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UNEF y las organizaciones ecologistas lamentan que el Gobierno desoye sus propuestas para la subasta de renovables

Europa Press.- Varias organizaciones empresariales y ecologistas lamentan que el Gobierno haya desoído sus propuestas conjuntas sobre el diseño de la subasta de renovables convocada para el próximo 17 de mayo. La Unión Española Fotovoltaica (UNEF), la Fundación Renovables, WWF, Ecologistas en Acción y SEO/BirdLife, entre otras asociaciones, señalan que las reglas de esta nueva subasta, lejos de atender a la necesidad de alcanzar los objetivos de energías renovables, «van en contra de su desarrollo lógico y reinciden en los errores de la última convocatoria».

Consideran que con esta planificación el Ejecutivo hace «una apuesta descarada» por las grandes instalaciones y por los grupos financieros al aumentar a 200 megavatios (MW) el límite máximo de la cantidad que se puede ofertar en un tramo indivisible, frente a los 100 MW de la propuesta inicial. De esta manera, lamentan que el Gobierno «desperdicia de nuevo una oportunidad de democratizar la energía» al no apostar por la generación cercana al consumo ni por el deseo de la ciudadanía de fomentar el acceso a los pequeños productores y de abrir la participación en la subasta de nuevos actores.

Además, critica que se constata «la falsa neutralidad» tecnológica de la subasta, al no establecer subastas específicas por tecnologías y enfrentar a las renovables entre sí, «ignorando su complementariedad y los importantes beneficios derivados de un mix renovable diversificado«. Para estas asociaciones, el Gobierno «sigue apostando» por favorecer a los grandes grupos empresariales y por convertir a las energías renovables en un producto financiero, «valorando más su capacidad para generar plusvalías que la de generar electricidad en función de las necesidades del sistema». Así, piden un sistema de subastas «adecuado y transparente para cumplir con los objetivos fijados para 2020/2030».

El sector eléctrico reclama para las renovables una rentabilidad fija, no revisable, mientras la CNMC pide cambios en la subasta

Europa Press.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) propone modificar varios aspectos de la próxima subasta de renovables, que se celebrará finalmente el 17 de mayo, y en la que se adjudicará hasta un máximo de potencia de 3.000 megavatios (MW), con el fin de que sea más competitiva y transparente. Asimismo, varias asociaciones empresariales solicitan que la próxima subasta garantice a los adjudicatarios una rentabilidad razonable fija.

Esta inquietud responde en buena parte a la incertidumbre que viene acompañando al marco retributivo de las renovables y aparece recogida en las alegaciones al borrador de resolución con los detalles de la subasta presentadas por las asociaciones ante el Consejo Consultivo de Electricidad de la CNMC. En su informe sobre la subasta, el regulador explica que ha recibido alegaciones de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), de la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA), de la Asociación Eólica de Galicia (EGA), de la asociación de empresas termosolares Protermosolar, de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) y de la Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa).

Las asociaciones solicitan que se modifique la propuesta de decreto y orden ministerial, de modo que «la rentabilidad razonable tenga un valor fijo no modificable a lo largo de la vida útil de las instalaciones, tanto para la existentes, a las que ya se las sometió a una revisión de la rentabilidad una vez realizadas las inversiones, como para las futuras«. Algunas alegaciones van más allá y piden que todos los parámetros de las instalaciones, que se utilizan para elaborar las ofertas de la subasta, no puedan sufrir modificaciones a lo largo de toda la vida útil de la instalación.

Otro aspecto que genera controversia en el sector es el de la neutralidad tecnológica. Sobre ellas, las alegaciones van desde la petición de cupos específicos por tecnología a la denuncia, como hace UNEF, de una falsa neutralidad tecnológica que favorece a la eólica. Las propuestas también incluyen la reducción de 6 a 3 meses en el periodo de identificación de las plantas ganadoras, con el objetivo de garantizar que solo proyectos maduros sean los adjudicatarios.

Varias alegaciones consideran que la decisión del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital de subastar 2.000 MW y reservarse la posibilidad de elevar esta capacidad en 1.000 más conforme a unos criterios recogidos en un anexo confidencial «no está justificada», según las alegaciones presentadas a la CNMC. Este anexo, según algunas alegaciones, «reduce la transparencia de la subasta». De ampliarse la puja hasta 3.000 MW, consideran que deberían fijarse nuevas fechas y volúmenes de potencia adicional para su subasta.

CNMC: más competitiva y transparente

En concreto, el regulador, que ha emitido dos informes sobre las propuestas del Ministerio de Energía para la subasta, solicita que el volumen por el que las empresas de energías renovables presentarán sus ofertas «sea vinculante respecto al valor de referencia fijado por el Ministerio» para cada tipo de tecnología renovable. Según el organismo presidido por José María Marín Quemada, esta medida posibilitaría tener certidumbre sobre la presión competitiva que existe por parte de las empresas antes de la subasta.

Asimismo, recomienda que la cantidad de potencia adjudicada finalmente en la subasta no sea inferior a la potencia a subastar. Para el regulador, este supuestos podría darse si las empresas de renovables que acuden a la subasta ofertasen un volumen de potencia superior, por ejemplo, a la hora de pujar por determinados bloques de energía que son indivisibles y superaran el monto ofertado. Además, la CNMC considera que a la hora de ordenar las ofertas para adjudicar los distintos bloques subastados, en caso de indeterminación o empate, se elimine el criterio del número de horas equivalentes de funcionamiento de las distintas instalaciones de energía renovables.

Por otra parte, afirma que antes de que se celebre la subasta, la entidad administradora (OMIE) debe proponer a la Secretaría de Estado de Energía los criterios por los que la subasta podría aplazarse. Para el regulador, también se debería evitar que las empresas que resulten asignatarias deban presentar garantías (efectivo, avales y seguros de caución) por duplicado. Concretamente, señala que este supuesto afectará a las empresas que se adjudiquen alguno de los bloques subastados porque deberán presentar una serie de garantías antes de participar en la subasta (garantías de participación), y otras posteriormente, cuando se inscriban en el registro empresas de régimen retributivo específico.

En cuanto a la resolución que establece la convocatoria de la próxima subasta de renovables, la CNMC propone como principal recomendación que no se establezcan límites a los descuentos (valores máximos del porcentaje de reducción) que las empresas renovables ofrecerán en su puja con respecto al valor estándar que ofrece el Ministerio. Todo ello, con el fin de que «no se reduzca la presión competitiva en la subasta, y de no restringir la horquilla de descuentos dentro de la cual las ofertas pueden ordenarse sin necesidad de recurrir a criterios de desempate más discutibles». Finalmente, la CNMC subraya que desconoce la propuesta de anexo confidencial.

La subasta renovable se celebrará el 17 de mayo, triplicando los avales requeridos y con máximos para los descuentos

Europa Press.– La nueva subasta de renovables para la instalación de hasta 3.000 megavatios (MW) se celebrará el próximo 17 de mayo, según una resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital. En concreto, el BOE ha publicado dos resoluciones sobre la subasta para la asignación del régimen retributivo específico para instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de tecnología renovable.

Energía indica que la subasta permitirá introducir las renovables más eficientes en costes y que la convocatoria permitirá a España avanzar en el cumplimiento de los objetivos de la Unión Europea de renovables para 2020. La entidad administradora de esta subasta es el Operador Español del Mercado Eléctrico (OMIE). De forma expresa se licitan 2.000 MW renovables y, como estaba previsto en los borradores publicados por Energía, reservan una opción de ampliación que permitirá sumar otros 1.000 MW y alcanzar los 3.000 MW. El procedimiento para esta ampliación es confidencial.

Las resoluciones incluyen algunos cambios con respecto a los borradores, entre ellos el descuento máximo en la presentación de las ofertas en función de diferentes tecnologías. Si antes eran del 66,01% en el caso de la eólica, en el 59,84% en el de la fotovoltaica y en el 98,94% en el resto de tecnologías, el texto final recoge porcentajes del 63,43% para la eólica, del 51,22% para la fotovoltaica y del 99,99% para el resto.

La subasta utilizará un sistema marginalista en el que los interesados pujarán a la baja hasta completar la bolsa de megavatios en juego. Las ofertas se ordenarán de más barata a más cara, y la última en llenar el cupo será la que marque el precio. Las nuevas subastas se presentan como tecnológicamente neutrales, de modo que podrán competir todas las fuentes renovables Esta circunstancia difiere de lo ocurrido en la primera subasta, en la que se pusieron en juego 700 MW, de los que 500 MW eran eólicos y los 200 restantes, de biomasa.

No obstante, este planteamiento ha generado controversia en el sector, ya que la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) considera que no hay tal neutralidad y ha solicitado medidas precautelares al Tribunal Supremo para la suspensión de la subasta, al considerar que el mecanismo beneficia a la eólica. La asociación fotovoltaica denuncia que, en caso de empate, se tomará el proyecto que genere más megavatios hora por cada megavatio instalado, conforme al número de horas de funcionamiento, y que este factor supone una ventaja para la eólica.

Las resoluciones publicadas en el BOE recogen un sistema por el que las ofertas se seguirán realizando en sobre cerrado y conforme a las inversiones previstas. Como novedad, se realizarán unos ajustes conforme a una fórmula para establecer el sobrecoste que los proyectos generarán al sistema eléctrico. Una vez se conozcan el valor de la inversión inicial y el resto de parámetros retributivos, se calculará para cada oferta la retribución a la inversión y el cociente entre esta retribución a la inversión y el número de horas estándares de funcionamiento.

Como resultado de la subasta, se obtendrá la potencia adjudicada a cada participante para cada tecnología, así como el porcentaje de reducción del valor estándar de la inversión inicial de la instalación tipo. La referencia final de la subasta será «el porcentaje de reducción del valor estándar de la inversión inicial de la instalación tipo de referencia para nuevas instalaciones».

En cuanto a los avales necesarios para participar, pasarán de los 20 euros por cada kilovatio (kW) incluidos en la primera subasta a un valor tres veces superior, de 60 euros. Otra de las novedades de la nueva subasta es que se podrá ofertar en bloques de un tamaño máximo de 100 MW, mientras que anteriormente el máximo de la puja era de 50 MW.

La fotovoltaica UNEF pide al Supremo la suspensión de la subasta de renovables por considerar que favorece a la eólica

Europa Press.- Al tiempo que el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital aprobaba la orden ministerial que regula la subasta por 2.000 megavatios (MW) de potencia renovable, ampliable a otros 1.000 MW adicionales «si el resultado de la subasta ofrece precios competitivos», la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) acordaba solicitar al Tribunal Supremo que aplique medidas precautelares consistentes en la suspensión de la próxima subasta de renovables, según indicó el director general de la asociación, José Donoso.

La petición responde a que el mecanismo preparado por el Gobierno “favorece”, según UNEF, a la eólica y “contradice” por tanto el principio de neutralidad tecnológica establecido en el real decreto sobre la subasta. En la reunión de UNEF han participado las empresas fotovoltaicas asociadas interesadas en la subasta, tanto las grandes como las pequeñas. «La percepción generalizada es que se produce una discriminación hacia la fotovoltaica, ya que con las condiciones de la subasta no se puede ejercer el grado de competitividad alcanzado por esta tecnología desde el punto de vista económico», explicó Donoso.

Al no reflejarse esta competitividad de la fotovoltaica, «se prevé que haya empate, y en caso de empate vamos a quedar desplazados», indicó. El mecanismo de la subasta limita los descuentos que ofrecen los interesados,lo que eleva según UNEF la probabilidad de empate, al tiempo que fija un procedimiento de desempate que premia los proyectos con más horas de funcionamiento y “beneficia por tanto a la eólica”. Para UNEF, este mecanismo contemplado en los desarrollos normativos rompe con el principio de neutralidad tecnológica establecido por el propio Ministerio de Energía en el decreto sobre la convocatoria de la subasta.

La «discriminación» sufrida por la fotovoltaica es «mala para los consumidores, a los que se impide aprovechar las ofertas más bajas que puede ofrecer esta tecnología», explicó Donoso, antes de recordar las discrepancias de UNEF con el sistema marginalista que se empleará en la puja. Por ello, planteará sus discrepancias a través de un recurso contencioso administrativo. El ministro de Energía, Álvaro Nadal, afirmó recientemente que la industria eólica española es «muy competitiva» y va a tener «un enorme éxito al participar en esa subasta”. “En España la eólica es muy buena tecnológicamente y tiene grandísimas oportunidades de llevárselo, porque trabaja más horas que la solar, aunque ya veremos», añadió.

Subasta ampliable a 3.000 MW

Por su parte, el gabinete dirigido por Álvaro Nadal subraya que la subasta será tecnológicamente neutra, «permitiendo competir en igualdad de condiciones a las distintas tecnologías renovables». La subasta se realizará mediante un mecanismo competitivo, de manera que resultarán adjudicados aquellos proyectos que supongan un menor coste para el consumidor. Además, para asegurar la ejecución de los proyectos, que tendrán que estar en funcionamiento antes de 2020, el Gobierno ha establecido un sistema de garantías económicas que, conforme se vayan cumpliendo hitos en la ejecución de los proyectos, irán siendo devueltas progresivamente a los promotores.

El Ministerio de Energía indicó que esta subasta representa un «paso muy significativo» para la consecución de los objetivos ambientales a 2020. Actualmente, España se encuentra por encima de la senda prevista para cumplir el objetivo del 20% de renovables en 2020, situándose por delante de la mayoría de países de nuestro entorno. El Gobierno realizó ya en 2016 una subasta, la primera desde la moratoria a las renovables, que sirvió para licitar 700 MW de renovables, de los que 500 fueron de eólica y 200 de biomasa, y en la que los ganadores se llevaron esta potencia sin incentivo.

Podemos y Compromís registran una ley para derogar los cambios de retribución a los inversores en energía fotovoltaica

Europa Press.- Unidos Podemos-En Comú y Compromís han registrado en el Congreso una proposición de ley para asegurar la inversión de los productores de energía renovable y evitar que la revisión de estas retribuciones programada para 2020 pueda llevar a la ruina a más de 62.000 familias que invirtieron sus ahorros en este negocio.

La iniciativa legislativa consta de un solo artículo que modificaría la Ley 24/2013 para garantizar que el valor de la rentabilidad razonable no se modificará, ni se revisará durante la vida útil de las instalaciones. Según denuncian estas formaciones, las reformas de 2013 y 2014 en la producción de energía eléctrica a través de renovables permitió la revisión periódica de la totalidad de los parámetros, por lo que no es posible conocer la retribución de los proyectos más allá de un horizonte de tres años.

Ambas formaciones estuvieron acompañadas en la presentación de la iniciativa por la Asociación Nacional de Productores Fotovoltaicos (ANPIER) y la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), que advirtieron que la próxima revisión de los parámetros, en 2020, puede reducir hasta un 25% la rentabilidad actual, ya revisada anteriormente y por la cual debieron refinanciar su deuda. Los representantes de las asociaciones denuncian que desde el impulso dado a la producción de energía fotovoltaica en 2007 se han producido hasta 9 cambios retroactivos que han modificado las condiciones inicialmente pactadas con el Estado.

Los principales afectados, advierten, son aquellos productores con menos recursos, sin posibilidades de poder alcanzar a nuevos acuerdos de refinanciación. «La parte social desaparecerá fulminantemente y seguirá el camino que llevamos desde hace unos años, que es acabar en manos de fondos buitre o de grandes compañías», ha lamentado Miguel Ángel Aroca, presidente de ANPIER. «El futuro va a ser renovable, de eso no hay duda. La gran incertidumbre es saber si va a ser social», indicó el director de ANPIER, Rafael Barrera, que critica que las incertidumbres «expulsan» a los pioneros en la producción energética a través de renovables.

Para Ignasi Candela (Compromís), esta proposición de ley trata de «avanzar en la democratización de la producción de la energía», en la que espera sumar al PSOE, al que cree «comprometido en este proceso», y a Ciudadanos, al que ve más «dubitativo». Por su parte, Josep Vendrell, de En Comú, ha reclamado que esta legislatura sea la de la «transición energética» ante los «obstáculos» que plantea, ha dicho, el Gobierno y su ministro de Energía, Álvaro Nadal. Ante la posibilidad de que el Gobierno pueda presentar un veto para evitar la calificación de la propuesta, Vendrell asegura que en este caso no hay afectación presupuestaria. 

Las asociaciones renovables APPA, UNEF, EolicCat, y la patronal Pimec urgen a reactivar este tipo de energías en Cataluña

EFE.- La Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA), la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), la patronal eólica catalana EolicCat y la patronal Pimec han reclamado un plan urgente que permita reactivar la implantación de las energías renovables en Cataluña. Estas entidades han emplazado a la administración catalana y a los partidos políticos a acelerar la puesta en marcha de este tipo de energías para que supongan el 50% de la generación de electricidad en el año 2030.

Según estas entidades, este plan debe contener tanto aspectos normativos como técnicos con el fin de simplificar los trámites para implantar este tipo de energías. Para alcanzar los objetivos de 2030, resulta necesario, a juicio de los ponentes, que a partir del año 2019 se pongan en servicio anualmente 300 megavatios de generación eólica y otros tantos de generación fotovoltaica, lo que permitiría contar con 4.800 megavatios de eólica y de 4.000 de fotovoltaica en 2030. Durante este encuentro se puso de manifiesto que actualmente la energía nuclear cubre el 50% de la demanda total de electricidad en Cataluña, por un 16,8% de las renovables.

UNEF asegura que el autoconsumo genera retornos al Estado y que el veto del Gobierno es «ideológico»

Europa Press.- La Unión Española Fotovoltaica (UNEF) calcula que la instalación de 100 megavatios (MW) de autoconsumo en España procuraría un saldo positivo de cerca de 68 millones al Estado y considera que el veto del Gobierno a la proposición de ley del Congreso para fomentar esta actividad mediante la eliminación del impuesto al Sol es «ideológico» y no responde a razones de impacto presupuestario.

En un informe, la asociación fotovoltaica considera que los argumentos del Gobierno para vetar la propuesta de ley aprobada de forma mayoritaria por el Congreso son «ideológicos y no jurídicos». El Ejecutivo, señala, «carece totalmente de justificaciones legislativas a las argumentaciones que presenta». El informe de la Secretaría de Estado de la Energía (SEE) trasciende los ámbitos que le corresponde al realizar cálculos que corresponden a Hacienda y se encuentra además «lleno de juicios de valor subjetivos que nada tienen que ver con el verdadero marco del autoconsumo», señala UNEF.

Al abordar el impacto económico de la instalación de 100 MW, la asociación considera que el saldo anual en retornos fiscales y costes evitados ascendería a 73 millones, cantidad que quedaría minorada en un máximo de 5 millones por la pérdida de ingresos, de modo que el Estado, en cualquier caso, tendría un retorno de 68 millones. Adicionalmente, se producirían unos ahorros en eficiencia, emisiones de CO2 e importaciones de combustibles fósiles que, para una potencia instalada de 100 MW, se situarían en torno a los 7,6 millones de euros.

Al estudiar las estimaciones presupuestarias del Gobierno, UNEF considera que, en el escenario supuesto por la secretaría de Estado de un precio medio del pool de 50 euros por megavatio hora (MWh), la pérdida de ingresos en impuestos bajaría desde los 74 millones estimados por el Gobierno hasta 9,5 millones si se consideran todas las tecnologías renovables, y sería solo de 400.000 euros si solo se considera el autoconsumo fotovoltaico. Por otro lado, la pérdida de impuestos recaudados por ingresos por peajes bajaría desde los 14 millones estimados por el Gobierno hasta 1,5 millones considerando todas las tecnologías renovables, y sería solo de un poco más de 67.000 euros si solo consideramos al autoconsumo fotovoltaico.

Además, UNEF calcula que la aportación extra de los Presupuestos Generales del Estado no sería de 10 millones como estimaba el Gobierno, sino de 1,1 millones considerando todas las tecnologías renovables y de solo poco más de 49.000 euros si solo se considera el autoconsumo fotovoltaico. Al margen de estas consideraciones presupuestarias, la asociación aborda el efecto sobre los peajes eléctricos. Según recuerda, las instalaciones de autoconsumo conectadas a la red pagan los costes regulados del sistema al igual que el resto de los consumidores.

Estas instalaciones, indica, asumen el término fijo completo en función de su potencia contratada, que siempre debe ser mayor o igual que la de la instalación de autoconsumo, y el término variable de la energía consumida de la red, por lo que no dejan de pagar los costes regulados del sistema en función de lo que consumen de la red. La proposición de ley vetada no propone la exención de peajes y cargos a los autoconsumidores, sino a la energía autoconsumida, la que no pasa por la red de distribución.

El autoconsumo se vuelve contra Ciudadanos: las organizaciones sociales y renovables culpan al partido de que se mantengan los cargos

Europa Press.- Organizaciones sociales y del sector renovable han culpado a Ciudadanos de que se «mantenga el impuesto al sol» por no forzar en la Mesa del Congreso el levantamiento del veto del Gobierno a la proposición de Ley de medidas para fomentar el autoconsumo eléctrico. Tanto el PP como Ciudadanos rechazaron levantar el veto impuesto a la proposición de ley de la oposición que pretende regular el autoconsumo energético y derogar el llamado impuesto al sol.

Organizaciones como Anpier, la European Association for Renewable Energy (Eurosolar), la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), Facua, OCU, Greenpeace, WWF o Amigos de la Tierra, entre otras, consideran que Ciudadanos «se echó atrás» y decidió no forzar el levantamiento del veto, «empeorando las perspectivas a corto plazo de aprobar una normativa española de autoconsumo en línea con las adoptadas por el resto de países de la Unión Europea«. Para las asociaciones, esta «maniobra» del Gobierno no es más que «la continuidad a su clara política de penalización» de las renovables, el ahorro y la eficiencia energética.

Así, consideran que en un país como España, «con altísima dependencia energética», reducir la factura energética utilizando fuentes renovables y autóctonas debería ser «objetivo prioritario de cualquier gobierno, con independencia de su orientación política, para demostrar su compromiso con la lucha contra el cambio climático«. Por ello, ve necesario sustituir «cuanto antes» la actual normativa por una que promueva, «y no penalice», el autoconsumo, para lo que pedían a Ciudadanos reconsiderar su voto en la reunión de la Mesa del Congreso y así permitir seguir con la tramitación de la proposición de Ley de autoconsumo.

Ciudadanos rechaza levantar el veto

Sin embargo, tanto el PP como Ciudadanos rechazaron en la Mesa del Congreso levantar el veto impuesto por el Gobierno. Acogiéndose a la competencia que le otorga la Constitución para frenar iniciativas parlamentarias que alteran los presupuestos en curso, el Gobierno vetó la tramitación de esta proposición de ley que en su día presentaron todos los grupos de la oposición salvo Ciudadanos, que ya tenía otra similar registrada. Concretamente, el Ejecutivo alegó que la regulación del autoconsumo energético supondría una merma en la recaudación de 162 millones de euros en impuestos y un gasto de 10 millones adicionales para compensar el déficit que provocaría la consecuente reducción de los peajes.

La Mesa del Congreso asumió entonces el veto del Gobierno y, en consecuencia, bloqueó la tramitación de la iniciativa parlamentaria, pero no lo hizo por unanimidad: PP y Ciudadanos lo aceptaron, reconociendo la capacidad de veto que tiene el Gobierno, pero PSOE y Unidos Podemos-En Comú votaron en contra. Los dos grupos parlamentarios de izquierda pidieron entonces la reconsideración de esa decisión de la Mesa del Congreso, lo que implicaría levantar el veto del Gobierno, pero el órgano de gobierno de la Cámara, con los mismos votos, se ha reafirmado.

En medio de este debate, el ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha citado este miércoles en su despacho a Ciudadanos para tratar de buscar un acuerdo sobre el autoconsumo energético, un punto que estaba en el acuerdo que facilitó la investidura. Según el portavoz de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, «hay dos formas de conseguir las cosas en política: una es la negociación y otra buscar el conflicto institucional y hacer que los temas se pasen años y años en los tribunales para o no conseguir nada o conseguirlo muchos años después». «Nosotros creemos más en la primera vía, en la del diálogo, y ésa es la que estamos practicando”, concluyó.

El Tribunal Supremo admite un recurso de Unesa contra los peajes eléctricos de este año

Europa Press.- El Tribunal Supremo ha admitido a trámite un recurso contencioso-administrativo de la Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa) contra la orden del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital por la que se establecen los peajes eléctricos para 2017. En concreto, la patronal eléctrica presentó el recurso en la sala tercera, sección tercera del Tribunal Supremo, que fue admitido a trámite el pasado 2 de marzo, según publica el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Este recurso se une a los presentados también por Gas Natural Fenosa y la Unión Fotovoltaica Española (UNEF) contra esta orden ministerial que establece los peajes eléctricos de 2017. El Ministerio de Energía aprobó sendas órdenes ministeriales en las que se adoptaba la congelación de los peajes de electricidad y gas para el ejercicio 2017. Estos peajes recogen los ingresos necesarios para cubrir los costes regulados previstos tanto en el sistema gasista como en el eléctrico. Aparte de estos peajes, los consumidores abonarán en su recibo los impuestos y el coste de la energía. Con esta decisión, se suman tres ejercicios consecutivos con los peajes de electricidad y gas congelados.

El Tribunal Supremo admite un recurso de la patronal fotovoltaica UNEF por el alza de cargos al autoconsumo en Baleares

Europa Press.- Al tiempo que varios expertos del sector fotovoltaico destacaron que el autoconsumo representa «una alternativa viable que aporta beneficios económicos y medioambientales para todos los ciudadanos, no solo a los que apuestan por él», la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo admitió a trámite un recurso de la Unión Fotovoltaica Española (UNEF) contra la orden del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital en la que se revisan los peajes eléctricos para 2017.

Fuentes de UNEF indicaron que la presentación del recurso responde a dos motivos. El primero de ellos consiste en que la norma prevé un incremento de los cargos a la energía autoconsumida en Baleares. El segundo motivo se refiere al cálculo de los cargos generales al autoconsumo. La asociación considera que no existe una metodología clara para este cálculo, lo que se traduce en una falta de transparencia. Esta falta de metodología, indican desde UNEF, también llama la atención de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que ha dejado constancia de ella en sus informes recientes.

La orden establece que el cargo transitorio por la energía autoconsumida, conocido popularmente como impuesto al sol, se comenzará a cobrar en 2017 en Ibiza y Formentera, hasta ahora exentas de su pago. Además, en Mallorca y Menorca, donde hasta la fecha se disfrutaba de una rebaja de este componente, no solo se produce una subida, sino que la misma es tal que supera las referencias establecidas para la Península.

Estos incrementos se producen pese a la rebaja del 9% en la parte fija para todo el territorio nacional para los autoconsumidores domésticos, que son los que tienen una potencia inferior a 10 kilovatios (kW). Estos autoconsumidores no pagan de forma transitoria en ninguna parte de España el conocido como impuesto al sol, que se aplica sobre el término de energía a contratos con potencias contratadas superiores a 10 kW.

Beneficio al medioambiente y sociedad

En una jornada organizada por UNEF en la feria Genera, el director general de la patronal, José Donoso, señaló la oportunidad que representa la integración del autoconsumo en los edificios. Donoso subrayó que con el autoconsumo «ganan todos», tanto los autoconsumidores como la sociedad, porque se genera energía limpia, esencial para combatir contra el cambio climático, y barata, «que contribuye a reducir el precio de la energía para los consumidores».

Asimismo, también se debatió sobre la integración de la tecnología fotovoltaica en la edificación. Los expertos aseguraron que éste es el momento de apostar por la integración de la fotovoltaica en los edificios, que consumen el 40% del total de la energía a nivel europeo, según indicó UNEF. Además, valoraron la importancia de avanzar en la integración de la fotovoltaica en la edificación para cumplir con las líneas definidas en el paquete de invierno de la Comisión Europea, que pretenden, entre otros objetivos, descarbonizar el stock de edificios a 2050.