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El Congreso vota mañana si ordena al Gobierno prohibir los cortes de luz a quien no pueda pagarla

Europa Press.- El Pleno del Congreso votará este martes una moción del grupo de Unidos Podemos en la que se propone instar al Gobierno a prohibir a las empresas eléctricas cortes en el suministro energético sin consultar con los servicios sociales.

Esta moción se deriva de la interpelación que el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, dirigió al ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, sobre la necesidad de aplicar medidas contra la pobreza energética.

De esta forma, el grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú-En Marea quiere recabar el compromiso de las fuerzas políticas representadas en el Congreso para evitar que las personas en situación de vulnerabilidad vean interrumpido su suministro energético. La moción contempla que sean las empresas las que asuman el coste en caso de que los servicios sociales justifiquen este impago.

La moción recoge otros siete puntos, entre los cuales destaca la sustitución del actual bono social por una «tarifa social de reducida cuantía» dirigida a familias con bajos niveles de renta, financiada por las compañías eléctricas y proporcional a la renta del hogar.

No más del 10% de los ingresos del hogar

Desde Unidos Podemos reclaman que la energía sea reconocida como «un bien público y común», y a partir de ahí garantizar que todos los hogares puedan mantener unas condiciones adecuadas de temperatura y demás servicios energéticos esenciales, no pudiendo superar este «suministro mínimo vital» el 10% de los ingresos mensuales del hogar.

Esta «tarifa asequible» se dirige, señalan, a todos los consumidores en su primera residencia, y en ella se «debe penalizar el consumo ineficiente» a través de elementos de fiscalidad energética, y considerar la renta como «criterio principal» a la hora de establecer «precios sociales y favorables para las familias en función de los ingresos económicos».

Como parte de estas medidas dirigidas a aminorar el coste de la factura energética, quieren que se aplique a la electricidad, el agua y el gas un tipo de IVA reducido.

Auditoría, Trasparencia y Pago de los CTC’s

Toda esta batería de medidas sobre las que los grupos deberán posicionarse se completan con otros tres puntos dirigidas a las compañías eléctricas, a las que reclama el reconocimiento y la devolución de los Costes de Transición a la Competencia (CTCs), cifrados en más de 3.500 millones de euros.

Asimismo, insta al Gobierno a realizar una auditoría de los costes de todo el sistema eléctrico nacional para determinar «los costes reales de producción de la electricidad con cada tecnología, así como los costes asociados a los servicios de transporte y distribución». También piden auditar el déficit de tarifa, «su origen y su legitimidad».

Por último, el texto sobre el que se pronunciará el Congreso acaba con una exigencia de transparencia: exige a las empresas suministradoras publicar trimestralmente el número de consumidores que no pueden abonar la factura de la luz, agua y gas, así como el número de consumidores que se ven afectados por cortes del suministro.

También reclaman a las empresas «una mayor y mejor información» sobre los conceptos que incluye la factura, los servicios energéticos contratados, medidas de eficiencia energética y la disponibilidad de los bonos sociales.

El Gobierno recurre la sentencia del Supremo que anula la financiación del bono social e indemniza a las compañías eléctricas

Redacción / Agencias.- El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, reconoció que el Gobierno ha recurrido la sentencia del Tribunal Supremo que declara inaplicable el régimen de financiación del bono social de electricidad, que contempla indemnizaciones para las compañías eléctricas, si bien afirmó que el Ejecutivo acatará la sentencia. Así lo anunció Nadal en su intervención en el Senado, en respuesta a una pregunta del senador socialista Nemesio de Lara.

El bono social es un descuento del 25% en el recibo eléctrico para consumidores que cumplan ciertos requisitos como hogares con menos de 3 kilovatios (kV) de potencia, pensionistas con prestaciones mínimas, familias numerosas o familias con todos sus miembros en paro. Por su parte, el senador socialista urgió al ministro a concretar las medidas que tomará el Ejecutivo para hacer frente a la pobreza energética porque «el frío no envía heraldos» y a solucionar el problema de la financiación del bono social, una vez que el Supremo ha establecido en una sentencia que las compañías eléctricas no deben sufragarlo.

Nadal explicó que tras la sentencia del Supremo, que deja al bono social «sin financiación», el Gobierno ha planteado un incidente de nulidad y la ha recurrido, porque no está conforme con la sentencia, si bien la acatará. En este sentido, subrayó que es «urgente» el diálogo de los grupos parlamentarios para alcanzar un acuerdo y evitar que se produzcan los efectos de la sentencia, especialmente porque «ni el resto de consumidores ni el presupuesto público deben pagar esto», tras haber sido financiado por las compañías eléctricas. Nadal defendió la importancia del bono social, ya que beneficia a 2,4 millones de hogares que representan más de 7 millones de personas.

La sentencia del Supremo declara inaplicable el régimen de financiación del bono social al entender que va en contra de las normas comunitarias para el mercado interior de la electricidad. Además, considera que el coste de ese descuento de la luz para las familias más vulnerables se carga de forma discriminatoria a las compañías eléctricas que lo sufragan y que la Administración no ha justificado los criterios con que distribuye el coste de la subvención.

Por otra parte, Nadal también ha tenido que responder en su primer pleno del Senado como ministro a otra pregunta de la senadora de Podemos, María Pilar Garrido, sobre si el Gobierno piensa prohibir los cortes de luz y gas que afectan a familias vulnerables, después de que una mujer de 81 años que vivía sola falleciese recientemente en un incendio doméstico en su piso en Reus, ocasionado por una vela que utilizaba para iluminar el hogar tras llevar dos meses con la luz cortada. A este respecto, tanto el socialista De Lara como Garrido advirtieron al ministro de que «la pobreza energética mata» y que el Estado tiene el deber constitucional de defender la vida digna de las personas.

El titular de Energía aseguró que el suministro es «básico» y «necesario», y defendió que «todos los ciudadanos tienen que tener acceso a él», recordando que la directiva europea energética ofrece actuar en los casos en los que haya dificultades para el mismo. En este sentido, calificó de «lamentable» que se produjese ese caso con una ley autonómica que «se tenía que haber cumplido» y un fondo municipal del Ayuntamiento de Reus con dotación económica. «Había servicios sociales que habían actuado para el suministro de agua y gas de la vivienda, pero sin embargo parece que desconocían la situación sobre el suministro eléctrico«, apuntó Nadal, quien señaló que «había muchos agentes implicados y los medios para que esto no ocurriese».

En cuanto a prohibir el corte del suministro, Nadal sostuvo que las comunidades autónomas tienen la capacidad de hacerlo siempre que respeten lo establecido por el Tribunal Constitucional, que exige que la factura sea asumida por los servicios sociales. Asimismo, indicó que tras el suceso se puso en contacto con el presidente de la Generalitat, el alcalde de Reus y la compañía eléctrica Gas Natural Fenosa para esclarecer el asunto y decirles «hasta qué punto son responsables». «Hay muchas administraciones implicadas, no solo el Gobierno, también las Cortes Generales y las cortes autonómicas», añadió el ministro, que recordó que existen competencias energéticas que corresponden al Gobierno y otras sociales “en exclusiva” correspondientes a las autonomías.

«Esa es la lección que debemos aprender», concluyó Nadal, quien pidió la colaboración de las administraciones y las fuerzas parlamentarias para alcanzar acuerdos que permitan mejorar la actuación en este tipo de situaciones. «Este caso demuestra que es necesario mejorar el ámbito de aplicación de cuestiones energéticas tanto en la legislación y normativa estatal como en las actuaciones autonómicas», apostilló. Precisamente, la Mesa del Congreso acordó pedir a Unidos Podemos que reformule su petición de comparecencia del presidente de Gas Natural Fenosa, Isidro Fainé, por el corte de suministro eléctrico a la anciana de Reus. Asimismo, el Ayuntamiento de Reus abrirá expediente sancionador a las compañías que corten la luz a los colectivos necesitados, en cumplimiento de la ley catalana.

Cataluña investiga a las eléctricas mientras Podemos exige a Gas Natural que no permita más muertes por cortes del suministro

EFE / Servimedia.– El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y el coordinador de Izquierda Unida, Alberto Garzón, exigieron ante las sedes de Gas Natural Fenosa que no se permitan más muertes por cortes de luz, una situación «inaceptable» en un país como España. Por su parte, el consejero de Empresa de Cataluña, Jordi Baiget, avanzó que la Generalitat investigará de oficio a las eléctricas en 15 días para asegurarse de que cumplen la ley y no cortan la luz a personas vulnerables.

Baiget indicó que estas inspecciones, en las que se preguntará por los protocolos seguidos en los cortes de suministro, se realizarán en toda Cataluña y que sus resultados se harán públicos. Asimismo, el consejero se ha comprometido a crear un grupo de trabajo que propondrá al Gobierno un nuevo bono social, ya que el actual «no es un bono social real», y ha defendido que las empresas suministradoras «deberían asumir sus costes». Además ha mostrado su voluntad de negociar convenios con las empresas que todavía no se han sumado a los que el Gobierno catalán ha establecido con algunas compañías para frenar la pobreza energética.

Reunión con Villaseca para negociar

Asimismo, el Gobierno catalán impulsará una campaña de difusión y promoción de la ley de pobreza energética que aprobó el Parlamento por unanimidad en 2015 para que las personas afectadas conozcan sus derechos. Por otro lado, Baiget conversó por teléfono con el consejero delegado de Gas Natural Fenosa y ambos coincidieron en la necesidad de reunirse tras la polémica surgida por la muerte en Reus (Tarragona) de una anciana en un incendio, después que se iluminara con velas al haberle cortado el suministro de luz. El consejero de Empresa reiteró que Gas Natural «debe sentarse en la mesa» y no descarta aplicar algunas medidas de presión para que las eléctricas colaboren, como son las cláusulas sociales en los contratos públicos.

Por su parte, la portavoz de la Alianza contra la Pobreza Energética (APE), Maria Campuzano, ha lamentado que haga falta que muera una mujer «para que la Generalitat haga cumplir la ley». Campuzano ha pedido a la Generalitat que, pese a que la vida de una persona «no tiene precio», multe con un millón de euros a Gas Natural, la mayor sanción posible. Asimismo, el presidente de la Mesa del Tercer Sector, Oriol Illa, ha coincidido en cargar contra Gas Natural por su «negligencia» y ha instado a la Generalitat a intensificar las inspecciones a las eléctricas para demostrar si el corte de suministro sin aviso a la administración es una «práctica asidua» o no.

Podemos contra Gas Natural Fenosa

Cerca de 300 personas se congregaron ante la sede de Gas Natural Fenosa en Madrid, convocados por Podemos, coreando lemas como «No son muertes, son asesinatos», «Este invierno, nadie sin luz», «Nacionalizar Gas Natural» o «¡Sin luz, sin gas, el Rey tenía que estar!» para protestar por la muerte de la anciana de Reus. Iglesias ha criticado que en España, «la cuarta economía de la zona euro, haya personas que tengan que morir, porque empresas eléctricas que facturan beneficios y que pagan planes de pensiones y sueldos de escándalo a sus directivos dejen sin luz y sin calefacción a compatriotas».

Por ello, Iglesias ha reclamado a Gas Natural que cumpla la ley. «No se puede consentir que haya españoles que este invierno les corten la luz y les corten la calefacción», ha afirmado el líder de Podemos tras destacar que estar en la calle protestando contra estas ilegalidades «también es hacer oposición», si bien ha anunciado que su grupo presentará una interpelación en el Congreso sobre este tema. Iglesias no considera, sin embargo, que esta interpelación vaya a tener mucho efecto, mientras España siga gobernada «por partidos políticos que tienen a algunos de sus expresidentes y exministros en consejos de administración de empresas como estas».

Garzón ha criticado el silencio de los grandes partidos políticos cuando lo que ha pasado va, ha dicho, en contra de la Constitución, que establece que la riqueza de España debe estar subordinada al interés general. «Empresas como Gas Natural son el ejemplo de que se incumple la Constitución sistemáticamente», ha afirmado Garzón, que considera importante poner «rostro a los culpables del saqueo y de la muerte de estas personas». «Reivindicamos algo tan sensato como eso, que nadie debe morir por sencillamente ser pobre cuando tenemos recursos suficientes», insistió. Esta protesta se ha celebrado de forma simultánea en 26 sedes de Gas Natural de otras tantas ciudades españolas, convocadas por Unidos Podemos con el lema «La pobreza energética mata #NadieSiLuz».

Nadal debuta en el Congreso

Por su parte, el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, comparecerá por primera vez en el pleno del Congreso de los Diputados este miércoles para responder a dos preguntas en la sesión de control al Gobierno sobre pobreza energética, así como a una interpelación urgente sobre esta misma materia. Además, Nadal también deberá contestar a dos cuestiones en el pleno del Senado sobre si el Gobierno piensa prohibir los cortes de luz y gas, y si considera suficientes las medidas adoptadas para luchar contra la pobreza energética.

La inquietud por este asunto se ha multiplicado en los últimos días tras la muerte de Reus. Las preguntas serán formuladas por la diputada socialista María Pilar Lucio y de Ciudadanos Melisa Rodríguez, mientras que la interpelación es del grupo parlamentario de Unidos Podemos. En referencia a este asunto, el ministro ya explicó que tras conocer la noticia se puso en contacto con la Generalitat de Cataluña y con el Ayuntamiento de Reus para ofrecer su colaboración para que mejoren los mecanismos previstos para hacer frente a la pobreza energética.

Además, Nadal defendió que «la pobreza energética es un síntoma de vulnerabilidad mayor y no solo un problema de energía» y recordó que «las competencias en cuestiones sociales son de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos», por lo que reiteró su disposición a colaborar con las administraciones implicadas ante la posibilidad de que existan «conflictos» con las compañías eléctricas. En estos últimos días, tanto Endesa como la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) han pedido al nuevo titular de Energía que tome medidas en relación con la pobreza energética.

Podemos condena la muerte de la anciana que no tenía luz y responsabiliza a gobiernos y eléctricas

Europa Press.- El portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Íñigo Errejón, ha condenado la muerte de la mujer de 81 años que carecía de suministro eléctrico y ha responsabilizado de su muerte a los gobiernos y a las empresas eléctricas.

La mujer, de 81 años y vecina de la localidad tarraconense de Reus, murió en la madrugada del lunes tras incendiarse su vivienda por una vela con la que iluminaba su piso. La fallecida tenía cortado el suministro eléctrico desde hacía dos meses.

«Esto no es un accidente»

«Esto no es un accidente. Los accidentes ocurren sin que nadie medie en ellos y sin que nadie tenga responsabilidad, y en esta muerte hay responsabilidades políticas», ha dicho Errejón en rueda de prensa tras la Junta de Portavoces.

Errejón no ha mencionado expresamente al PP ni al PSOE, pero ha criticado el modelo energético del país «profundamente injusto que regala miles de millones a las eléctricas al mismo tiempo que deja en la oscuridad a muchas familias españolas».

En este sentido, ha dicho que el modelo energético –por el cual, ha criticado, «se regala primas millonarias a las compañías eléctricas, donde luego acaban enchufados algunos políticos de los partidos tradicionales»— es el causante de que haya un 17% de personas que no pueden acceder a los suministros energéticos más básicos y que «está costando vidas».

Por ello, ha equiparado la pobreza energética a los desahucios, la violencia machista, el paro o la precariedad porque en última instancia está provocando la muerte de personas, y ha anunciado que trabajan en una proposición de ley para blindar la prestación de suministros básicos en todos los hogares.

Asimismo, ha reiterado su voluntad de recuperar el importe ingresado de más por los Costes de Transición a la Competencia (CTC) que, ha recordado, la Abogacía General del Estado ha reclamado a las empresas eléctricas –una cuantía que ronda los 3.500 millones de euros–, y que a pesar de ello tanto los gobiernos del PSOE como del PP «no han demandado» su devolución.

En Comú quiere que Nadal comparezca

En Comú ha anunciado este martes en el Congreso que registrará una solicitud de comparecencia para que el nuevo ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, dé explicaciones tras la muerte de una anciana que no podía pagar la luz.

Además del ministro Nadal, la confluencia catalana de Unidos Podemos ha anunciado que solicitará la comparecencia del presidente de la Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa), Eduardo Montes, y de representantes de la Alianza contra la Pobreza Energética.

El Congreso rectifica y envía a la Cumbre del Clima de Marrakech a una delegación que incluye finalmente a Equo

Europa Press.- El Congreso de los Diputados ha tenido que rectificar sobre la marcha y, tras acceder a enviar a la Cumbre del Clima (COP22) que se celebra estos días en Marrakech (Marruecos) a una reducida delegación compuesta por los portavoces de PP y PSOE en la comisión parlamentaria de Cambio Climático, finalmente decidió incluir al coportavoz de Equo, Juan López de Uralde, representante de Unidos Podemos.

En su momento, el presidente de la Comisión para el Estudio del Cambio Climático, el socialista José Juan Díaz Trillo, solicitó a la Mesa del Congreso que permitiera que una delegación asistiera a ese cónclave, que celebra la entrada en vigor del Acuerdo del Clima de París y acordar las reglas para su desarrollo, respondiendo a la invitación cursada por la Convención del Cambio Climático de Naciones Unidas. La Cumbre de Marrakech es la primera reunión internacional que tiene lugar tras la entrada en vigor del Acuerdo de París, que ha sido ratificado por cerca de un centenar de los 195 países que lo sellaron en 2015. España aún no lo ha hecho por haber tenido el Ejecutivo en funciones.

Se negó ir a Marrakech

Sin embargo, el órgano de gobierno de la Cámara Baja desestimó la solicitud de la Comisión para el Estudio del Cambio Climático en coherencia con su decisión de acotar los viajes parlamentarios a los estrictamente necesarios. Frente a esto, el portavoz de Unidos Podemos en la Comisión de Cambio Climático y coportavoz de Equo, Juan López de Uralde, recurrió dicha decisión subrayando la importancia política del problema del cambio climático y la reciente entrada en vigor del Acuerdo de París. «Creemos que es relevante que el Congreso de los Diputados participe en la misma, como viene haciendo cada año», rezaba el escrito que López de Uralde elevó a la Mesa para que reconsiderara su posición.

Hace una semana el órgano rector de la Cámara acordó corregir su decisión inicial al considerar que el recurso de López de Uralde era «razonable», máxime después de que España ya cuente con un Gobierno en plenas funciones. Ahora bien, resolvió que fueran los portavoces del PP y del PSOE en la citada comisión parlamentaria, Belén Bajo Prieto y Ricardo García Mira, respectivamente, los que asistieran a la Cumbre del Clima, dejando fuera al diputado de Equo. Unidos Podemos volvió a reclamar y finalmente la Comisión del Cambio Climático, con el visto bueno de la Mesa del Congreso, ha accedido a incluir a López de Uralde en la delegación parlamentaria.

«Hemos luchado hasta el final para que el Congreso esté presente en la Cumbre de Marrakech porque estamos convencidos de la urgencia del problema del cambio climático y de la necesidad de acción política urgente para frenarlo», aseguró Uralde, que tiene una larga experiencia en estas cumbres desde su etapa como director de Greenpeace España, aunque será la primera vez que lo haga como diputado.

La subasta del servicio de interrumpibilidad amplía de 8 a 10 los bloques de 90 MW para satisfacción de Asturias

EFE.- El director general de Minería y Energía del Principado de Asturias, Isaac Pola, considera que es «prematuro todavía» pero que el aumento a 10 bloques de 90 megavatios de la próxima subasta del servicio de interrumpibilidad del sistema eléctrico «apunta bien» y le parece «un dato positivo» después de conocer la decisión de Red Eléctrica ante la subasta de la próxima semana, Estos bloques son los que más interesan a Alcoa, según indicó el comité de empresa de la aluminera.

La interrumpibilidad es una herramienta de gestión de la demanda eléctrica que aporta flexibilidad y respuesta rápida para la operación del sistema ante situaciones de desequilibrio entre generación y demanda. Este servicio se activa en respuesta a una orden de reducción de potencia dada por Red Eléctrica a los grandes consumidores que sean proveedores de este servicio, principalmente, la gran industria como Alcoa, ArcelorMittal o Azsa. A falta de saber cuántas empresas están certificadas para la próxima subasta, la ampliación del número de bloques de 90 MW, demandada recientemente por organizaciones sindicales y políticas, abre un escenario en principio mejor que el del pasado año, aunque con dudas por despejar.

La primera es si en la puja están certificadas el mismo número de empresas, en cuyo caso Alcoa tendría más opciones en la subasta, pero la plantilla de trabajadores de Avilés pide en ese supuesto a la compañía que tenga en cuenta la fábrica asturiana en el reparto de esos paquetes. El presidente del Comité de Empresa de Alcoa Avilés, José Manuel Gómez de la Uz (CCOO), indicó que, en caso de que sean las mismas empresas, habría más opciones de lograr un bloque de 90 MW, «que no es del todo suficiente, pero sí sería lo mínimo para ser rentables». El año pasado Alcoa obtuvo 3 bloques de 90 MW y fueron a su factoría de San Ciprián (Lugo).

Asturias: “La subasta apunta bien»

Por su parte, Isaac Pola afirmó que «las valoraciones en este caso hay que hacerlas a posteriori, pero apunta bien que haya dos bloques más de 90 megavatios, aunque es preciso tener en cuenta que hay muchos parámetros que no se conocen hasta el momento de su celebración precisamente para mantener la tensión competitiva». El director general recalcó que la interrumpibilidad es una variable que permite a las industrias electrointensivas rebajar el precio final de la energía, pero entiende que debería de articularse alguna medida regulatoria en los otros componentes. «Es preciso hacer una revisión de los peajes eléctricos, hacer también una revisión de la fiscalidad que se aplica a la energía, e incluso de la configuración del precio», subrayó.

Además, ha explicado que la energía tiene tres vertientes fundamentales, la primera de las cuales es el precio que marca la competitividad del sector industrial y de la economía. Una segunda vertiente de la energía es que se trata de un sector productivo en sí mismo, de modo que las oscilaciones en la generación de energía en Asturias influyen decisivamente sobre los parámetros estadísticos como, por ejemplo, la participación en el PIB del sector industrial.

Para el director general de Minería y Energía, la tercera vertiente, especialmente importante para Avilés, es la energía como «sector inductor» para otras actividades industriales. «Avilés es un ejemplo paradigmático en el que tenemos una multitud de empresas industriales que trabajan para el sector energético, para el gas y el petróleo, y para las renovables como las eólicas marinas», expuso el director general. Para Isaac Pola, es necesario ir a un pacto de estado en materia energética, porque la actual regulación del sector, con la última reforma, planteó «muchas incertidumbres, cuando la energía es un elemento clave para la competitividad».

Un “parche” para Unidos Podemos

Sin embargo, el diputado nacional de Podemos, Segundo González, calificó de «buena noticia» la decisión de Red Eléctrica pero ha remarcado que tan sólo se trata de un «parche que no resuelve estructuralmente el problema de la tarifa eléctrica para las empresas electrointensivas». Por ello, insistió en la necesidad de avanzar hacia un nuevo modelo de servicio de interrumpibilidad «sostenible y predecible, y que esté condicionado también a la inversión y al mantenimiento de los puestos de trabajo», dentro de un pacto de la energía que implique a las empresas, los sindicatos, las empresas y los sectores energético e industrial.

Avilés demanda una estrategia industrial

Por su parte, la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, exigió una estrategia industrial «real y ambiciosa» que comprometa al territorio y que esté conectada con los planteamientos de la Unión Europea en este sector. En este sentido, Monteserín también pide contar con un sistema de tarifa eléctrica sostenible y duradero en el tiempo que permita a las empresas consolidar estrategias productivas a largo plazo y con inversiones e infraestructuras que faciliten la consolidación de sistemas que basen la competitividad en la mejora constante de la productividad y en políticas anticíclicas».

Por ello, la alcaldesa plantea una nueva tarifa eléctrica para la industria, que supere la temporalidad de las subastas anuales de interrumpibilidad, y otorgue seguridad y garantía a las grandes industrias avilesinas. «Incertidumbre, inestabilidad, inseguridad, son los adjetivos que acompañan al actual sistema de subasta a la baja para la renovación de las retribuciones del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad», indicó. La alcaldesa recordó que se elevaron mociones al pleno municipal en apoyo a la industria, se convocaron movilizaciones lideradas por los agentes sociales, se trasladaron peticiones de reunión al Ministerio de Industria, y se organizaron jornadas de apoyo al sector industrial.

El PP muestra su satisfacción

Por otro lado, el portavoz municipal del PP de Avilés, Carlos Rodríguez de la Torre, considera que el aumento de bloques de 90 megavatios en la subasta para el servicio de interrumpibilidad debería hacer callar «a los agoreros que utilizan políticamente esta situación». En su opinión, el Ministerio de Energía ha atendido las peticiones de las empresas y es un síntoma de que el nuevo responsable de Energía, el ministro Álvaro Nadal, «es buen conocedor de la problemática asturiana y de la ciudad». «Parece que algunos partidos salen enseguida a maltratar políticamente al nuevo gobierno pero callan cuando hay este tipo de noticias tan positivas», declaró el portavoz de PP.

La Mesa del Congreso deniega a los diputados asistir a la Cumbre del Clima de Marrakech

EFE.- La Mesa del Congreso ha denegado la autorización del viaje de una representación de diputados a la Cumbre del Clima que Naciones Unidas celebra en Marrakech, hasta el próximo 18 de noviembre, según confirmó el presidente de la Comisión de Cambio Climático, el diputado socialista José Juan Díaz Trillo.

Como cada año, la convención de cambio climático de Naciones Unidas ha invitado a una delegación del Parlamento español a asistir a la cumbre que se está celebrando en Marruecos y que tiene como objetivo celebrar la entrada en vigor del Acuerdo de París y acordar las reglas del juego del mismo. Díaz Lillo presentó a la Mesa una petición de autorización de viaje para que una representación de los diputados que integran la Comisión de Cambio Climático pudiera desplazarse, pero fue rechazado con el voto de PP y Ciudadanos.

El diputado de Podemos, Juan López de Uralde, quien forma parte de la Comisión de Cambio Climático y era uno de los diputados que había solicitado asistir a la cumbre del clima ha denunciado que el Congreso se niegue a que los parlamentarios que van a decidir la futura Ley de Cambio Climático de España «estén en esta cita clave».

López de Uralde ha remarcado lo «lamentable» de esta decisión que impide que el Congreso español esté representado en la cumbre del clima como si lo estarán el resto de Parlamentos de los países desarrollados y de muchos los países en desarrollo. El diputado ha pedido a la mesa que reconsidere esta postura ya que en la cumbre, a la que asistirá el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se van a decidir cuestiones clave sobre la transición hacia un modelos de desarrollo bajo en carbono.

IU pide impuestos a las compañías eléctricas para financiar el bono social mientras CCOO las culpa de la pobreza energética

Redacción / Agencias.- CCOO lamentó que la sentencia del Tribunal Supremo que declara inaplicable el régimen de financiación del bono social de la luz “exime a las grandes eléctricas”, con «beneficios multimillonarios», de asumir la pobreza energética que el «alto coste de sus tarifas provoca en uno de cada tres hogares españoles”. En este sentido, Izquierda Unida aboga por sufragar el coste del bono social a través de los Presupuestos con impuestos que provengan de los beneficios que tienen las empresas del sector.

El responsable federal de Políticas Económicas de Izquierda Unida (IU), Carlos Sánchez, considera que la sentencia del Tribunal Supremo supone un «golpe definitivo» a la reforma eléctrica aprobada por el Gobierno del PP en 2013. De este modo recuerda que, según la sentencia, las empresas eléctricas podrían recibir una compensación de más de 500 millones de euros y afirma que «se echa de nuevo una mano al oligopolio eléctrico«. El responsable económico de IU reitera que «una vez más, las grandes empresas ganan» y plantea que el descuento del 25% del bono social se sufrague vía impuestos a través de los Presupuestos Generales del Estado.

El Tribunal Supremo declaró inaplicable el régimen de financiación del bono social, que se aplica a los consumidores de energía eléctrica considerados más vulnerables, al entender que es incompatible con la normativa comunitaria. En dos sentencias, la Sala de lo Contencioso-Administrativo estima los recursos interpuestos por E.ON España y Endesa, y reconoce el derecho a cobrar una indemnización por las cantidades aportadas en concepto de bono social por la aplicación del decreto “inaplicable” de 2014.

CCOO culpa a las eléctricas

Por su parte, el sindicato CCOO culpó a las compañías eléctricas de causar la pobreza energética con “el alto coste de sus tarifas”, una pobreza energética “que crece a pasos agigantados en amplias capas sociales». Además, el sindicato sostiene que «un mercado viciado y una estructura tarifaria eléctrica ineficiente, unida al elevado coste de la energía, son las causantes esta situación». Por ello, cree que es necesario modificar la actual regulación del mercado eléctrico y eliminar el modelo de mercado a coste marginal por un mercado donde el precio de la energía sea más acorde con sus costes de generación y sus tipos de consumo.

CECU pide actuar al Gobierno

Por su parte, la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU) reclama al Gobierno que actúe para responder a la sentencia del Tribunal Supremo que anula la forma de financiar el bono social y que garantice las familias vulnerables “no queden desprotegidas hasta que se elabore un nuevo texto normativo». En este sentido, la asociación considera que la decisión del Supremo genera dudas sobre cómo se van a devolver los importes y subraya que «no sería tolerable que fueran los beneficiarios del bono social los que se hicieran cargo, ni que se financiara con una nueva subida de la electricidad que afectaría a todos los usuarios».

La oposición critica en la Comisión de Industria la “opacidad y politización” del CSN

Europa Press / EFE.- Durante la comparecencia del presidente del Consejo de Seguridad Nuclear, Fernando Marti, todos los grupos parlamentarios, salvo el PP, recordaron que la Comisión aprobó en la pasada legislatura su cese y que el Gobierno no lo llevo a cabo. Han criticado también las actuaciones del órgano respecto a las decisiones en torno a la central de Garoña así como al ATC. Igualmente, lamentan que se esté impulsando, a juicio de los parlamentarios, una regulación para extender la vida útil de las nucleares hasta los 60 años.

«Es un órgano más opaco y menos independiente desde que usted está en el cargo», le indicó la diputada del PSOE, Pilar Lucio, que insistió en que es «chocante» que sea el máximo responsable del CSN después de haber sido secretario de Estado de Energía. A su juicio, su actividad al frente del mismo ha supuesto «una captura del órgano regulador«. Asimismo, Lucio lamentó que Marti vaya a la Cámara Baja a responder a los técnicos, en lugar de responder a los parlamentarios sobre cómo va a resolver la situación.

Desde Unidos Podemos, Juan López de Uralde, ha advertido del «deterioro» de la seguridad nuclear en los últimos años. «Hoy estamos más expuestos», ha avisado al tiempo que ha recalcado que este deterioro se refiere tanto a la situación de las centrales como a la realidad interna del CSN, «consecuencia de la ocupación por parte del PP de este organismo». Su compañero de filas, Josep Vendrell, ha insistido en la «escasa credibilidad» de un presidente que viene de ser secretario de Estado, además de denunciar falta de transparencia y el «clima interno» en el CSN.

Uralde también ha tachado de «tomadura de pelo» la comparecencia de Martí. «No es de recibo que las discrepancias se sustancien poniendo a caldo a quienes han apuntado las críticas», afirmó, al tiempo que advirtió de que el suceso notificado por Almaraz calificado como 0 y denunciado por la asociación ha pasado a calificarse como 1. «Les da la razón a ellos y le quita la razón a usted. Lo mejor es que usted dimita y que el Consejo de Seguridad recupere su credibilidad», sentenció.

Mientras, Melisa Hernández, de Ciudadanos, ha manifestado la voluntad de su grupo de confiar en el organismo regulador, pero ha precisado que no de esa manera y ha avisado de la «politización» del sistema. En este sentido, también ha criticado la ausencia de Marti en la pasada legislatura y le ha reprochado que la razón que se dio a la Cámara Baja es que tenía «muchos viajes». Por ello, le ha recordado que su grupo también apoyó la petición de dimisión. Hernández ha anunciado que su grupo presentara una iniciativa para que los plenos del CSN se retransmitan en directo.

Por su parte, Pedro Azpiazu, por el PNV, que se centró en la central nuclear de Garoña, ha confesado estar un poco cansado de este tema. «Ya vale, tomen una decisión, hagan el informe técnico que corresponde. ¿A qué esperan para no conceder la autorización a Garoña? Pusieron un calendario hasta septiembre de 2015 y no han cumplido ¿A qué esperan? A mí me gustaría que, por fin, Garoña se cerrase, sería hacer lo que exige el sentido común», proclamó.

La evaluación de reapertura de Garoña por el CSN está pendiente del envío de información y de modificaciones por Nuclenor

Redacción / Agencias.- El presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Fernando Marti, explicó que el proceso de evaluación de reapertura de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) está pendiente del envío de información por parte del titular, Nuclenor, y de la puesta en marcha en la instalación de algunas modificaciones requeridas, por lo que «estamos a la espera de que Nuclenor cumpla las condiciones» para la reapertura de la central, que cesó su actividad a finales del año 2012.

Así lo explicó Marti durante su comparecencia ante la Comisión de Industria del Congreso de los Diputados, especificando que la central, perteneciente a Iberdrola y Endesa, tiene que aplicar los requisitos derivados de Fukushima y presentar unas modificaciones de diseño que deben estar implantadas antes de la carga de combustible para poner en marcha la central (estos incluyen el sistema de venteo filtrado de la contención, los recombinadores pasivos autocatalíticos y el Centro Alternativo de Gestión de Emergencias (CAGE). Estas modificaciones «habrían de ser apreciadas favorablemente por el CSN antes de su entrada en servicio». El presidente del CSN ha asegurado desconocer el coste de las mejoras que ha exigido a Nuclenor para reabrir Garoña.

Por otro lado, recordó que estos requisitos tendrían que haberse cumplido en septiembre de 2015, por lo que afirmó que «el calendario ha sido rebasado». Preguntado por la posibilidad de aparcar la posible reapertura de Garoña ante el retraso de su titular Nuclenor, aseguró que «el CSN no puede parar sus actividades reguladoras sobre Garoña». «No tenemos capacidad jurídica para parar esos expedientes, de unos señores que son regulados y que están pagando sus tasas», prosiguió Martí, quien advirtió de que «si lo hiciésemos, prevaricaríamos».

Por su parte, la mayoría de los grupos parlamentarios presentes en el Congreso, salvo PP y Foro Asturias, han vuelto a mostrarse partidarios del cierre definitivo de la central burgalesa, y en el caso del PSOE y Podemos, sus diputados han llegado a afirmar que el Gobierno, a través del CSN, «ensayan» con Garoña la extensión de la vida útil del parque nuclear hasta los 60 años. «La renovación de Garoña es un claro ejemplo de sus inconfesables intenciones, permitiendo que pueda operar hasta 2031 como solicitó Nuclenor», remarcó la diputada socialista Pilar Lucio, quien aseguró que «el Parlamento debe ser informado de estas intenciones».

«Garoña es un paripé para alargar la vida de las nucleares, su reapertura no interesa ni a los propietarios de la central», insistió el diputado de Podemos, Juan López de Uralde, quien exigió al presidente del CSN que no siga adelante emitiendo informes de Garoña «hasta que no haya nuevo Gobierno». La diputada de Ciudadanos Melisa Rodríguez, también acusó a Martí de «seguir dando curso» a los informes de Garoña pese a la discrepancia con la reapertura de la central nuclear de la mayoría parlamentaria.

Sobre el ATC, Marti indicó que el pleno del CSN remitió en julio de 2015 al Ministerio de Industria el informe favorable a la solicitud de autorización previa o de emplazamiento, estableciendo en dicho informe los límites y condiciones referidas a la seguridad nuclear y la protección radiológica. En este sentido, en 2016, el CSN ha trabajado en la solicitud de autorización de construcción, concretamente en la evaluación del Estudio Preliminar de Seguridad que ha generado una petición de información adicional. Igualmente, ha recalcado que hubo dos inspecciones centradas en garantía de calidad, en el diseño de la instalación y en las actividades de caracterización geológica y geotécnica en campo.