Entradas

La Eurocámara pide reforzar el autoconsumo de energía en la Unión Europea y aboga por no aplicar impuestos desproporcionados

Europa Press.- La comisión de Industria y Energía del Parlamento Europeo ha abogado por reforzar los derechos de los particulares que consumen la energía que ellos mismos producen a partir de fuentes renovables y exige que estos ciudadanos no soporten tasas o impuestos que sean discriminatorios o desproporcionados.

Al mismo tiempo,la comisión europarlamentaria ha abogado por elevar desde el 27% hasta el 35% el objetivo de energías renovables de la Unión Europea para 2030 y hasta el 40% el objetivo de eficiencia energética para ese mismo año, frente al 30% que plantea la Comisión Europea. En concreto, el informe sobre la directiva de energías renovables, cuyo responsable es José Blanco, eurodiputado del PSOE, ha sido aprobado con 43 votos a favor, 14 en contra y 7 abstenciones.

En concreto, el texto afirma que los países de la Unión Europea garantizarán que los autoconsumidores de energías renovables estén autorizados para consumir y vender su excedente de producción de electricidad renovable «sin ser objeto de procedimientos y cargas discriminatorias y desproporcionadas que no reflejen los costes». Además, los eurodiputados han pedido que estos ciudadanos puedan consumir la electricidad que producen con renovables «sin tener que pagar cargas, tasas o impuestos», al mismo tiempo que instan a las capitales a evaluar las barreras al consumo de energía propia para «impulsar» un mayor desarrollo del autoconsumo.

Por otro lado, el documento aprobado por los eurodiputados fija un objetivo del 12% de energía renovable para el sector del transporte en 2030 y establece que su uso en calefacción y refrigeración debe aumentar dos puntos porcentuales cada año. «Europa necesita hacer más, Europa necesita más ambición en renovables para cumplir con los compromisos de París, combatir el cambio climático y liderar la transición energética. Con estos objetivos no sólo avanzaremos en la transición hacia una economía descarbonizada, sino que fortaleceremos nuestra seguridad energética y nuestra economía, creando empleo de alta cualificación», afirmó Blanco.

El Partido Popular Europeo (PPE), por su parte, ha destacado que el informe aprobado es «equilibrado y realista». «La transición energética de los combustibles fósiles a las renovables es crucial, pero debemos asegurarnos también que va de la mano con mantener la competitividad y el crecimiento de la Unión Europea», ha enfatizado el eurodiputado irlandés del PPE, Seán Kelly. El grupo de Los Verdes ha votado en contra del informe debido a la ausencia de objetivos vinculantes para los Estados miembros. El eurodiputado de Equo, Florent Marcellesi, ha advertido de que existe una «laguna legal» en el informe que permitiría desviarse un 10% del objetivo.

Por otro lado, la comisión de Industria y Energía de la Eurocámara ha aprobado con 33 votos a favor, 30 en contra y 2 abstenciones elevar al 40% el objetivo de eficiencia energética de la Unión Europea para 2030, frente a la meta del 30% que propone el Ejecutivo comunitario. Ambos votos fijan la posición de la Eurocámara de cara a las negociaciones con el Consejo de la Unión Europa (la institución que representa a los Estados miembros) para reformar las dos directivas. No obstante, estas posiciones deben ser refrendadas por el pleno del Parlamento Europeo en enero antes de que puedan iniciarse las conversaciones.

Los votos han sido celebrados por Climate Action Network (CAN), cuyo director, Wendel Trio, ha destacado que «mandan una señal fuerte a los gobiernos de la Unión Europea sobre la necesidad de ampliar la energía limpia». No obstante, ha criticado que el aumento del objetivo para energías renovables no haya sido acompañado por metas nacionales vinculantes. Más crítica fue la organización WWF, que aseveró que el objetivo para energías renovables del 35% es mejor que el 27% «pero no por mucho», al tiempo que ha criticado que un margen de flexibilidad del 10% podría hacer que el peso de las renovables alcance únicamente el 31,5%.

Abogados ambientales piden un cambio de rumbo tras la investigación de Bruselas a España por las ayudas al carbón

Europa Press.- El Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA) reclama al Gobierno medidas «urgentes» y un plan de cierre ordenado y progresivo de las centrales térmicas de carbón después de que la Comisión Europea haya abierto una investigación a las ayudas estatales por un total de 440 millones de euros desde 2007 para estas centrales bajo el nombre de «incentivo medioambiental«.

Precisamente, la Comisión Europea señala que estas ayudas se han otorgado a estas centrales sin instalar los sistemas de desulfutación para poder cumplir los límites de emisión de óxidos de azufre que exige la normativa europea y que son obligatorios. Bruselas duda de que estas ayudas supongan un incentivo para que estas centrales redujeran sus emisiones contaminantes perjudiciales para la salud y el medio ambiente ya que solo se destinaban a cumplir con los niveles de emisión obligatorios establecidos por la Unión Europea. Por ello Bruselas anunció una investigación ante la sospecha de que las ayudas del Gobierno son ilegales.

El IIDMA recuerda que las emisiones de la producción de energía con carbón causan más de 700 muertes prematuras al año, costes sanitarios entre 880 y 1.667 millones de euros, y daños irreparables al medio ambiente. La directora del IIDMA, Ana Barreira, denuncia que este tipo de pagos violan el derecho de la Unión Europea sobre Ayudas de Estado y critica que el Gobierno sabe que apoyar el carbón y las centrales térmicas no responde a exigencias globales de protección a la salud y al medio ambiente. También recuerda que la mayoría de países occidentales están impulsando el abandono ordenado y progresivo del carbón para cumplir el Acuerdo de París.

«La falta de planificación y visión a medio y largo plazo de las medidas adoptadas por el Ministerio de Energía traerá consecuencias graves para España, que se está quedando atrás a pesar de estar recibiendo avisos constantes de diferentes actores, desde ONGs a la propia Comisión Europea. El respeto al Estado de derecho es fundamental en la transición energética», concluyó.

La Comisión Europea investiga 440 millones de euros en ayudas públicas de España a las centrales térmicas para reducir emisiones

Europa Press.- La Comisión Europea abrió una investigación en profundidad sobre el régimen de ayudas de España a las centrales de carbón por reducir emisiones contaminantes, que ha concedido más de 440 millones de euros a 14 plantas desde su puesta en marcha en 2007, según anunció.

Las autoridades españolas introdujeron ese año un sistema de incentivos para apoyar la instalación de nuevos filtros de óxido de azufre en centrales de carbón existentes para reducir las emisiones de este compuesto por debajo de determinados límites. En contrapartida, las centrales de carbón tienen derecho a recibir ayudas públicas relacionadas con el tamaño de la central durante 10 años. Desde 2007 se han acogido a este esquema un total de 14 centrales de carbón, que han recibido más de 440 millones de euros en concepto de ayudas públicas. El plan prevé que se sigan realizando pagos hasta 2020 y actualmente 12 plantas se siguen beneficiando del sistema de incentivos, según han explicado fuentes comunitarias.

En concreto, el Ejecutivo comunitario sospecha que los límites de emisión impuestos a los beneficiarios del régimen simplemente dieran cumplimiento a las normas obligatorias de la Unión Europea en materia medioambiental aplicables entonces a las centrales de carbón. De ser así, añade Bruselas, significaría que el régimen «no habría tenido, en realidad, ningún efecto incentivador». Además, la Comisión Europea cree que las ayudas podrían vulnerar un principio «fundamentado» de la legislación europea sobre ayudas de Estado por el cual los Estados miembros «no pueden conceder ayudas estatales a las empresas para que cumplan con las normas obligatorias de la Unión Europea en materia de medioambiente«.

El Ejecutivo comunitario ha remarcado que, de ser ciertas estas sospechas, el sistema de incentivos conferiría a las centrales de carbón una ventaja competitiva desleal con respecto a otras formas de producción de electricidad y a las centrales de carbón de otros países de la Unión Europea. En cualquier caso, Bruselas ha señalado que la investigación busca determinar si sus dudas iniciales están justificadas, al tiempo que ha añadido que «brinda a España y a terceros interesados la oportunidad de presentar sus observaciones, sin prejuicio del resultado de la investigación».

«Si contaminas, pagas: este es un principio largamente fundamentado en la legislación medioambiental de la Unión Europea. Creemos actualmente que este régimen español no incentivó a las centrales de carbón para que redujeran las perjudiciales emisiones de óxido de azufre. Por lo tanto, tememos que el apoyo dado a esas centrales de carbón les confirió una ventaja competitiva desleal. Ahora examinaremos esta cuestión», apuntó la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager.

La Comisión Europea ha anunciado esta investigación después de confirmar que está analizando la compatibilidad del real decreto que el Gobierno quiere aprobar para evitar el cierre de centrales eléctricas con las normas europeas en materia energética. Sin embargo, el Ejecutivo comunitario ha negado que ambas decisiones estén relacionadas. «No, la decisión es sobre un esquema específico en España que hemos investigado en el curso de la investigación sobre mecanismos de capacidad», ha señalado el portavoz de Competencia, Ricardo Cardoso.

España defiende las ayudas concedidas

Por su parte, el Gobierno español argumenta que el sistema de ayudas a las centrales de carbón por reducir emisiones contaminantes es «respetuoso» con las regulaciones de la Unión Europea y no tenía la consideración de ayudas públicas cuando fue puesto en marcha, en 2007. En este sentido, fuentes del Ministerio de Energía indicaron que estas ayudas se financian a cargo del sistema y no con Presupuestos. Además, subrayaron que la Comisión Europea conoce este esquema, que ya está cerrado y termina en 2020, desde hace años y «nunca ha dicho nada hasta ahora». No obstante, España está dispuesta a continuar el procedimiento para que se preserve la confianza legítima con la que se activó en su día, añadió Energía.

La Comisión Europea aprueba un nuevo mecanismo de capacidad en el mercado de electricidad de Irlanda

Europa Press.- La Comisión Europea ha aprobado un nuevo mecanismo de capacidad en el mercado de electricidad que está operado de forma conjunta por Irlanda e Irlanda del Norte, al concluir que ayudará a asegurar el suministro de electricidad y al mismo tiempo preservará la competencia en el mercado único europeo.

En virtud de este mecanismo, las centrales eléctricas y otros proveedores de capacidad en el mercado eléctrico de la isla obtendrán un pago por ser capaces de generar electricidad o, en el caso de operadores de demanda y respuesta, por su disposición a reducir el consumo de electricidad para ayudar a equilibrar la oferta y la demanda. «El mecanismo de capacidad conjunto entre Irlanda e Irlanda del Norte ayudará a garantizar el suministro de electricidad en los próximos años. Es bueno que este mecanismo sea gestionado más allá de las fronteras nacionales e impulsará la competencia entre todos los proveedores de capacidad», ha señalado la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager

En concreto, Bruselas ha concluido que este mecanismo cumple con las normas europeas en materia de Ayudas de Estado puesto que está abierto a todo tipo de proveedores de capacidad potenciales. Además, Bruselas ha valorado que la medida mantendrá «bajo control» los costes que asumen los consumidores gracias a las subastas «regulares y competitivas» para asignar los contratos de capacidad.

Otra de las características del mecanismo de capacidad irlandés es que las centrales eléctricas seleccionadas en las subastas tendrán que reembolsar al Estado partes de las ayudas que han recibido cuando los precios de la electricidad alcancen niveles «muy altos«, por ejemplo más de 500 euros por megavatio y hora (Mwh). Las centrales financiarán este reembolso con los ingresos generados por la venta de electricidad.

Bruselas analiza la compatibilidad del decreto del Gobierno contra el cierre de centrales de generación eléctrica con las normas europeas

Europa Press.- El comisario de Energía y Acción Climática, Miguel Arias Cañete, ha confirmado que Bruselas está analizando la compatibilidad del real decreto que el Gobierno quiere aprobar para evitar el cierre de centrales eléctricas con las normas europeas en materia energética.

Así lo aseguró el comisario español, que ha anunciado que mantuvieron una reunión sobre este asunto el director general de Energía del Ejecutivo comunitario, Dominique Ristori, y el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, en la que también abordaron otros temas como la independencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). «El mensaje es que cualquier norma de cualquier Estado miembro tiene que adaptarse a la legislación comunitaria y se están viendo los términos en que se puede producir el decreto definitivo para analizar su compatibilidad o no cuando el Gobierno lo notifique», ha señalado.

Arias Cañete ha explicado que la reunión entre Ristori y Navia fue un «intercambio preliminar de posiciones» que «va a continuar en el tiempo«. No obstante, el comisario ha insistido en que por ahora se trata únicamente de «la fase previa de un borrador» y no de un real decreto que deba ser analizado en su totalidad. «Estamos hablando de un borrador muy preliminar, lo que pasa es que la Comisión anticipa muchas veces el trabajo para entender lo que está ocurriendo en los Estados miembros», ha argumentado Arias Cañete.

«Seguirá el análisis técnico y cuando la Comisión Europea tenga una postura la trasladará al Gobierno español y esperamos que el Gobierno español sea sensible a los planteamientos de la Comisión y se adapte a las normas del derecho comunitario», ha manifestado el comisario, para después añadir que intervendrá «a nivel político» si fuese necesario. Sin embargo, el comisario ha señalado que en estos momentos no tiene previsto ningún contacto sobre este asunto ni con el ministro de Energía, Álvaro Nadal, ni con el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán.

Galán reiteró recientemente el compromiso de la compañía de cerrar sus centrales de carbón de Lada (Asturias) y Velilla (Palencia). Por su parte, Nadal señaló que la intención del Gobierno con el decreto de cierre de centrales es que la clausura de estas instalaciones, de llevarse finalmente a cabo, se aborde de forma ordenada y con arreglo a criterios «lógicos».

Los países de la Unión Europea aprueban la reforma para reducir las emisiones de centrales eléctricas y plantas industriales

Europa Press.- Los Gobiernos nacionales de los 28 Estados comunitarios han dado su visto bueno a la reforma que busca reducir las emisiones contaminantes de más de 11.000 centrales eléctricas y plantas industriales de la Unión Europea y que forma parte del conjunto de medidas para cumplir con los compromisos adquiridos en el Acuerdo del Clima de París.

Se pretende reformar el sistema de comercio de emisiones de la Unión Europea (ETS), cuyos cambios se aplicarán a partir de 2021.Tras este paso, la reforma debe recibir ahora luz verde por parte del Parlamento Europeo. El sistema ETS funciona desde 2005 y limita las emisiones de más de 11.000 centrales eléctricas y plantas industriales a través de un nivel máximo que se reduce anualmente. En conjunto, abarca el 45% de las emisiones invernadero de la Unión Europea y el objetivo para 2030 es conseguir un recorte del 43% en las incluidas en este sistema.

Así, el acuerdo recoge que el recorte anual de créditos subastados en este sistema, llamado «factor de reducción lineal», será del 2,2% cada año, frente al 1,74% actual. Este factor podrá revisarse con vistas a incrementar el recorte, pero siempre a partir de 2024. Además, se duplicará temporalmente, hasta finales de 2023, el número de permisos incluidos en el mecanismo de estabilidad de mercado (MSR). A partir de ese año se pondrá en marcha un nuevo mecanismo que limitará la validez de los permisos que se encuentran en esta reserva.

Por otro lado, la reforma del sistema ETS incluye una serie de provisiones para proteger a la industria europea del riesgo de fugas de carbono, que se dan cuando, por motivos de costes derivados de políticas climáticas, las empresas trasladan su producción a otros países con límites de emisión menos estrictos. Finalmente, el acuerdo prevé la creación de una serie de mecanismos de financiación para ayudar a los sectores industrial y energético a enfrentarse a los desafíos de «innovación e inversión» en la transición hacia una economía baja en carbón.

La Comisión Europea autoriza el plan de ayudas de Alemania a la instalación de paneles solares en edificios de alquiler

Europa Press.- La Comisión Europea aprobó el programa de Alemania que otorga ayudas públicas a propietarios que instalan paneles solares con una capacidad de hasta 100 kilovatios en azoteas de edificios de viviendas con el objetivo de suministrar electricidad a sus inquilinos.

En concreto, este apoyo se concreta mediante primas pagadas por encima del precio del mercado que el propietario obtiene de los residentes de los apartamentos. El presupuesto estimado de este programa es de 4 millones anuales y está aprobado durante 10 años. El Ejecutivo comunitario explicó que este sistema de ayudas permite que los propietarios de edificios participen de forma activa en la transición de Alemania hacia un suministro de energía bajo en carbón y sostenible, al mismo tiempo que ayuda a la Unión Europea a alcanzar sus objetivos medioambientales.

El precio del litro de gasóleo sube un 1,25% y toca sus máximos desde enero

Europa Press.- El precio del litro de gasóleo se ha encarecido un 1,25%, para tocar su nivel máximo desde principios de año. Concretamente, el precio medio del litro de gasóleo se ha situado en los 1,134 euros, tras cuatro semanas de subidas, su valor más alto desde la segunda semana del año. Por su parte, el precio medio del litro de gasolina ha repuntado un 1,55%, hasta los 1,239 euros, después de sumar su tercera semana al alza. Con este nivel, se sitúa en máximos desde mayo.

Con respecto a hace un año, el precio del litro de gasolina se ha encarecido un 6,6%, mientras que en el caso del gasóleo es un 8,9% más caro. Con los actuales precios, llenar un depósito de 55 litros de gasolina supone para el consumidor un coste de 68,14 euros, mientras que el de gasóleo asciende a 62,37 euros. Este comportamiento en los carburantes coincide con un momento en que los precios del crudo de calidad Brent, de referencia en Europa, tocaron máximos anuales, superando los 64 dólares el barril.

La gasolina es más barata en España que en la media de la Unión Europea y la zona euro, donde el precio de venta al público del litro de la gasolina se sitúa en 1,365 euros y 1,406 euros, respectivamente, mientras que el litro de gasóleo cuesta 1,241 euros en la media de la Unión Europea y 1,234 euros en la eurozona. El menor nivel de precios finales con respecto a los países del entorno se debe a que España, pese a las subidas del IVA, a los mayores impuestos y a los nuevos gravámenes al biodiésel, sigue contando con una menor presión fiscal, en general, que la media comunitaria.

REE prevé poner en servicio en el año 2025 la interconexión eléctrica submarina por el Golfo de Vizcaya con Francia

Europa Press.- Red Eléctrica de España prevé poner en servicio en 2025 el enlace eléctrico submarino con Francia, un trazado de 370 kilómetros que partirá de la estación conversora que se construirá próxima a la subestación de Gatika, hasta el Golfo de Vizcaya, para discurrir bajo el mar durante 280 kilómetros hasta la subestación de Cubnezais, cerca de Burdeos. La inversión de este proyecto rondará los 1.750 millones de euros, presupuesto que podrá sufrir variaciones dependiendo del proyecto final que se defina.

Expertos científicos y técnicos han analizado este proyecto con administraciones, agentes económicos y colectivos medioambientales, que supondrá un aumento de la capacidad de intercambio de electricidad de hasta 5.000 megavatios (MW), frente a los 2.800 actuales, y ofrecerá una capacidad de transporte de 2.000 MW, a través de un doble enlace submarino (dos cables por enlace). El delegado del Gobierno en el País Vasco, Javier De Andrés, destacó que la interconexión eléctrica por el Golfo de Vizcaya se enmarca como uno de los objetivos prioritarios de la Unión Europea en materia energética y está catalogado como Proyecto de Interés Comunitario por su marcado carácter estratégico.

De Andrés ha recordado que «la Unión Europea apuesta por las interconexiones eléctricas como herramienta para la creación de un mercado único de la energía que impulsará la convergencia de precios, mejorará la competitividad de nuestras empresas y permitirá una mayor penetración de energías renovables en el sistema eléctrico con la consiguiente menor dependencia de los combustibles fósiles». Aun así, España está lejos de la capacidad objetiva de interconexión eléctrica de la gran mayoría de países europeos y a gran distancia de los objetivos comunitarios. «Las interconexiones actuales con Francia no llegan a los 3.000 MW, lo que supone un ratio de interconexión del 2,8% con los sistemas eléctricos centroeuropeos, muy lejos del 10% acordado por la Unión Europea», lamentó.

También ha intervenido el director del proyecto de interconexión eléctrica submarina España-Francia, Juan Prieto, quien ha detallado el calendario del proyecto que, en la actualidad, está en la fase de consultas, que se prolongará hasta principios de 2018. Según ha explicado, una vez recogidas sugerencias, observaciones y análisis de las administraciones, todo ello se incorporará en los estudios de detalle ambiental y técnicos, para ya en 2018 comenzar con la tramitación detallada del estudio de impacto ambiental y de los proyectos. Después, habrá otra fase de información pública en la parte de la tramitación administrativa.

Prieto ha señalado que, teniendo en cuenta «el proceso riguroso y detallado que siguen este tipo de proyectos, estaríamos hablando de que no antes de 2020 estarían resueltas todas las autorizaciones necesarias, con lo cual antes de 2020 no comenzará ningún trabajo físico en el terreno». Además, indicó que estas infraestructuras «tienen un periodo de fabricación de los cables y de instalación prolongados, con lo cual estamos manejando una fecha de puesta en servicio de interconexión en torno a 2025».

El proyecto se desarrolla a través de INELFE, una empresa mixta creada a partes iguales por Red Eléctrica, el gestor de la red pública de transporte en España y su homólogo francés, Réseau de Transport d’Electricité. Su misión es construir y poner en marcha las interconexiones entre ambos países, con el objetivo de aumentar el volumen de intercambio de energía eléctrica entre la península Ibérica y el resto de Europa.

La interconexión estará conectada a la subestación de Gatika, a 10 kilómetros de la costa vasca. Para ello se aprovechará la infraestructura existente Gatika-Lemoiz, compuesta por dos líneas eléctricas de 400 kilovatios (KW). El trazado partirá de la estación conversora, que se construirá próxima a la subestación de Gatika, hasta la zona del Golfo de Vizcaya. De acuerdo al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental español, se dará inicio al trámite de presentación del documento que a modo de resumen identificará las características y ubicación del proyecto, el análisis de los potenciales impactos de las diferentes alternativas para la conversora y la línea, así como un diagnóstico territorial y medioambiental de las afecciones del proyecto.

El enlace se conectará a la subestación eléctrica de Gatika y a la subestación de Cubnezais. La elección del trazado y la colocación del cable en el fondo marino minimizarán el impacto sobre los usos marítimos y especialmente en la pesca. Por otro lado, el trazado subterráneo recorrerá menos de 100 kilómetros, desde la ribera derecha del río Dordoña, y pasará por debajo de éste y del Garona para llegar al litoral aquitano a través del Médoc, respetando el medio ambiente y las actividades humanas.

En esta zona costera se deben integrar numerosos elementos como son la sensibilidad ambiental, la frecuentación de las playas, los núcleos urbanizados, la sensibilidad respecto al retroceso de la línea de costa, así como la posibilidad de utilizar infraestructuras ya existentes para alejarse del litoral. Los puntos de aterraje más adaptados se encuentran en la costa de Médoc. El enlace interconectará dos sistemas de corriente alterna a través de una línea submarina en corriente continua. En cada extremo del enlace, las estaciones conversoras transformarán la corriente continua en alterna para conectarse con las redes de transporte de España y Francia.

Actualmente se está desarrollando de forma simultánea en el País Vasco y Aquitania el proceso de participación pública por parte de las empresas responsables del proyecto,  garantizando la información pública y la transparencia, en conformidad con las exigencias europeas. A este respecto, sus responsables están manteniendo encuentros informativos con las administraciones regionales, con los ayuntamientos y con los vecinos de las localidades del área de actuación. Además, se han puesto en marcha ya varios canales de comunicación ciudadana y se ha distribuido información a través de medios de comunicación, folletos y puntos informativos. También se aseguraron las «máximas garantías técnicas y medioambientales del proyecto», así como la necesidad de seguir apostando por las interconexiones eléctricas.

En ese sentido, José Manuel Esteban, jefe del área funcional de Industria y Energía de la subdelegación del Gobierno en Vizcaya, ha precisado que esta línea se hace para «integrar la red eléctrica española en la red europea», ya que España «tiene capacidad de sobra para producir la energía que necesita». «Esta interconexión no es para importar ni exportar, sino para estar conectados«, ha insistido.

España baja 5 posiciones en el Índice de Acción Climática hasta situarse en el puesto 38 de 56

Europa Press.- España ha bajado 5 posiciones respecto al año pasado en el Índice de Acción Climática (CCPI, en sus siglas) y 16 puestos respecto a 2014, cuando llegó a ocupar el puesto 22. Así, se sitúa actualmente en el puesto 38 de los 56 países analizados, lo que significa que vuelve a entrar en el «listado de países con un grado de acción climática baja», según considera SEO/BirdLife.

Atendiendo a los países de la Unión Europea, España ocupa el puesto 20, sólo por delante de Grecia, Polonia, Hungría e Irlanda, cuando SEO/BirdLife recuerda que es «el país más vulnerable al cambio climático de Europa«. El CCPI es un informe coordinado por Germanwatch, New ClimateInstitute y ClimateAction Network en el que un panel de expertos evalúa las políticas contra el cambio climático de los países que suponen el 90% de las emisiones efecto invernadero.

Como en años anteriores, el informe deja vacantes los tres primeros puestos de la clasificación, dado que para los expertos ninguno de los Estados analizados, en un listado que también incluye a la Unión Europea en su conjunto, muestra un comportamiento adecuado para garantizar que el incremento de las temperaturas no sobrepasará el umbral entre el 1,5 y 2 grados centígrados, objetivo marcado en la Cumbre del Clima de París.

El responsable de Cambio Climático y Energía de SEO/BirdLife, David Howell, afirma que «es de lamentar que España ocupe una posición tan baja en el ránking, no sólo en el contexto internacional sino en el europeo». «Es una muestra más de la tímida posición del Gobierno y del resto de fuerzas políticas en las negociaciones en Bruselas sobre esta cuestión crítica para España», asegura el experto, que menciona la «falta de ambición del actual Ejecutivo» que, a su juicio, «se manifiesta en contra del autoconsumo solar mientras apoya el carbón, que deja para otro momento la cuestión de la ecofiscalidad o que sigue sin resolver la dependencia de los combustibles fósiles del sistema de transporte».

Suecia, Lituania y Marruecos, líderes

De los movimientos en el ránking, destaca que Francia cede el testigo a Suecia como cabeza de lista (cuarta), seguido de Lituania (quinta) y Marruecos. Este último ha pasado, en sólo dos años, del puesto décimo al sexto por su bajo nivel de emisiones y sus ambiciosos objetivos de reducción para 2030, convirtiendo a este país en el líder de la acción climática de África.

Por su parte, Brasil pasa del 40 al 19 puesto, a pesar de la «falta de consistencia» de las políticas emprendidas por el actual Gobierno, beneficiado por la alta presencia de renovables en su mix energético según SEO/BirdLife. China, considerado «el mayor emisor a escala global», también mejora en la lista al escalar hasta el puesto 40, pues antes estaba en el 48, a pesar de que su actuación sigue en nivel «muy bajo» para la organización, que confía en que la perspectiva mejorará por «su empuje en la diplomacia climática y sus planes de futuro, por ejemplo en renovables».

En la parte más baja del Índice se sitúa Arabia Saudí, que ocupa el último lugar, precedido de Irán, Corea del Sur, Australia y Estados Unidos, que baja a los últimos puestos «espoleado por los movimientos de la Administración que preside Trump y su ruptura con el Acuerdo de París». Por su parte, Rusia repite el puesto 53 y sigue recibiendo las críticas de los expertos por su falta de ambición y de acciones concretas.

De todas las cuestiones analizadas, es en la de políticas climáticas donde España se sitúa en peor lugar, en el puesto 41. La organización compara la situación española con la de los países vecinos: Marruecos ocupa el cuarto puesto, Francia el sexto y Portugal el séptimo. El CCPI también suspende a España en relación a sus avances para cumplir el escenario de emisiones previsto por el país para 2030, sobre todo, según SEO/BirdLife, «por las dudas sobre las emisiones asociadas a las centrales térmicas, los sectores de transporte, industria y agrario, y los incendios forestales. No obstante, atisba buenas expectativas para cumplir los objetivos de energía renovables previstos para 2030.