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ERC, Unidos Podemos, Compromís y PDeCAT piden al Tribunal de Cuentas investigar los sobrecostes del proyecto de almacén gasista Castor

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Europa Press.- Diputados y senadores de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), Unidos Podemos, Compromís y Partido Demócrata Europeo Catalán (PDeCAT) presentaron en el Tribunal de Cuentas de Madrid, junto a la Plataforma Ciudadana en Defensa de les Terres del Sènia, una solicitud formal en la que piden que se abra una investigación por los sobrecostes del proyecto Castor de almacenamientode gas natural, y en la que exigen a la Administración responsabilidades.

Así lo ha asegurado la portavoz de la Plataforma, Cristina Reverte, que lo considera como un «acto de concienciación» y «reclamación» ciudadana. «Es una lucha más contra un proyecto que creemos innecesario y que ha puesto en riesgo la seguridad ciudadana», ha señalado Reverte, que afirma que llevan 10 años luchando «pacíficamente» por esto. El documento que han presentado al Tribunal de Cuentas de Madrid declara, según ha afirmado la portavoz, el aumento de costes del proyecto, que al inicio suponían 400 millones de euros, según asegura la portavoz, y después aumentó a 1.700 millones de euros para, finalmente, ascender a más de 4.000 millones.

«No tenemos ninguna transparencia por parte de la Administración, a lo largo de 10 años hemos pedido que se expliquen las cosas, que se nos dé la información, porque al final, quien tenemos que pagar las facturas de otros y la responsabilidad de otros, somos la gente corriente», ha criticado. Las actividades en el almacén de Castor, situado entre Castellón y Tarragona, fueron paralizadas en septiembre de 2013 debido a que las inyecciones de gas provocaban terremotos en la zona de Vinaroz (Castellón). Un año después, en octubre de 2014, el Consejo de Ministros aprobó un real decreto que acordaba el cierre de las instalaciones.

El Gobierno también acordó que el Gobierno indemnizaría con 1.350 millones de euros a Escal UGS, participada por el grupo ACS, la empresa concesionaria de la explotación del almacenamiento subterráneo de gas Castor, por su cierre. Pero el importe sería abonado por Enagás Transporte, lo que según advirtió OCU, repercutiría en los consumidores, los cuales acabarían pagando en su factura de gas durante los próximos 30 años esa cantidad, más un interés del 4,27% anual, lo que elevaría el importe final pagado por los consumidores de gas a 4.731 millones.

Los diputados y senadores que apoyan a la Plataforma también han pedido responsabilidades al Gobierno y que se inicie una investigación. Por su parte, el alcalde de Alcanar (Tarragona), Alfons Montserrat (ERC) exigió «transparencia, claridad, e información» sobre Castor porque, a su juicio, «es la mejor manera de que no vuelva a repetirse». Montserrat tachó de «deplorables» las indemnizaciones acordadas por el Gobierno por su cierre y ha recordado que este almacén «ha puesto en peligro todo un territorio con alrededor de 500 movimientos sísmicos». Por su parte, el senador de ERC, Miguel Aubà, reclamó «que pague quien haya cometido el problema» y ha expresado su apoyo a la plataforma.

El senador de Compromís, Jordi Navarrete, destacó que este proceso contra Castor se ha materializado en la petición para la creación de una comisión de investigación en el Congreso. Navarrete señaló que se abordarían cuestiones como los motivos por los que no se hicieron los estudios de impacto medioambientales necesarios que exigía la ley, el aumento del gasto del proyecto, el motivo por el que las indemnizaciones del Gobierno repercuten en los usuarios del gas o quién dio la orden de inyectar más gas del que era capaz la infraestructura con una velocidad superior a la recomendada por los técnicos.

Podemos ve «falta de neutralidad» en el CSN, al que acusa de estar «capturado» por el Gobierno y las eléctricas

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Europa Press.- Mientras Cristina Narbona critica que el Ministerio de Energía no ha abierto aún el plazo de alegaciones para los propietarios de la central nuclear de Garoña (Burgos), cuando el plazo para decidir la reapertura de esta planta termina a principios de agosto, el grupo parlamentario de Unidos Podemos denuncia la «pérdida de independencia y neutralidad» del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que, a su juicio, está siendo «capturado por la política energética del Gobierno y los intereses del oligopolio eléctrico».

El portavoz de Energía de la formación morada, Josep Vendrell, ha señalado que esta falta de independencia se ha visto en los informes favorables a la reapertura de la central de Santa María de Garoña y a la construcción de Almacén Temporal Centralizado (ATC) y, más recientemente, en su aprobación a la orden ministerial del cambio de plazos del Gobierno para la autorización de renovación de los permisos de las plantas nucleares. «Es una subordinación y supeditación impresentable» ha insistido Vendrell, para quien el CSN necesita «un golpe de timón» y «un cambio radical» porque, a su juicio, no se puede permitir el lujo de que un regulador esté jugando con «la salud de la gente y del medio ambiente».

Para el coportavoz de Equo, Juan López de Uralde, que ha denunciado que el CSN modifica la legislación para reducir de 3 a 1 años el plazo en el que las eléctricas tienen que decidir sobre cuándo pedir la renovación de las plantas nucleares, es «uno de más de los muchos hechos que se vienen produciendo en los últimos meses» y que, en su opinión, demuestran que «el CSN está entregado a los intereses del oligopolio de la industria eléctrica«.

Vendrell también se refirió a las informaciones que señalan que el ministro de Energía, Álvaro Nadal, se plantea la intervención de las centrales nucleares y térmicas para garantizar el mix energético nacional. «Si el ministro hiciera los mismos esfuerzos en mantener el carbón y las nucleares como con las renovables, las políticas de transición energética del Gobierno serían otras», criticó.

Narbona, Garoña y el Ministerio

Por otro lado, la última labor como consejera del CSN de Cristina Narbona ha sido denunciar que el Ministerio de Energía no ha abierto aún el plazo de alegaciones para los propietarios de la central nuclear de Garoña, cuando el plazo para decidir la reapertura de esta planta termina a principios de agosto. Para la exministra socialista de Medio Ambiente, esta situación «no deja de ser sorprendente» ya que fue el propio titular del ministerio, Álvaro Nadal, quien se comprometió a abrir este plazo para escuchar a Endesa e Iberdrola el pasado mes de marzo, cuando se entregó el informe del CSN sobre este tema.

«Con mi voto en contra, el CSN hizo un informe favorable para la renovación sine die de la planta de Garoña y, a partir de ahí, el Gobierno tiene la capacidad administrativa de conceder la autorización después de que estudie las alegaciones, que parece que van a llegar en verano», ha explicado Narbona a su entrada a la Ponencia encargada de las relaciones con el CSN en el Congreso. Allí, la exministra rindió cuentas ante los diputados responsables de esta materia de las tareas que ha asumido dentro del CSN.

“Garantizar la seguridad nuclear y la protección radiológica es lo que explica una serie de votos discrepantes que desde 2013 he venido haciendo», reconoció Narbona, que ha señalado que todas sus discrepancias tienen base técnica y jurídica y está ligada a los cambios y prácticas reguladoras que se han ido dando en este periodo. «Mi tarea dentro del consejo pone como prioridad que mejoremos en cultura de seguridad interna del propio organismo, por ejemplo, mejorando la gestión de discrepancias, un tema que ha generado ruido hacia afuera del consejo», concluyó.

Podemos pide librar a los hogares vulnerables de la refacturación de la tarifa regulada para corregir el margen de comercialización

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Europa Press.- Podemos En Comú criticó que el Gobierno haya autorizado a las compañías eléctricas la refacturación en un solo recibo de las tarifas que, a lo largo de tres años, se aplicaron erróneamente porque el Gobierno no calculó correctamente el coste de la comercialización de la energía eléctrica de la tarifa semirregulada (PVPC), y pide fraccionar el pago y que se exima a los hogares vulnerables.

La refacturación se sustenta en tres sentencias dictadas por el Tribunal Supremo en las que se obliga al Gobierno a elaborar una nueva metodología para calcular el margen de comercialización del PVPC. A partir de ello, el Gobierno aprobó un modelo de comunicación que las compañías deben remitir a los usuarios para informarles de los motivos del reajuste en el cobro en el que, lamenta Podemos, «les ha dado libertad para decidir si lo aplican a lo largo de varios recibos o en uno solo».

Por todo esto, la formación catalana, a través de su portavoz de Energía en el Congreso, Josep Vendrell, registró en la Cámara Baja una batería de preguntas para comprobar si el Gobierno conoce los efectos de cargar en una sola factura esta desviación en el cálculo de la factura y para saber las razones por las que el Ejecutivo no excluyó de esta decisión a los beneficiarios del bono social.

Para Vendrell, esta decisión «refleja una nula sensibilidad con aquellos consumidores que atraviesan una grave situación económica y que habitualmente ya tienen dificultades para hacer frente a los recibos». «Ni siquiera se han tenido en consideración a los beneficiarios del bono social, a los que el cobro de las cantidades también se les estaría aplicando íntegramente», lamenta el diputado catalán.

Podemos pide que no se renueven las licencias de las centrales nucleares para lograr su cierre en España en 2024

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Europa Press.- Unidos Podemos exigió al Gobierno en el Congreso que no prorrogue las licencias de las centrales nucleares con el objetivo de que esta fuente energética desaparezca en 2024, año en el que expira el último permiso de una planta española.

«Es una energía peligrosa y cara que, además, no tiene internalizados los costes, por lo que, al final, terminamos pagando entre todos los beneficios de las eléctricas«, ha denunciado el secretario de Relación con la Sociedad Civil y Movimientos Sociales de la formación morada, Rafael Mayoral, quien ha asegurado que es «inadmisible» que estas centrales puedan continuar funcionando «más allá de los permisos que tienen».

Mayoral compartió esta propuesta con representantes del Movimiento Ibérico Antinuclear, que engloba a 80 asociaciones españolas y portuguesas, con quienes se reunió. El coordinador de esta organización, Paco Castejón, destacó el «momento importantísimo» en el que se encuentra actualmente el futuro de las nucleares, ya que éstas son las que «marcan el modelo energético» del país. «Entre esta legislatura y en la siguiente expiran todos los permisos de las nucleares y se tienen que tomar las decisiones sobre prorrogar o no estos permisos», auguró Castejón.

Actualmente, el Ejecutivo se encuentra dentro del plazo de 6 meses para decidir si reabre la planta de Santa María de Garoña (Burgos). Castejón señala que si deciden prorrogar la licencia se hará por, al menos, 10 años, lo que permitirá llegar a la central hasta la cincuentena. Además, Garoña será el modelo a seguir con el resto de centrales.

«Si se produce este paso, al cabo de 10 años se prorrogarán otros 10, que es la pretensión de la industria nuclear», augura el ecologista. En este sentido, Castejón ha señalado que «las nucleares no son compatibles con un desarrollo masivo de energía renovable», porque éstas son intermitentes, mientras que las nucleares no se pueden regular. Es decir, si entraran de golpe 3.000 megavatios de eólica, no se podrían apagar de golpe 3.000 megavatios de nucleares, porque tarda un día.

Compromís, Podemos, Esquerra Republicana y PDeCAT exigen en el Senado una comisión de investigación sobre el almacén de gas Castor

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Europa Press / EFE.- El senador de Compromís Jordi Navarrete presentó una propuesta de creación de una comisión de investigación sobre el almacenamiento de gas Castor, situado frente a las costas de Vinaròs (Castellón), con el objetivo de aclarar las responsabilidades, de poner el «foco de atención informativo para que la ciudadanía esté informada de forma clara, abierta y transparente» de lo que ocurrió. Así se ha expresado el senador, que busca clarificar el procedimiento seguido en la tramitación administrativa del proyecto energético Castor.

La solicitud se ha registrado después de que el informe encargado por el Gobierno al Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y a la Universidad de Harvard concluyera que los terremotos registrados en 2013 se debieron a la inyección de gas en el almacén. Los senadores pretenden que se investiguen y depuren las responsabilidades de los que autorizaron y aprobaron la puesta en funcionamiento del Castor, en la que participaron los gobiernos del PSOE y del PP. Estos grupos también piden que la comisión de investigación fije un calendario para el desmantelamiento de las instalaciones que se hicieron para el proyecto.

El parlamentario de Compromís, promotor de esta iniciativa que ha recabado los apoyos de ERC, Podemos y PDeCAT, ha criticado que el proyecto Castor está «lleno de irregularidades, de sobrecostes y de mala gestión». Además, ha defendido que es el momento de que el PP y el PSOE tomen una posición al respecto. «Es el momento de saber donde están las responsabilidades y de saber qué normas tenemos que ponernos para que en otras circunstancias no se produzcan estas actuaciones», ha argumentado Navarrete, para el que Castor fue un «fiasco económico». «La ciudadanía necesita saber por qué hemos tenido que repercutir en la factura del gas de todos los españoles el gasto de una infamia de un proyecto faraónico», sentenció.

Aclarar el proceso de licitación

Por su parte, el senador de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) Miquel Aubà explicó que su formación apoya la petición de Compromís ante la necesidad de que «se aclare cómo fue la cuestión, todo el proceso» de un proyecto que «desde el minuto cero fue un desastre, un error de construcción y económico«. Según ha defendido Aubà, «todos» los españoles van a pagar el coste del proyecto «a través de la factura del gas«. «La ciudadanía se merece una explicación clara y contundente de por qué va a pagar», concluyó. Además, ERC ha pedido la comparecencia en el Senado del ministro de Energía, Álvaro Nadal, para que informe sobre el frustrado almacén Castor que el Gobierno ha decidido mantener hibernado.

En esta línea, el parlamentario del PDeCAT Josep Lluis Cleries ha argumentado su apoyo a la comisión de investigación porque «se han producido una serie de irregularidades difíciles de entender». «Es bueno que en sede parlamentaria se den las explicaciones oportunas», ha indicado, al tiempo que ha abogado por poner «negro sobre blanco» lo que ha sucedido. Ante los sobrecostes del proyecto, Cleries ha defendido que cuando una compañía privada hace una inversión de este tipo «es esta empresa la que arriesga a costa de los beneficios que ha obtenido».

Desde Podemos, la senadora alicantina Vicenta Jiménez, ha asegurado que hay «motivos más que suficientes para exigir que la comisión de investigación» salga adelante porque la ciudadanía «debe conocer cómo, porqué y quiénes son los responsables» de llevar a cabo un proyecto con «la oposición ciudadana». Por su parte, la senadora catalana María Freixanet ha puesto de manifiesto que el proyecto «ha estado impugnado por la sociedad civil desde el momento cero» y que ha tenido informes técnicos y medioambientales en su contra también desde el inicio. «Se está tratando de una verdadera chapuza, un pelotazo económico permitido y avalado desde el Estado», ha subrayado.

Podemos y Compromís ya registraron en el Congreso de los Diputados otra petición de creación de una comisión de investigación sobre el almacén Castor para esclarecer las responsabilidades del caso y recuperar el dinero de las indemnizaciones, por ser un proyecto «negligente». La instalación dejó de almacenar gas en septiembre de 2013 tras registrarse cientos de pequeños seísmos en la zona. El almacenamiento fue construido por la sociedad Escal UGS, controlada por la constructora ACS, que renunció a la concesión y recibió una indemnización de 1.350 millones de euros. En marzo de 2016, Enagás culminó el proceso de hibernación (cierre temporal) del almacenamiento con el doble sellado de los pozos.

Unidos Podemos exige una Ley de Cambio Climático con objetivos concretos de reducción de emisiones por sector

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EFE.– El grupo parlamentario de Unidos Podemos reclama que la futura Ley de Cambio Climático cuente con objetivos concretos de reducción de emisiones para cada uno de los sectores, entre ellos el sector energético, a corto, medio y largo plazo, utilizando como base el año 1990 y no 2005. En este sentido, este grupo parlamentario señala los mínimos que, para ellos, debe tener la nueva norma y pide que se creen indicadores que permitan hacer un seguimiento de la evolución de los compromisos.

Unidos Podemos considera que la meta a la que debe ir orientada esta ley es la de un modelo 100% renovable, y para conseguirlo creen que debe ir acompañado de un plan de fiscalidad ambiental, de un programa de creación de empleo verde y de ambiciosas reducciones en los sectores más contaminantes, como el transporte, la agricultura y la ganadería, la edificación o los residuos.

Reclaman que la ley incluya la financiación adecuada para llevar adelante los objetivos, y que su proyecto de elaboración sea transparente y cuente con la participación de la sociedad civil. Piden también abordar el reparto competencial de las medidas con las Comunidades Autónomas, así como un organismo de coordinación autonómica. Además, reclaman la aplicación «real» del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC), con el fin de que los programas de trabajo que se establezcan permitan desarrollar la política de adaptación al cambio climático.

Podemos quiere que Nadal explique en el Congreso la condena a España en el arbitraje por los recortes en renovables

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Europa Press.- Unidos Podemos-En Comú-En Marea quiere que el ministro de Energía, Álvaro Nadal, rinda cuentas en la Comisión del ramo del Congreso por la condena a España en la Corte Internacional de Arreglo de Diferencias del Banco Mundial (Ciadi) por los recortes a la energía renovable.

La sentencia, dictada el 4 de mayo, estima parcialmente la demanda del fondo luxemburgués Eiser Infrastructure Limites, compensándola con 128 millones de euros por el perjuicio que, estima el tribunal, sufrió tras sus inversiones realizadas en tres plantas termosolares, a raíz de los recortes a las energías renovables aplicados tras las reformas realizadas por los últimos gobiernos en el sector.

Según Podemos, las conclusiones dictadas en el laudo apuntan a que «España realizó una revisión del régimen regulatorio sin precedentes y basado en premisas totalmente diferentes», considerando el nuevo sistema «profundamente injusto e inequitativo en el modo en que se aplicó a la inversión existente de las demandantes, despojando a las demandantes prácticamente de todo el valor de su inversión«.

Unidos Podemos critica que el Gobierno habría dejado sin contestar la invitación que los inversores realizaron para pedir una negociación previa bajo el argumento de que se le remitiera el documento redactado en castellano y, posteriormente, sin dar respuesta. Una posición que, continúa Podemos, el arbitraje «valora como contradictoria, al existir un alegato por parte del Gobierno diciendo que el demandante no intentó llegar a un acuerdo«. Podemos pregunta si este hecho es cierto, las razones por las que fue así y por el lugar en el que se «deja al Gobierno no dignarse a responder este tipo de misivas».

Apuntan a la defensa jurídica

Podemos advierte de que los peritajes realizados y las declaraciones de testigos fueron «contradictorias y carentes de solidez», ante lo cual preguntan si el Gobierno ha solicitado a la Abogacía del Estado un informe que explique «los cambios sustanciales en la línea de defensa«, y si es así, qué motivos llevaron a ello. También quieren saber si el Gobierno considera que la defensa jurídica pudo afectar al resultado del laudo.

En este sentido, destacan que la principal alegación habría consistido en la carencia de jurisdicción por parte del Ciadi y que existieron «incoherencias e incertezas en la testifical del director de energías renovables del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE)». «Igualmente, la defensa y alegatos de los representantes jurídicos del Estado habrían cambiado sustancialmente a lo largo del proceso», apostillan. Unidos Podemos pregunta al Gobierno si considera que estos representantes del IDAE «estuvieron a la altura en sus testificales» y si han solicitado «las explicaciones oportunas tras las presuntas contradicciones del director de renovables del IDAE».

También destacan que «los propios árbitros consideran los informes periciales aportados por la demandante como completos y profesionales», mientras que la valoración de las conclusiones presentadas por los peritos contratados al efecto por el Gobierno «fueron consideradas poco convincentes». Por esto último, Unidos Podemos cuestiona al Ejecutivo por los criterios que condujeron a la contratación de BDO Abogados a la hora de defender al país en el Ciadi, si se valoraron otras opciones y si se continuarán utilizando sus servicios en el resto de arbitrajes pendientes por esta misma controversia.

Nadal recuerda que el Tribunal Supremo impidió eludir la indemnización de Castor mientras Unidos Podemos pide una comisión de investigación

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Europa Press.- Unidos Podemos y Compromís registraron en el Congreso de los Diputados una propuesta de creación de una comisión de investigación sobre el proyecto Castor con el objetivo de «esclarecer las responsabilidades políticas» de este caso. Por su parte, el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, recordó a la Generalitat de Cataluña que fue el Ejecutivo del PP quien pidió al Tribunal Supremo (TS) la lesividad del contrato del almacén de gas Castor.

En respuesta a una carta del consejero de Empresa de Cataluña, Jordi Baiget, el ministro de Energía recordó que una vez el Supremo dijo que no se podía considerar lesivo el contrato, el Gobierno elaboró un decreto ley que redujo en más de la mitad el «daño anual» de la instalación al sistema. Nadal ha asegurado que la situación del almacén es «estable» y que la extracción del gas se tiene que hacer con todas las garantías y con los estudios adecuados sin que ello perjudique a las poblaciones cercanas.

Piden una comisión de investigación

Por su parte, el diputado de En Comú, y portavoz de energía de la formación morada, Josep Vendrell, ha señalado que su comisión de investigación implicaría tanto a Gobiernos del PP como del PSOE, ya que se inició con el entonces ministro popular Josep Piqué, pero el proceso de adjudicación continuó con los socialistas Joan Clos, José Montilla y Miguel Sebastián. Todos ellos, según ha apuntado Vendrell serán llamados a comparecer en esta comisión y también el exministro José Manuel Soria, debido a su implicación en el proceso de indemnización de la empresa adjudicataria, así como el actual titular del departamento de Energía Álvaro Nadal.

Asimismo, proponen llamar a expertos, científicos y organizaciones ecologistas que avisaron de los peligros medioambientales y del riesgo sísmico de la zona, así como a la sociedad civil, ayuntamientos y asociaciones vecinales que se opusieron desde el primer momento a la construcción del almacén de gas. «Ahora estamos pagando los consumidores de gas por este capitalismo parasitario que permite que la empresa gane cuando se autoriza el proyecto y, cuando éste falla, también gane», ha denunciado el diputado catalán, quien ha recordado que esta situación también pasa en otros sectores.

Del mismo modo, ha recordado que la intención de Unidos Podemos es desmantelar la planta de Castor y sellar el pozo, con las medidas de seguridad necesarias, y recuperar la indemnización de 1.700 millones de euros que ha recibido la empresa adjudicataria. En este sentido, la formación morada ya obtuvo el voto a favor de la mayoría de los diputados y la abstención del PP a una proposición no de ley para que el Gobierno trate de recuperar la indemnización concedida a Escal UGS. Por este motivo, la diputada de Unidos Podemos, Ángela Ballester, se ha mostrado convencida de que se van a recabar los apoyos necesarios para sacar adelante esta comisión de investigación parlamentaria.

El Congreso pide al Gobierno que recupere la indemnización de 1.350 millones concedida a Escal UGS por el proyecto Castor

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Europa Press.- La comisión de Energía del Congreso ha apoyado una proposición no de ley de Unidos Podemos en la que se pide al Gobierno que emprenda las acciones legales necesarias para recuperar la indemnización concedida a Escal UGS S.L. tras la extinción de la concesión para el proyecto Castor. La formación morada entiende que la empresa incurrió en dolo o negligencia imputable y que por tanto «la compensación debería limitarse al valor residual de las instalaciones».

Así lo recoge en el texto votado, que contó con los votos a favor de PSOE y Ciudadanos y la abstención del PP, en la que, además, también pide iniciar acciones legales para establecer las responsabilidades ambientales, administrativas y económicas de Escal UGS por «los más de 1.000 movimientos sísmicos consecuencia» de la puesta en funcionamiento del almacén de gas.

Además, llama al Gobierno a llevar a cabo las modificaciones legislativas necesarias para impedir que, en el futuro, sean las arcas públicas las que asuman las indemnizaciones derivadas de la renuncia voluntaria de la concesión de explotación de una infraestructura o servicio. «Para ello, se dará un mayor protagonismo a la Oficina Nacional de Evaluación para mejorar la eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, dotándola de medios y recursos suficientes para realizar un control anterior a la licitación y analizar la sostenibilidad financiera de los contratos de concesiones de obras y servicios públicos», apunta la propuesta.

El ministro de Energía, Industria y Agenda Digital, Álvaro Nadal, reconocía recientemente que el proyecto Castor “nunca debió existir» y que «lo ideal» es desmantelarlo con cuidado. En este sentido, el texto llama a establecer una calendarización para el sellado de pozos y el desmantelamiento de las instalaciones de Castor, tanto las terrestres como las marinas. Unidos Podemos plantea que, con la participación de la Generalitat Valenciana, la Generalitat de Cataluña y los ayuntamientos de las localidades afectadas, se busquen soluciones «responsables, transparentes y no onerosas para las arcas públicas».

Así, piden al Gobierno elaborar estudios técnicos sobre la afectación que la hibernación del proyecto puede tener sobre el medio ambiente y otras instalaciones de riesgo presentes en la zona; realizar un peritaje para cuantificar los daños materiales, y si cabe morales, que sufrieron las poblaciones cercanas a las costas de Castellón y Tarragona, como consecuencia de los terremotos y, de este modo, realizar las reclamaciones que correspondan. Además, piden que se hagan llegar al Juzgado de Primera Instancia de Vinaròs los informes elaborados por la Universidad de Standford y el MIT relativos a las responsabilidades en las fases de tramitación y adjudicación del proyecto.

En este sentido, el portavoz de la formación morada, Josep Vendrell, ha denunciado «el menosprecio» del Ejecutivo hacia los diferentes informes sobre el riesgo enviados por diferentes centros de investigación y organizaciones, que ya alertaron de las posibles consecuencias del almacén de gas. Además de denunciar que el concurso para la adjudicación de este proyecto «estaba hecho a medida de la única empresa que se presentó» y, por lo tanto, «no hubo concurrencia real», Vendrell también ha criticado que el Gobierno decidiera, finalmente, resolver este problema buscando la solución «más beneficiosa para la empresa y más onerosa para la ciudadanía”.

Podemos critica que las corporaciones locales tengan que cofinanciar la factura eléctrica de los consumidores atendidos por los servicios sociales

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Europa Press.- Lucía Martín, diputada de En Comú Podem, coalición electoral integrada en el Congreso en el grupo parlamentario de Unidos Podemos, criticó que el reglamento sobre el bono social anunciado por el ministro de Energía, Álvaro Nadal, delegue en las corporaciones locales el pago del 50% de la factura no abonada por los usuarios vulnerables para evitar el corte de luz.

«Nuevamente, el Gobierno no asume sus competencias y piensa más en el beneficio de las grandes eléctricas que en proteger a los consumidores más expuestos por la pobreza energética», concluyen desde En Comú, que cree que los requisitos previstos por el Ejecutivo para que las familias puedan acceder al bono social «significan liquidar de facto el principio de precaución», que impide efectuar un corte de suministro a familias en situación de vulnerabilidad. En este sentido, Martín destaca que es «inadmisible» que la garantía de acceso a los suministros básicos para las familias en situación de vulnerabilidad esté condicionada a que las grandes compañías eléctricas tengan antes garantizado el cobro de la mitad de las facturas que no han podido pagar.

Por último, Martín ha criticado el pacto alcanzado por el PSOE con el Gobierno del PP, tildando de «lamentable» el papel de la formación socialista y recordando que cuando presentaron el acuerdo su portavoz en la Cámara, Antonio Hernando, decía que «mientras unos protestan, nosotros buscamos soluciones». «El resultado de aquel pacto PPSOE está a la vista de todos: El PSOE aceptó dejar exclusivamente en manos del Gobierno el desarrollo y la concreción de todas las cuestiones sensibles que anunciaba el decreto ley, a cambio de poder aparecer para colgarse la medalla de la lucha contra la pobreza energética», lamentó.