisión, en la próxima reunión de su Consejo, tomará en consideración una aproximación a una cuantificación de la brecha existente entre los precios del mercado, que determinan actualmente la retribución de toda la generación, y el coste del mix energético que abastece los mercados. El correspondiente informe completará la presente propuesta con objeto de que pueda ser adecuadamente ponderada por el Ministerio

Cuarta. Dada la evolución de los niveles de precio de la electricidad, esta Comisión considera necesaria la actualización del concepto de tarifa social. En este sentido, ésta debería considerar parámetros de ingresos y no parámetros eléctricos, como contempla actualmente la tarifa 1.0. No obstante, para evitar posibles situaciones complicadas a ciertos segmentos de clientes, se propone el mantenimiento del esquema actual hasta que el nuevo esquema esté operativo”

En primer lugar, de facto, esto supone una transubstanciación de funciones de la Comisión Nacional de Energía, cuyos fines deben ser aplicar la legislación vigente, velar por el mercado y supervisar (por cierto, una cuestión de la que se tiene escasa noticia, salvo los avisos incendiarios de su presidenta).

Pongamos un ejemplo, esto es, como si la Dirección General de Tráfico, al hilo de una modificación sobre la cuantía anual de las multas (de existir un hipotético modelo de actualización semejante), decidiera proponer a todo el país que se conduzca por el carril izquierdo como en el Reino Unido, porque así se aprovechan mejor las cunetas. ¿Cómo puede ser que haya llegado una fórmula de este corte recosida en los bajos de la propuesta de tarifas que enviará el regulador independiente al Ministerio de Industria?. Máxime, cuando la propuesta excluye tratar el ‘déficit tarifario’ como problema (“pasa” como se dice en el argot) y esta propuesta de intervención selectiva que se recoge en los acuerdos derivados del informe para la tarifa del tercer trimestre no va a abaratar el precio de la energía. Porque ya, ni siquiera existe preocupación porque bajen los precios de las energía o con respecto a elaborar un programa medio coherente para resolver el problema del déficit tarifario. Se trata de hacer supuestos parciales sobre los beneficios de determinadas tecnologías, lo que abre la puerta, de que en otras condiciones de mercado se pueda atacar a otras tecnologías.

En segundo lugar, parece apuntar a la existencia de una denominada tarifa social, una perversión de la denominada “Tarifa de ultimo recurso”, en su uso demagógico y prestidigitador de la función de esta tarifa cuyos fines, legalmente establecidos, son otros: garantizar la existencia de una tarifa para aquellos consumidores que no han elegido un suministrador. Y, cuya formulación, debe permitir la flotación de ofertas de comercializadores. Es decir ajena a este esquema de subsidios cruzados. Lo que es perturbador es que la Comisión Nacional de Energía se confunda con el Consejo Económico Social en esta función, pero en plan rentas empresariales, utilizando de manera confusa estos dos concretos.

En realidad, por un procedimiento tan espurio y extemporáneo, se pretende pegar una patada en la puerta del funcionamiento del mercado eléctrico. La primera cuestión es una ambición oculta (cada vez menos, eso sí) de la ‘minoría creativa’ formada por los ‘retroprogresivos’ (que diría Salvador Pániker) que propone la vuelta al Marco Legal Estable del franquismo: función de la regulación como control de rentas sobre las empresas, retribución por costes medios declarados según tecnologías (con independencia de su uso y su papel en el sistema eléctrico), la explotación centralizada (¿verdad que suena a Plan Quinquenal?) y la utilización arbitraria de los mismos. Y, sin embargo, en esto, no hay nada más igualitario e incentivador, que el mercado para las decisiones de los agente económicos. Un párrafo así, ya ha corrido como la pólvora entre los analistas financieros y los bancos de negocios a nivel internacional, de forma que en veinticuatro horas ya se había recogido como un nuevo riesgo regulatorio. Es de esperar que al final triunfe la cordura en la CNE y, si no, que al menos la procedencia de Miguel Sebastián de Intermoney le hará sensible a este tipo de aventuras, tan perturbadoras en estos momentos en el ámbito financiero.

Al parecer, según se apunta en la propia nota de prensa el debate sobre como sustanciar esta propuesta, tendrá lugar en el próximo Consejo de Administración que se celebra mañana. La reforma del sector eléctrico, realizada en el año 1998, es una de las cuestiones de las que puede estar orgulloso nuestro país, pese a algunas intentonas de retroceso, como ésta. En términos de homologación internacional, y a la vista de sus resultados en el mercado eléctrico, sólo nos supera el Reino Unido (caracterizado por su grado de liberalización) en su selección nacional de rugby.

Por ello, también es de esperar que medie la sensatez. Por un lado, que desde las filas del Partido Popular, para que sepan defender un modelo de mercado, artífice del importante proceso inversor seguido en el sector energético, que fue una de las principales reformas de sus primeros años de gobierno y no se vean tentados por un ejercicio demagógico de la función de la política de intervención y control rentas (algo que se circunscribe a la política fiscal). Y, por ello, que no caigan en esas fauces que hicieron que en la legislatura pasada, participaran en consolidar a Red Eléctrica como transportista único en la reforma de la Ley del Sector Eléctrico o que se produjera la inexplicable abstención en la tramitación parlamentaria del Real Decreto Ley de detracción de derechos de emisión. Todo ello, descontando cierta racionalidad en el juego político, de que el desgaste en la subida de tarifas eléctricas se lo lleve el PSOE (entre otras cosas, por no tomar decisiones a tiempo y desligar la tarifa eléctrica de la controversia partidista). Lo que parece menos razonable es auspiciar un ataque al funcionamiento del mercado eléctrico y, si no, que se lo digan al actual responsable económico del PP y ex Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

Por otro, en los propios responsable de la CNE, del Ministerio de Industira y las autoridades económicas, se reconduzca la situación, en un momento en que se requiere más sosiego y, a la vez, más gestión.