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El Gobierno de Castilla-La Mancha considera que no tiene sentido volver a plantear el ATC nuclear en Villar de Cañas

EFE.– El Gobierno de Castilla-La Mancha considera que «no tiene ningún sentido» volver a plantear la construcción del almacén temporal centralizado (ATC) en Villar de Cañas (Cuenca) cuando las centrales nucleares están volviendo a construir almacenes temporales de residuos en sus instalaciones. En este sentido, el portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando, volvió a ratificar la posición contraria de la comunidad autónoma a la construcción de un almacén centralizado de residuos radiactivos de alta intensidad en Villar de Cañas.

Hernando apuntó que las centrales están volviendo a construir almacenes ATI localizados en las propias plantas nucleares, por tanto, ha asegurado que «si se está realizando esa inversión, no tiene ningún sentido que volvamos a replantear un proyecto que desde su inicio los técnicos han valorado como inadecuado». «Y además ha habido una lamentable campaña de cacería de brujas dentro del Consejo de Seguridad Nuclear hacia esos técnicos», ha lamentado Hernando, quien ha insistido repetidamente en que si se están construyendo en las centrales instalaciones para sus propios residuos nucleares, no tiene sentido volverse a plantear el cementerio nuclear centralizado.

Villar de Cañas recurre la decisión de la Junta de ampliar la ZEPA de El Hito que bloquearía el ATC

Europa Press.- El Ayuntamiento de Villar de Cañas presentó un recurso contencioso-administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) contra el decreto de la Junta de Castilla-La Mancha del pasado octubre por el que se declaró la ampliación de la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) en el entorno de la Laguna de El Hito, enclave cercano a los terrenos donde habría de construirse el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares.

Este recurso ha sido presentado tras el acuerdo del pleno del Ayuntamiento de la localidad conquense, que intenta impedir que se lleve adelante la delimitación como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) de este entorno, como decidió el Gobierno autonómico con el objetivo de entorpecer la construcción del ATC. Villar de Cañas considera que el decreto que se recurre «adolece de vicios y defectos procedimentales y legales, que lo hacen nulo de pleno derecho», ya que entre otras cosas carece de algunos estudios técnicos o científicos.

Se argumenta en este acuerdo adoptado que las intenciones del Gobierno autonómico con la ampliación de esta ZEPA, a raíz de las palabras del consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo, en el momento de defenderla, «evidencian claramente que la única intención de la ampliación de la zona protegida aprobada es impedir la construcción del ATC y su Centro Tecnológico Asociado, sin considerar que los terrenos destinados a su construcción se encuentran en la superficie de Villar de Cañas», que carece de valor ornitológico. Desde el Consistorio consideran que esta declaración es un “acto arbitrario de abuso y fraude de ley».

A tenor del acuerdo adoptado, esta decisión «cercena una inversión de 900 millones de euros y el consiguiente desarrollo económico, humano, tecnológico e industrial para la comarca y para la provincia de Cuenca«. El decreto que se recurre «priva también a los ayuntamientos y entidades locales menores de gran parte de su autonomía local, cercenando, restringiendo o limitando, la capacidad decisoria del Ayuntamiento, del alcalde y de los concejales elegidos democráticamente, para atribuir prácticamente todas las competencias a los técnicos y funcionarios de la Administración autonómica en materia medioambiental«, argumentan.

«El ATC se acabará construyendo»

Por su parte, el alcalde de Villar de Cañas (Cuenca), José María Saiz, ha asegurado que va a «ganar» el recurso contencioso-administrativo que su Ayuntamiento ha interpuesto en el TSJCM contra la decisión del Gobierno autonómico de ampliar la ZEPA de la Laguna de El Hito para intentar paralizar las obras del ATC de residuos nucleares previsto en el municipio. En este sentido, aseveró que además de ganar esta batalla judicial, el ATC «se acabará construyendo», por lo que considera que el Gobierno autonómico «está engañando a todos los conquenses».

En su opinión, la ampliación de esta zona ZEPA «no tiene ni pies ni cabeza», perjudica a «700 agricultores de 8 pueblos», y podría acarrear la pérdida de «6 millones anuales durante muchos años» a Villar de Cañas, junto a la inversión prevista en el ATC. Por último, ha recordado que, cuando acabe el proceso judicial iniciado con este recurso contencioso-administrativo, pondrá personalmente una querella contra el Gobierno autonómico por haber intentado «dañar» al municipio.

La ampliación ya está “apuntalada”

Al respecto se pronunció el propio Francisco Martínez Arroyo, asegurando que aunque respeta que el Consistorio vaya a los tribunales, esta protección medioambiental «está apuntalada» y señaló que la postura del Gobierno regional es que ese espacio natural «es susceptible de ser protegido desde el punto de vista medioambiental«. Esta decisión, según ha señalado el consejero, fue tomada contando «con todos los elementos suficientes» y estuvo apoyada «en informes de carácter técnico que ponían de manifiesto que hay muchas especies, no solo las grullas, que hay que proteger», además de «una vegetación característica del suelo».

Tras ello, Martínez Arroyo criticó que «el alcalde de Villar de Cañas y una parte de la sociedad que pertenece al PP apuesten por un modelo energético basado en energías no renovables«, pero ha añadido que el Gobierno autonómico «apuesta por un modelo sostenible en el que la industria agroalimentaria sea compatible con la defensa del medio ambiente». Ahora, ha recalcado, lo que ocurre es que «no se podrán tomar decisiones unilaterales» como la de instalar el ATC «sin estar de acuerdo con la administración ambiental, que es la Junta«.

El titular de Agricultura ha incidido en que esta ampliación de la protección del entorno de la Laguna de El Hito está apuntalada ante cualquier recurso judicial, ya que se tomó la decisión con los informes pertinentes. «Ojalá la decisión de poner el ATC en Villar de Cañas hubiera tenido todos los informes técnicos necesarios que daban garantías. Los tribunales decidirán, pero espero que no haya ningún problema», ha finalizado.

Nadal deberá resolver la financiación del bono social de electricidad y decidir sobre las renovables, Garoña y el ATC

EFE / Europa Press.- La Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier) fue la primera organización, tras conocerse su nombramiento, en solicitar una reunión urgente con el nuevo ministro Álvaro Nadal, para abordar la situación del sector productor fotovoltaico español. Hasta ahora jefe de la Oficina Económica de la Presidencia del Gobierno, Álvaro Nadal tendrá un estreno intenso al frente de la nueva cartera de Energía, Turismo y Agenda Digital, ya que deberá buscar un nuevo sistema de financiación del bono social eléctrico.

Tras el varapalo del Tribunal Supremo, que consideró «inaplicable» el sistema actual de financiación, Nadal tendrá que afrontar la devolución a las compañías eléctricas de los 500 millones de euros que han aportado para permitir que los colectivos más vulnerables disfruten de un descuento del 25% en el recibo de la luz. Después de unos años de intensas reformas, fundamentalmente en el sector eléctrico, el nuevo ministro se encontrará con otros temas de calado, como la revisión del margen de comercialización de la tarifa eléctrica regulada, la nueva orden de peajes para la revisión trimestral de la luz, con la necesidad de evitar subidas, la aplicación de los superávit de tarifa o los detalles de la próxima subasta de renovables.

Anpier pide audiencia con Nadal

Precisamente la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier) ya ha solicitado una reunión urgente con el nuevo ministro de Energía para abordar la situación del sector productor fotovoltaico español. En una carta firmada por el presidente de Anpier, Miguel Ángel Martínez-Aroca, se recuerda al nuevo titular de Energía que «el colectivo de pequeños productores fotovoltaicos ha sufrido recortes draconianos en los últimos años, que les han colocado en unas situaciones financieras dramáticas; además de recibir un injustificado maltrato por parte del anterior Ejecutivo«. La asociación señala que el anterior ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, se negó a recibir al sector, «a pesar de recibir más de una decena de solicitudes por parte de Anpier».

La asociación subraya que «no es poca la responsabilidad» que asume el nuevo ministro, con un «inevitable cambio de modelo» tanto en la generación como en la forma de distribuir y consumir la energía, que ha de realizarse «con urgencia; pero con el sosiego necesario para evitar errores cuyas consecuencias lastren la proyección económica y el bienestar de los españoles».

Decisiones sobre Garoña y ATC

En materia nuclear, Nadal hereda la decisión de renovar o denegar la autorización a la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) para que siga produciendo electricidad. Sin embargo, antes de tomar la decisión, el nuevo Gobierno deberá recibir el informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) al respecto, que será preceptivo si es favorable a la continuidad, y vinculante, en caso de que el regulador estime que la planta no debe seguir abierta.

Al mismo tiempo, el Ejecutivo de Rajoy tendrá que dar una solución a los residuos nucleares españoles, pues el Parlamento instó al Gobierno en 2004 a construir un almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares de alta actividad pero hasta final de 2011 no se eligió la ubicación del mismo, en Villar de Cañas (Cuenca). Sin embargo pocos avances se realizaron durante el primer mandato de Rajoy y desde 2015 las instalaciones han encontrado la oposición y las trabas del nuevo Ejecutivo autonómico de Castilla-La Mancha del socialista Emiliano García-Page.

Nadal se situará al frente de un Ministerio de nueva creación, que sustituye en buena parte al anterior Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Si Energía y Turismo se mantienen como rúbricas de cabecera, la Agenda Digital gana peso y el área de Industria pasa a depender del también nuevo Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. El nuevo Ministerio colma en parte las expectativas del sector de las telecomunicaciones, que reclamaba una mayor consideración dentro de las funciones de Gobierno, mientras que deja al sector energético sin la vinculación con Medio Ambiente reclamada desde diferentes empresas. El sector turístico reclamaba un Ministerio propio, pretensión que no se ha visto cumplida.

El nuevo ministro deberá dirigir la política energética conforme a los objetivos de la Unión Europea en materia medioambiental. No solo habrá de afrontar el reto de cumplir el objetivo comunitario de que el 20% de la energía final proceda de renovables en 2020, sino que también deberá defender el legado de su hermano gemelo, Alberto. Este legado, que incluyó un recorte de 2.700 millones a las empresas, se plasmó en una nueva Ley del Sector Eléctrico, en la que se recoge una retribución para las energías renovables y las redes eléctricas conforme a una rentabilidad razonable para toda la vida útil del activo calculada a partir de los bonos del Estado más un diferencial.

Ahora, Álvaro Nadal deberá completar los desarrollos normativos pendientes y hacer frente a la prueba de estrés de los tribunales, en la que se verá qué parte de la reforma sobrevive a la alta litigiosidad provocada. El Tribunal Supremo ya ha avalado los recortes a las renovables, que están aún pendientes de resolución en los tribunales de arbitraje internacional. Sobre la mesa Nadal se encontrará también con asuntos como el posible desarrollo de una normativa sobre autoconsumo energético menos restrictiva. También deberá supervisar de forma transversal los diferentes proyectos económicos y empresariales para que se ajusten a los objetivos climáticos.

El presidente del CSN explicará este miércoles en el Congreso la situación de las centrales, de Garoña y del ATC

Europa Press.- El presidente del Consejo de Seguridad Nuclear, Fernando Martí, rendirá cuentas ante la Comisión de Industria, Energía y Turismo del Congreso de los Diputados este miércoles, casi dos años después de su última comparecencia, en noviembre de 2014. Martí explicará el informe del CSN, que incluye el estado de funcionamiento de las centrales nucleares o la evolución de expedientes como el del almacén temporal centralizado (ATC), o la situación de cese de explotación con solicitud de renovación de Garoña (Burgos).

Martí no ha presentado ni explicado los informes de actividad de 2014 y 2015 aunque estos figuran en la página de Internet del regulador. El de 2014 debió haberlo expuesto en 2015, pero distintos problemas de agenda fueron posponiendo la fecha y después fueron disueltas las Cámaras al convocarse las elecciones generales de diciembre de 2015. En la pasada legislatura, los grupos parlamentarios solicitaron su comparecencia, pero Martí también argumentó problemas de agenda y la fecha que facilitó era posterior a la convocatoria de unas nuevas elecciones y, por tanto, nuevamente la legislatura estaba finiquitada.

El pasado 5 de octubre la comisión parlamentaria de Industria, Energía y Turismo reclamó su presencia para, además de exponer estos dos informes, que explique otras cuestiones relativas a la seguridad nuclear. El PSOE quiere que se presente para cumplir con su obligación anual de rendición de cuentas, mientras que Ciudadanos y Podemos reclaman su comparecencia tras conocer una serie de acusaciones internas realizadas por un grupo de trabajadores que afirman que en el seno del organismo hay problemas con el personal e «irregularidades en la seguridad de algunas centrales».

Por su parte, el portavoz del PP en la comisión, Guillermo Mariscal, se mostró «totalmente» de acuerdo con las solicitudes de comparecencia, aunque disculpó su ausencia en la anterior legislatura porque entonces «tuvo el tiempo que tuvo». Si bien considera que es «preferible» su comparecencia para «no esgrimir argumentos que puedan alarmar a la sociedad». Desde el PSOE, Pilar Lucio valora que la falta de comparecencias de Martí en la última legislatura llevó a la mayor parte de la Comisión de Industria a pedir su dimisión. Ahora, pide de nuevo que Martí «cumpla con su obligación» y acuda a «dar explicaciones, no sólo ordinarias, sino también de todas las irregularidades que se han ido conociendo».

En este sentido, el diputado de Equo en Unidos Podemos, Juan López de Uralde, denunció que existen informaciones “relevantes y alarmantes” por las que Martí debe pasar por el Congreso. En concreto, recordó una carta emitida por técnicos del CSN en el que denuncian “hechos graves” en la situación interna del órgano, además de tener conocimiento de la existencia de “dossieres secretos sobre la evaluación de la central nuclear de Garoña” o problemas de seguridad en la de Almaraz. “Es necesario que estas cosas se clarifiquen“, sentenció. Por su parte, la diputada de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, expresó también su “apoyo” a las peticiones de comparecencia.

En esta línea, la ONG Greenpeace exigió el cese del presidente de Fernando Martí por considerar que «ha perdido la confianza» y la imparcialidad que el cargo requiere. Para la ONG es «muy grave» que se pueda poner en juego la seguridad nuclear del país por la mala gestión de su presidente y por la «política del miedo» que denuncian los técnicos. De este modo el 10 de octubre una veintena de representantes de Greenpeace, Ecologistas en Acción y Equo se concentraron ante la sede del CSN para exigir el cese del presidente del regulador.

Entra en vigor el decreto de protección ambiental en terrenos del ATC

EFE.- El 12 de octubre entró en vigor el decreto del Gobierno regional ampliando la zona de especial protección medioambiental en la Laguna de El Hito (Cuenca), que conllevará que cualquier infraestructura relacionada con el almacén nuclear proyectado en Villar de Cañas necesite aprobación ambiental previa.

El decreto de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, aprobado la semana pasada por el Consejo de Gobierno y publicado hoy en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, amplía la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y propone a la Comisión Europea su declaración como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC).

En 2002 se aprobó el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Laguna de El Hito y se declaró la Reserva Natural de la Laguna de El Hito, pero ahora se amplía la ZEPA con los objetivos de mejorar la conservación del hábitat y reducir las presiones y amenazas sobre las aves de la zona y las migratorias que acuden en periodos de reproducción o invernada.

También pretende mejorar la protección de los hábitats y especies de flora y fauna de interés comunitario así como mantener y promover los aprovechamientos tradicionales agrarios bajo la perspectiva de que la agricultura y la ganadería han permitido la conservación de hábitats de muchas especies de aves, subraya el decreto.

La zona declarada de especial protección para las aves amplía la primera declaración, en El Hito, a los términos municipales conquenses de Almonacid del Marquesado, Huete, Montalbo, Saélices, Villar de Cañas, Villarejo de Fuentes, Villares del Saz, y Zafra de Zácara.

La pasada semana, tras aprobarse el decreto en el Consejo de Gobierno, el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, explicó que esta ampliación conlleva que cualquier infraestructura relacionada con el almacén nuclear proyectado en Villar de Cañas necesite la aprobación ambiental previa del Gobierno de Castilla-La Mancha.

«Y, por tanto, el ATC se verá afectado como cualquier inversión que se quiera hacer en la zona», indicó Martínez Arroyo.

Castilla-La Mancha declara la protección ambiental para los terrenos del ATC y Villar de Cañas anuncia que la recurrirá

EFE.- El alcalde de Villar de Cañas, José María Sáiz, anunció que presentará un contencioso contra la decisión del Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha de ampliar la Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) de la laguna de El Hito (Cuenca), hasta afectar a los terrenos en los que se quiere ubicar el Almacén Temporal Centralizado de Residuos Nucleares (ATC), lo que implica que cualquier infraestructura relacionada con el almacén nuclear proyectado en Villar de Cañas necesite la aprobación ambiental previa.

El consejero de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, explicó que, tras un proceso «absolutamente garantista» que se inició en julio de 2015, se ha decidido ampliar la ZEPA y la Zona de Especial Conservación (ZEC) de la Laguna de El Hito y, además, solicita a la Unión Europea su declaración como Lugar de Interés Comunitario (LIC). La nueva zona protegida es un espacio total de 23.188 hectáreas, que es «excepcional» desde el punto de vista de la biodiversidad y tiene hábitats «únicos», por ejemplo, para la invernada de la grulla, ya que reúne a unos 10.000 ejemplares cada año, y para otras aves esteparias como la avutarda que necesitan un espacio mayor.

El acuerdo adoptado implica que toda infraestructura en la zona necesitará una aprobación ambiental de la Consejería «y por tanto el ATC se verá afectado como cualquier inversión que se quiera hacer en la zona», indicó Martínez Arroyo. El consejero recordó que el Gobierno central ya recurrió hace un año el inicio del procedimiento que ahora culmina, pero los tribunales lo desestimaron, y señaló que, en su opinión, no hay «ninguna posibilidad» de que ahora prospere un nuevo recurso contra la decisión de Castilla-La Mancha.

Plataforma antiATC se muestra satisfecha

La Plataforma contra el Cementerio Nuclear en Cuenca recibió con «enorme satisfacción» la decisión de Castilla-La Mancha ya que «libera a la Mancha de la radiactividad» y «supone el adiós al cementerio nuclear». Al respecto, la ganadera de Villares del Saz (Cuenca) y portavoz de la Plataforma antiATC, María Andrés, comentó: «Ya llevábamos meses esperando que llegara este momento», porque el decreto aprobado «se convierte en un importante obstáculo para el proyecto del cementerio nuclear y al tiempo es un balón de oxígeno para el desarrollo sostenible de la comarca».

La Plataforma ha recordado que había solicitado esta ampliación en julio de 2015 y ha asegurado que la medida «tiene un amplio consenso social y político», al contrario de lo que ocurre con el proyecto del ATC para el que «no hay consenso social ni lo ha habido nunca». «Técnicamente los terrenos no son válidos y políticamente solo fue apoyado por el gobierno del PP, puesto que el resto de la ciudadanía de Cuenca, articulada social y políticamente está dentro de esta Plataforma», ha subrayado.

Este lunes, 10 de octubre, representantes de la Plataforma Contra el Cementerio Nuclear, del Movimiento Ibérico Antinuclear (MIA) y del Foro Extremeño Antinuclear, se concentrarán a las 11.00 horas en la puerta del CSN. El objeto de la concentración será «protestar por la irresponsabilidad del pleno del regulador, que aprueba sin complejos tanto los ATI como el ATC, sin las suficientes garantías y con el único objetivo de “dar vía libre a las empresas nucleares” para que prolonguen la vida útil de las vetustas centrales nucleares». Además, la Plataforma presentará un informe realizado por una empresa de ingeniería y geología, «demoledor con la pretendida seguridad de los terrenos del ATC».

Villar de Cañas lo recurrirá

El alcalde de Villar de Cañas argumentó que después de un año de gobierno de Emiliano García-Page «hemos comprobado que la razón y el diálogo con este gobierno no van a ningún sitio», así que se ha mostrado dispuesto a seguir por la vía judicial, «y seguiremos ganando los recursos como ha sucedido hasta ahora», vaticinó. El regidor asevera que el ATC se va a construir en Villar de Cañas «haya ZEPA o no haya ZEPA, y eso lo sabe el señor García-Page y su gobierno» y, sin embargo, ha valorado que la zona de protección ambiental va a «cargarse» 7 municipios y 700 agricultores.

Asimismo, Sáiz ha lamentado que «un presidente autonómico debería echar una mano a los alcaldes, no ponerles el pie en el cuello», y recalcó que el ATC es un proyecto de Estado y seguirá adelante. Por último, recordó que lleva 21 años como alcalde de su pueblo «y por primera vez he visto como se arreglaban carreteras en mi comarca, la construcción de un Centro de Empresas y cómo gente que se pensaba ir del pueblo o que se había ido han regresado para abrir negocios y replantearse, de nuevo, su vida en el pueblo y en los de alrededor».

El CSN respalda el ATI de Almaraz, aunque aún precisa del visto bueno de Industria y Medio Ambiente

EFE / Europa Press.- El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) emitió un informe favorable para la construcción de un Almacén Temporal Individualizado (ATI) de combustible gastado en la central nuclear de Almaraz (Cáceres) que ocupará una superficie pavimentada de unos 2.649 m2, si bien su ejecución aún debe recibir el visto bueno tanto del Ministerio de Medio Ambiente como de Industria.

Para dar luz verde a la construcción del ATI, el Ministerio de Medio Ambiente aún debe elevar una respuesta al informe de impacto ambiental adscrito al proyecto. De ser favorable, es decir, si se considera que no afecta al medioambiente, se trasladará la misma al Ministerio de Industria que, junto al informe favorable del CSN, deberá pronunciarse. En el caso de que todos los informes respalden el proyecto del ATI, la dirección de la central nuclear de Almaraz tendrá que pedir autorización de obra al Ayuntamiento de esta localidad cacereña.

El CSN ha elevado una propuesta de informe favorable de la solicitud de autorización de ejecución y montaje del ATI para el combustible gastado en las dos unidades de la central de Almaraz. El Plan de Gestión de Residuos Radiactivos elaborado por ENRESA y aprobado en Consejo de Ministros en 2006 indica que para la gestión del combustible gastado se prevé la puesta en marcha del Almacén Temporal Centralizado (ATC), que acogerá combustible gastado y residuos de alta actividad, proyectado en Villar de Cañas (Cuenca). En caso de que no estuviera disponible el ATC en las fechas de necesidad de almacenamiento del combustible gastado de cualquier central española, se contemplaba los ATI como solución transitoria hasta su traslado al ATC.

Necesario para principios de 2018

El combustible gastado generado en la explotación de Almaraz está almacenado bajo agua, en las piscinas de combustible gastado, situadas en los edificios de combustible. De acuerdo con la capacidad útil de las piscinas, la central precisa que dicho ATI esté operativo en el primer semestre de 2018. Esto significa, que si no tuviera donde almacenar el combustible, la planta no podría seguir generando electricidad.

El ATI estará situado a la intemperie, en el área bajo control del titular, en una parcela ubicada al norte de la propia central y al este del embalse de Arrocampo. Según describe el dictamen técnico del regulador, básicamente el ATI constará, «de una losa sísmica de hormigón armado, sobre la que podrán descansar verticalmente, sin anclajes, hasta 20 contenedores cargados con el combustible gastado y dispuestos en dos filas», según el informe. La losa estará rodeada de un muro de hormigón armado cerrado en todo su perímetro, excepto en el acceso a la losa, que tendrá como finalidad reducir la exposición a la radiación directa emitida por los contenedores. Este muro delimitará una superficie pavimentada de aproximadamente 2.649 m2.

Los componentes del contenedor se agrupan en tres elementos: el cuerpo del mismo, constituido, entre otros elementos, por virolas y un blindaje neutrónico; un sistema de cierre y el bastidor de combustible, que es el componente más cercano al contenido radiactivo que aloja el contenedor. La misión de este último es múltiple en relación a los elementos combustibles, pues dar soporte y ubicación, protección estructural, disipación de calor residual y mantenimiento de la reactividad en niveles subcríticos, según se explicó.

6 condiciones para la autorización

La autorización lleva asociadas seis condiciones, en las que se establecen los términos y límites específicos de las fuentes radiológicas; medidas de protección contra incendios; deberá cumplir la normativa estadounidense aplicable, la que aplica la Nuclear Regulatory Commission. Además, antes de que comience a ejecutarse la obra del ATI, se deberá haber hecho y auditado aspectos como la utilización de materiales de acuerdo a la norma española, tales como el uso de hormigón estructural de acuerdo con unos requisitos y comprobaciones para garantizar que se cumpla la normativa. Asimismo, se habrá de hacer estudios relativos a la interacción del suelo con la estructura, así como hacer y auditar la ruta de traslado y operaciones del combustible dentro de la losa.

Pese a que el dictamen era favorable a la solicitud de Almaraz, los técnicos consideran que el titular deberá aportar análisis de riesgos relacionados con la presencia de otras industrias, transportes o instalaciones militares que operen en la proximidad del emplazamiento así como completar la caracterización hidrogeológica en la zona, tanto en la unidad acuífera somera como de los niveles más profundos y de su interrelación, realizando ensayos de bombeo adecuados. Igualmente, deberá facilitar la integración del comportamiento de las aguas subterráneas en la zona local del ATI, con las de la isla nuclear y las del resto del emplazamiento de la central, así como confirmar la existencia de un margen entre el ATI y el nivel de agua subterránea.

Kryukov (Rosatom): «Un único almacén nuclear es más económico y seguro que varios»

EFE.-Construir un único almacén de residuos de alta radiactividad, en lugar de optar por varios emplazamientos, es «mucho más eficaz» en términos económicos y de seguridad, asegura Oleg Kryukov, de la Corporación Estatal rusa de Energía Atómica Rosatom.

En una entrevista, el director de Política de Residuos Nucleares de la compañía, la segunda del mundo en generación de electricidad de origen nuclear, explica que Moscú ha invertido más de veinte años en la búsqueda de un lugar adecuado para su almacén centralizado de residuos de alta radiactividad.

Finalmente, ha elegido una masa de roca cercana a la ciudad de Krasnoyarsk (Rusia), añade Kryukov, que ha asistido en Madrid a un simposio organizado por la Agencia Internacional de la Energía Atómica (IAEA, en sus siglas en inglés).

En estos momentos, el Operador Nacional ruso para la Gestión de Residuos Radiactivos «está en proceso de obtener una licencia para construir un laboratorio de investigación subterráneo» en la zona de Krasnoyarsk para estudiar las propiedades de dicho macizo rocoso. De confirmarse su seguridad, el laboratorio se transformará en un almacén de desechos nucleares.

En España, la mayoría de las organizaciones ecologistas defienden la opción de construir almacenes temporales en los emplazamientos de las propias plantas nucleares, frente al futuro Almacén Temporal Centralizado de residuos de alta actividad, que ha proyectado el Gobierno en la localidad de Villar de Cañas (Cuenca).

En opinión del director de política de residuos de Rosatom, que produce más del 33 % de la electricidad en la parte europea de Rusia, un único almacén centralizado es «mucho más eficaz en términos económicos y de seguridad y protección«.

Igual que ocurre en otros países, Rusia también se enfrenta a la oposición de la opinión pública para construir instalaciones que acojan residuos radiactivos, incluidos los de baja y media actividad.

Explica, asimismo, que el desmantelamiento de una instalación nuclear «es un proceso intensivo en coste» y los fondos para hacerlo proceden de los ingresos de la venta de la energía eléctrica vendida.

Poner fuera de servicio a 37 plantas atómicas de la Federación Rusa es un proceso «costoso». «El principal objetivo del operador es garantizar la reducción de los costes y mantener el nivel requerido de protección y seguridad, de manera que la energía nuclear pueda seguir siendo competitiva en el mercado de la electricidad». Por otro lado, apunta a que en Rusia no existe el concepto de desarrollo o la reutilización de las zonas de desmantelamiento de las plantas nucleares, «algo que, si se aborda correctamente, podría no sólo reducir los gastos, sino también compensar por los costes socioeconómicos de la eliminación» de las centrales.

Rosatom incorpora más de 350 empresas e instituciones científicas y la única flota de propulsión nuclear del mundo; además, suministra combustible nuclear a quince países, controla el 17 % del mercado mundial de combustible nuclear (cuota de mercado de la fabricación) y también suministra combustible nuclear para reactores de investigación a nueve países.

Foro Nuclear defiende el ATC y recuerda que los reactores generan el 36,4% de la electricidad sin emisiones de CO2 en España

Redacción / Agencias.- El presidente del Foro de la Industria Nuclear Española, Antonio Cornadó, defendió la necesidad de que exista un Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares, sin pronunciarse sobre la idoneidad de Villar de Cañas (Cuenca) para su ubicación, al tiempo que recordó que la energía nuclear generó el 36,4% de la electricidad libre de emisiones de CO2 que se produjo en España en 2015, por lo subrayó que esta tecnología fue la que «más colaboró» para mitigar el cambio climático.

La patronal de la industria nuclear presentó su informe Resultados nucleares de 2015 y perspectivas para 2016 en el que asegura que la energía atómica lideró la producción eléctrica en España en 2015, aportando un 20,34% de la electricidad, seguida por el carbón con el 20,08%, la eólica con el 17,47% y el ciclo combinado con el 10,77%. Según Cornadó, los 7 reactores operativos, en 6 emplazamientos de la península, aportaron una quinta parte de la energía que se consumió en España, con una producción eléctrica de 57.188 gigavatios hora.

El presidente de la patronal de la energía atómica subrayó que la nuclear es una fuente «imprescindible en el mix eléctrico por su disponibilidad, fiabilidad y garantía de suministro», y apeló por «la continuidad de activos nucleares que están en condiciones de seguridad». Actualmente, el periodo de funcionamiento de una central nuclear no tiene un plazo fijo establecido, aunque todos los grupos parlamentarios, a excepción del PP, se han mostrado de acuerdo en no perpetuar los reactores más allá de los 40 años, lo que supondría que España deje de producir energía nuclear en 2028.

El presidente del Foro Nuclear defendió que «el mantenimiento del funcionamiento de las instalaciones nucleares es una estrategia realista, necesaria y acertada». En esta línea, apuntó que la ampliación en 10 años de la vida útil de las centrales españolas cubriría el consumo energético del país durante dos años y medio, además de permitir un ahorro en emisiones de CO2 de entre 450 y 550 millones de toneladas. Además, según el foro, aportaría 28.000 millones al PIB del país en una década y más de 11.000 millones en impuestos y 28.000 empleos directos e indirectos.

Seguir ejemplo de Estados Unidos

Frente al potencial cierre, Cornadó destacó que la patronal «respalda y promueve la operación a largo plazo del parque nuclear nacional, algo que ya se está haciendo en Estados Unidos, donde 81 de sus 99 reactores tienen concedidas autorizaciones para operar hasta los 60 años». En esa línea, incidió en que el reto de la industria en 2016 consiste en «ser capaces de transmitir su situación para lograr estabilidad regulatoria, seguridad jurídica, equidad fiscal, y que las decisiones en materia energética se basen en criterios técnicos y no en prejuicios».

Según datos del Foro, la industria nuclear española emplea a 28.000 personas de manera directa e indirecta, está presente en 40 países, y exporta más del 70% de sus servicios y tecnología. Por su parte, la fábrica de combustible de uranio de Juzbado (Salamanca) montó 854 elementos combustibles en 2015, y un 62% de su producción se exportó a centrales de Francia, Suecia y Bélgica. A nivel mundial, el 11,5% de la electricidad generada en 2015 fue de origen nuclear, procedente de 444 reactores operativos.

Foro Nuclear defiende el ATC

Asimismo, el presidente de la patronal nuclear indicóque la ubicación en Villar de Cañas (Cuenca) del ATC no le parece «ni bien ni mal», pero consideró necesario que exista esa instalación por sus ventajas desde el punto de vista «de la gestión, la seguridad y los costes». Respecto a que el retraso en el desarrollo del ATC esté favoreciendo la puesta en marcha de almacenes temporales individualizados (ATI) en las centrales nucleares, Cornadó apuntó que estas instalaciones «serán necesarias» igualmente aún con un ATC.

El emplazamiento del ATC es “apto” según los informes del CSN, que contemplan soluciones de ingeniería para sortear algunas dificultades

Europa Press / EFE.- Los informes entregados por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) a Transparencia Internacional reflejan dudas sobre la bondad de la ubicación del almacén de residuos nucleares de Villar de Cañas, y proponen una panoplia de soluciones para sortear las dificultades detectadas por el organismo regulador. La difusión de los documentos, enviados a dicha ONG y publicados en la web del CSN en la pestaña «transparencia», se deriva de una resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (organismo público independiente).

De hecho, en su respuesta, el CSN considera «fundamental que reciba el conjunto de documentos técnicos que justifican la propuesta de dictamen técnico» que fue aprobada por el pleno del CSN en su reunión de 27 de julio de 2015. Por ello entrega 4 informes más de los exigidos para una correcta comprensión del dictamen técnico. Dicha decisión técnica recoge limitaciones del terreno del ATC de Villar de Cañas y las condiciones y soluciones de ingeniería que se tendrían que imponer a la construcción de dicha instalación para que los requisitos de seguridad nuclear y protección radiológica se cumpliesen según los mejores estándares de seguridad.

En estos informes se concluye con carácter general que los terrenos son aptos para albergar el futuro ATC de residuos atómicos español, pese a que se plantean algunas dudas existentes en materia de la composición profunda de los terrenos o la posible existencia de fallas tectónicas desconocidas porque faltan datos de geología y geomorfología. Esta falta de datos en los estudios que dan lugar a «incertidumbres en aspectos relevantes que sirven de base a otras áreas de conocimiento, como geoquímica, sismicidad, hidrogeología y geotecnia». Así consta en dos informes, uno de la Universidad de Cantabria y otro de la empresa estadounidense URS, que han sido tenidos en cuenta por el CSN en la evaluación del emplazamiento de Villar de Cañas.

Así, un informe de la Universidad de Cantabria subraya que «la capacidad portante del terreno es elevada y su deformabilidad ante la aplicación de cargas es reducida», por lo que la ubicación es «idónea» para construir el ATC. El informe añade que hay que prestar «especial atención» a los detalles constructivos: no hacer sondeos excesivamente profundos si no son indispensables; cementar los sondeos en cuanto sea posible, no recurrir a voladuras para la excavación y cuidar el control del flujo de agua. En todo caso, los ingenieros no han detectado huecos de disolución de yesos y valoran ese hecho como «factor positivo», por lo que ve la solución de diseño envolvente como una precaución adicional.

Asimismo, se concluye que los ensayos realizados sobre el potencial expansivo del terreno son correctos y adecuados y que los ensayos de inundación bajo carga son «especialmente representativos del proceso». Los expertos de la Escuela de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos valoran como un aspecto «muy positivo» la no presencia de anhidrita. En cambio, reconoce que los terrenos plantean «problemas derivados de la expansividad o de la disolución de yesos», aunque propone como la solución «más eficaz» la elección de soluciones estructurales, geotécnicas y constructivas para reducir el riesgo de modificación de los regímenes existentes de tensiones y de flujo de agua. «Las soluciones de cimentación superficial mediante losas rígidas son muy adecuadas», aconseja.

Las soluciones contrarrestan los inconvenientes

Otro de los documentos, firmado por técnicos del área de ciencias de la tierra del CSN, concluye que no se puede afirmar que el terreno sea idóneo debido a características «desfavorables» como la presencia de materiales yesíferos y arcillas en contacto con el agua. Para autorizar la obra, cree necesario medidas compensatorias que minimicen la posibilidad de acceso de agua al subsuelo, limitando la activación de fenómenos de disolución y expansividad durante la excavación, construcción y operación. También exige, entre otras cuestiones, un plan de vigilancia del terreno con finalidad geotécnica e hidrogeológica, que verifique la eficacia de estas medidas.

Otro informe de evaluación del área de ingeniería mecánica del CSN determina que es aceptable la solución estructural de Enresa para afrontar los posibles riesgos (carácter expansivo de las arcillas y la activación de disolución de yesos). No obstante, pide a Enresa un análisis en detalle de todas sus actividades y un constante control para poder identificar la aparición de procesos de hinchamientos del terreno o de disolución de yesos.

Otro de los informes entregados, elaborado por la ingeniería URS España, con fecha de 29 de julio de 2015, afirma que en los trabajos de Enresa faltan datos o se minusvaloran riesgos. Se dispone de información «insuficiente» sobre la red de fracturación del subsuelo o la posible presencia de rellenos kársticos en profundidad y bajo el río Záncara. En todo caso, URS valora que hay ausencia de tectónica reciente tanto en el emplazamiento como en el entorno, pero subraya que no se puede afirmar que no hay fallas activas en el entorno inmediato y se muestra en desacuerdo con Enresa sobre el riesgo de un seísmo, ya que en su opinión «no es descartable» un terremoto de 5,5 de magnitud.

Tampoco comparte los impactos que Enresa prevé en cuanto a la disolución de minerales en el subsuelo por las aguas subterráneas. Según la estatal, el agua subterránea está en equilibrio con el medio rocoso por lo que los procesos de disolución derivados de la interacción agua roca no pueden generar riesgo de «subsidiencia apreciable», afirmación que la consultora no comparte.

En cuanto a la inundabilidad, este informe de evaluación no plantea problemas relevantes y coincide en que los cálculos de Enresa son adecuados y «suficientes para asegurar la idoneidad del emplazamiento frente al riesgo de inundación». La conclusión es que los terrenos seleccionados están «claramente considerados a salvo de inundaciones«. Respecto al estudio hidrogeológico presentado por Enresa en 2012 estima que «carece del nivel de detalle necesario para dar respuesta a un esquema conceptual de funcionamiento hidrogeológico lo suficientemente sólido que permita elaborar un modelo matemático que simule adecuadamente flujo subterráneo en el medio y pueda emplearse como herramienta predictiva».

De hecho, en materia de hidroquímica, la evaluación de URS advierte de que aunque las aguas saturadas en yeso no tienen en principio capacidad de disolución de este mineral, es probable que en el subsuelo se produzcan, de acuerdo con las simulaciones presentadas, la disolución de otros minerales, con «potenciales efectos sobre las características geotécnicas». Los extensos informes difundidos han formado parte del proceso de decisión en la evaluación del CSN sobre el emplazamiento elegido por el Gobierno el 30 de diciembre de 2011 para albergar el ATC en España.