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La fotovoltaica instaló 262 MW nuevos en España en 2018, un 94% más que en 2017

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Europa Press.- La nueva potencia de energía fotovoltaica instalada en España en 2018 alcanzó los 261,7 megavatios (MW), lo que representa un incremento del 94% con respecto a los 135 MW instalados en 2017, según indicó la Unión Española Fotovoltaica (UNEF). De estos 261,7 MW, un 90%, 235,7 MW, correspondieron al autoconsumo energético, siendo un 25% de éstos relativos a autoconsumo conectado a red para uso agrícola y 26 MW a plantas solares fotovoltaicas sobre suelo.

No obstante, la patronal destacó que, a pesar de este crecimiento, la cifra de nueva potencia instalada en España representa apenas el 3% de la nueva potencia instalada en Europa, que ha alcanzado los 8,5 gigavatios (GW). UNEF valora «positivamente» el efecto del real decreto ley 15/2018, que establece un sistema de libre mercado para autoconsumo eliminando las barreras económicas y administrativas a la energía autoconsumida. Asimismo, considera que el borrador del real decreto ley de autoconsumo, presentado y en periodo de alegaciones, representa un «avance positivo» para el desarrollo del autoconsumo energético ya que aporta «claridad y transparencia y demuestra una clara voluntad del Gobierno por impulsar el autoconsumo».

La patronal eólica AEE y la fotovoltaica UNEF valoran «positivamente» la propuesta de retribución para 2020-2025 ya que aporta «estabilidad»

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Europa Press.- La Asociación Empresarial Eólica (AEE) y la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) han valorado «positivamente» el anteproyecto de ley mediante el que se fijan las nuevas tasas de retribución financiera aplicables a las distintas actividades con retribución regulada del sistema eléctrico para el periodo 2020-2025. Para UNEF supone «un importante avance regulatorio encaminado al desarrollo del sector en beneficio de la sociedad» mientras que para AEE «solventa una petición recurrente del sector, aportando estabilidad a la rentabilidad razonable de las instalaciones».

AEE considera que la metodología basada en el coste medio ponderado del capital (WACC, por sus siglas en inglés) utilizada por el Ministerio para la Transición Ecológica, según indicaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), «es la adecuada y la más común en los países de nuestro entorno, así como validada por los principales agentes financieros». Asimismo, señala que esta medida «recupera la seguridad jurídica, dotando de estabilidad a la rentabilidad razonable, y generando confianza para los inversores y el propio sector renovable en España».

La patronal eólica subraya que, para alcanzar los objetivos de nueva potencia renovable en los próximos años, «es importante un esfuerzo inversor para el que es necesario una planificación a medio y largo plazo y, por supuesto, una estabilidad regulatoria que ayude a financiar los futuros proyectos«. Así, AEE, que afirma que la transición energética «es una enorme oportunidad para España», cree que este anteproyecto «viene a sentar las bases para garantizar las inversiones necesarias».

En el anteproyecto, el Ministerio para la Transición Ecológica propone una tasa de retribución del 5,58% para las actividades de transporte y distribución de energía eléctrica y del 7,09% para la actividad de producción a partir de renovables, cogeneración y residuos, en línea con la propuesta de la CNMC y que supone un recorte del 14,1% con respecto a la retribución actual del 6,503% para los negocios de redes y generación no peninsular y un 5,5% menos con respecto al 7,503% vigente para las renovables.

Rentabilidad razonable garantizada hasta 2031

Además, con el objeto de garantizar un marco retributivo estable, el anteproyecto plantea que la tasa de retribución del 7,389% que tienen reconocida las instalaciones de energía renovable, cogeneración y residuos con derecho a retribución primada con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 9/2013, el del recorte a las renovables y que ha sido objeto de una significativa litigiosidad tanto a nivel nacional como a nivel internacional con arbitrajes perdidos por España, no pueda modificarse hasta 2031.

UNEF: «un importante avance regulatorio»

Por su parte, el presidente de UNEF, Jorge Barredo, ha considerado «un paso vital» para la industria fotovoltaica la fijación «estable» de la retribución financiera «para recuperar la imagen de país estable que protege la seguridad jurídica de un mercado que necesita atraer 30.000 millones de euros de inversión para financiar la transición energética». Barredo añadió que la fijación de la retribución financiera en un 7,09% «se acerca a las demandas realizadas por el sector» y señaló que, con esta medida, espera que «se ponga fin al marco cambiante y a la incertidumbre jurídica institucionalizada y se defina una retribución sin alteraciones durante la vida regulatoria de las plantas fotovoltaicas«.

El Gobierno deroga el impuesto al sol y reconoce el derecho a autoconsumir sin peajes ni cargo

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Europa Press.- El Gobierno ha decidido derogar el llamado impuesto al sol, que dificultaba y desincentivaba el desarrollo de la energía solar fotovoltaica y del autoconsumo eléctrico en España. La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, señaló que con esta medida se busca paliar «el retraso de España en esta materia», ya que no es lógico que «un país rico en sol como España cuente con 1.000 instalaciones, frente al millón que tiene Alemania«. «Hay un largo recorrido», apuntó.

Además, se reconoce el derecho al autoconsumo compartido por parte de uno o varios consumidores, lo que permitirá aprovechar las economías de escala; así como a autoconsumir energía eléctrica sin peajes ni cargos. Por tanto, se deroga el cargo que se imponía al autoconsumidor por la energía generada y consumida en su propia instalación, el denominado impuesto al sol. Según el Ejecutivo, el desarrollo del autoconsumo garantiza a los consumidores «el acceso a alternativas más baratas y respetuosas con los límites del planeta, contribuye a reducir las necesidades de la red eléctrica, genera mayor independencia energética y permite reducir las emisiones de gases efecto invernadero».

Además, considera que es una actividad «generadora de empleo vinculado a la transición ecológica, como ya se ha demostrado en países de nuestro entorno». Ya el año pasado y el pasado mayo, todos los grupos políticos, con excepción del PP apoyaron en el Congreso de los Diputados el reconocimiento del derecho a autoconsumir energía eléctrica sin ningún tipo de cargo.

De esta manera, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, da carpetazo al decreto sobre autoconsumo eléctrico que aprobó el Gobierno del PP en 2015, en la que era la primera normativa para que los consumidores pudieran generar su propia electricidad. Sin embargo la normativa nació envuelta en polémica, debido al llamado impuesto al sol, que llegó a ser avalado por el Tribunal Supremo.

En España, la potencia eléctrica registrada en instalaciones de autoconsumo asciende a 1.196 megavatios (MW), de los cuales 170 MW corresponden a instalaciones de fuentes de energía renovables, una cifra muy baja para un país como España con un enorme potencial en estas fuentes de energía. Dentro del autoconsumo con renovables destacan las aportaciones correspondientes al aprovechamiento energético del biogás (127 MW) y la energía solar fotovoltaica (28 MW). En cualquier caso, hay que tener en cuenta que, desde la sentencia del Tribunal Constitucional en la que se modificaron algunos artículos del Decreto 900/2015 y en particular se anuló el procedimiento del registro administrativo de autoconsumo a nivel nacional, es muy probable que existan instalaciones de autoconsumo operativas sin registrar.

UNEF aplaude las medidas tomadas

Por su parte, la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) ha valorado «muy positivamente» el fin del llamado impuesto al sol, que grava la energía autoconsumida que no pasa por la red. En este sentido, la UNEF también ha aplaudido la aprobación del Real Decreto Ley para eliminar barreras económicas y administrativas, que, a su juicio, fueron establecidas de manera «artificial e injustificada», lo que supone «un giro en la política energética sobre autoconsumo en el país».

Desde el sector celebran que sea la primera legislación española que reconozca el papel activo del consumidor en el cambio del modelo energético e invitan a todos los grupos parlamentarios que ya han mostrado su apoyo al autoconsumo a apoyar el texto para que, «de una vez por todas, se consiga desbloquear la regulación del autoconsumo y su potencial crecimiento».

Aplaude el impulso al autoconsumo

Por otro lado, la Fundación Renovables ha aplaudido la nueva normativa sobre autoconsumo ya que supone «un gran avance» para impulsar la transición energética en España. En este sentido, la Fundación considera que la eliminación de los llamados cargos, asociados a los costes del sistema y popularmente conocido como impuesto al sol, «impulsarán definitivamente el autoconsumo«. Así, subraya que el autoconsumo constituye «una medida fundamental» para alcanzar mayores cotas de eficiencia energética y lograr culminar la transición energética hacia una economía descarbonizada de una manera sostenible y justa a través de la electrificación y la gestión de la demanda, tal y como propone la Fundación.

Además, señala que la nueva normativa aprobada por el Ejecutivo equipara a España al resto de los países europeos y permite abandonar así «su trayectoria de políticas energéticas insostenibles». En cuanto al bono social, la Fundación Renovables, aunque valora las medidas aprobadas como «positivas», insiste en que solución para los consumidores vulnerables «es la creación de una tarifa social para consumidores vulnerables que incluya, entre otras variables, una renta mínima vital, IVA cero o la reducción del peso del término de potencia dentro de una amplia e imprescindible reforma del sector eléctrico en su conjunto».

La modernización del sistema energético

Por su parte, Norvento considera que la derogación del peaje de respaldo al autoconsumo eléctrico, conocido como impuesto al sol, es «un paso clave en el avance hacia un sistema energético mucho más moderno y competitivo, y a la vez un acelerador del papel de las renovables en la modernización de nuestra economía y la lucha contra el cambio climático«. La empresa de renovables señala que el derecho a autoconsumir, tanto a nivel individual como de forma compartida, y la expansión de la generación distribuida con tecnologías renovables «cambiará la manera en que se entiende el uso de la energía y su papel en la industria y en la sociedad».

Norvento subraya que, además de una modernización del sistema, la generación distribuida tiene un gran potencial como dinamizadora de la economía propiciando la aparición de nuevos sectores auxiliares, nuevos modelos de negocio y generando empleo. El director Comercial de Norvento y Doctor en Ingeniería Eléctrica, Manuel Pinilla, considera que la decisión supone «eliminar una importante barrera» no sólo para el negocio en fotovoltaica del grupo, sino para el resto de tecnologías renovables con las que trabaja, «especialmente la eólica y biogás, que también está jugando un papel cada vez más importante para el autoconsumo industrial«.

La patronal fotovoltaica UNEF ve «factible» instalar 6-7 GW de nueva potencia al año para alcanzar los objetivos renovables

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Europa Press.- La Unión Española Fotovoltaica (UNEF) ve «factible» la instalación de entre 6 y 7 gigavatios (GW) de nueva potencia al año como objetivo mínimo necesario para lograr el porcentaje de penetración de renovables del 32% establecido como marco en la nueva Directiva europea de Renovables y adecuarse al Acuerdo de París, donde se establecen medidas para la reducción de las emisiones

La patronal destaca que los 30 GW de nueva potencia actualmente en tramitación «demuestran la capacidad del sector para avanzar, alcanzar los niveles de desarrollo fotovoltaico para cumplir con los objetivos europeos mencionados y acercarse más a los niveles de producción renovable de nuestros vecinos europeos«. UNEF responde así a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que mostró su temor de que antes de 2020 no pueda instalarse el 70% de los 9.000 megavatios (MW) de potencia adjudicada en las subastas de renovables organizadas por el anterior Gobierno.

No obstante, subraya que, para lograr los objetivos de instalación de nueva potencia estimados como factibles y necesarios, se requiere «de una planificación de Red Eléctrica (REE) y la fijación de una estructura sólida y coordinada de tramitación de proyectos fotovoltaicos desde la administración central y las comunidades autónomas». Así, pide al Gobierno «el apoyo” para maximizar el potencial del sector fotovoltaico, donde España ocupa el quinto lugar en Europa en potencia instalada de esta tecnología y tiene empresas líderes.

El ahorro en la factura de la luz constituye el principal beneficio económico percibido por los autoconsumidores energéticos en España

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Europa Press.- El ahorro en la factura eléctrica constituye el principal beneficio económico percibido por los autoconsumidores en España, según el estudio del proyecto de investigación PVP4Grid, financiado por la Unión Europea y en el que participan como socios españoles la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) y Tecnalia.

Además, el informe destaca que la principal barrera para inversiones por parte de los autoconsumidores en España es la desconfianza en la regulación y la falta de información, «que están presentes a la hora de analizar la viabilidad económica de la instalación, a pesar de que pequeños comercios e industria ya demuestran interés». Asimismo, señala que el tiempo de amortización para consumidores domésticos, de servicios y pyme sería de 16, 12 y 7,5 años respectivamente, para instalaciones en la Península.

Este periodo es considerado largo, no tanto por el tiempo de vida útil de un sistema, que puede ser de 20 años para los cálculos económicos aunque se podría considerar 30 años sin problemas, sino porque los períodos de retorno que buscan los pequeños inversores y ciudadanos en general son «normalmente más bajos«. El informe, que examinó el marco de condiciones legales y políticas existentes en Bélgica, Alemania, Francia, Italia, Holanda, Austria, Portugal y España, diferencia entre tres conceptos de prosumidor, examinando el marco regulatorio: autoconsumo individual, uso colectivo de un sistema fotovoltaico dentro de un edificio, y suministro de energía solar a nivel vecindario.

La Unión Española Fotovoltaica (UNEF) confía en que las medidas para impulsar el autoconsumo se aprueben «lo antes posible»

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Europa Press.- La Unión Española Fotovoltaica (UNEF) ha valorado las medidas anunciadas por la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en Congreso de los Diputados para impulsar el autoconsumo energético y confía en que se aprueben «lo antes posible» para que el autoconsumo fotovoltaico «ayude a España a cumplir sus objetivos en materia de energía y clima».

UNEF destaca la modificación normativa que supone la proposición de Ley de autoconsumo, así como el fomento del autoconsumo compartido, impulsar la simplificación de la tramitación administrativa o la ausencia de cargos ni peaje de respaldo a la energía autoconsumida, entre otras medidas. Asimismo, considera una medida «beneficiosa» el anuncio por la ministra de fijar un calendario de subastas, lo que dará «la previsibilidad necesaria para una penetración ordenada de las renovables en el mercado».

Ribera califica el objetivo de renovables del 32% de «buena noticia para España y su industria» tras defender un 34%

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Europa Press / EFE.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha calificado el acuerdo alcanzado en Bruselas entre los gobiernos de la Unión Europea y el Parlamento para fijar un objetivo de energías renovables del 32% para 2030 de «fantástica noticia», ya que supone una «muy buena noticia para España y su industria«. Ribera subrayó que el acuerdo recoge «facilidades importantes» y destaca «el peso que deben tener los sistemas de autoconsumo en la contribución y constitución de un modelo energético diferente».

Los Gobiernos de la Unión Europea y el Parlamento Europeo alcanzaron un acuerdo para fijar ese objetivo vinculante de energías renovables del 32% para 2030 e incluir una cláusula de revisión al alza en 2023, aunque no han conseguido establecer una meta en el caso de las eficiencia energética. Así, la ministra de Transición Ecológica se mostró confiada en que España está preparada para cumplir con esos objetivos a 2030, aunque añadió que para ello «hay que repasar al detalle dónde estamos en este momento» y las «lagunas» que hay que cubrir en un plazo «relativamente corto» para poder cumplir con los objetivos a 2020.

Además, consideró que hay que ser «lo suficientemente inteligentes» para plantear las premisas que permitan alcanzar esos objetivos a 2030 de renovables en la energía final consumida y mirar más allá, con un reto a 2050 de «un sistema energético eficiente, inteligente y 100% renovable«. A este respecto, Ribera destacó “el entusiasmo» y la dedicación de la industria, de los emprendedores, de los trabajadores o de los innovadores, «que han estado dedicándose a explorar nuevas vías fuera de España en los momentos más duras de la crisis, en la recesión antirrenovables, pero que saben hacer y entienden que se abre antes ellos una gran oportunidad».

UNEF: un 35% en 2023

Por su parte, la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) considera muy positivo el acuerdo pero espera que se alcance el 35% que proponía el Parlamento Europeo cuando se efectúe la revisión prevista del objetivo en 2023. En este sentido, el director general de UNEF, José Donoso, expresó la satisfacción de su organización por ese acuerdo teniendo en cuenta que los países de la Unión Europea pedían inicialmente que el objetivo para 2023 fuera de un 27%. Donoso ha dicho que también se alegran de la participación española en esa elevación de la cuota de renovables a partir de la defensa próxima al 35% que hizo la ministra para la Transición Ecológica.

Ha subrayado el protagonismo que cobra así España en el ámbito de las renovables y ha mostrado la satisfacción de UNEF de que el acuerdo afirme el principio de que hay que respetar el autoconsumo, y considera una victoria que se reconozca el derecho de los ciudadanos a generar y consumir energía limpia sin cargos hasta 2026 con la eliminación del denominado impuesto al sol.

Cargos al autoconsumo en 2027

El texto también recoge que a partir de 2027 los Estados miembro podrán revisar este aspecto solamente en el caso de que puedan demostrar, con un análisis coste-beneficio, el impacto negativo en el sistema eléctrico de la exención de los peajes. A este respecto, Donoso destacó que esta posible futura revisión no afectará a las instalaciones de autoconsumo de menos de 25 kW, que seguirán exentas de peajes, por lo que este blindaje «permite establecer una senda de crecimiento sostenido».

Por ello, UNEF, espera que el desarrollo del autoconsumo, «que supone el abaratamiento del coste de la energía para todos los consumidores y la generación de empleo y riqueza, unido a la progresiva reducción de los costes de la tecnología fotovoltaica, anime al Gobierno en ese momento a seguir apoyando el sector como motor clave del desarrollo de nuestra economía y de la transición energética».

Además, UNEF considera un paso adelante que el texto final de la directiva establezca los principios de seguridad jurídica y de no retroactividad, pues dará un marco estable para las inversiones e impedirá que se apliquen medidas de recorte retroactivas en las retribuciones de las instalaciones, como las sufridas en España. Por ello, Donoso cree que este cambio representa «un paso adelante en la normalización del sector y demuestra un claro reconocimiento de su importancia». Donoso espera que esta revisión se produzca «para que a nivel europeo se pueda seguir impulsando la descarbonización y avanzar, en este sentido, en el cumplimiento de los objetivos acordados en el Acuerdo de París».

Recelo en los sindicatos mineros

Por otro lado, los sindicatos CCOO y UGT en Teruel recibieron con recelo el acuerdo de la Unión Europea porque supone un varapalo más para el futuro del sector del carbón y con él, el de las zonas mineras. Para el secretario general de UGT en Teruel, Alejo Galve, no es una buena noticia, pero al tratarse de una tasa global dependerá de la «conciencia política» de los gobernantes de cada país dar más o menos peso a las renovables en el mix energético nacional.

Sobre los fondos anunciados para la reconversión de las zonas mineras, teme que «si llegan en 2020 o 2025 puede ser tarde» si, como en el caso de Teruel, la central térmica de Andorra cierra por falta de inversiones para adecuarse a la normativa ambiental, porque hasta ahora «no ha llegado absolutamente nada» que haga pensar en su continuidad. De producirse esta situación, el líder sindical y trabajador de la central vaticina una drástica bajada de población en la comarca.

La llegada de la nueva ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, no genera buenas expectativas en el sector del carbón. Según Alejo: «esperábamos todos que entrase un partido de izquierdas» para que se produjeran cambios positivos. Pero no creen que serán buenos para el sector minero, ya que la ministra «habla de transición energética, pero no habla hasta qué años», ha dicho. En ese sentido, ha criticado que se ponga de fecha de fin al carbón en la Unión Europea entre 2030 y 2035 pero que haya países como Alemania que han firmado el futuro del sector hasta 2050.

El delegado de CCOO en la central térmica de Andorra, Antonio Planas, ha dicho que este anuncio de la Unión Europea se enmarca en una «crónica de una muerte anunciada», y critica que no se hayan puesto remedios. «Queremos una transición justa», ha señalado, pero hasta ahora han recibido «palmadas en la espalda» pero no soluciones en forma de empresas que creen trabajo y eviten el éxodo de la población de las zonas mineras. Andorra, capital minera de la provincia de Teruel, cuenta ahora solamente con la central térmica. «Endesa lleva 60 años en Andorra y se ha llevado muchos beneficios», recuerda Planas, quien cree que «algo tiene que revertir».

Optimismo en Castilla y León

Por su parte, la consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Pilar del Olmo, ha considerado que es positivo el acuerdo de la Unión Europea para apoyar a las renovables y la creación de un fondo para dar salida a las cuencas mineras del carbón. La consejera ha pedido a la nueva ministra «menos prisa» en llevar a cabo la transición de la minería de carbón a otro tipo de energía al fijar como tiempo límite el 2025, cuando la Unión Europea ha concedido hasta el 2030. Pilar del Olmo ha indicado que la transición a otras fuentes de energía debe ser «justa y ordenada».

Por eso, ha afirmado que es «positivo» la creación de un fondo para una transición ordenada y ha señalado que la Junta quiere fondos para proyectos vinculados a la biomasa, tras lo que ha recordado que ya apoya a una empresa que lleva a cabo la construcción de una central de biomasa en Cubillos del Sil, en la provincia de León. Del Olmo ha recordado que ha pedido una entrevista con la ministra de Transición Ecológica ante lo que ha considerado «una precipitación» al fijar 2025 como el tope para dar una salida a la minería del carbón, y espera que «pronto» tengan una reunión.

Las asociaciones de renovables esperan que los grupos parlamentarios elaboren una norma que acabe con la revisión retributiva de 2020

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EFE.- Asociaciones de renovables esperan que, pese a que se haya rechazado en el Senado una enmienda del PP para que no se revise la retribución a las instalaciones renovables de menos de 300 kilovatios (KW), en el futuro salga adelante una medida similar y que afecte a todas las plantas.

La Mesa de la Comisión de Presupuestos rechazó esa propuesta del PP por un defecto de forma, al considerar que las enmiendas a los Presupuestos sólo pueden modificar ésta y no otras normas, como sería la Ley del Sector Eléctrico. En este sentido, el director general de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), José Donoso, ha indicado que espera que en el futuro salga adelante una propuesta «más completa» y que no afecte sólo a instalaciones de menos de 300 KW pues «se tiene que devolver la seguridad jurídica a todos».

También el director general de la Asociación de Empresas de Energías Renovables, APPA, José María González Moya, ha considerado una «lástima» que haya sido ahora cuando el PP defienda lo que ha venido siendo una demanda del sector. González Moya ha señalado que el sector pide que se respete la rentabilidad razonable, que, según la vigente Ley del Sector Eléctrico podría revisarse para el sexenio que comenzará en 2020 para todas las instalaciones y no sólo para las de menos de 300 KW. Moya ha pedido al PP que se ponga de acuerdo con el resto de partidos para poder sacar una iniciativa que garantice y mantenga sin cambios la retribución para todas las plantas.

La Ley del Sector Eléctrico introdujo las revisiones de los parámetros de retribución de las actividades de transporte, distribución y producción a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos que tuvieran régimen retributivo. La ley establece que los parámetros se fijarán teniendo en cuenta la situación cíclica de la economía, de la demanda eléctrica y la rentabilidad adecuada para dichas actividades por períodos regulatorios con una vigencia de 6 años. Los parámetros pueden revisarse antes del comienzo de cada período regulatorio y, si no se hace, quedan prorrogados para todo el período siguiente.

La ley preveía que en la revisión de cada período regulatorio se podrían modificar todos los parámetros retributivos y, entre ellos, el valor sobre el que girara la rentabilidad razonable en lo que reste de vida regulatoria de las instalaciones. La enmienda del Grupo Popular establecía que no sería revisable el valor sobre el que girará dicha rentabilidad para las instalaciones que, a la entrada en vigor del Real Decreto Ley 9/2013, de medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico, tuvieran una potencia de menos de 300 KW y reconocida retribución primada.

Además, modificaba uno de los apartados de la Ley del Sector Eléctrico, que establecía que la rentabilidad razonable a lo largo de toda la vida regulatoria de la instalación girará sobre el rendimiento medio de las obligaciones del Estado a 10 años en el mercado secundario, incrementada en 300 puntos básicos. La enmienda del PP añadía a esa disposición que ese valor no sería revisado durante la vida útil de las instalaciones que tuvieran una potencia inferior a 300 KW.

Si se aplicara la fórmula contenida en la disposición, como era partidario el exministro de Energía, Álvaro Nadal, para el período regulatorio que comienza en 2020, la actual rentabilidad, del 7,4%, se quedaría en estos momentos en torno al 4,5%, por el descenso del interés del bono a diez años. La otra enmienda rechazada perseguía la supresión de la figura del gestor de carga para prestar servicios de recarga a vehículos eléctricos, y establecía que cualquier consumidor pudiera prestar el servicio cumpliendo los requisitos técnicos y de seguridad exigidos, con el fin de facilitar el despliegue de puntos de recarga y fomentar la movilidad eléctrica.

APPA lamenta que los expertos no valoren plenamente el potencial renovable y UNEF celebra el protagonismo augurado para la fotovoltaica

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Europa Press / EFE.- La Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) considera que el informe de la comisión de expertos sobre transición energética constata un futuro «más renovable, con una adecuada fiscalidad energética», aunque ha lamentado que los escenarios planteados no tengan en cuenta «el valor del potencial renovable o la capacidad industrial nacional de distintas tecnologías ya desarrolladas como la eólica», donde considera que es «poco ambicioso».

APPA ha recordado que el desarrollo de la eólica en España ha sido un caso de éxito, por lo que considera que los expertos no han valorado suficientemente su importancia, el potencial exportador de España y el alto grado de desarrollo alcanzado en la I+D+i de esta tecnología. Además, apunta que echa en falta que no se haya tenido en cuenta la complementariedad entre las distintas tecnologías renovables y el potencial de recurso eólico que hay en la Península y que se ha constatado en el primer trimestre del año.

Respecto a la fotovoltaica, APPA destaca que se valora muy positivamente en todos los escenarios del informe, que propone tanto el desarrollo de grandes plantas como del autoconsumo y considera necesaria una regulación específica para que se desarrolle. APPA lamenta que el informe no haya tenido en cuenta la generación eléctrica con biomasa, pese a que habla de su capacidad de respaldo, y considera importante plantear subastas específicas por tecnologías que reconozcan las distintas características de las tecnologías renovables. APPA recuerda que la generación con biomasa tiene un potencial de 8.000 megavatios (MW) adicionales y aportaría al mix nacional capacidad de gestión, firmeza y garantía de la seguridad del suministro.

La asociación subraya que el informe propone una reforma fiscal energético-ambiental que recoge el principio de «quien contamina, paga» y constata «la existencia e importancia de los ahorros de las renovables en el mercado mayorista de electricidad». «Si la transición energética es un objetivo real, es importante mandar una señal de precios clara al mercado. Llevamos muchas décadas en las que la contaminación no se ha internalizado en el coste energético», indicó el presidente de APPA Renovables, José María Villarig, que considera que los expertos deberían haber considerado la complementariedad de las distintas tecnologías y la capacidad industrial existente en el país como base para el desarrollo del sector renovable.

Sin embargo, considera necesario que los escenarios contemplados por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital «sean consecuentes» con los objetivos de renovables que se están debatiendo en la Unión Europea, que se sitúan entre el 27% y el 35%. «Llama la atención que algunos de los escenarios presentados por la Comisión no tengan esos objetivos como mínimo y, sin embargo, se planteen escenarios alejados de nuestras posibilidades como la instalación de 124.500 MW de renovables, más acordes con un ejercicio teórico que un planteamiento factible», añade la asociación.

APPA destaca que en los escenarios planteados, el autoconsumo y la generación distribuida tienen «una gran importancia en la futura transición energética», así como las renovables térmicas (la biomasa, biogás o geotérmica), «que serán fundamentales para alcanzar los objetivos en los sectores difusos». Sin embargo, en lo que se refiere a la biomasa, que cuenta en España con uno de los mayores recursos europeos, lamenta que no se haya tenido «apenas en cuenta» y haya quedado fuera del escenario base.

En el caso del transporte, APPA apunta que el informe de los expertos ignora el papel que deben jugar los biocarburantes convencionales y los avanzados para conseguir los objetivos de descarbonización y renovables previstos para 2030 en la Unión Europea, especialmente en sectores de difícil electrificación como la aviación y el transporte de mercancías por carretera. Además, critica la falta de consideración mostrada por la comisión sobre el grave impacto que podrían tener sus propuestas en la supervivencia de la industria española de biocarburantes y sobre la importancia de disponer de un mix diversificado de fuentes renovables en el transporte.

Asimismo, APPA indica que el informe no tiene en cuenta tecnologías renovables en fase de investigación y desarrollo, como la minieólica o las energías marinas, que la Unión Europea considera que podrían aportar en torno al 15% de la electricidad en 2050. Por otra parte, la asociación afirma que no baraja la posibilidad de que las renovables instaladas en el pasado se financien con cargo a los Presupuestos del Estado, independientemente de que se produzca una reforma fiscal en el sector energético, ya que si el ahorro que generan en el mercado mayorista se refleja en el sistema, también sus costes deben imputarse al mismo.

“Papel central” de la fotovoltaica

Por otro lado, la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) valora «positivamente» el «papel central» que el informe de los Expertos concede a la fotovoltaica en la transición energética como una tecnología competitiva «y que ya no necesita primas ni subvenciones». En este sentido, el director general de UNEF, José Donoso, considera que la previsión de un aumento «considerable» de la potencia fotovoltaica instalada en 2030, que se multiplicaría por 10 con respecto a los niveles actuales, «supone una oportunidad clave para permitir que los ciudadanos tengan acceso a una energía más barata y para alcanzar un modelo de desarrollo más estable, en contraste con el acelerón-frenazo-acelerón que caracterizó los últimos años».

No obstante, la patronal subraya que los objetivos para la próxima década, que representan además una «importante oportunidad» de generación de empleo, hacen «necesario» eliminar tanto los obstáculos al crecimiento del autoconsumo, especialmente los de tipo administrativo y económico, «como las barreras al desarrollo de las grandes plantas». Asimismo, pide reformar el sistema de definición de los precios del mercado eléctrico, «para que dé una señal de precio adecuada para atraer las inversiones dentro de un marco competitivo caracterizado por una alta penetración de energías renovables». Además, UNEF lamenta que el escenario base de penetración de renovables recogido en el documento (29,7%) no haya estado en línea con el 35% propuesto por el Parlamento Europeo.

El sector fotovoltaico prevé invertir en España entre 4.000 y 5.000 millones de euros hasta 2020

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EFE / Europa Press.- El sector fotovoltaico español prevé invertir entre 4.000 y 5.000 millones de euros en nuevas instalaciones hasta 2020, según avanzó el director general de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), José Donoso, en la Comisión de Energía del Senado. Donoso indicó que se espera un crecimiento “rápido y muy alto» en los dos próximos años por el impulso de las subastas de potencia renovable, la apuesta del sector por acudir directamente al mercado y el empuje de los contratos bilaterales de compraventa de energía (PPA).

A partir de 2020, el escenario “más probable”, según el director general de UNEF, es que la inversión en el ámbito nacional se estabilice en un nivel de entre 1.000 y 2.000 millones de euros anuales, lo que pone de manifiesto la capacidad de la fotovoltaica de crear «oportunidades de negocio», además de dar respuesta al desafío del cambio climático.

Asimismo, Donoso subrayó que el sector está viviendo «una fase de reactivación en nuestro país». En este sentido, se ha quejado del modelo de crecimiento del sector en España durante los últimos años, que ha definido como «de acelerón, frenazo y acelerón«. En su opinión, este modelo es «nefasto» porque la ausencia de un mercado estable desincentiva la inversión. Donoso ha reconocido que las subastas de nueva capacidad han supuesto un «punto de inflexión», aunque ha señalado que el modelo empleado no gusta al sector.

Más proyectos que potencia licitada

En la última subasta de capacidad renovable celebrada en julio se asignaron 3.909 megavatios para instalaciones fotovoltaicas, que tendrán que estar listas antes de enero de 2020. En la actualidad, hay proyectos fotovoltaicos en tramitación en diferentes comunidades autónomas, entre las cuales destacan Extremadura, Castilla-La Mancha, Andalucía, Aragón, Murcia y Castilla y León, que suman un total de 24 gigavatios (GW), cifra que supera la potencia adjudicada en la subasta. Concluyó que, a nivel internacional, el desarrollo de la fotovoltaica supone la definición de un mercado en constante crecimiento, con un valor estimado de 100.000 millones de euros anuales, que puede alcanzar los 400.000 millones de euros anuales en 2030.

Por otra parte, el director general de UNEF consideró que «las principales barreras» que dificultan un desarrollo del sector en España son «la inseguridad jurídica institucionalizada», con la amenaza del recorte a la rentabilidad razonable de los proyectos de renovables, la actualización de la regulación de las condiciones de acceso y conexión a la red, los retrasos en los pagos de las liquidaciones definitivas para los proyectos fotovoltaicos en territorios no peninsulares y la agilización de la planificación de las redes, tanto de Red Eléctrica, como de las compañías distribuidoras.