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Podemos ve «arbitrario» el veto del Gobierno a la propuesta sobre autoconsumo y lo recurrirá en la Mesa del Congreso

Europa Press.- Unidos Podemos ha tachado de «absolutamente arbitrario» y «abusivo» el veto del Gobierno a la proposición de ley sobre autoconsumo energético con la que la oposición pretendía poner fin al llamado impuesto al sol, por lo que recurrirá a la Mesa del Congreso para que reconsidere su decisión de aceptarlo.

El órgano de gobierno de la Cámara, con los votos del PP y de Ciudadanos, aceptó el veto a la citada propuesta, cuya puesta en marcha, según alega el Gobierno, tendría un impacto de 172 millones de euros para los Presupuestos estatales. El Gobierno puede hacer uso de la capacidad que le atribuye la Constitución para paralizar la tramitación parlamentaria de iniciativas que considera que alteran los presupuestos en curso, sea por disminución de ingresos o por aumento de gasto.

Sin embargo, el portavoz adjunto de En Comú Podem, Josep Vendrell, denunció que este veto del Ejecutivo es «absolutamente arbitrario, abusivo y con una argumentación totalmente falsa» porque la ley no suponía «ninguna alteración del presupuesto vigente». «Tenemos un Gobierno que es enemigo de las renovables, del autoconsumo, y que es amigo de las nucleares y el oligopolio», ha criticado, al tiempo que cargó también contra la actitud de Ciudadanos, porque es «cómplice» del PP.

En la misma línea se ha manifestado la portavoz parlamentaria de Unidos Podemos, Irene Montero, quien añadió que «con tal de proteger a las oligarquías eléctricas, el PP, con la ayuda de Ciudadanos, es capaz de negar a los españoles nada más que el derecho al sol«. Dicho esto, Montero anunció que su grupo va a presentar un escrito a la Mesa del Congreso para que reconsidere su decisión de aceptar el veto del Gobierno.

Equo (Unidos Podemos) presenta en el Congreso una ley para prohibir el fracking

Europa Press.- Equo, en nombre de Unidos Podemos, registró en el Congreso una proposición de ley para prohibir la fractura hidráulica o fracking como técnica para la investigación y extracción de hidrocarburos en todo el territorio español. El texto señala que el incumplimiento de esta norma tendría carácter de infracción muy grave con multas de hasta 30 millones de euros, así como la revocación o suspensión de la autorización administrativa y la consecuente inhabilitación temporal para el ejercicio de la actividad durante 5 años.

La coportavoz de la formación ecologista, Rosa Martínez, criticó esta práctica por ser «perjudicial para la salud», suponer un «alto riesgo sísmico» y dañar los recursos hídricos. Según explicó, debe ser responsabilidad política «cerrar la puerta a esta técnica» que, a su juicio, «lo único que hace es poner el beneficio económico por encima de las personas». Martínez defendió, también, que no se trata del «modelo de desarrollo económico» que Equo desea para el mundo rural. «Apostamos por un modelo sostenible, en el que se cree valor y beneficios económicos sociales y ambientales», apuntó la diputada ecologista, que cree que el fracking «sólo deja beneficios a las grandes corporaciones energéticas».

En este sentido, reclamó apoyo para las renovables y recordó que, para cumplir con el Acuerdo del Clima de París, ratificado por España, no tiene sentido «seguir invirtiendo en conocer y extraer nuevas reservas de combustibles fósiles de energías sucias». «Busquemos en el cielo el futuro y dejemos de buscarlo bajo tierra», apuntó. La ley presentada por la formación ecologista también incluye la modificación de algunos puntos de la Ley del sector de hidrocarburos relacionados con la regulación de las medidas tributarias y no tributarias en relación con la explotación de hidrocarburos y la investigación.

El PP apoya a Rodríguez Martí como secretario general del CSN, Podemos se opone mientras PSOE y Cs se abstienen

Europa Press.- La propuesta de nombramiento de Manuel Rodríguez Martí como nuevo secretario general del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha salido adelante en la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital del Congreso con el voto en contra de Podemos, la abstención de PSOE, Ciudadanos y ERC frente al PP, que ha votado a favor de la propuesta, remitida al Congreso por el Consejo de Ministros.

Previamente, durante su comparecencia, Rodríguez Martí, ha defendido su idoneidad y su falta de conflicto de intereses, de acuerdo con la Ley 3/2015, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado. En la votación, Unidos Podemos ha rechazado su nombramiento porque, según explicó su portavoz, Juan López de Uralde (Equo), lleva «meses» denunciando la situación de divergencia en el CSN entre lo que dicen los técnicos y lo que dictamina el pleno. Además, cuestionó este nombramiento porque Rodríguez Martí ha sido el coordinador del dictamen emitido por el CSN favorable a la reapertura de la central nuclear de Garoña. «Su nombramiento es parte del problema, no de la solución», sentenció Uralde.

Por su parte, Cs y ERC se han abstenido, igual que el PSOE, por el «perfil técnico» de Rodríguez Martí pero, según han precisado fuentes del grupo parlamentario socialista, no están de acuerdo en cómo se ha hecho su nombramiento. En todo caso, el PSOE le confiere «el beneficio de la duda» al nuevo secretario general pero reclama la comparecencia del presidente del CSN, Fernando Martí, también para explicar la propuesta y «asumir la responsabilidad de lo que ha pasado con el expediente de Garoña».

El 30 de noviembre de 2016 el CSN aprobó por unanimidad la propuesta de Manuel Rodríguez Martí, entre los cuatro candidatos que se valoraron, para suceder en la Secretaría General del CSN a María Luisa Rodríguez, quien solicitó su cese por motivos personales. Hasta ahora Manuel Rodríguez Martí era ejercía en su cargo de subdirector de Instalaciones Nucleares en la dirección técnica de seguridad nuclear.

La oposición se une frente al PP en el Congreso para exigir el cierre de la central nuclear de Garoña

Europa Press.- La oposición se ha unido frente al PP en el Congreso de los Diputados para apoyar una proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a poner en marcha las medidas necesarias para proceder al cierre definitivo de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), paralizando cualquier proceso de renovación de explotación de la planta.

A pesar de que la propuesta inicial partía de Bildu, el debate parlamentario ha acabado derivando en torno a una iniciativa transaccional firmada por PSOE, Ciudadanos, Unidos Podemos, PNV y ERC, que ya había recibido el apoyo de la Comisión de Energía. Además del cierre de la planta, este documento también pide acometer el proceso de desmantelamiento de la planta en condiciones de seguridad para el medio ambiente y las personas, bajo la supervisión del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), así como activar un plan alternativo y específico de reindustrialización y adaptación económica para el área de influencia de Garoña.

Durante el debate, el diputado de Bildu, Oskar Matute, ha aceptado el texto a pesar de que no se han incluido algunas de sus reivindicaciones, entre las que figuraba la dimisión del presidente del CSN, Fernando Martí. «No recoge la dimisión, pero sí lo esencial», explicó. Matute ha apuntado que busca «garantizar» la salud de los ciudadanos que pueden verse afectados por las consecuencias de Garoña. «El derecho a la salud no debiera estar al servicio del beneficio de unos pocos», ha añadido el diputado, que concluyó mostrando su rechazo a que el cierre de la planta esté siendo usada por el Gobierno como moneda de cambio para aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Por su parte, la diputada del PSOE, Esther Peña, ha acusado al Gobierno y al CSN de opacidad en este trámite y también de mentir, después de que el presidente del CSN asegurara que Garoña no se podría reabrir si no se invertía en la mejora de las instalaciones. Sobre las causas de esta actitud, la socialista de Burgos apunta que, «con la autorización del CSN nunca habrá un debate sobre transición energética, ni sobre bajar la luz o sobre apoyar a las renovables» y el Ejecutivo «se libra de pagar indemnizaciones a las eléctricas».

Por su parte, el portavoz de Unidos Podemos en esta materia, Juan López de Uralde, coportavoz de Equo, ha denunciado que la situación de Garoña es un adelanto de lo que el Gobierno quiere hacer con un parque nuclear «envejecido» como el español: rebajar las condiciones legales de seguridad. «Lo que se busca con la reapertura es sentar un precedente de cara al resto de centrales«, ha señalado la representante de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, coincidiendo en sus argumentos con López de Uralde. La diputada de la formación naranja se ha quejado, además, de que este debate continúe durante semanas cuando se ha demostrado que el cierre de esta planta en 2009 no tuvo ninguna influencia en el sistema energético español.

Ante las críticas, el portavoz del PP en materia de Energía, Guillermo Mariscal, ha denunciado que en los discursos escuchados en el pleno sobre Garoña «existe prejuicio y poco juicio» y ha recriminado al resto de partidos que se sientan superiores al CSN en materia de seguridad nuclear y duden de sus decisiones. «Es un acto, no sólo de irresponsabilidad, es un acto de frivolidad», ha declarado. En su defensa de la reapertura de la planta, Mariscal ha indicado que si se eliminan de la red eléctrica española los 7.000 megavatios que aportan las nucleares habría que encontrar una tecnología igual de competitiva y que dé las mismas garantías. Una tecnología que, a su juicio, actualmente no existe, concluyó Mariscal.

En el texto inicial registrado por Bildu, se instaba al Ejecutivo a «atender a las decenas de solicitudes realizadas» por los vecinos de la zona «a lo largo de las últimas décadas» e iniciar «urgentemente» el proceso pertinente para el desmantelamiento de la planta. Para ello, solicitaba la creación de una comisión interinstitucional que haga un seguimiento del proceso y garantice que se cumple en los términos establecidos en la moción aprobada por las Juntas Generales de Álava en 2013.

Además, Bildu pedía la «dimisión inmediata» del presidente del CSN, Fernando Martí Scharfhausen. Para Matute, el CSN trabaja con «opacidad», al igual que su presidente, a lo que se suma, a su juicio, «una parcialidad más que evidente» en relación al caso Garoña. «Su cargo debería conllevar un celo absoluto con la seguridad de la población ante los riesgos derivados del uso de energía nuclear y, en ningún caso, la de colaborador con terceros para el sostenimiento de su actividad en el campo de la energía nuclear», concluye la propuesta.

El Congreso, con oposición del PP, apoya el cierre de Garoña y reclama un plan de reindustrialización en la zona

Europa Press.- La Comisión de Energía, Industria y Agenda Digital apoyó, con el voto en contra del PP, instar al Gobierno a poner en marcha las medidas necesarias para proceder al cierre definitivo de la central de Santa María de Garoña (Burgos), así como poner en marcha un plan de reindustrialización y adaptación económica en el área de influencia de la planta.

El texto, transaccionado entre Unidos Podemos y el PSOE, pide también acometer el proceso de desmantelamiento de Garoña en «condiciones de seguridad para el medio ambiente y las personas» y que éste se produzca bajo la supervisión del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Durante el debate, la portavoz socialista en esta materia, Esther Peña ha denunciado la falta de inversión económica en el norte de la provincia de Burgos, en donde unos 14 municipios están afectados por la presencia de la central en su entorno.

La diputada señaló que esta zona ha envejecido porque los jóvenes no encuentran futuro laboral y subrayó las dificultades con la que sus habitantes se enfrentan a servicios normales, como el de telefonía móvil o Internet, por encontrarse en las cercanías de una central nuclear. «El PP ha invertido cero euros en cinco años, ni en empleo, ni en servicios ni en infraestructuras», denunció Peña, quien acusó al Ejecutivo de usar Garoña como «moneda de cambio para aprobar los Presupuestos».

Para el portavoz de Unidos Podemos, Juan López de Uralde, el Gobierno está escondiendo detrás de la central burgalesa lo que quiere hacer con el resto de plantas del país, es decir, ampliar su vida útil cuando, según el diputado, cada año que pasa Garoña es más insegura. López de Uralde recordó que durante su primera etapa de funcionamiento sufrió grietas y se registró un calentamiento de agua en el Ebro, entre otros problemas. «El hecho de que haya cumplido 46 años no nos da garantías de seguridad», insistió Uralde, quien deseó que éste sea el último debate sobre Garoña.

El PP, por su parte, criticó los «prejuicios» del resto de partidos al tratar la energía nuclear. El portavoz popular de Energía, Guillermo Mariscal, ha destacado que la intención del Ejecutivo es hacer realidad un mix energético equilibrado que permita el suministro a todas horas. En cuanto al plan de reindustrialización, ha recordado que en 2009, durante el mandato socialista, se habló de una inversión de 900 millones en la zona. «El Colegio de Economistas de Burgos estima que se invirtieron 20 millones», ha señalado Mariscal, quien ha apuntado que el PP no continuó que este proyecto por los propietarios de Garoña solicitaron la reapertura.

El PSOE propone en el Congreso una ley para evitar la reapertura de centrales nucleares que hayan cesado su actividad

Europa Press.- La portavoz socialista de Energía en el Congreso, Pilar Lucio, ha registrado una proposición de ley para impedir la reapertura de centrales nucleares cuando haya sido acordado su cese definitivo, tal y como podría ocurrir con la central nuclear de Garoña (Burgos), tras el informe favorable a su reapertura del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

«El objetivo de esta iniciativa es impedir que pueda acordarse la autorización de explotación, o su renovación, de una central nuclear, cuando previamente ha sido acordado su cese definitivo, con independencia de las razones que hubieran motivado dicho cese«, explicó Lucio. Para ello, los socialistas plantean declarar nulas, también, las autorizaciones que pudieran haber sido acordadas antes de la entrada en vigor de esta ley.

Lucio recuerda que Garoña se convirtió en 2006 en la central nuclear en activo «más antigua de España». También ha explicado que es una planta de primera generación, de tecnología similar a la de los reactores de Doel en Bélgica y de Fukushima en Japón, y «ha quedado obsoleta por su tecnología y por la duración de su ciclo de vida, lo que la convertiría en una central de alto riesgo si volviera a operar».

Por ello, Lucio cree que «esta central ha cumplido su ciclo de vida útil y ya está amortizada». «En el momento actual, no tiene ninguna lógica su reapertura desde el punto de vista de la garantía del suministro y de los posibles riesgos para la seguridad. Por el contrario, es necesario que la empresa propietaria de la central ponga en marcha los trabajos de desmantelamiento de la misma», ha concluido.

Podemos presentó otra proposición de ley para que las plantas nucleares se vayan cerrando a medida que expiren sus licencias de actividad y que no se concedan más. De ahí que el texto de la formación morada exija al Gobierno la elaboración, en un plazo de seis meses desde la aprobación de la ley, de un plan nacional para la clausura de las centrales nucleares.

Unidos Podemos registra en el Congreso una ley para promover el cierre progresivo de las centrales nucleares hasta 2024

Europa Press.- Unidos Podemos registró en el Congreso una proposición de ley que regula el cierre de las centrales nucleares en España, empezando por la no renovación de la licencia de Santa María de Garoña (Burgos), que el Gobierno tiene que decidir en los próximos seis meses, y terminando en 2024 con el fin de la actividad de la central de Trillo (Guadalajara).

Según ha explicado el coportavoz de Equo, Juan López de Uralde, la intención es que las plantas se vayan cerrando a medida que expiren sus licencias de actividad y que no se concedan más. De ahí que el texto exija al Gobierno la elaboración, en 6 meses desde la aprobación de la ley, de un plan nacional para la clausura de todas las centrales nucleares.

Con este texto, la formación morada pretende frenar las intenciones que, a su juicio, tiene el Gobierno de alargar hasta los 60 años la vida de las plantas nucleares y que, según advierte López de Uralde, se pueden ver en los cambios realizados por el PP para tener mayoría en el pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y en el último informe de este organismo, favorable a la reapertura de Garoña a pesar de que no se han cumplido las exigencias que se le imponían a su gestora Nuclenor.

“No hay una transición energética”

El portavoz de Energía del grupo parlamentario de Unidos Podemos, Josep Vendrell, ha acusado al Ejecutivo de ser «pronuclear» y «enemigo de las renovables y del autoconsumo» y, en su opinión, la decisión del cierre de las centrales «no puede quedar en manos del Ministerio de Energía o del Consejo de Ministros». «Se les llena la boca de hablar de transición energética y de un Pacto de Estado por la Energía y luego se quedan en lo mismo», ha denunciado el diputado de En Comú.

Del mismo modo, denuncia que este sistema es «una opción del pasado» que es «peligrosa y cara», además de «no ser competitiva». «Tampoco garantiza el suministro de electricidad en España», apunta Vendrell, dada la sobrecapacidad instalada de potencia eléctrica. Por ello, la ley también solicita la creación, en 6 meses, de un plan de transición energética en el que participen Gobierno y comunidades autónomas, así como otros actores implicados. Además, un último punto en el texto llama al Ejecutivo a elaborar un plan de adaptación socio-económico en las zonas colindantes a las centrales y que, hasta ahora, basaban parte de su economía en las plantas.

Desde la formación morada han señalado que ahora comenzarán a dialogar con PSOE y Ciudadanos que, en sus discursos y sus programas electorales se han mostrado a favor del cierre de estos centros. «Con esta ley traemos al Congreso un debate que está en la sociedad», ha apuntado López de Uralde, quien se ha mostrado convencido de poder alcanzar el acuerdo necesario en la Cámara Baja para «obligar al Gobierno a reaccionar» y cumplir con lo que exige la ley. En este sentido, el diputado de Equo se ha mostrado dispuesto a dialogar con el resto de fuerzas políticas para pactar el cierre de Garoña. «Pero no nos vamos a olvidar del cierre del resto de centrales», ha advertido Uralde.

El Gobierno recuerda que la potestad de sancionar a las comercializadoras eléctricas por supuesta publicidad engañosa corresponde a la CNMC

Europa Press.- El Gobierno considera que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) cuenta con «una variedad de instrumentos» suficiente para sancionar cualquier actuación irregular de las comercializadoras eléctricas, dejando así en manos del regulador las posibles sanciones por las prácticas que denuncia Facua.

El diputado de Podemos, Josep Vendrell, preguntó por escrito al Ejecutivo sobre las ofertas que algunas comercializadoras eléctricas plantean a los consumidores bajo la excusa de pretendidas rebajas que en realidad pueden llegar a encarecer el recibo de la luz hasta un 68,2% en el caso de los potenciales beneficiarios del bono social. En su respuesta el Gobierno se limita a señalar que la CNMC, organismo encargado de supervisar el mercado y la competencia, ha tenido conocimiento de que «algunas comercializadoras tramitan cambios de suministrador sin consentimiento o con consentimiento obtenido a través de engaño».

En este sentido, cita varios informes del regulador en el que se denuncia que «los consumidores reciben información poco transparente o poco veraz», lo que resulta en contrataciones que, «en muchos casos, empeoran las condiciones contratadas previamente». Sin embargo, el Ejecutivo considera que la Comisión tiene a su disposición «una variedad» de instrumentos suficiente para sancionar este tipo de conductas que «pudieran obstaculizar el cambio de suministrador falseando la competencia» de manera «activa y coordinada», y recuerda que ya están en tramitación diversos expedientes sancionadoras por incumplimientos de esta naturaleza.

Unidos Podemos tilda de «chantaje inaceptable» incluir el cierre de Garoña en la negociación con el PNV sobre los Presupuestos

Europa Press.- Mientras la Junta de Castilla y León espera que el cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) «no sea el precio» por aprobar unos Presupuestos Generales del Estado, en cuyo caso advierte de que pediría una «compensación» para la comunidad autónoma, el coportavoz de Equo y diputado de Unidos Podemos, Juan López de Uralde, considera un «chantaje inaceptable» que el Gobierno pueda incluir el cierre de Garoña en las negociaciones con el PNV sobre los Presupuestos.

Así lo ha subrayado el también portavoz de Unidos Podemos en la ponencia parlamentaria encargada de las relaciones con el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) al ser preguntado en el Congreso sobre las informaciones que apuntan a que el Ejecutivo pueda ofrecer a los nacionalistas vascos cerrar la central burgalesa como gesto de acercamiento a cambio de su apoyo a las cuentas públicas. No obstante, desde el PNV han explicado que no han recibido ninguna oferta en este sentido y que continúan a la espera de que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, les envíe documentación relativa a los Presupuestos.

López de Uralde ha insistido en que el Gobierno debe clausurar definitivamente esta planta nuclear «porque no cumple las condiciones» fijadas por el CSN para mantenerla abierta, ya ha cumplido su vida útil y es «altamente peligroso» que siga en funcionamiento. Por todo ello, el coportavoz de Equo ha subrayado que debe cerrarse «a cambio de nada» y rechazó que el futuro de la central se use como moneda de cambio en las negociaciones presupuestarias.

Compensaciones de Castilla y León

Según la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, la Junta «no ha podido contrastar» la posible oferta del Gobierno a los nacionalistas vasco. En cualquier caso, reconoció que, de ser cierto, «no sería una buena noticia para Castilla y León», dada la «importancia» de que continúe la central por su repercusión en el empleo rural. «Confiamos en que el cierre de Garoña no sea el precio por aprobar unos Presupuestos, de ser así tendríamos que pedir una compensación para la comunidad», ha sentenciado.

Por su parte, el vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, ha sugerido que aprobar unos Presupuestos es «más complejo que si se abre o se cierra una central», tras lo que ha insistido en que el Gobierno autonómico mantiene su posición sobre que «si Garoña es segura, debe seguir abierta», tanto por «ser necesaria» para la generación de energía eléctrica en el país, como por su repercusión en el empleo, aunque con la seguridad «por encima de todo».

El Congreso respalda facilitar los cambios estacionales de la potencia eléctrica contratada con el rechazo del PP y de C’s

Europa Press.- Tras recordar la existencia de unos costes fijos en el sistema eléctrico, el PP se opuso a una moción que consideró «insolidaria» después de que el pleno del Congreso respaldara una propuesta de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) para fomentar que el usuario pueda cambiar la potencia eléctrica contratada en función de la temporada. La iniciativa salió adelante tras recabar los apoyos del PSOE, Unidos Podemos, PDeCAT, Compromís y Bildu, mientras que el PP y Ciudadanos votaron ambos en contra.

El texto aprobado mediante proposición no de ley pide al Gobierno crear un nuevo contrato de potencia estacional. Apuesta por adaptar la legislación para que sea posible «adecuar la potencia contratada a las necesidades reales de la actividad económica y poder modificar dicha potencia contratada a lo largo del año para favorecer la eficiencia, el ahorro y la sostenibilidad del sistema eléctrico». Asimismo, propone una tarifa de discriminación estacional para pequeñas y medianas empresas y cooperativas, con lo que las empresas distribuidoras quedarían obligadas a atender las peticiones de modificación de tarifa, su modalidad de aplicación y la potencia contratada.

En caso de disponer de contrato de potencia estacional, el consumidor podría “modificar voluntariamente la tarifa, potencia contratada o sus modos de aplicación”, de acuerdo al mismo. Este tipo de contratos permitiría acuerdos entre el suministrador y el cliente para fijar tarifas, condiciones técnicas de acceso y potencias diferentes para cada período del año. Asimismo, la moción aprobada incluye la realización de una auditoría del sistema eléctrico para la revisión de los costes de las redes que permita una reforma del mercado eléctrico «para garantizar que la fijación de los precios refleje el coste de generación, fomentando las energías renovables».

Los republicanos catalanes lamentan que el precio de la energía es un «enorme lastre» para las empresas, sobre todo las pymes, y critican que la normativa actual limite los cambios posibles de potencia a uno al año. Esto impide que los usuarios puedan optimizar su perfil de consumo o modular su demanda en función de los diferentes ciclos de producción que se dan en un año, y lleva a que la potencia contratada acumulada alcance los 150 GW a pesar de que la capacidad máxima del sistema sea de 110 GW y la demanda real esté apenas en 45 GW.

«Es un desajuste muy importante que genera unos ingresos extraordinarios al sector que no están justificados», critica Esquerra, señalando que las tecnologías actuales, que permiten realizar cambios de potencia de forma remota, hacen indefendibles estas limitaciones. ERC advierte de que esta falta de flexibilidad podría incluso contravenir la normativa comunitaria en materia de consumo, por lo que pide que se apliquen todas las modificaciones normativas necesarias para potenciar los contratos de potencia estacionales «al menos para determinados sectores», de modo que se puedan producir «ahorros muy importantes» sin mermar la calidad del servicio y sin imponer complicaciones administrativas o técnicas.

El PP habla de “insolidaridad”

Por su parte, el PP se opuso a una iniciativa de ERC para promover cambios de potencia en la factura eléctrica contratada según temporadas, una idea que considera «insolidaria» pues recuerda la existencia de costes fijos. «Tenemos que pagar unos costes fijos independientemente del consumo», subrayó el portavoz del PP de Energía, Guillermo Mariscal, que acusó a Joan Capdevila, de ERC, de no entender el concepto de suficiencia de tarifa. Capdevila había retado al PP a apoyar su iniciativa para comprobar si en el Gobierno «manda más» el ministro de Economía, Luis de Guindos, o el de Energía, Álvaro Nadal.

«Con el sentido de su voto sabremos si están más con las pymes y la competitividad o con el oligopolio de los grandes. Si manda más De Guindos o Nadal», inquirió el diputado de Esquerra, Joan Capdevila, durante la defensa de esta proposición no de ley.Capdevila ha recordado que las pymes españolas «son las que pagan la factura eléctrica más cara» y que la parte fija «no hay manera de tocarla», refiriéndose a ella como «uno de los intocables del señor Nadal». «Es como si en la factura el hotel te cobra el precio del minibar aunque no lo hayas tocado», puso como ejemplo.

La iniciativa ha desencadenado una avalancha de críticas al modelo energético por parte de los grupos de la oposición, independientemente de su cercanía a la iniciativa.Por parte del PSOE, su portavoz de Energía en el Congreso, Pilar Lucio, ha criticado que este modelo es «contrario a la eficiencia energética», puesto que el peso de los costes fijos hace que consumir más o menos no tenga influencia en el coste final. «El modelo eléctrico acaba siendo uno de los elementos fundamentales que lastran el desarrollo de nuestra economía y la hacen menos competitiva», ha dicho.

Josep Vendrell, diputado de En Comú, instó a revisar no sólo este factor, sino «el conjunto del sistema». Algo que cree que debe «abordarse con urgencia», a pesar de que el Gobierno no tiene «ninguna voluntad» de hacerlo. «Al contrario, el ministro dice que hay que resignarse», espetó. Aunque reconoció que la iniciativa pudiera beneficiar a algunas empresas, Vicente Ten Oliver, diputado de Ciudadanos, indicó que también favorecería a los ciudadanos que tienen más de una vivienda. «Queremos reducir el precio de la luz, pero a todos», aseveró, tras calificar la propuesta como «un parche«.