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La patronal fotovoltaica UNEF se opone al recorte al 4% de la rentabilidad razonable anunciado por Nadal para las renovables

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Europa Press.- La Unión Española Fotovoltaica (UNEF) considera un «ataque al sector» y califica de «institucionalización de la inestabilidad jurídica» la nueva modificación de la rentabilidad razonable para las instalaciones de energía renovables anunciada por el ministro Álvaro Nadal, que bajaría del 7,38% actual al 4% a partir del 1 de enero de 2020, según indicó UNEF.

La asociación sectorial afirma que “esta medida tendría un impacto sobre la viabilidad de las instalaciones fotovoltaicas actualmente en operación, que se encuentran todavía en proceso de reestructuración tras la entrada en vigor del nuevo régimen retributivo”. En este sentido, UNEF defiende que “una nueva modificación supondría perjuicios relevantes para los bancos y los propietarios de las instalaciones, que se verán obligados a refinanciar sus proyectos, perdiendo el capital social y asumiendo mayores costes financieros”.

Con respecto al procedimiento para la modificación de la tasa de actualización que toma como valor el de la rentabilidad razonable, UNEF considera que “de tramitarla vía orden ministerial, Nadal se estaría atribuyendo una facultad que corresponde al Parlamento”. Por ello, el sector fotovoltaico considera que, para garantizar el cumplimiento de la ley, el Ejecutivo tiene que tramitar un proyecto de ley “para que el Parlamento pueda tomar la decisión final al respecto”. UNEF indicó «que la credibilidad regulatoria y la seguridad jurídica son imprescindibles para garantizar el correcto desarrollo de las empresas renovables, que desempeñan un papel fundamental en la reactivación de nuestra economía».

El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, avanzó recientemente su intención de recortar la rentabilidad razonable en 2020, con el objetivo de que se pueda bajar el recibo de la luz un 10%. Por último, desde UNEF insisten en que “el ahorro de este recorte para el consumidor no será significativo ya que España tendrá que hacer frente a las indemnizaciones derivadas de la pérdida de los arbitrajes internacionales interpuestos ante el CIADI por los inversores extranjeros afectados por los recortes aplicados a la energía solar y a la termosolar desde 2012”.

La patronal fotovoltaica UNEF pide que en la próxima subasta de renovables todas las ofertas que empaten entren como adjudicatarias

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Europa Press.- La Unión Española Fotovoltaica (UNEF) considera que lo más adecuado es que todas las ofertas que en la próxima subasta de renovables empaten, y que no supongan un sobrecoste para el sistema, entren como adjudicatarias. Por ello, solicita que no se repita «el mismo error» que en la subasta verde celebrada en mayo, en la que la fotovoltaica quedó excluida por el criterio de las horas de funcionamiento «a pesar de haber ofertado al mismo precio que la otra tecnología».

Asimismo, respecto a las licitaciones que se celebren en los territorios extrapeninsulares (Canarias y Baleares), UNEF pide que tengan «el diseño adecuado«. Además, la patronal reclama a las administraciones públicas «una mayor implicación en el desarrollo de la energía fotovoltaica, como fuente inagotable, sostenible y limpia» para cumplir los compromisos definidos en el Acuerdo de París, y del autoconsumo. De esta manera, pide a la administración pública un compromiso para recuperar la seguridad jurídica y conseguir mantener la retribución para los proyectos fotovoltaicos al 7,3%.

Por otra parte, recuerda también las posibilidades que se abren en el desarrollo del autoconsumo tras la reciente sentencia del Tribunal Constitucional «avalando su uso colectivo y atribuyendo a las comunidades autónomas las competencias para su regulación». A este respecto, la patronal insta a las comunidades autónomas a que sigan el ejemplo de Cataluña, definiendo la regulación necesaria para fomentar el desarrollo de instalaciones de autoconsumo compartido en edificios de viviendas y urbanizaciones «para que se mejore la eficiencia energética de los mismos y se contribuya a la lucha contra el cambio climático». Además, señala la importancia de acabar con las barreras económicas, como el impuesto al sol, y administrativas definidas por la actual regulación.

Cerca de 4.500 MW de solar fotovoltaica esperan su oportunidad en la nueva subasta de renovables del 26 de julio

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Europa Press.– Proyectos con una capacidad conjunta de cerca de 4.500 megavatios (MW) esperan una oportunidad en la nueva subasta de energías renovables organizada por el Ministerio de Energía, que se celebrará el 26 de julio y que permitirá la instalación de más de 3.000 MW. El volumen de megavatios solares interesado por el proceso da muestras del interés en torno a la subasta, que está limitada a proyectos fotovoltaicos y eólicos, a la vista de que son las renovables más competitivas.

Fuentes de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) precisan que la cifra de 4.500 MW procede de una estimación de los proyectos que se presentaron a la anterior subasta, en la que la fotovoltaica apenas pudo obtener una potencia residual. Es previsible que este volumen de demanda vuelva a presentarse a la puja del 26 de julio, si bien las fuentes precisan que el dato debe tomarse como un «pronóstico» del sector. En la subasta anterior, también de 3.000 MW, la demanda triplicó la oferta, de modo que quedaron unos 6.000 MW de renovables sin asignar.

Subastar más de 3.000 MW

En el real decreto 650/2017, publicado en el BOE, el Ministerio de Energía abre la puerta a ampliar por encima de los 3.000 MW la potencia adjudicada, lo que eleva las opciones del sector fotovoltaico, que se siente discriminado por el sistema de desempate en el que se priman las horas de producción y, con ello, a la eólica. El artículo 1 del real decreto establece que «el cupo de potencia se incrementará, por encima de los 3.000 MW, para permitir la inclusión de la potencia de todas aquellas ofertas que tengan el mismo sobrecoste que la última oferta adjudicada».

Este incremento en el número de megavatios licitados será posible siempre que el sobrecoste para el sistema «sea nulo» e inferior a un valor que se establezca en una «cláusula confidencial» de la resolución por la que se convocará la subasta. El secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, ha asegurado que su departamento no descarta ampliar la potencia que se adjudicará en la próxima subasta de renovables «si las ofertas son competitivas y a costes interesantes para el consumidor». Navia se mostró convencido de que España alcanzará el objetivo del 20% de energías renovables en el horizonte de 2020.

UNEF, Anpier, Px1NME y ecologistas piden al Gobierno un cierre progresivo de las centrales de producción eléctrica no renovable

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Europa Press.- Organizaciones sociales y empresariales como los fotovoltaicos de UNEF y Anpier, la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético (Px1NME), Fundación Renovables, Amigos de la Tierra o Greenpeace exigen al Gobierno «el cierre progresivo de todas las centrales eléctricas no renovables». Las organizaciones consideran que la reciente subasta de energías renovables demuestra un importante interés por invertir en estas tecnologías a precios de mercado, sin incentivos y consideran que el volumen de inversión podría ser mucho mayor con un plan de subastas.

La planificación del Gobierno, indican, debe contemplar la total descarbonización y desnuclearización del sector eléctrico, impidiendo la ampliación de la vida útil de las centrales nucleares y de carbón, y garantizando su sustitución con renovables a través de un calendario de subastas periódicas de renovables. Según dicen, el plan debe incorporar la implantación de tecnologías sostenibles de generación renovable, almacenamiento, redes inteligentes y gestión de la demanda, ya disponibles a cada vez menor precio. «Resulta esencial establecer criterios adicionales a los puramente económicos en la subasta, como cupos para proyectos con participación ciudadana o impacto positivo en el empleo», señalan.

La nueva subasta renovable, acogida de forma desigual, mantiene el criterio de desempate entre eólica y fotovoltaica

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Europa Press / EFE.- La nueva subasta de 3.000 megavatios (MW) de potencia renovable, anunciada por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha sido acogida de forma desigual en el sector, pues mientras la industria eólica cree que es una buena noticia, a las asociaciones de fotovoltaica les suscita dudas. La subasta mantendrá los criterios de desempate en función de las horas de producción establecidos en la puja celebrada este mes, según consta en el borrador y en la memoria económica del decreto.

Este criterio de desempate recibió críticas de las asociaciones fotovoltaicas de referencia, UNEF y Anpier, que ven en su aplicación un trato de favor a la eólica y que destacan la capacidad de la solar para competir en igualdad de condiciones. La segunda de estas asociaciones denunció la subasta de mayo ante el Tribunal Supremo precisamente por encontrarla discriminatoria. En el borrador del real decreto, Energía señala que el procedimiento de la subasta celebrada en mayo, en la que la eólica se llevó el 99% de la potencia ofrecida, ha sido «muy satisfactorio», por lo que serán de aplicación las reglas anteriores, incluidas en la orden ministerial ETU/315/2017 y en la resolución del 10 de abril que desarrolló su contenido.

En estas disposiciones se indica que, en caso de empate, ha de tomarse el proyecto que genere más megavatios hora por cada megavatio instalado, conforme al número de horas de funcionamiento. Además, se establecen unos porcentajes máximos de abaratamiento de las ofertas diferentes en función de cada tecnología. «Lo que pedimos es que la definición final de la subasta permita a todos los agentes del mercado ejercer su competitividad», indicó el director general de UNEF, José Donoso, tras conocerse el contenido del borrador del decreto.

Conforme a las reglas de la subasta, para cada tramo de oferta se calcula la retribución a la inversión y el cociente entre dicha retribución y el número de horas estándares de funcionamiento de la instalación. Como las horas estándares fijadas para la eólica son superiores a las de la fotovoltaica, esta tecnología gana opciones para la adjudicación. El borrador del real decreto limita como novedad el alcance de la subasta a estas dos tecnologías. En concreto, indica que será de aplicación a instalaciones de los subgrupos b.1.1. y b.2, que corresponden a la fotovoltaica y a la eólica, respectivamente.

Como en la anterior ocasión, la convocatoria se limita a los territorios peninsulares y, para garantizar el cumplimiento de los objetivos de renovables de España ante la Unión Europea para 2020, excluye instalaciones cuya construcción suponga el cierre o la reducción de potencia de otra de la misma tecnología e instalaciones constituidas por equipos principales que no sean nuevos o que hayan tenido uso previo.

En la memoria, Energía repite los cálculos utilizados para la anterior subasta y confía en que el coste para el sistema de los nuevos proyectos sea «nulo». Este coste nulo se produce para el consumidor en los escenarios medios de precios de la electricidad tomados como referencia por el Gobierno. Si se produjese un abaratamiento en el pool con respecto a la previsión, a partir de 2019 las instalaciones podrían recuperar la diferencia a modo de coste regulado del sistema.

Energía señala que, tomando como hipótesis que la rebaja obtenida en la subasta es de 0% y que la potencia adjudicada por tecnología se distribuyera a partes iguales entre fotovoltaica y eólica, el coste máximo para el sistema ascendería a 123 millones de euros anuales a partir de 2019. En todo caso, asegura que, «a la vista del resultado de la subasta anterior, es de esperar que el coste sea muy inferior a 123 millones de euros o incluso nulo como sucedió en dicha subasta».

Diversa acogida en el sector

La Asociación Empresarial Eólica (AEE), que representa a más del 90% del sector en España, considera la nueva subasta de hasta 3.000 megavatios de capacidad una «buena noticia para todo el sector» de las renovables.Según la asociación, con esa nueva potencia España se acercará al objetivo europeo de que en 2020 las energías renovables supongan el 20% del consumo, lo que unido a la futura Ley de Cambio Climático, constituye un paso más dentro del proceso de transición energética.

La Unión Española Fotovoltaica (UNEF), que representa a empresas que suponen aproximadamente más del 85% del sector en España, también ve positivo que se convoque una nueva subasta, aunque cree que hay que reformar su diseño para que sea «verdaderamente competitiva» y para abaratar los precios al consumidor. Por eso, esta asociación, que recurrió ante el Supremo la normativa de la anterior, reclama una reducción en el suelo del descuento máximo y un modelo en el que cada agente interesado oferte un precio por kilovatio hora para que el más competitivo reciba la remuneración ofertada.

La Asociación Nacional de Productores Fotovoltaicos, Anpier, que agrupa a 5.000 socios que son pequeños productores e inversores, ha dicho que esta nueva subasta es «más de lo mismo». Su presidente, Miguel Ángel Martínez-Aroca, vaticina que si la subasta se celebra con las mismas reglas que la anterior, como está previsto en el decreto del Gobierno, «de nuevo arrasará la eólica«, en la que ha recordado «dominan» las grandes eléctricas.

Por su parte, el director general de la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA), José María González Moya, ha expresado su sorpresa por el anuncio de una nueva subasta renovable, más cuando apenas se acaba de celebrar la anterior, también de 3.000 MW. González Moya, cuya organización agrupa a empresas y entidades de todo tipo de energías limpias, ha manifestado que esta nueva convocatoria «es otra improvisación» del Gobierno.

Ha reiterado que es necesaria una planificación a largo plazo de las subastas, ya que las empresas y los inversores necesitan conocer cuando se convocarán para organizar sus inversiones, y ha criticado que en esta nueva subasta se vuelva a «enfrentar» a las diferentes tecnologías. Por eso, González Moya demanda que las subastas vuelvan a tener cupos por tecnologías (solar, eólica y otras) y ha afirmado que el mecanismo de adjudicación «sigue perjudicando a la energía fotovoltaica», que sólo logró un megavatio en la anterior convocatoria por el sistema para deshacer los empates en las ofertas, que era el mayor número de horas de funcionamiento.

Extremadura pide oportunidad para fotovoltaica

Por su parte, el consejero extremeño de Economía e Infraestructuras, José Luis Navarro, ha asegurado que la nueva subasta de energías renovables será satisfactoria para Extremadura si la energía fotovoltaica tiene posibilidades reales y aseguró que «estaremos muy pendientes de que esta vez no perjudique a Extremadura«. Además, ha recordado que con la anterior subasta se hicieron muchas esperanzas porque conocían que había muchas empresas extremeñas interesadas en presentarse pero, por la “preferencia” que se daba a la energía eólica, «no entraron los proyectos extremeños». El consejero ha aseverado que desde la Junta han insistido a todos los niveles en la necesidad de una nueva subasta y «afortunadamente parece que esta petición ha sido recibida».

Por último, se ha referido también a la posibilidad de que una de las empresas adjudicatarias de la anterior subasta de energías renovables pudiera construir un parque eólico en el norte de Extremadura para cumplir los compromisos adquiridos en la subasta. En este sentido, se limitó a señalar que «es prematuro decirlo» porque las empresas tienen 6 meses para concretar los proyectos con los que van a cumplir sus compromisos.

Nadal subraya el «éxito» de la subasta renovable mientras UNEF y Anpier hablan de “discriminación” y “bloqueo” a la solar

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Europa Press.- Mientras Anpier acusa al Ministerio de Energía de «bloquear» a la solar en la subasta de renovables, la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) considera que el resultado de la subasta demuestra que la energía fotovoltaica ha quedado discriminada frente a la eólica y anuncia su intención de presentar una denuncia ante la Dirección General de la Competencia de la Comisión Europea. Por su parte, el ministro Álvaro Nadal destacó el «éxito muy bueno» de la subasta.

Nadal subrayó que ha habido una «magnífica oferta», en la que se ha logrado una demanda que triplicó la oferta, prácticamente una proporción de 3 a 1 de los 3.000 megavatios (MW) subastados. El ministro ha resaltado que haya sido a prima cero porque el consumidor no tiene que pagar un extracoste, lo cual ha calificado de «magnífica noticia», y que evidencia la consolidación en España del sector de energía renovable, que no necesita ayudas.

Nadal ha subrayado que todas las tecnologías han entrado, aunque de una forma muy mayoritaria la eólica, que puede aportar un mayor número de horas, pero que se ha demostrado el «enorme potencial» de las renovables, ya que han quedado fuera parte de la eólica y la fotovoltaica. Ante este hecho, aseguró que el Gobierno «va a tomar nota» y no ha descartado la toma de decisiones para que ese gran potencial energético entre. El ministro se limitó a afirmar, ante el malestar del sector fotovoltaico, que la subasta fue «tecnológicamente neutral» y que el Gobierno ha optado siempre por aquella que produce más horas.

Denuncian la subasta en Bruselas

La patronal fotovoltaica UNEF señaló que, a pesar de haber ofertado al mismo precio que la eólica, a la energía fotovoltaica no se le ha adjudicado ningún megavatio en el proceso. A su juicio, esta circunstancia «pone de manifiesto que esta tecnología ha competido en condiciones de discriminación» y «acredita» lo que la asociación ya ha denunciado anteriormente, esto es, la existencia de ventaja de una tecnología frente a otra.

«El mal diseño y las reglas de la subasta, que han generado una situación de empate entre las ofertas presentadas por la fotovoltaica y la eólica, han dado ventaja a esta última tecnología, que se ha adjudicado la potencia licitada, a pesar de que la fotovoltaica ha ofertado al mismo precio», señala. Para UNEF, «resulta evidente que este diseño, además de incumplir con el principio de neutralidad tecnológica, no permitió ejercer a la fotovoltaica su competitividad». Por este motivo, «además del recurso interpuesto ante el Tribunal Supremo, presentaremos una denuncia ante la Comisión Europea», afirma.

UNEF recuerda que la tecnología fotovoltaica es una de las más competitivas, al haber reducido sus costes en un 80% en los últimos años, como demuestran las subastas realizadas a nivel internacional, donde esta tecnología ha alcanzado precios récord. «Lamentamos que la fotovoltaica no haya podido tener un papel protagonista en nuestro país» y «este resultado implica una ocasión perdida también para los consumidores, que podrían haberse beneficiado de una reducción mayor en su factura eléctrica si se hubiera hecho un diseño basado en la libre competencia, que hubiera dado lugar a precios récord de las renovables en Europa», señala.

“Bloqueo” a la energía solar

Por su parte, la Asociación Nacional de Productores Fotovoltaicos (Anpier) considera que la subasta para la adjudicación de potencia renovable constata que el Ministerio de Energía, «con el beneplácito del Gobierno», ha usado «criterios sesgados que penalizaban cualquier pretensión de generación social». «Tal y como reflejan los resultados de la subasta, las pequeñas y medianas iniciativas fotovoltaicas no han tenido ninguna opción, ni siquiera ofertando el máximo de los descuentos posibles, puesto que las condiciones establecidas favorecían proyectos eólicos de  grandes dimensiones, bajo la errónea premisa de que este criterio aporta un precio óptimo para los españoles«, afirma la asociación.

Ante esta situación, la asociación ha iniciado una campaña de denuncia en la que exige un cambio de modelo energético, no solo en lo referido a las tecnologías de generación, sino también a la propiedad de las instalaciones de generación, «ahora concentradas en unas pocos empresas, que actúan en régimen de oligopolio«. Con el eslogan No a una privatización del sol. Los ciudadanos queremos participar en la generación de energía, desde Anpier se exige un nuevo modelo energético que sea «sostenible y social, reclamando el derecho de los ciudadanos a generar su propia energía en hogares y centros de producción».

40 organizaciones lanzan la Alianza por el Autoconsumo para reclamar la producción propia de energía renovable sin barreras ni tasas

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Europa Press.- Más de 40 organizaciones han presentado el manifiesto Con el autoconsumo ganamos todos en el que reclaman el derecho de los ciudadanos a producir su propia energía con un marco estable y sin peajes. Por ello han constituido la Alianza por el Autoconsumo, que está integrada por asociaciones de consumidores, sindicatos, asociaciones ecologistas y empresariales para reclamar al Gobierno «un marco regulatorio estable, que impida cualquier medida retroactiva, y en el que no se impongan barreras técnicas, administrativas ni económicas».

Compuesta por la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA), la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) y la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier), así como por los sindicatos UGT-FICA y Comisiones Obreras (CC.OO), la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), la Asociación General de Consumidores (ASGECO) y la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU); y las asociaciones ecologistas Amigos de la Tierra, WWF España o Greenpeace, entre otros, la Alianza reclama una regulación que permita «garantizar el desarrollo del autoconsumo y su reconocimiento como un derecho ciudadano». El objetivo es “que la sociedad disfrute de los beneficios ambientales, económicos y sociales de esta forma de generación distributiva», indicaron.

Asimismo, la Alianza reclama que se reconozca el derecho a autoconsumir energía eléctrica «sin ningún tipo de cargo o peaje sobre la energía consumida; que se habilite la posibilidad de que varios consumidores compartan instalación de autoconsumo; que se adopte el régimen sancionador en función del verdadero impacto del autoconsumo en el sistema eléctrico y que se defina una tramitación administrativa simplificada y adecuada a las características de las instalaciones». Además, subraya que el autoconsumo permitiría una generación limpia y distribuida, implicando a la ciudadanía en el cambio de modelo energético y haciendo a particulares, administraciones y empresas «más conscientes de su propio consumo energético».

En ese contexto, aseguran que las tecnologías para la generación de electricidad con energía renovable han avanzado hasta permitir a cada individuo, comunidad o empresa abastecerse con su propia energía limpia facilitando el ejercicio del derecho ciudadano a participar activamente en el mundo de la energía. Las organizaciones destacan que la Directiva 2009/28/CE establece la necesidad de promover un cambio en el modelo energético, que no termina en los objetivos para 2020, sino que continuará con el conocido como Paquete de invierno y la propuesta de revisión de la Directiva Europea de Renovables. Así, consideran que España debe favorecer la integración de energías renovables en el sistema energético durante las tres próximas décadas para alcanzar los objetivos actuales y futuros.

Por otro lado, subrayan los «claros» beneficios ambientales de esta fórmula porque se emitirían emisiones de gases de efecto invernadero y se mejoraría la calidad del aire, al tiempo que se evitarían las pérdidas del sistema que se producen entre la instalación de generación y el punto de consumo. A nivel económico, España depende de las importaciones energéticas en un 70%, más de 20 puntos por encima de la media de la Unión Europea por lo que la Alianza por el Autoconsumo estima que esto contribuiría a reducir la importación de combustibles fósiles y rebaja el precio de la electricidad y la factura de la luz ya que se generaría competencia en el sistema eléctrico.

La subasta de la discordia

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La historia reciente de las subastas en España en el ámbito de la energía viene precedida de una polémica más o menos intensa, dependiendo del asunto que se subaste. En algún caso tiene que ver con la forma en que se estableció el modelo de subasta; por errores de diseño que, además, se combinaron con la falta de perspectiva económica de la implantación de sistemas más abiertos y transparentes, que atraerían a más agentes inesperados.

Por ejemplo, en las subastas de interrumpibilidad (la subasta en la que grandes consumidores pujan a cambio de un incentivo a cambio de garantizar su disponibilidad a desconectarse de la red en un momento que el operador del sistema lo requiera), la forma en que se articularon derivó en que muchos operadores que anteriormente no eran los usuarios de los mecanismos precedentes (garantía de potencia) fueran los adjudicatarios, expulsando a operadores que habitualmente eran quienes tenían las tarifas integrales. Ello provocó que el Ministerio acabara ampliando y repitiendo las subastas a la vista de que los inicialmente no adjudicatarios de la capacidad amenazaban con cerrar sus instalaciones. Todo ello, pese a su escasa utilización y a la capacidad instalada excedentaria.

Por otra parte, cuando se subastó por primera vez potencia renovable (eólica más biomasa), hace más de un año, ocurrió algo parecido. Aparecieron operadores que se podrían denominar outsider y empresas con poca o nula experiencia en la operación e instalación renovable, que ganaron la potencia que se ofertaba. Tanto es así que, de los proyectos que ganaron la puja, hoy no está disponible ninguno, ni lo que se denominaba en lenguaje castizo de inauguración, la primera piedra y, además, hay una fuerte polémica por la ejecución de las garantías.

Como previo a esta subasta, el objetivo del Ejecutivo con las mismas es llegar a 2020 con un nivel de cumplimiento más o menos aceptable de los objetivos de potencia y producción renovable que se habían interrumpido tras la reforma eléctrica, sucesiva al desmadre de las primas. Ahora hay una cierta prisa, y a la vez contención, dado que el Ejecutivo también ha tenido presiones para ir más allá de cara a la «transición energética».

Esta subasta también empezó con una fuerte polémica alrededor del concepto de «neutralidad tecnológica», que siendo explícitos significa que la tecnología que puje por menos incentivo (solar, fotovoltaica, eólica, biomasa, etc…) se lleva la nueva potencia renovable a instalar. Los tramos de oferta se ordenarán de menor a mayor valor del cociente entre la retribución a la inversión y el número de horas estándares de funcionamiento, con 2.367 horas anuales en la fotovoltaica y 3.000 en la eólica. Por otro lado, el sistema de desempate (por horas de funcionamiento anual) y la limitación del suelo de las ofertas conllevó que el sector fotovoltaico cuestionara la neutralidad de la misma, acudiendo desde UNEF incluso al Supremo.

Por otra parte, otra cuestión muy criticada de esta subasta tiene que ver con los elementos de inseguridad jurídica que anidan en ellas con las salvaguardas y márgenes de discrecionalidad que el Ejecutivo se ha fijado. Inicialmente se subastan 2.000 MW en paquetes de 100 MW y la posibilidad de ampliar la oferta de potencia en otros 1000 MW es una cuestión abierta que cambia las circunstancias de la puja, incluso en el mismo día. Luego está la revisión retributiva cada seis años. En suma, estas subastas han vuelto a conseguir un excipiente en el que el Ministerio se mueve como pez en el agua: la suspicacia entre las distintas tecnologías. Así, la polémica sobre las subastas también es renovable.

El Tribunal Supremo rechaza la petición de la patronal fotovoltaica UNEF de suspender la subasta de renovables de forma cautelar

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Europa Press.- El Tribunal Supremo rechazó la petición de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) de suspender de forma cautelar y urgente las reglas y procedimiento establecidos por el Ministerio de Energía para la subasta de energías renovables, que se celebrará este miércoles. La Sala Tercera del Alto Tribunal entiende que los perjuicios que pueda ocasionar la celebración de la subasta no revisten los caracteres de irreparabilidad o irreversibilidad necesarios para adoptar una medida cautelarísima de ese tipo.

UNEF consideraba que en las reglas de la subasta, que pondrá en juego 2.000 megavatios (MW) de renovables que serán ampliables en 1.000 MW más, las instalaciones fotovoltaicas resultan discriminadas injustificadamente frente a las eólicas. El Supremo ha examinado la petición de suspensión llamada cautelarísima, que se tramita inaudita parte, es decir, sin escuchar las alegaciones de la otra parte, en este caso el Ministerio de Energía, por entender UNEF que concurría una especial urgencia al estar prevista la subasta para el 17 de mayo.

Así, el Alto Tribunal rechaza la petición, pero prosigue la tramitación de la petición de suspensión por la vía ordinaria. La patronal fotovoltaica presentó un recurso contencioso-administrativo en el Supremo contra el decreto de la convocatoria del régimen retributivo a nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de renovables; así como contra la orden ministerial que reguló el procedimiento de asignación de ese régimen; y contra las dos resoluciones de la Secretaría de Estado de Energía, una de ellas convocando la subasta, y la otra estableciendo el procedimiento y reglas de la misma.

Las horas de la discordia

En este recurso, la asociación reclamaba que se adoptara como medida cautelar urgente inaudita parte la suspensión de la resolución del Ministerio que fijó el procedimiento y las reglas de la subasta, en concreto el criterio de que se ordenara «de mayor a menor el número de horas equivalentes de funcionamiento de la instalación tipo de referencia». Según UNEF, se discrimina injustificadamente a las fotovoltaicas frente a las eólicas ya que la orden establece un número de horas de funcionamiento de 3.000 para las eólicas y de 2.367 para las fotovoltaicas, con lo que la ordenación iría siempre en beneficio de las instalaciones eólicas y en perjuicio de las fotovoltaicas.

Para UNEF, procedía la medida cautelarísima de suspensión, entre otras razones, porque de producirse la subasta con la cláusula cuestionada, se provocaría un daño irreversible, ya que su celebración con unos criterios discriminatorios genera una situación desigual. Además, considera que concurría riesgo de un daño irreparable en caso de que se celebre la subasta en tales condiciones, sin que su suspensión fuese a acarrear perjuicios graves a los intereses generales.

El Supremo rechazó la petición con el argumento de que los perjuicios ocasionados por la subasta «no revisten los caracteres de irreversibilidad o irreparabilidad que podrían determinar, en otro caso, el acogimiento de la pretensión cautelar urgente». Asimismo, señala que, «aun admitiendo que la celebración de la subasta implica la adjudicación de derechos a terceras personas y la consolidación de ciertas situaciones jurídicas, los perjuicios derivados de su celebración no tendrían un carácter irreparable en la medida que, si se dictara una sentencia estimatoria, los daños causados a la parte recurrente podrían ser resarcidos a través de una compensación económica».

Además, indica que la celebración de la subasta y las consecuencias que de la misma podrían derivarse no tendría «una incidencia significativa en la causación de los eventuales perjuicios que la medida cautelar trata de evitar». El Supremo también destaca que no aprecia que «la no suspensión de la celebración de la subasta implique perjuicios a terceros, y si que, más bien al contrario, existen interesados en la subasta y posibles adjudicatarios que verán frustradas sus expectativas en caso de no realizarse en el plazo y en las condiciones establecidas«.

La fotovoltaica UNEF invoca un caso de discriminación en la elección de jueces para detener la subasta de renovables

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Europa Press.- La Unión Española Fotovoltaica (UNEF) presentó ante el Tribunal Supremo su petición de medidas cautelarísimas para la suspensión de la subasta de renovables convocada por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, en la que evoca un reciente caso de discriminación en la elección de jueces para incidir en la falta de neutralidad del proceso.

En el recurso presentado ante el Supremo, los abogados de UNEF citan un auto del 8 de marzo del Supremo en el que se adoptaron medidas cautelares contra una decisión del Consejo de Ministros de enero, circunstancia que no es habitual en la jurisprudencia. En concreto, el tribunal suspendió de forma cautelar los criterios para elegir una terna de jueces para el Tribunal Europeo de Derechos Humanos al establecer como requisito que tuviesen menos de 61 años. Para el Supremo, esta medida, en apariencia del buen derecho, puede resultar discriminatoria.

En su recurso, UNEF considera que este caso resulta análogo a la discriminación que consideran que introduce el Gobierno para la solar fotovoltaica, al tiempo que no se muestra en contra de la celebración de la subasta, pero reclama que sea «verdaderamente neutral» y permita que las tecnologías compitan «en igualdad de condiciones», sin favorecer a la eólica, como opinan.

La medida cautelar reclamada afecta en concreto a la suspensión del criterio de ordenación de las ofertas de las diferentes tecnologías en función del «número de horas equivalentes de funcionamiento de la instalación tipo de referencia». UNEF considera que este criterioy el mecanismo fijado por Energíaresulta «arbitrario» y «perjudica a la fotovoltaica en el caso de empate«, al tiempo que no se encuentra motivado y puede «lesionar el derecho a la igualdad de las empresas fotovoltaicas que participen».

En el recurso, la patronal indica que la neutralidad tecnológica a la que se refiere la orden ministerial 315/2017 establece que todas las instalaciones deben ser tratadas en condiciones de igualdad en la subasta con independencia de su tecnología. Junto a esto, considera que la adopción de medidas cautelarísimas es urgente porque la subasta está convocada para el próximo 17 de mayo y, de no aplicarse, el recurso perdería su finalidad, «ya que se habría desincentivado la participación de empresas fotovoltaicas en el concurso, situación que no se remediaría con una sentencia estimatoria del recurso».