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Catalá ve “ideológica” la oposición de Castilla-La Mancha al ATC nuclear y no basada en fundamentos jurídicos ni científicos

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Europa Press.- El ministro de Justicia y diputado por Cuenca, Rafael Catalá, aseguró en Cuenca que la oposición que ha llevado a cabo la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en torno al proyecto del ATC de Villar de Cañas es una oposición «ideológica» y, a su juicio, «no tiene ningún sentido» ya que no está basada «ni en fundamentos científicos, ni en fundamentos jurídicos y así lo ha declarado el Tribunal Supremo».

En este sentido, Catalá se marca como objetivo “ser capaces de llevar adelante ese gran proyecto de inversión». Por ello, ha recordado que la «garantía y la seguridad nuclear de los residuos es un objetivo, no es un objetivo de unos frente a otros». «Nosotros estamos absolutamente comprometidos con la seguridad del tratamiento de los residuos nucleares», ha agregado, al tiempo que ha incidido en que el proyecto de Villar de Cañas cuenta con «todas las características técnicas y garantías para poder salir adelante«. El ministro de Justicia y diputado por Cuenca ha defendido que se trata de un proyecto industrial «extraordinario para la provincia, que atraerá inversiones y empleo».

El CSN niega que hubiera intervención política en el cierre de la nuclear de Garoña y defiende a sus técnicos

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Europa Press.– El presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Fernando Martí, ha señalado que en la decisión del cierre de la central nuclear de Garoña (Burgos) «nadie ha intervenido políticamente» y que él mismo «no lo hubiera consentido» si así fuera. En este sentido, ha defendido también el trabajo de los técnicos del organismo que, según ha señalado, «han hecho lo que han tenido que hacer».

Así lo ha aclarado durante su intervención en la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital del Congreso, en donde desde los partidos de la oposición se han puesto en duda las decisiones del organismo regulador en esta materia, y más concretamente las tomadas por el Pleno del Consejo del CSN. «Me acusan de estar haciendo gestiones para el Gobierno, como que somos los portavoces y es mentira. Jamás me han dado una instrucción sobre nada, ni yo lo toleraría. No me iría a dormir tranquilo», ha insistido Martí, para después señalar que «en todo lo que se hace en el CSN, lo hacen los técnicos de abajo a arriba».

Garoña fue uno de los temas por los que más preguntaron los partidos de la oposición en esta intervención, así como por la situación del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de Villar de Cañas (Cuenca) o la mina de Uranio de Retortillo (Salamanca). En estos dos últimos casos, el presidente del CSN ha asegurado que tiene una opinión personal, pero que no puede hacerla pública como miembro del órgano que preside. Martí ha recordado que estos temas son decisiones del Gobierno y el Consejo sólo trabaja en lo que se le encarga en materia de seguridad.

La presencia de Martí en la Cámara Baja se había solicitado por la propia Comisión de Energía para presentar el Informe Anual del órgano en 2016, un documento que recoge información del funcionamiento interno del CSN, su organización, sus planes y recursos, así como las actividades propias del regulador. Entre los datos de este documento se recogen las incidencias detectadas en las centrales nucleares en 2016 que, según el presidente del CSN, fueron 22, siendo 20 de nivel 0 y 2 de nivel 1, «ambos detectados en Almaraz y relacionados con inoperabilidades en un tren de sus cambiadores de calor«.

Por otra parte, ha explicado que el organismo regulador emitió 2 apercibimientos en 2016. Uno a la central nuclear de Ascó (Tarragona) y el otro a Cofrentes (Valencia). «No se ha propuesto apertura de ningún expediente sancionador», apuntó. Precisamente sobre Cofrentes fue cuestionado Martí y, más concretamente, sobre el último suceso registrado allí por problemas en una de sus vasijas de agua. Según indicó la propia central, se perdieron piezas de esta vasija que se quedaron en el interior de su sistema. En este sentido, el presidente ha señalado que los principales responsables de la seguridad de la planta son los directivos de la misma y que los miembros del CSN inspeccionan lo que hacen los técnicos de las centrales.

Según indicó Martí, lo que quería Cofrentes era operar los 24 meses que tenía por delante con las piezas perdidas en su interior porque, según explicaron, ha habido casos en Estados Unidos que se ha hecho así. Sin embargo, desde el regulador se le instó a parar la actividad de la planta, sacarlas y reanudar. «Lo peor de todo esto han sido los cuarenta y tantos días sin poder producir. Para ellos es importante», señaló, para responder a las críticas sobre la falta de transparencia señalando que no es obligatorio avisar de las incidencias de nivel 1 «porque no tienen importancia en materia de seguridad».

Durante su intervención, el responsable de la seguridad nuclear en España destacó que el organismo que preside elaboró en 2016 un Código Ético en el que, a través de un conjunto de valores, se promueve la excelencia de los trabajadores del organismo regulador y se refuerza la confianza de los grupos de interés en la misión que realiza el Consejo.

En general, según explicó, 2016 supuso para el CSN un paso más en la consolidación de uno de los principales retos que afronta a medio y largo plazo, como es la política de recursos humanos, la renovación de la plantilla técnica y la gestión del conocimiento, con la oferta de seis plazas de nuevo ingreso al cuerpo de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica del CSN.

Finalmente, ha señalado que el Consejo de Seguridad Nuclear asumirá, en 2018, la segunda misión de verificación del sistema regulador (IRRS, por sus siglas), solicitada por España, puesto que la primera tuvo lugar en 2008. En esta ocasión esta misión vendrá acompañada de una revisión del sistema de la gestión de los residuos radiactivos y el combustible gastado, denominada Artemis.

Jorge Fabra expresa su compromiso como consejero del CSN de que la seguridad nuclear no se relaje ante intereses económicos

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Europa Press.- El catedrático Jorge Fabra Utray, nombrado a propuesta del PSOE consejero del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), manifestó en el Congreso su preocupación por la posibilidad de que la seguridad nuclear en España se relaje ante intereses económicos y, en este sentido, precisó que estos intereses pueden ir tanto a favor como en contra del cierre de las centrales nucleares.

Fabra Utray, que formó parte de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), ha señalado que uno de sus objetivos es conseguir un regulador «blindado frente a las presiones exteriores», que «son muchas«. «En la Comisión Nacional de la Energía un estornudo o un guiño movía 100 millones de un sitio a otro», bromeó para insistir en que «los intereses económicos que se juegan» en este sector son «enormes» y que de ellos «tienen que prescindir los dictámenes del CSN».

Junto con este objetivo, el consejero se ha marcado también lograr la transparencia en las actividades y decisiones del organismo regulador. «Transparencia toda la del mundo, me parece fundamental», ha declarado en su intervención para señalar que «con la opacidad se produce un cierto sentimiento de impunidad» que es, en su opinión «la peor de las situaciones para cualquiera que desarrolle una representación pública«. Además de sus aportaciones al Consejo del CSN, los grupos parlamentarios han cuestionado mayoritariamente a Fabra por su opinión sobre el parque nuclear español, así como por la construcción del Almacén Nuclear Temporal Central (ATC) que no se acaba de construir en Villar de Cañas (Cuenca).

Ante estas cuestiones, el consejero se ha mostrado prudente, alegando que, para dar opiniones concretas, tendría que acceder a los informes preparados por los técnicos del regulador, a quienes ha valorado muy positivamente. Aún así, ha reconocido que «el parque nuclear español está envejecido» y que cualquier dictamen técnico del CSN sobre esta materia debe centrarse en la seguridad y no en «consideraciones económicas o políticas» ya que las decisiones finales son competencia del Parlamento o del Gobierno. «No puede haber otro criterio que no sea la propia seguridad«, indicó, para señalar que si esto no fuera así se estaría «desvirtuando la posición del CSN» como protector de la sociedad.

Sobre su postura sobre las centrales nucleares, Fabra ha reconocido que «por motivos estrictamente técnicos» no mantiene «una posición antinuclear de ningún tipo». De hecho, ha señalado que si se busca en la hemeroteca se podrá encontrar que ha sido pronuclear «durante un tiempo nada despreciable», una posición que, según ha asegurado, se moderó tras Chernóbil y desapareció tras Fukushima.

En cuanto a la construcción del ATC, el consejero señaló que «sólo puede decir que el país lo necesita», pero no ha querido hacer valoraciones sobre la polémica existente en cuanto a su localización porque, según ha argumentado, desconoce los informes técnicos sobre este proyecto. «Ahí es donde formaré mi propia opinión«, apuntó, antes de insistir en que un almacén «es necesario porque los almacenes individuales de las centrales están ya a rebosar y es una situación que este país debe resolver». La comisión de Energía apoyó la candidatura de Fabra al CSN, con el voto a favor de todos los grupos, con excepción del Ciudadanos, que votó en contra.

Ecologistas en Acción es pesimista ante la próxima Declaración de Impacto Ambiental del ATC nuclear por parte de Medio Ambiente

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Europa Press.- El portavoz de Ecologistas en Acción Castilla-La Mancha, Miguel Ángel Hernández, se ha mostrado pesimista ante la próxima Declaración de Impacto Ambiental con la que el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) se pronunciará ante la viabilidad de la instalación del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares prevista en la localidad conquense de Villar de Cañas.

Según Hernández, «las señales son negativas» ante este pronunciamiento ya que «los movimientos por parte de Enresa y del Ministerio es de seguir planteando documentos cada vez más voluminosos que ensombrecen el análisis del proyecto». Ha recordado que la instalación «tiene riesgos no sólo radiológicos, sino también en cuanto al transporte y por el sustrato geológico donde se plantea». «Estamos muy preocupados, no sabemos por donde saldrá la declaración pero no somos optimistas», ha lamentado.

Hernández hacía estas declaraciones después de reunirse con el vicepresidente segundo del Gobierno autonómico, José García Molina, con quien ha compartido que son necesarios «algunos cambios a nivel normativo y estatutario» para dar cabida a reivindicaciones ecologistas que blinden aspectos como la prohibición del fracking o el propio ATC. Ha alertado de que en los últimos años el recorte en políticas medioambientales ha sido del 40%, algo que «todavía no se ha recuperado». «Debemos rectificar y mejorar para que la situación medioambiental de la región se consolide como algo importante para todos los ciudadanos», subrayó.

Castilla-La Mancha pide un nuevo estudio de impacto ambiental que reformule el proyecto del ATC o que lo declare inviable

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Europa Press / EFE.- La Junta de Castilla-La Mancha quiere que se elabore un nuevo estudio de impacto ambiental que reformule «la perspectiva dada» al proyecto del Almacén Temporal Centralizado (ATC) y del centro tecnológico asociado, que incluya un nuevo procedimiento de información pública y consultas, o bien que emita una Declaración de Impacto Ambiental que lo declare «inviable».

Así consta en un informe de la Viceconsejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla-La Mancha, que responde al requerimiento de mayo de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente sobre la información del expediente del ATC. El portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando, ha explicado que el gobierno autonómico ha remitido al Ejecutivo central un «informe preceptivo para esa declaración o eventual Declaración de Impacto Ambiental en base al estudio de impacto ambiental que ha realizado el Gobierno de Castilla-La Mancha para el proyecto de construcción de ATC».

El portavoz del Ejecutivo regional comparte la preocupación que manifestaron los ecologistas ante la posibilidad de que el Gobierno central apruebe la Declaración de Impacto Ambiental del ATC de residuos nucleares proyectado en Villar de Cañas antes de que acabe el año. En este sentido, precisó que el informe es «rotundo» y alega que instalar el ATC en Villar de Cañas (Cuenca) es «inviable, inmoral e incluso extremamente peligroso» y confía en que este informe «sea tenido en cuenta por encima de cualquier otro interés».

El texto establece que el objetivo del informe es establecer «claramente la posición contraria» de la comunidad autónoma de una posible emisión del Ministerio de una Declaración de Impacto Ambiental favorable al ATC y, por tanto, pide que su informe sea «tenido en cuenta en todas sus consideraciones». En su requerimiento, el departamento ministerial pedía información «más detallada» a la empresa estatal de residuos ENRESA sobre el posible impacto del ATC en la avifauna a la luz de los estudios de la comunidad autónoma así como que se completara «las carencias» en la evaluación de las posibles repercusiones sobre el régimen hidrológico del río Záncara.

En su respuesta, la Junta consideraba que se debía incluir la «alternativa cero», que solo se considera en el estudio de impacto ambiental inicial, donde solo se dice que se descarta como viable la alternativa cero o de no actuación pues implicaría que no se podrían desmantelar las centrales nucleares. Sin embargo, valora que el hecho de que se dieran pasos previos con distintas alternativas de emplazamiento no es óbice para que estos se incluyan en el estudio de impacto ambiental para tomar la decisión técnicamente viable y ambientalmente más favorable, una vez analizados los aspectos económicos, sociales y ambientales del total de las etapas.

Dicho informe, ha proseguido el portavoz del Ejecutivo castellano-manchego, «pone de manifiesto que este contundente estudio de impacto ambiental presentado por la Junta de Comunidades ratifica que Enresa no incluye ninguna exposición de las principales alternativas estudiadas ni siquiera una justificación de las principales razones de la solución adoptada y, teniendo en cuenta los efectos ambientales, no hay ningún estudio de alternativa de ubicación como exigió el Tribunal Constitucional«. Según ha proseguido Hernando, el informe de Enresa adolece también de «alternativas» al afectar la instalación del ATC a un espacio de la Red Natura 2000, «protegida por la Unión Europea».

De este modo, el documento expone que a juicio de la Viceconsejería, el proceso de análisis de alternativas expuesto en el estudio de impacto ambiental «no cumpliría con los requerimientos que actualmente exige la normativa en materia de evaluación ambiental, ni cumpliría con los principios de participación pública e integración de los aspectos ambientales en la toma de decisiones». Además, en su oposición al proyecto alega que «no cumple» el plan de ordenación urbana de Villar de Cañas ni con las «exigencias sectoriales establecidas en materia de ordenación del territorio».

En cuanto a los recursos hídricos necesarios, recuerda que la Confederación Hidrográfica del Guadiana informó favorablemente de proporcionar hasta 15.000 metros cúbicos y que posteriormente el proyecto del ATC se ha reducido de los 44.895 metros cúbicos iniciales a 14.867,68 metros cúbicos. Sin embargo, el informe de la Junta recuerda también las necesidades hídricas del vivero de empresas y del parque empresarial, que sumadas alcanzaría los 20.732 metros cúbicos anuales.

«Con tales consumos previstos no se podría acreditar la existencia de recursos hídricos suficientes para llevar a cabo las actuaciones contempladas. La nueva documentación sigue sin justificar la suficiencia en cuanto a la disponibilidad de recursos hídricos», añade la viceconsejería autonómica, que recuerda los «sucesivos» informes de la Confederación informando desfavorablemente sobre la suficiencia de recursos hídricos. En ese ámbito, también critica que el estudio «no pone medios» que impida los flujos someros que hay en la zona en fases posteriores a la construcción, dada la baja permeabilidad del terreno.

En definitiva, en materia de agua, la Viceconsejería considera que el contenido del estudio de impacto ambiental presentado «no responde suficientemente» a las posibles afecciones sobre la hidrogeología que se plantean y la no existencia de vulnerabilidad a la contaminación de las aguas subterráneas. En este contexto, critica también que hay un «amplio número» de proyectos asociados a la instalación que han quedado fuera de consideración en el estudio de impacto ambiental porque se han evaluado de forma separada, a pesar de que son inherentes al mismo, como el vallado de la instalación, vivero de empresas, laboratorio, parque empresarial, acondicionamiento de acceso, suministro eléctrico, canteras y vertederos vinculados al movimiento de tierras. Considera que deberían haberse analizado de forma conjunta.

La Plataforma contra el ATC nuclear en Villar de Cañas teme una declaración ambiental positiva antes de fin de año

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EFE / Europa Press.- La Plataforma de Afectados por la instalación del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares cuya instalación está prevista en Villar de Cañas (Cuenca) asegura que la declaración de impacto ambiental (DIA) positiva por parte del Gobierno de Mariano Rajoy es «inminente», podría estar tramitada antes de finalizar 2017, y en ese caso «quedaría despejado el camino para que conceder la primera autorización» del ATC.

La Plataforma ha registrado en la Subdelegación del Gobierno en Cuenca un documento de alegaciones para rebatir los elaborados por ENRESA en los que, según la Plataforma, la empresa de residuos nucleares “defiende” que el ATC es “compatible” con la Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) de la Laguna de El Hito en sus límites ampliados por el Gobierno autonómico de Castilla-La Mancha; algo con lo que no está de acuerdo la Plataforma. Uno de los portavoces, Carlos Villeta, denuncia que el almacén nuclear se quiere levantar en un espacio protegido dentro de la Red Natura 2000, y que esto se barajó «en su momento como motivo de exclusión» para poder acoger el ATC.

Según ha indicado la Plataforma, de esta manera la empresa pública demuestra que «las importantes deficiencias en la documentación de la evaluación ambiental del cementerio nuclear no parecen un impedimento para una inminente aprobación de la declaración de impacto ambiental». Este colectivo ha recordado que desde la redacción del impacto ambiental «se ha sabido que las condiciones de los terrenos son inadecuadas para instalar el ATC», y ha considerado que tampoco se han evaluado «las afecciones debidas al transporte, ni se ha dado a conocer el proyecto a los 215 ayuntamientos por los que pasarían los convoyes de residuos nucleares».

Otra portavoz de la plataforma, María Andrés, ha indicado que «el empeño» del Gobierno central en construir el ATC es un indicio claro de su intención de mantener la vida de las nucleares más allá de los 40 años recogidos en el VI Plan de Residuos Radiactivos. Por último, han avanzado que la Abogacía General del Estado ha ampliado la denuncia interpuesta ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha contra la ampliación de la ZEPA de El Hito, y las próximas semanas la Plataforma presentará el escrito de respuesta a estas denuncias en las que ya está trabajando.

Japón planea construir depósitos subterráneos de residuos radiactivos en zonas costeras

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EFE.- El Gobierno nipón presentó un plan para el almacenamiento a largo plazo de residuos altamente radiactivos procedentes del accidente de Fukushima y de otras centrales del país, que contempla su ubicación en depósitos subterráneos en zonas costeras. El Ejecutivo aspira a contar con el visto bueno de las autoridades locales, que acogerían los depósitos tras «explicarles las ventajas técnicas y logísticas de cada zona» y «obtener la comprensión de los ciudadanos», según el ministro nipón de Economía, Hiroshige Seko.

Sin embargo, este proceso se antoja difícil dadas las reticencias que han mostrado Gobiernos regionales y ciudadanos de áreas elegidas anteriormente para acoger depósitos temporales de residuos procedentes de Fukushima y con niveles medios o bajos de radiactividad. El plan trazado por el Ejecutivo incluye las zonas del archipiélago nipón designadas como más favorables para acoger los depósitos radiactivos en función de sus condiciones geológicas. Unas 900 localidades han sido identificadas como las más seguras para ubicar los depósitos, la mayoría de las cuales se ubican en la costa este nipona, incluyendo la región de Tohoku devastada por el terremoto y el tsunami de 2011, además de Shikoku y Hokkaido.

En cambio, las designadas como desfavorables son aquellas situadas cerca de fallas sísmicas y por tanto más propensas a terremotos, o con dificultades de acceso logístico. La prefectura de Fukushima, por su parte, no ha sido contemplada como posible destino de los depósitos al encontrarse «todavía en proceso de reconstrucción» tras la catástrofe nuclear, según el Ministerio. Los depósitos se ubicarán a unos 300 metros de profundidad y serán diseñados para durar en torno a 10.000 años, en línea con la larga vida de los isótopos radiactivos, según datos del Ministerio, que baraja un presupuesto de 28.457 millones de euros para su construcción y mantenimiento.

El Ejecutivo prevé comenzar las discusiones con las autoridades regionales a partir de septiembre, aunque no planea que haya una decisión que permita comenzar las obras hasta dentro de dos décadas. Japón no ha logrado una solución definitiva para el almacenamiento a largo plazo de sus residuos altamente radiactivos. A la dificultad técnica de este proceso se suma el hecho de haber sufrido la peor catástrofe atómica desde la de Chernóbil (Ucrania) en 1986, que ha incrementado la sensibilidad pública sobre los residuos radiactivos y que también presenta enormes retos y costes descomunales para Japón.

La central de Cofrentes advierte de que su almacén temporal individualizado (ATI) de residuos nucleares debería estar construido en 2019

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EFE.- El almacén temporal individualizado (ATI) de residuos, cuya construcción reclama la central nuclear de Cofrentes, debería estar acabado en 2019, para poder realizar los protocolos de pruebas al año siguiente y estar operativo en 2021 cuando está previsto que se agoten sus piscinas de combustibles.

Así lo ha explicado el director de la central, Tomás Lozano, en una comparecencia en las Cortes de la Comunidad Valenciana, en la que ha defendido que el ATI tiene «absoluta garantía de seguridad incluso en escenarios improbables» como la desaparición de presas, lluvias milenarias o vientos de más de 140 kilómetros por hora. A petición de Compromís y PSOE, Lozano ha comparecido en la Comisión de Medio Ambiente, donde ha manifestado que el ATI «será necesario en cualquier escenario» y, aunque permite «continuar la operación de Cofrentes en 2021,» es «independiente» del proceso de autorización de explotación, que prevén solicitar en marzo de 2020.

Lozano expuso que la planta generó en 2016 el 35% de la demanda eléctrica de la Comunidad Valenciana, evita la emisión de 6,5 millones de toneladas de CO2 al año, su siniestrabilidad laboral es cero, invierte de media 46 millones al año, su seguridad se sitúa en la excelencia y ofrece 750 empleos directos y 800 indirectos. Asimismo, explicó que solicitaron el almacén temporal cuando la empresa pública ENRESA confirmó el retraso en el almacén temporal centralizado (ATC) programado en Villar de Cañas (Cuenca), ya que sus piscinas de combustibles se encuentran actualmente al 88% de su capacidad y prevén que se completen en 2021.

Respecto a la nueva instalación explicó que su refrigeración es por convección de aire natural, «el método más seguro», estará ubicada al oeste de las torres de refrigeración y, además de estar semisoterrada para evitar cualquier impacto ambiental, está diseñada con los más altos márgenes de sismicidad e inundabilidad. Especificó que estará construida 46 metros por encima del nivel del Júcar, lo que supone 30 metros más de lo que marca el Plan de acción territorial sobre prevención del riesgo de inundación en la Comunidad Valenciana (Patricova) y 2 metros por encima de la cota para sucesos como roturas de presas, vientos o lluvias milenarias.

Respecto a la sismicidad, ha explicado que los márgenes de diseño son «5 veces superiores a lo que establece la normativa sismoresistente aplicable en la zona para edificaciones convencionales», y además ha incidido en que cumplirá todos los criterios nucleares de seguridad. «Es la solución más extendida y se impone como solución temporal al almacenamiento de combustible gastado», ha afirmado.

El director de la central nuclear de Cofrentes ha hecho hincapié en que la política energética en los países occidentales se dirige a «permitir la energía nuclear más allá de los 40 años porque es necesaria para la transición energética cumpliendo los requisitos medioambientales y de rentabilidad». En esa línea ha afirmado que de los 445 reactores del mundo, 115 tienen concedida la operación más allá de 40 años, de ellos 80 de Estados Unidos (de un centenar) y 30 de Europa, con la excepción de Alemania, que ha optado por el cierre progresivo y que, según ha indicado, tiene el segundo precio más caro de la energía en Europa.

ERC pide que Nadal explique en el Congreso el retraso del ATC de residuos nucleares de Villar de Cañas (Cuenca)

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Europa Press.- En medio de la polémica en la que la plataforma anti silo pide explicaciones por lo que consideran «mentiras» sobre el pago a Francia por albergar los residuos nucleares españoles, Esquerra Republicana (ERC) ha registrado en el Congreso una solicitud de comparecencia para que el ministro de Energía, Álvaro Nadal, explique cuál es la situación actual del proyecto del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares en la localidad de Villar de Cañas (Cuenca), que debía estar listo en 2016.

La decisión de llevar a cabo este almacén se aprobó en diciembre de 2011. Sin embargo, la iniciativa se ha ido retrasando a lo largo de los años entre concesiones de permisos estatales y autonómicos y el estudio de informes por parte del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para dar el visto bueno a la localización. Fue en abril de 2016 cuando el órgano regulador ha dado el visto bueno.

La empresa pública responsable de gestionar los residuos nucleares en España, ENRESA, adquirió terrenos en la localidad conquense con unas dimensiones totales de 55 hectáreas. Según su planificación, los trabajos para la construcción de ATC debían iniciarse alrededor de 2014 y deberían estar terminados en dos años. Este retraso ha provocado un «sobrecoste», según denunció el pasado abril el presidente de la Sociedad Nuclear Española (SNE), José Antonio Gago. Y es que, este retraso en la construcción del ATC está obligando a las centrales nucleares a construir almacenes temporales individualizados (ATI) junto a cada planta.

La petición de ERC se une a otra sobre esa misma materia registrada por Ciudadanos el pasado mes de junio. Ambos partidos, junto al resto de la oposición, también pidieron al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), durante la última Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital de la Cámara Baja, que elabore un informe sobre la situación de este proyecto. Precisamente, el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, ha mostrado su «total satisfacción» sobre esta iniciativa aprobada en el Congreso de los Diputados, que plantea reevaluar la ubicación del ATC nuclear previsto realizar en el término municipal de Villar de Cañas (Cuenca).

El planteamiento que cuestiona la idoneidad del cementerio nuclear en esta ubicación fue apoyado a través de una resolución transaccional por la que se pide al CSN un informe sobre la adecuación de este almacén en el emplazamiento previsto. «Esto respalda lo que manifestamos desde el Gobierno regional», ha afirmado Martínez Arroyo, que ha recordado que los informes técnicos consideraban el emplazamiento «poco idóneo para un almacén nuclear». «Nos alegramos de que la mayoría de los diputados se hayan dado cuenta de ello», ha añadido el titular de Medio Ambiente.

En esta materia, se ha mostrado confiado en que el Gobierno central escuche al Parlamento y, en cualquier caso, ha advertido de que el Gobierno de Castilla-La Mancha «continuará reforzando su compromiso medioambiental respecto al entorno de la Laguna del Hito, porque no puede ser que se prohíba preservar un espacio natural que tiene los valores naturales para ser protegido».

Pago a Francia por residuos

Por su parte, la Plataforma contra la instalación del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares en la localidad conquense de Villar de Cañas ha pedido explicaciones tanto al Gobierno estatal como al alcalde del municipio, José María Sáiz, al considerar que «se ha mentido» al respecto de que España pagaba 65.000 euros diarios a Francia por albergar los residuos nucleares españoles como justificación para defender la necesidad de poner en marcha este ATC nuclear.

Según la portavoz de la Plataforma, María Andrés, «es indignante que durante años el gobierno de Rajoy y el alcalde Villar de Cañas dijeran que se estaban pagando 65.000 euros diarios de penalización por la custodia de los residuos nucleares y ahora, que se ha publicado que se empezará a contabilizar desde el 1 de julio, no reconocen que han mentido a sabiendas para manipular a la información pública a favor de construir un ATC ahora inútil». Insiste la portavoz en que «la realidad es que, 11 años después de la aprobación del sexto Plan general de residuos radiactivos, el ATC ya ha dejado de ser necesario, puesto que las centrales nucleares tienen ATIs o están a punto de tenerlos».

La Plataforma indica que según se ha publicado citando fuentes del Ministerio de Energía y Enresa «las cantidades a pagar se devolverán una vez vuelvan los residuos a España descontando los gastos de almacenaje«. «Estos residuos provenientes de la central nuclear de Vandellós I son, junto con los 500 elementos combustibles de Garoña en el centro de reprocesamiento de Sellafield, los únicos residuos nucleares de alta actividad, que están fuera de nuestras fronteras», apunta Andrés.

Ciudadanos pide que Nadal explique al Congreso el retraso en la construcción del ATC nuclear de Villar de Cañas (Cuenca)

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Europa Press.- Ciudadanos ha registrado en el Congreso una solicitud de comparecencia para que el ministro de Energía, Álvaro Nadal, explique cuál es la situación actual del proyecto del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares en la localidad de Villar de Cañas (Cuenca), que debía estar listo en 2016. La formación naranja ha registrado, además, una pregunta sobre este mismo tema.

Ciudadanos recuerda en el documento que la decisión de llevar a cabo este almacén se aprobó el 30 de diciembre de 2011. Sin embargo, la iniciativa se ha ido retrasando a lo largo de los años entre concesiones de permisos estatales y autonómicos y el estudio de informes por parte del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para dar el visto bueno a la localización. Ha sido en abril de este año cuando el órgano regulador ha dado el visto bueno.

La empresa pública responsable de gestionar los residuos nucleares en España, ENRESA, adquirió terrenos en la localidad conquense con unas dimensiones totales de 55 hectáreas. Según su planificación, los trabajos para la construcción de ATC debían iniciarse alrededor de 2014 y deberían estar terminados en dos años. Este retraso origina un «sobrecoste», según denunció el pasado mes de abril el presidente de la Sociedad Nuclear Española (SNE), José Antonio Gago, ya que la situación está obligando a las centrales nucleares a construir almacenes temporales individualizados (ATI) junto a cada planta.