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El precio de los carburantes repunta por segunda semana consecutiva y se aleja de los mínimos

Europa Press.- Los precios de los carburantes se han encarecido por segunda semana consecutiva, después los mínimos del verano marcados a las puertas del puente del 15 de agosto, tras haber repuntado hasta un 2% en los últimos siete días, según datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea (UE).

En concreto, el precio medio del litro gasolina se ha situado en los 1,145 euros, tras haber subido un 1,2% con respecto a la pasada semana, en la que rompió ya con la racha de seis semanas consecutivas de bajadas.

En lo que se refiere al gasóleo, ha repuntado hasta los 1,023 euros, después de encarecerse un 2%, y se aleja del umbral por debajo del euro que había llegado a alcanzar en el puente de agosto.

Este repunte en los precios de los carburantes de las últimas semanas coincide con la subida en la cotización del crudo, con el barril de Brent, de referencia en Europa, alcanzando a finales de la pasada semana los 51 dólares. Actualmente, se intercambia a 48,92 dólares.

A pesar de este incremento en los precios en las últimas semanas, el litro de gasolina es más de un 7% más barato que hace un año, mientras que en el caso del gasóleo el abaratamiento es de casi el 6%.

Así, el llenado de un vehículo con un depósito medio de 55 litros de gasolina cuesta en la actualidad 62,9 euros, con un ahorro de unos 4,7 euros con respecto a las mismas fechas del año pasado.

En el caso del gasóleo, el llenado del depósito asciende actualmente a 56,2 euros, lo que representa un ahorro para el bolsillo de unos 3,4 euros con respecto a hace un año.

Precios en la Unión Europea

Los carburantes son más baratos en España que en la media de la UE y la zona euro, donde el precio de venta al público del litro de gasolina se sitúa en 1,283 euros y en 1,322 euros, respectivamente. Por su parte, el litro de gasóleo cuesta 1,13 euros de media en la UE y 1,118 euros en la eurozona.

El menor nivel de precios finales con respecto a los países del entorno se debe a que España, pese a las subidas del IVA, a los mayores impuestos y a los nuevos gravámenes al biodiésel, sigue contando con una menor presión fiscal en general.

Bruselas aprueba los planes de República Checa para apoyar la energía hidráulica y biogás

Europa Press.- La Comisión Europea ha dado este martes luz verde a los dos esquemas de apoyo de República Checa para apoyar la producción de electricidad y calor a través de energía hidráulica y biogás, al considerar que estos ambos planes están en línea con la normativa comunitaria de ayudas de Estado y ayudarán al país a incrementar la energía procedente de fuentes renovables.

Así, el Ejecutivo comunitario ha destacado que los dos sistemas impulsarán el desarrollo de instalaciones de energía renovable y ayudarán a Praga a alcanzar los objetivos establecidos para 2020.

Bruselas ha evaluado los dos esquemas de ayudas bajo las directrices de ayudas de Estado para la protección medioambiental y energía de 2014, que permiten a los Estados miembros apoyar la producción de energía renovable, pero cumpliendo ciertas condiciones.

La República Checa informó en septiembre de 2015 acerca de sus planes para apoyar a operadores de instalaciones hidráulicas con una capacidad de hasta 10 megavatios (10 MW). El presupuesto total para esta medida es de 218 millones de coronas checas, alrededor de 8 millones de euros.

Un mes más tarde, en octubre, la República Checa notificó su intención de apoyar a las instalaciones de biogás con una capacidad de hasta 0,5 MW. El presupuesto de esta medida alcanzará las 522 millones coronas checas (19 millones de euros).

Bruselas ha concluido que ambos esquemas minimizan toda posible distorsión de la competencia que puedan ocasionar las ayudas públicas al asegurar que los pagos no exceden el nivel mínimo necesario para alcanzar los objetivos establecidos.

La mayoría de los instaladores solares europeos a favor de prolongar las medidas contra China

EFE.- La mayoría de las empresas comunitarias dedicadas a la instalación de paneles solares se muestra a favor de que la Unión Europea (UE) prolongue las medidas antidumping y antisubsidios que se introdujeron hace dos años a las importaciones de este tipo de productos procedentes de China.

EU ProSun, organización del sector que denunció las prácticas presuntamente perjudiciales para las empresas europeas por la venta por debajo del precio del mercado y los subsidios que perciben los productores chinos por parte del gigante asiático, ha efectuado una encuesta a más de 500 compañías de la UE, informó hoy.

Esta encuesta revela que un 57,6 % está a favor de una prolongación de las medidas antidumping y antisubsidios si las investigaciones de la Comisión Europea (CE) demuestran que los productores chinos violan aún la legislación de comercio internacional, señaló en un comunicado.

Este porcentaje aumenta hasta el 71,2 % en el caso de Francia, el 60,7 % en el de Alemania y baja al 56,6 % en el británico.

La CE anunció en diciembre pasado que evalúa una reconsideración provisional parcial de las medidas aplicables a las importaciones de módulos fotovoltaicos de silicio cristalino y de células originarios o procedentes de China, lo que supuso el mantenimiento de las medidas antidumping en 2016 y la posibilidad de prolongarlas.

Milan Nitzschke, presidente de EU ProSun, que reúne a más de 30 productores solares y 150 empresas de instalación de quince Estados miembros, explicó que la organización quería aclarar la afirmación hecha por firmas de cabildeo de productores chinos acerca de que los instaladores de paneles solares de la UE preferirían poner fin a las medidas antidumping y antisubsidios.

«Lo contrario es el caso. Una clara mayoría apoya la prolongación de los aranceles y de precios de importación mínimos, lo que tiene sentido porque los instaladores europeos no sienten que las medidas hayan afectado negativamente a sus negocios«, indicó.

España suma un nuevo arbitraje internacional contra los recortes a las renovables

Europa Press.- España ha sumado una nueva demanda ante el tribunal internacional de arbitraje del Ciadi, dependiente del Banco Mundial, en contra de los recortes aplicados a las energías renovables, con la que ya suma 27.

En concreto, las sociedades Cordoba Beheer, Cross Retail, Sevilla Beheer y Spanish Project Companies registraron el pasado 12 de agosto la última de las denuncias contra España por los recortes retributivos a las tecnologías ‘verdes’, según los registros del tribunal consultados por Europa Press.

Este procedimiento se inicia tras los presentados a finales de junio por una firma israelí y otra británica. La primera, conocida como Sun Flower, registró su denuncia el 28 de junio, mientras que la segunda, Infracapital, lo hizo un día después. La primera cuenta con tres plantas fotovoltaicas en España, que suman 13 megavatios (MW) de potencia, y la segunda con cuatro.

España ratifica así la primera posición en la clasificación internacional de países que más demandas de arbitraje acumulan en su contra por su política energética, a gran distancia del segundo, la República Checa, que suma siete procesos, y de Rusia y Turquía, que se enfrentan a seis cada uno.

De igual forma, España acumula casi una tercera parte de todos los procesos promovidos por inversores en instalaciones de energía ‘verde’ ante el organismo de arbitraje internacional, según datos de Energy Charter Treaty, que recoge Europa Press.

En el caso español, las denuncias se centran tanto en los recortes a la energía solar y a la termosolar que el Gobierno aplicó a finales de 2010 como los acometidos por el actual Ejecutivo en funciones durante la legislatura concluida a finales de 2015.

Por el momento, solo ha quedado resuelto uno de estos procesos internacionales, presentado por la firma Charanne and Construction Investment ante la Cámara de Comercio de Estocolmo (SCC). En este caso, en el que se abordó el recorte de 2010, los jueces dieron la razón a España.

Denuncias

Entre las compañías y fondos internacionales que han llevado a España ante el Ciadi figura Eurus Energy Holdings Corporation, una sociedad participada en un 60% por el conglomerado empresarial japonés Toyota que cuenta con 552 MW de renovables en España.

En noviembre del año pasado se cursó la demanda de un grupo de bancos alemanes entre los que figuran Landesbank Baden-Württemberg, HSN Nordbank AG, Landesbank Hessen-Thüringen Gironzentrale y Norddeutsche Landesbank-Gironzentrale.

Anteriormente, se tramitaron las denuncias presentadas por Watkins Holdings, junto a otras sociedades como Repier, Northsea Spain, Parque Eólico Marmellar y Parque Eólico La Boga, y por las sociedades Hydroxana Sweden e Hydro Energy 1, SolEs Badajoz GmbH y los fondos OperaFund Eco-Invest Sicav, que tiene licencia de Malta, y Schwab Holdings, radicado en Estados Unidos.

También han presentado denuncias la alemana E.ON, la firma portuguesa Cavalum y los japoneses de JGC Corporation, registraron su denuncia ante el organismo, así como las firmas alemanas KS Invest y TLS Invest, además de un grupo de inversores alemanes formado por Matthias Kruck, Ralf Hofmann, Frank Schumm, Joachim Kruck, Peter Flachsmann, Rolf Schumm, Karsten Reiss y Jürgen Reiss.

Estos arbitrajes de origen alemán se suman a los iniciados anteriormente por inversores procedentes del mismo país. Entre ellos también figuran Steag, BayWa, RREEF y un consorcio de ocho empresas en el que participa RWE.

Masdar, Natixis y Nextera

El Ciadi también registró la denuncia del fondo Cube Infraestructure, promovido por el banco francés Natixis, y de la firma norteamericana 9REN, según consta en los registros del organismo internacional.

Además, el organismo había iniciado la tramitación de las demandas de Infrared, Masdar, Eiser y Antin, que ya cuentan con tribunales constituidos para analizar su caso, así como de Renergy y Nextera.

A estos demandantes se suma el accionista de referencia del Grupo Natural Electric, que tiene nacionalidad mexicana y que cuenta con el asesoramiento de los despachos Cases & Lacambra y González-Bueno & Asociados.

Bruselas permite a Francia apoyar a las plantas de generación combinada de calor y electricidad tras descartar ayudas de Estado

Europa Press.- La Comisión Europea ha aprobado los planes de Francia para apoyar a las plantas de generación combinada de calor y electricidad usando gas natural, al considerar que el esquema cumple con la normativa comunitaria en materia de ayudas de Estado. En concreto, el Ejecutivo comunitario concluyó que la estrategia de Francia incrementará la proporción de electricidad generada por fuentes renovables y reducirá la contaminación, al mismo tiempo que limitará las distorsiones a la competencia causadas por el propio apoyo público.

Además, Bruselas estima que la estrategia francesa reducirá sus emisiones de dióxido de carbono (CO2) y mejorará la eficiencia energética, en línea con los objetivos energéticos y climáticos. Así, Francia podrá apoyar de forma pública a aquellas centrales de generación combinada de calor y electricidad de alta eficiencia con una producción de hasta un megavatio (MW). Esto, calcula la Comisión, ayudará a París a cumplir con sus objetivos de reducción de emisiones mediante el despliegue de alrededor de 7 MW adicionales de capacidad de generación.

El tipo de ayuda dependerá del tamaño de la planta. De esta forma, las instalaciones con una producción máxima de 1 MW se beneficiarán de ayudas en forma de primas reguladas a precio de mercado. Por su parte, aquellas centrales con una producción de hasta 300 kilovatios (kW) recibirán ayudas bajo la forma de tarifas reguladas. Las directrices del Ejecutivo comunitario sobre ayudas de Estado para protección medioambiental y energía permiten a los Estados miembros prestar apoyo estatal a centrales de generación combinada, aunque sujeto a ciertas condiciones. El objetivo de estas normas es poder alcanzar los objetivos energéticos y climáticos con el mínimo coste posible para los contribuyentes y sin distorsionar el mercado único.

Holanda y Grecia, los países europeos donde más compensa alquilar un coche diesel

Servimedia.- Los países europeos donde más compensa alquilar un vehículo diésel, al contar con un mayor descuento del precio de este carburante con respecto al de la gasolina, son Holanda, con una rebaja de 34,9 céntimos por litro, y Grecia, de 30 céntimos. Además, se trata de dos de los países con la gasolina más cara, ya que en Holanda cuesta 1,451 euros por litro y en Grecia 1,4. Asimismo, Dinamarca, con 1,444 euros, e Italia, con 1,432, están también por encima de los 1,4 euros por litro.

Por su parte, Reino Unido es el país donde menos interesa alquilar un vehículo diésel, puesto que es el más caro de Europa con un precio de 1,329 euros por litro y cuesta 1,6 céntimos más que la gasolina. Tampoco compensa en Hungría, donde el gasóleo es 0,005 más caro que la gasolina, o en Rumanía y Chipre, donde cuestan prácticamente lo mismo. Tras Gran Bretaña, los precios más altos del diésel se encuentran en las gasolineras de Suecia, de 1,298 euros; de Italia, de 1,289, y de Dinamarca, de 1,217. En el otro extremo, los países más baratos son Polonia y Bulgaria en la gasolina, con un precio de 0,997 euros, seguidos de Estonia y Hungría, con 1,055 euros.

Por su parte, hay 5 estados con el diésel por debajo del euro. Se trata de Luxemburgo, el más barato con 0,912 euros por litro; seguido de Polonia, 0,943; Lituania y Letonia, 0,963, y Bulgaria, 0,967. En España, los precios también están en el rango bajo de Europa, con 1,13 euros para la gasolina y 1,01 para el diésel. La diferencia entre ambos es actualmente de 12 céntimos por litro, lo que sitúa al país por debajo de la media de los 28 países de la Unión Europea, que es de 15,9 céntimos, y de la de los 19 de la zona euro, donde es más alta, de 20,6 céntimos.

Además, por encima de los 20 céntimos de diferencia entre ambos carburantes están también Portugal, 23,8 céntimos; Dinamarca, 22,6; Alemania, 22,1, y Finlandia, 20,1. Con mayor diferencia que España están además Francia, 17,3 céntimos; Luxemburgo, 16,1; Eslovaquia, 15,9; Italia, 14,3; Bélgica e Irlanda, 14; y Letonia 13,5. A continuación Malta tiene una diferencia de 12 céntimos, como España; y por debajo están Lituania, 10,8; Eslovenia, 8,4; Croacia, 8,2; Austria, 6,9.

El Ayuntamiento de Asparrena (Álava) participará en un proyecto europeo de eficiencia energética

EFE.– El Ayuntamiento de la pequeña localidad alavesa de Asparrena, de unos 1.600 habitantes, es uno de los edificios piloto elegidos por un programa europeo de investigación sobre eficiencia energética. Según indicó el consistorio de Asparrena, el proyecto, denominado OrbEEt, pretende reducir el consumo energético en edificios mediante una gestión eficiente; pero además fomenta en los usuarios conductas que ahorren energía eléctrica y calefacción, así como un uso correcto de ordenadores, impresoras y otro tipo de aparatos electrónicos.

Para ello se utilizan Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) que permiten medir los datos de consumo de energía en tiempo real y facilitarlos de forma personalizada y atractiva a los trabajadores a través de una aplicación para el móvil. El programa está financiado por la Comisión Europea, dentro de la estrategia Horizon 2020, para reducir el consumo de energía y la huella de carbono.

OrbEEt se puso en marcha en marzo de 2015 y tendrá una duración de tres años. Está integrado por un consorcio internacional en el que participan 10 entidades públicas y privadas de 6 países europeos, entre las que se encuentra el Ayuntamiento de Asparrena. El edificio consistorial de Asparrena, junto con el museo del Palacio Imperial de Innsbruck (Austria), la Universidad Friedrich-Alexander de Erlangen-Nürnberg (Alemania) y un inmueble administrativo del Ayuntamiento de Pernik (Bulgaria), actuarán como lugares piloto para evaluar este programa. OrbEEt busca fomentar una cultura de trabajo eficiente para el ahorro de energía.

La Unión Europea invertirá 187,5 millones en un gasoducto para unir Estonia y Finlandia

EFE.- Los Estados miembros de la Unión Europea (UE) aprobaron la propuesta de la Comisión Europea para apoyar con 187,5 millones de euros la construcción del «Balticonnector», el primer gasoducto que conectará Estonia y Finlandia, informó el Ejecutivo comunitario en un comunicado.

La iniciativa forma parte del paquete de nueve proyectos de infraestructuras energéticas clave, la mayoría situados en la región del mar Báltico, al que Bruselas destinará en total 263 millones de euros.

El «Balticonnector», que recibirá el grueso de la inversión comunitaria, terminará con la dependencia de Finlandia de un único suministrador de gas y reforzará la seguridad energética en el Báltico.

También se aportarán 18,6 millones a los trabajos de mejora de la interconexión entre Estonia y Letonia, que permitirá a este segundo país un mejor acceso al almacenamiento de energía, además de garantizar una red de transmisión de gas natural más diversa en el área del mar Báltico y posibilitar la construcción del «Balticonnector».

En el campo de la electricidad, 29,9 millones servirán para construir una nueva línea eléctrica de 100 kilómetros entre Dobrudja y Burgas, en Bulgaria, para reforzar la capacidad de resistencia de la red en el país.

Por otro lado, la Unión ha creado una partida de 125.010 euros para desarrollar un estudio preparatorio sobre operaciones seguras y fiables de los sistemas energéticos de las repúblicas bálticas.

Igualmente, 243.250 euros permitirán investigar la interconexión gasística en Nea Messimvria (Grecia), una estación reguladora y de control para conectar el sistema de transmisión griego de gas natural con el gasoducto transadriático, que conduce gas natural desde el Mar Caspio.

Otros estudios se centrarán en el gasoducto que llega a la Unión Europea desde Azerbaiyán y Turkmenistán (3,5 millones de euros), en la expansión de la planta de almacenamiento de gas subterráneo de Chiren, en Bulgaria (130.000 euros), el almacenamiento de energía de aire comprimido en Larne, Reino Unido (8,2 millones) y la interconexión entre Dinamarca y Reino Unido (14,8 millones).

Los nueve proyectos escogidos pretenden incrementar la seguridad energética, conectar a los socios comunitarios más aislados a la red eléctrica europea, de mayor amplitud, así como contribuir a los objetivos de la Unión Energética sobre energía asequible, segura y sostenible.

«Este apoyo de la UE permitirá acabar con los vacíos de la infraestructura energética y nos colocará en la senda hacia un mercado europeo de la energía realmente conectado», explicó el comisario de Energía, Miguel Arias Cañete.

Arias Cañete añadió que los nueve proyectos son «necesarios» para fortalecer la seguridad del suministro energético y un uso más eficiente de los recursos, así como la integración de las energías renovables en la red continental.

Cañete asegura que se siente «plenamente legitimado» para seguir como comisario aunque los partidos de la izquierda piden su dimisión

Europa Press.- El PSOE, Izquierda Unida, Podemos e ICV han reclamado la dimisión del comisario de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, tras escuchar sus explicaciones sobre su presunta vinculación con casos como el de Acuamed y los Papeles de Panamá. Cañete aseveró que no ha incurrido en ningún conflicto de interés y ha cumplido el Código de Conducta del Ejecutivo comunitario y por tanto se siente «plenamente legitimado» para continuar en el cargo.

«Yo no tengo ninguna compañía, no tengo intereses en ninguna compañía petrolífera, mi mujer tiene todos sus bienes y derechos declarados en España y, por lo tanto, me siento plenamente legitimado para seguir ejerciendo mi función de comisario«, ha dicho Cañete. Respecto al caso de Acuamed, el comisario ha rechazado «absolutamente» que haya condonado siendo ministro de Agricultura una deuda a FCC de 40 millones de euros como ha afirmado la eurodiputada socialista, Iratxe García.

Por lo que se refiere a la empresa mencionada en los Papeles de Panamá, Rinconada Investments Group, en la que aparecía como apoderada su mujer y que algunos eurodiputados le han preguntado por qué no figuraba en su declaración de intereses, Cañete recalcó que la compañía «estaba inactiva» desde enero de 2010 y dado que «no realiza ninguna actividad, no puede dar lugar a ningún tipo de conflicto de intereses«. En este asunto indicó que le consultó a su mujer «sobre sus intereses financieros» cuando apareció la empresa en los papeles y ésta le dijo que «no tenía ninguno que incurriera en conflictos de intereses».

Vendió sus acciones en petroleras

Cañete ha dejado claro además que vendió «la totalidad» de sus acciones en compañías petrolíferas «tan pronto» le nombraron comisario en aras de «una mayor transparencia» porque «no tenía obligación de hacerlo». «Mis declaraciones de intereses reflejan la totalidad de actividades profesionales de mi mujer. No reflejan ningún otro interés financiero porque no había ningún interés financiero susceptible de generar un conflicto de intereses«, ha dicho, tras dejar claro que durante su «carrera política» sólo ha «presidido» dos empresas «españolas» con domicilio en Ceuta y en Las Palmas de Gran Canaria. «De una de las compañías era accionista, que se llamaba Havorad, estaba establecida en Ámsterdam», ha explicado, insistiendo en que es «una situación absolutamente normal» en el «mercado interior».

Cañete aseguró que la comparecencia le ha permitido «aclarar muchas afirmaciones inexactas» y que su situación como comisario «es intachable» y tiene la conciencia «absolutamente tranquila», defendiendo su trabajo en Bruselas como su contribución para lograr el acuerdo sobre cambio climático en París, para avanzar en la Unión Energética o en el fin de las subvenciones a los combustibles fósiles.

Críticas de partidos de izquierdas

Por su parte, el PSOE, Izquierda Unida, Podemos e ICV han reclamado la dimisión del comisario. «Cañete debe asumir sus responsabilidades políticas y dimitir como comisario», ha exigido la jefa de la Delegación del PSOE en la Eurocámara, Iraxte García, cuyo grupo le ha preguntado por la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno del PP de la que se benefició la esposa del comisario y la deuda que condonó presuntamente siendo ministro de Agricultura a FCC en el caso Acuamed. En el caso de la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno de Rajoy, García ha dejado claro que «es totalmente inadmisible, moral y políticamente que posteriormente su esposa se haya acogido a esta amnistía fiscal».

El eurodiputado del PP, Luis de Grandes, dejó claro que Cañete compareció «con toda transparencia» y ha respondido sin «ningún tipo de objeción» a cualquier cuestión. Asimismo señaló que «hay que respetar un hecho que es incontrovertible» como es que «el Señor Cañete tiene separación de bienes desde el año 1978″ y se le quiere «linchar» porque «su mujer es rica». «No voy a pedir que comparezca Felipe González y su mujer a pesar de que es notorio que tiene una sociedad offshore en Panamá. Me parecería irregular, una extralimitación, una falta de respeto si tiene una separación de bienes», subrayó, insistiendo en que «todo esto es un montaje político para linchar a un comisario».

Izquierda Unida, Podemos e ICV han dejado claro que sí han pedido la dimisión de Cañete. «Desde Izquierda Unida, hemos pedido en directo la dimisión del señor Cañete inmediatamente porque no puede seguir ocupando el cargo», ha dicho la eurodiputada de Izquierda Unida, Paloma López. López ha explicado que su grupo ha centrado sus preguntas en las declaraciones de Francisco Valiente y Federico Armas de Ramos que «apuntan directamente al ministro Cañete en las decisiones que se han tomado» en Acuamed, según aparece en el expediente instructor del caso, algo que «tendría que ser suficiente para que presentara su dimisión».

El eurodiputado de Podemos, Xavier Benito, ha defendido que «el comisario Arias Cañete debería dimitir» porque la «extensa retahíla y maraña de empresas offshore y casos» en los que está implicado «difícilmente» se ajustan «a la legalidad». Su colega de ICV, Ernest Urtasun, señaló que «todos los grupos salvo el PP han expresado que tienen poca confianza en este comisario», al tiempo que considera que no ha dado «toda la información» y la empresa en la que figura como apoderada su mujer no está disuelta «jurídicamente». «Vamos a seguir pidiendo la dimisión», ha dicho, tras recordar que es el comisario que «más» casos polémicos acumula.

Francia protegerá a los ciclos combinados de gas al aplicar en 2017 una tasa a las emisiones de carbono

EFE.- La ministra francesa de Ecología, Ségolène Royal, anunció que el compromiso de su país de imponer una tasa a las emisiones de carbono (CO2) se cumplirá desde enero de 2017 con un mecanismo aplicado a las centrales de carbón, lo que deja entrever que no se verán afectadas las de gas.

Royal indicó que se fijará un precio mínimo del carbono generado en la producción de electricidad desde el 1 de enero, como ya lo había anunciado el presidente, François Hollande, y detalló que estará «concentrado en las centrales de carbón». Se trata, según el departamento de Ecología, de que «la ganancia medioambiental sea significativa» y de que, al mismo tiempo, se preserve «la seguridad del sistema eléctrico». Es una forma de sugerir que el gravamen no pesará sobre las centrales de gas, que habían advertido de que incrementar sus cargas favorecería las importaciones de electricidad y, a la larga, pondría en peligro el parque francés.

La ministra aprovechó para avanzar que Francia apoyará la propuesta de varios parlamentarios europeos de que se incorpore en la directiva sobre el mercado del carbono un mecanismo con una tasa a las emisiones en función de «un corredor» con un máximo y un mínimo. Y apuntó que, si se estableciera a escala europea un precio del carbono de al menos de 20 euros por tonelada, Francia podría esperar recaudar cerca de 1.000 millones de euros anuales, frente a los 315 millones conseguidos en 2015.

En un informe encargado por el Gobierno francés elaborado por expertos, proponen que la tasa sobre las emisiones de CO2 en la Unión Europea se haga con un corredor de precios para dar visibilidad a los actores económicos y acelerar las reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero. Su sugerencia es que la horquilla sea para 2020 de 20-30 euros como mínimo y 50 como máximo, con incrementos anuales entre el 5 y el 10%, con el objetivo de que en 2030 el valor mínimo sea de 50 euros.