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El sindicato UGT-Fica defiende las centrales térmicas de carbón y se concentra contra su cierre ante el Ministerio de Energía

Europa Press.- El sindicato UGT-Fica celebró una concentración de trabajadores de las centrales térmicas de Anllares, Velilla, Compostilla (Castilla y León) y Lada (Asturias) ante la sede del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital en defensa de las centrales térmicas de carbón y contra su cierre, según indicó el secretario general del sindicato UGT-Fica, Pedro Hojas.

A finales del pasado mes de noviembre, los sindicatos ya rechazaron el cierre de las centrales térmicas de carbón y denunciaron la «estrategia perfectamente diseñada» por los responsables de las principales compañías eléctricas para intentar provocar una situación tal que aboque a su clausura. Asimismo, exigieron el cumplimiento del marco de actuación para la minería del carbón y las comarcas mineras para el periodo 2013-2018 y solicitaron una reunión urgente de la comisión de seguimiento.

Los sindicatos denuncian que detrás del cierre de térmicas hay un plan para favorecer a las nucleares y al gas

Europa Press.- Los sindicatos UGT y CCOO han rechazado el cierre de las centrales térmicas por su «valor estratégico» para el país como tecnología de respaldo y han denunciado que detrás de todo ello existe un plan para favorecer el peso de las nucleares y los ciclos combinados en el mix energético.

El secretario sectorial minero de UGT FICA, Víctor Fernández, consideró que este movimiento de las empresas para cerrar las plantas de carbón «es una operación perfectamente diseñada para que se les pague las inversiones en desnitrificación y un apoyo a los ciclos combinados y a las nucleares«. A este respecto, el responsable del sector mineroeléctrico de CCOO, Jesús Crespo, añadió que el Gobierno traza la política energética pero «las empresas deciden qué mix energético es el más adecuado para ellas».

Por ello, pidieron un plan nacional que reconozca el papel del carbón dentro del mix energético ya que se trata de «un sector estratégico» para España dando estabilidad al sistema productivo e industrial y, por otro lado, «con carácter social para que la energía llegue a todos los hogares», añadieron desde UGT. Asimismo, Crespo consideró que no es viable «ahora mismo» el cierre de las centrales de carbón en España ya que es una tecnología que está actuando de estabilizador de los precios de la electricidad y como energía de respaldo. «Las renovables instaladas no pueden sostener el sistema», advirtió.

Además, rechazaron que sea necesario la aprobación por el Gobierno de un nuevo real decreto para endurecer los motivos para cerrar las centrales eléctricas, ya que «hay legislación suficiente para decirles que no tienen que cerrar». «Todos los lobbies están preparados para esta jugada, incluidas las propias empresas que saben de sobra que no hace falta esperar al decreto», advirtió Fernández, subrayando que la nueva normativa para «lo único» que va a servir es para «dar dinero a las centrales que no tienen buena situación«.

De esta manera, Fernández afirmó que la propuesta de los sindicatos pasa por mantener «las térmicas y el carbón» y hacer que Europa lo considere «reserva estratégica e ir a unos pagos por capacidad». Para ello, solicitarán a la Secretaria de Estado de Energía la convocatoria de una nueva reunión de la comisión de seguimiento del plan del carbón para exponer cómo está la situación. «Hay materia legal para dar contestación ya a quien dice que quiere cerrar centrales», aseveran.

Por otra parte, los sindicatos pidieron al Gobierno que exija a las empresas energéticas, «que se han repartido millonarios beneficios», un plan de inversión para las centrales de carbón que permita que sean más limpias a través de la desnitrificación, cumpliendo así con los compromisos recogidos en el acuerdo de 2013. Finalmente, UGT y CCOO coincidieron en recordar a las empresas energéticas su responsabilidad con las comarcas donde operan estas centrales, ya que estiman que dan empleo a unas 2.800 personas, para plantear nuevos proyectos.

El Gobierno desoye a la industria: la próxima subasta de interrumpibilidad solo cubrirá 5 meses en lugar de un año

Europa Press / EFE.- El Ministerio de Energía ha limitado el periodo que cubrirá la próxima subasta de interrumpibilidad a 5 meses, en lugar de la adjudicación por un año, como era habitual. Sindicatos y partidos políticos llevan tiempo pidiendo que la subasta de interrumpibilidad vaya más allá del año para dotar de más estabilidad a la industria que se beneficia de los pagos del servicio interrumpible, integrada por empresas grandes consumidoras de electricidad.

Según consta en el proyecto de orden que modifica la anterior orden por la que se regula el mecanismo competitivo de asignación del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad, que ha sido remitido a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el periodo de entrega para el procedimiento de subastas será el comprendido entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2018. No obstante, el gabinete dirigido por Álvaro Nadal abre la puerta a que posteriormente puedan celebrarse otras subastas durante 2018.

El Ministerio considera que este plazo es «más adecuado y se ajusta más eficazmente al contexto energético en estos momentos», teniendo en cuenta que se contempla una reforma de los actuales mecanismos de capacidad para adaptarlos a la normativa comunitaria, cuya asignación deberá producirse mediante mecanismos competitivos, «tal y como indica también el informe sobre la investigación sectorial sobre los mecanismos de capacidad, publicado por la Comisión Europea en noviembre de 2016», añade. Además, señala que tras la adjudicación de más de 8.000 megavatios (MW) de potencia renovable, que serán ejecutados en los próximos dos años, se requiere una adaptación de los mecanismos actuales de cobertura y gestionabilidad «en concordancia con los compromisos europeos adquiridos«.

Asimismo, se excluyen del ámbito de aplicación del servicio de disponibilidad las instalaciones de generación hidráulica, debido a la escasez actual de las reservas y a la incertidumbre futura sobre la evolución de las precipitaciones. Por otra parte, la retribución del servicio de interrumpibilidad estará constituida por dos términos, uno fijo asociado a la disponibilidad de potencia y otro variable asociado a la ejecución efectiva de la reducción de potencia. Con la reforma energética, el Gobierno creó un sistema de subastas para repartir el servicio de interrumpibilidad, por el que los grandes consumidores de electricidad reciben un incentivo por modular su consumo en momentos de saturación en el sistema eléctrico.

La primera subasta, celebrada a finales del 2014, generó críticas de varias empresas, especialmente de Alcoa, que amenazó con el despido de trabajadores si no obtenía un precio competitivo para la electricidad. Industria realizó una nueva puja que mejoró las condiciones para estas empresas, que ahora reclaman la compra de bloques de megavatios de menor tamaño y periodos más largos para el servicio de interrumpibilidad. La última subasta de interrumpibilidad, celebrada en noviembre del año pasado, se saldó con un coste total para el sistema eléctrico de 525 millones de euros y potencia para todos los participantes en la puja.

Por su parte, el secretario general de la Sección Intercentros de CCOO en Alcoa, José Manuel Gómez de la Uz, también maneja otros datos sobre los cambios que prevé el Gobierno central para la próxima subasta de la tarifa eléctrica, que tienen que ver con el sistema de pagos del servicio y con las razones por las que Red Eléctrica de España (REE) podría requerir un «apagón». Las medidas gubernamentales podrían tener que ver con la necesidad de ajustar el sistema de concesión del servicio de interrumpibilidad a los criterios que exige la Unión Europea.

Alcoa, ArcelorMittal y AZSA son algunas de las principales beneficiarias de los pagos del servicio de interrumpibilidad. Ante estos cambios, y «con todas las reservas», José Manuel Gómez de la Uz quiere trasladar un mensaje de tranquilidad a la plantilla de Alcoa, a la espera de poder confirmar que la idea del Gobierno central sea la de ganar tiempo para mejorar posteriormente las condiciones del sistema tarifario y lograr el aval de la Unión Europea. Por su parte, fuentes de la multinacional del aluminio aseguraron que están analizando los cambios que se anuncian para la subasta del servicio de interrumpibilidad.

Por otro lado, la sección sindical de UGT en Alcoa considera que los cambios que se apuntan suponen «una falta de compromiso del Gobierno estatal con la industria nacional». El sindicato asegura que se trata de una subasta eléctrica de «transición» para 5 meses mientras termina de confeccionar un marco energético mejor del que hay actualmente para la industria. «La reforma del actual marco energético es una reivindicación sindical que llevamos exigiendo y luchando mucho tiempo», sostiene UGT que, sin embargo, considera que no tiene que haber una subasta transitoria sino un nuevo marco energético que dé estabilidad y competitividad.

La dirección de Endesa accede a dialogar con las empresas Unión Minera del Norte (UMINSA) e Hijos de Baldomero García

EFE / Europa Press.- La compañía eléctrica Endesa ha anunciado que está abierta a dialogar con las empresas de la Unión Minera del Norte (UMINSA) e Hijos de Baldomero García para habilitar cauces que propicien la compra de carbón autóctono para sus centrales térmicas, según ha trasladado el secretario regional de minería de UGT, Jorge Díez. El sindicalista ha aplaudido el cambio de actitud de la eléctrica «porque había un bloqueo total y, aunque no haya nada arreglado, parece que ya se mueve algo».

De todos modos, Díez ha advertido de que los trabajadores seguirán adelante con sus protestas semanales ante la central de Compostilla (León). Lo harán hasta que no consigan lo que piden: que se recupere el suministro de carbón nacional a la eléctrica y que se firme un acuerdo para mantenerlo. Sus puestos de trabajo, de no ser así, «están en el aire», ha advertido Díez, que es también presidente del comité de empresa de UMINSA.

Cada semana UGT y los trabajadores de UMINSA y HGB se concentran a las puertas de la térmica de Compostilla, propiedad de Endesa, para pedir que se mantenga la producción de carbón nacional y asegurar su uso en las centrales térmicas. El objetivo es «asegurar el futuro del sector» y la venta de carbón autóctono a las térmicas de generación eléctrica, tanto como energía de respaldo como para garantizar su suministro y estabilizar los precios de la energía. Así, la concentración trata de presionar a las distintas administraciones y empresas para evitar que las centrales térmicas españolas continúen importando mineral de fuera del país en detrimento del carbón nacional, a pesar de ser «más competitivo».

Los trabajadores también buscan el apoyo político y ciudadano para propiciar que se reactive el sector y se asegure la participación suficiente del carbón nacional en el mix de generación eléctrica para todo el período del Marco de Actuación 2013-2018, e incluso más allá, y que se posibilite la firma de contratos a largo plazo entre compañías eléctricas y mineras.

La plantilla de Nuclenor ratifica con 145 votos el preacuerdo de ERE en Garoña

EFE.- La plantilla de Nuclenor ha ratificado hoy el preacuerdo laboral alcanzado el pasado viernes entre sindicatos y empresa, con 145 votos a favor y 64 en contra, después de que cada empleado haya conocido cuáles son las condiciones aplicables ante el desmantelamiento de la central nuclear de Santa María de Garoña.

En declaraciones, Pedro San Millán, representante de UGT en la comisión mixta negociadora, ha destacado el apoyo «mayoritario» al preacuerdo, «el mejor que se ha podido obtener«.

Los trabajadores de la central nuclear de Santa María de Garoña, ubicada en Valle de Tobalina (Burgos), han conocido esta semana cómo les afectaría de manera particular los acuerdos alcanzados.

Nuclenor, empresa propietaria participada por Endesa e Iberdrola, ha mantenido encuentros individuales con la plantilla, formada por 227 miembros, ha recordado San Millán. Y, con esa información en las manos, la comisión negociadora ha sometido a referéndum el preacuerdo, que ha salido adelante con 145 votos favorables, de los 211 emitidos. Un apoyo «mayoritario» de la plantilla de Nuclenor, que «pone en valor el trabajo» realizado por los sindicatos, aun cuando se han registrado 64 votos en contra y dos votos nulos.

San Millán ha insistido en que el preacuerdo, cerrado el pasado viernes tras un mes de negociaciones, es «el mejor que se ha podido obtener», con las mejores condiciones posibles.

Esta semana los sindicatos también se lo han intentado explicar a todos los trabajadores y «la plantilla ha ido a votar sabiendo su situación particular», ha insistido el delegado sindical.

Una vez ratificado el acuerdo, Nuclenor tendrá que comunicárselo a la autoridad laboral, para que lo autorice, y se deberá elaborar un documento definitivo de expediente de regulación de empleo. Deberá incluir nombre a nombre qué empleados se quedarán en Santa María de Garoña para el desmantelamiento, quiénes serían recolocados en centros de Iberdrola y Endesa y quiénes prejubilados.

En términos generales, serán 120 los trabajadores que mantengan su puesto en Garoña, mientras que una treintena serían prejubilables y alrededor de 68 tendrían opción de recolocación.

Pedro San Millán ha explicado que Nuclenor ha planteado también una indemnización de 20 días por año trabajado, según marca la norma laboral, para aquellos que rechacen las recolocaciones.

Cuando Nuclenor presente a los sindicatos el documento definitivo se abrirá un plazo máximo de un mes para consultas y negociación, y una vez aprobado se remitirá a Trabajo. En el momento que la autoridad laboral lo autorice, el expediente de regulación de empleo podrá ser aplicable, ha apuntado San Millán.

La plantilla tendría que estar reorganizada para finales de año, como ya puso de manifiesto Iberdrola en el mes de agosto, quedando solo en Nuclenor los 120 empleados destinados al desmantelamiento.

El 1 de agosto, el Ministerio de Energía anunció la denegación de la autorización de prórroga de la explotación de Garoña, solicitada por Nuclenor en 2014. Con esa decisión se puso el punto final al funcionamiento de la nuclear burgalesa, iniciándose un proceso de desmantelamiento que lleva aparejada la reorganización de la plantilla.

La comisión mixta negociadora, con miembros de los sindicatos y Nuclenor, inició las reuniones el 10 de agosto y, un mes más tarde, han alcanzado el preacuerdo ratificado hoy por la plantilla.

Los sindicatos mineros exigen complementar con ayudas a la desnitrificación el decreto que dificultará el cierre de las plantas térmicas

EFE.- Los sindicatos UGT y CCOO han exigido al Gobierno que complemente el real decreto que regulará el cierre de las centrales térmicas con ayudas a la desnitrificación y que se fije un hueco térmico para el carbón autóctono. Así lo anunciaron representantes de ambos sindicatos, que ven como la única salvación que existe para el carbón que las térmicas empiecen a comprar «ya» carbón nacional.

Los sindicatos han considerado que sin esas medidas tanto el carbón como sector eléctrico están abocados al cierre y han recordado que Enel ha anunciado que cerrará Compostilla en 2020.El máximo responsable de minería de UGT en Castilla y León, Jorge Díez, alerta de que Unión Minera del Norte (UMINSA) es la única empresa que se mantiene en León, aunque la dirección advirtió de que extinguirá los 160 contratos vigentes en el plazo de «un mes o mes y medio» en caso de que no se retome el suministro de mineral. Díez ha anunciado que ante esta situación su sindicato celebrará una manifestación el próximo martes en Ponferrada (León).

El dirigente de UGT ha recordado que UMINSA no ha podido suministrar carbón desde el mes de enero, y ha alertado de que la extinción de los contratos supondría la pérdida de todos sus derechos a los trabajadores, ya que no podrían acogerse a las medidas sociales, como bajas incentivadas y prejubilaciones, hasta 2018. Díez, también presidente del comité de empresa de UMINSA, exige la compra inmediata de carbón autóctono y ha insistido en que «ya no queda tiempo para buscar otras soluciones». Además, ha puntualizado que actualmente el mineral foráneo que está entrando por el puerto gijonés de El Musel tiene un precio superior.

La patronal, los sindicatos y el Cermi piden a la Junta de Castilla-La Mancha que siga prohibiendo las gasolineras desatendidas

EFE.- La patronal de gasolineras, los sindicatos CCOO y UGT, el Cermi y la asociación de consumidores Facua quieren que el Gobierno de Castilla-La Mancha mantenga en la nueva normativa en la que trabaja la prohibición de que existan gasolineras desatendidas en la región, por razones de seguridad, empleo y sociales.

Este es el motivo que les ha llevado a registrar en la Consejería de Sanidad y Consumo 14 propuestas que esperan que se incluyan en el nuevo decreto que sobre esta materia está elaborando el Gobierno regional para adaptarse a la normativa europea, «más permisiva con las gasolineras sin empleados», según el presidente de la patronal de gasolineras, Alberto Domínguez.

Domínguez ha explicado que, de las 14 propuestas, «hay una que solventaría todo el problema y es que todas las unidades de suministro de carburante deben cumplir la obligación legal de contar al menos con un empleado», a lo que obligaba el anterior decreto de la Junta, del año 2005. Además, esto iría a favor de una mayor seguridad, que, a raíz de los atentados de Barcelona, «se ha demostrado que es el mayor valor a defender y que no puede ir una persona a una gasolinera y llevarse la cantidad de litros que quiera de gasolina, que es un material muy peligroso», ha alertado.

El responsable regional de Industria de CCOO, Ángel León, ha subrayado que en Castilla-La Mancha hay 730 estaciones de servicio, de las cuales el 16% (160) son desatendidas, lo que se ha traducido en una pérdida de empleo desde 2014 de 136 puestos de trabajo, a lo hay que sumar la falta de seguridad y el menoscabo de los derechos de los discapacitados y la competencia desleal entre las empresas.

En similares términos se expresó el responsable regional de la Federación de Industria de UGT, Carlos Duque, quien se ha referido además a la campaña de recogida de firmas que han iniciado para que el Gobierno regional endurezca las medidas para evitar que proliferen este tipo de gasolineras sin personal, que además, aseveró, deberían estar penalizadas porque no crean empleo.

Por su parte, el gerente de Cermi en Castilla-La Mancha, José Antonio Romero, indicó que este organismo a nivel estatal ha trasladado a la Unión Europea el planteamiento de que «es incompatible la liberalización del servicio que pretende hacer la Unión Europea con la armonización de los derechos de las personas con discapacidad«. Y recalcó que la Convención de la ONU establece que, en el acceso a bienes y servicios, «se tiene que primar a las personas con movilidad reducida o cualquier discapacidad», lo que incluye el repostaje de combustible, derechos que también recoge la ley autonómica de Garantías de los Derechos de los Discapacitados.

Por último, el presidente regional de la asociación de consumidores Facua, Francisco Ferrer, apuntó que esta organización está también muy sensibilizada con este asunto «tan preocupante y peligroso a la vez». Y criticó que, «con la excusa de mantener o crear competencia, lo que no deseamos es que se rebajen los derechos de los consumidores y usuarios castellano-manchegos, cuya competencia no es de Europa, sino que es de nuestra comunidad», recalcó, y que ya estaban garantizados en la normativa autonómica.

Los sindicatos mineros reclaman a las administraciones un «frente común» para salvar el carbón y que se consuma producción nacional

EFE.- El máximo responsable de minería de UGT en Castilla y León, Jorge Díez, ha reclamado a las administraciones un «frente común» para tratar de «desbloquear» el «abismo» al que se enfrenta la minería del carbón. El dirigente sindical explicó que tras las vacaciones se han encontrado que Hijos de Baldomero García (HBG) ya ha extinguido los contratos mientras que Unión Minera del Norte (UMINSA) esperará mes y medio para hacerlo.

En ambos casos, ha explicado, la causa ha sido la «negativa» de la central eléctrica de Compostilla a comprar carbón autóctono. Por ello UGT y CCOO han abierto una ronda de contactos con responsables políticos e institucionales para pedir apoyo en la «lucha por la supervivencia de las comarcas mineras». El dirigente sindical precisó que el desbloqueo de la situación está en manos del Ministerio, pero advirtió de que «tendría que hacerse muy rápido,» y ha valorado el apoyo expresado por la Diputación de León.

Por su parte, el presidente de la Diputación de León, Juan Martínez Majo, ha destacado que la institución va a apoyar las reivindicaciones sindicales y recordó que ha escuchado al propio ministro de Energía, Álvaro Nadal, decir que el carbón autóctono es necesario dentro del mix energético. «Es necesario obligar o ver la formula dentro de la cual las eléctricas tengan que consumir carbón autóctono y se puedan mantener los puestos de trabajo«, ha apostillado.

La propietaria Nuclenor y los sindicatos alcanzan un preacuerdo de ERE para la plantilla de la central nuclear de Garoña

EFE.– Nuclenor, propietaria de la central nuclear Santa María de Garoña, y los sindicatos alcanzaron un preacuerdo para el expediente de regulación de empleo (ERE) que se aplicará a los 227 trabajadores de la planta ubicada en Valle de Tobalina (Burgos) Tendrá que ser ratificado por la plantilla la próxima semana.

Pedro San Millán, representante de UGT en la comisión mixta que desde agosto negocia las condiciones del ERE, explicó que el preacuerdo firmado se ha cerrado con la unanimidad de las cuatro centrales sindicales (UGT, USO, ALOG y ACN/ATYPE), y la parte empresarial. Tras el preacuerdo, los plazos que se manejan pasan ahora por informar del mismo a los trabajadores para que lo voten el próximo jueves mediante un referéndum. «Son las mejores condiciones que hemos podido obtener, aunque entendemos que no a todos van a gustar», reconoció San Millán, quien, sin embargo, no quiso avanzar los datos del preacuerdo.

Se ha impuesto un criterio de confidencialidad en las reuniones y, además, la próxima semana Nuclenor tendrá que comunicar a cada uno de los empleados cómo les afecta en particular el texto. Lo que sí se sabe es que el ERE se sustentará en prejubilaciones y recolocaciones en centros de Endesa e Iberdrola, propietarias de Nuclenor. Además, como Iberdrola ya avanzó, para finales de año solo deben quedar 120 trabajadores, que se encargarán de gestionar el proceso de desmantelamiento de Garoña. De este modo, aproximadamente un 47% de la plantilla saldrá de la central nuclear con recolocaciones y prejubilaciones, aunque todavía no se han cerrado los datos, indicó San Millán.

Si la plantilla acepta las condiciones, se iniciará el diseño del ERE por parte de Nuclenor, que tendrá que comunicarlo a Trabajo. A continuación se abrirá un nuevo periodo de negociación sobre el documento y, cerrado un acuerdo, el expediente se remitirá a Trabajo para su autorización, ha recordado San Millán, que insiste en que el haber llegado a un acuerdo es «positivo» y es «lo mejor que puede pasar».

UGT insta a la oposición a que obligue al PP a cambiar la subasta del servicio de interrumpibilidad eléctrica

EFE.- El secretario general de UGT de Asturias, Javier Fernández Lanero, considera que el Gobierno de España no va a facilitar cambios en el modelo de subasta para el servicio de interrumpibilidad del suministro eléctrico para las empresas de alto consumo y ha pedido que sea la oposición la que tenga la iniciativa de forzar una alternativa.

«Si algo tenemos claro es que este Gobierno no va a rectificar absolutamente nada, lo único que hay que intentar es que los partidos políticos que están en la oposición se pongan de acuerdo para hacerle rectificar», ha declarado Fernández Lanero. El dirigente sindical hace notar el hecho de que el PP no tiene mayoría absoluta parlamentaria y, por lo tanto, «los grupos de la oposición tienen que dejarse de mirar cada uno para dentro y ponerse de acuerdo y mirar a ver cómo defienden los intereses de los demás y obligar al Gobierno a cambiar el sistema de subasta, que no ofrece ninguna solución».

«Necesitamos un sistema de subasta que garantice el suministro eléctrico durante mucho más tiempo, porque el coste de la electricidad para estas multinacionales es fundamental, ya que hacen inversiones para muchos años», ha explicado el dirigente sindical. Si las multinacionales como Alcoa, ArcelorMittal o AZSA no tienen una previsión a largo plazo del coste de la energía eléctrica, «es imposible programar inversiones que garantice su rentabilidad«. En opinión de Fernández Lanero, si se quiere mantener a las multinacionales en la comarca «es necesario cambiar este sistema de subasta eléctrica». «Hay que evitar esta incertidumbre que, por una parte, es verdad que la provoca la subasta, pero las empresas lo aprovechan para buscar disculpas que justifiquen su continuidad en Asturias», recalcó.