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UGT Asturias ve como una «mala señal» que aún se desconozca el plan estratégico de Ribera para la transición energética

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EFE.- El secretario general de UGT de Asturias, Javier Fernández Lanero, considera que «no es buena señal» que no se sepa nada aún del plan estratégico que la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, prometió para hacer una transición energética justa. Ribera anunció a principios de julio que su departamento estaba trabajando en un plan de transición justa para los sectores más vulnerables al proceso de descarbonización y transición energética.

«No es buena señal» que aún no se conozca nada, ha asegurado el dirigente sindical, que expresó su esperanza de que no estén aprovechando estos días para redactarlo rápidamente. Ha incidido en que ese plan ya debería estar hecho porque no se puede anunciar el cierre de centrales térmicas sin tener ya hecho un plan estratégico con soluciones para los problemas derivados de esa decisión. Para el dirigente sindical es preciso abordar la descarbonización «sin prisas con el fin de conseguir esa «transición energética justa«. Ribera anunció que el plan estratégico sería complementario a la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, así como al Plan de Energía y Clima.

Los sindicatos abordan con el Ministerio de Industria la implantación del coche eléctrico y la necesidad de empresas de baterías

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Europa Press.- CCOO y UGT Fica se han reunido con la ministra de Industria, Reyes Maroto, con la intención de trasladarle la necesidad de un Pacto de Estado por la Industria. El secretario general de UGT Fica, Pedro Hojas, señaló que ambicionan un posible Pacto de Estado por la Industria con matizaciones y aportaciones del nuevo Gobierno, y pusieron encima de la mesa los problemas relacionados con otros Ministerios, como el energético.

Para UGT, es fundamental tener una energía competitiva y que no represente un coste superior al 30% que existe actualmente de diferencial con los países industriales europeos y ve necesario que el Ministerio «se apoye» en los consensos del anterior Gobierno para sacar adelante la Estrategia Industrial del Programa 2020-2030. En el encuentro con Maroto, se ha abordado la implantación del coche eléctrico, la digitalización y la necesidad de que en España se establezcan empresas de baterías y de desarrollo de nuevos materiales y combustibles.

El secretario general de Comisiones Obreras, Agustín Martín, ha explicado que para pasar por ese Pacto de Estado por la Industria, es necesario un Pacto de Transición Energética, que garantice que en las transformaciones no se pierda empleo. Además, ambos secretarios han asegurado que todos los sectores son importantes y estratégicos y han mostrado su descontento con las declaraciones sobre el diésel que, aseguran, «son alarmas innecesarias y tienen un serio impacto sobre el empleo».

El sindicato UGT pide al Gobierno negociar una transición energética “justa” y «atemperar» la alarma social generada alrededor del diesel

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Europa Press.- El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha pedido a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, un proceso de negociación «que permita hacer los cambios necesarios» y una transición energética «justa» para pasar de un modelo a otro. Asimismo, exige al Gobierno que «atempere» la alarma social que se ha generado en torno a la desaparición del diésel.

«A una persona que ha comprado un diésel hace 3 meses, con unos grados de contaminación bastante equiparables a los de la gasolina, ahora no se le puede decir meses después que su situación ha cambiado radicalmente», apuntó el líder de UGT. Álvarez también aboga por suprimir «de manera inmediata» el conocido como impuesto al sol, porque es un “absurdo” que «solo beneficia a las empresas eléctricas». También apuesta por impulsar las energías renovables, especialmente la eólica y la solar. “Las nuevas generaciones de energía no fósiles tienen un abanico de posibilidades de creación de empleo muy importantes«, ha precisado.

«Queremos que nuestro país impulse las energías renovables y queremos saber cuál es la política que vamos a desarrollar desde ese punto de vista», afirmó. Por ello, ha apostado por «pasar de las declaraciones a los hechos» para conseguir un medio ambiente «sano»; un precio de la energía que permita mantener el desarrollo industrial, manteniendo los precios al consumidor «de acuerdo con el coste de la vida»; y unos precios a la industria que tengan «una relación» con lo que ocurre en Europa, ya que los grandes consumidores de energía están pagando en España «en torno a un 30% más».

Asimismo, el sindicalista ha criticado que algunos sectores industriales «han creado alarma social» desde el punto de vista de todo el proceso energético. Así, ha defendido introducir cambios «con justicia social y medioambiental«. En este sentido, ha pedido una coordinación entre el Ministerio de Transición Ecológica, el de Industria y el de Trabajo, para «sumar esas sinergias» y ser un país que «tenga peso» y «se visualice» en las nuevas generaciones de energías no fósiles.

Por otro lado, sobre la decisión del Gobierno de paralizar los trámites del ATC de residuos nucleares en Villar de Cañas (Cuenca), Álvarez considera que los residuos deben tenerse en España, en una ubicación “segura, con la suficiente información para que no genere alarma social” y donde existan compensaciones para el desarrollo de la zona desde el punto de vista industrial y económico. «Lo que es muy difícil es mantener un canon como el que pagamos», advirtió Álvarez respecto a los 74.000 euros diarios que se pagan a Francia para el almacenaje de estos residuos.

El SOMA-UGT rechaza la transición energética rápida del Gobierno mientras el líder de los socialistas asturianos exige que sea justa

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EFE.- El secretario general del PSOE de Asturias, Adrián Barbón, ha afirmado que desde su cargo va a pedir «exactamente lo mismo» que reclamaba cuando presidía la Asociación de Comarcas Mineras (ACOM), una transición energética «justa». Sin embargo, el secretario general de SOMA-Fitag-UGT, José Luis Alperi, ha defendido la continuidad en el uso del carbón autóctono para producir electricidad y ha rechazado el desarrollo de una transformación energética «muy rápida» como la defendida por la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera.

Además, Alperi ha evitado, no obstante, pronunciarse sobre las afirmaciones de Ribera en las que aseguraba que el carbón no tiene futuro hasta que no se reúnan. «Del dicho al hecho hay mucho trecho», apuntó el dirigente del sindicato minero, que ha considerado quela ministra puede tener la idea de hacer políticas «en pos de una transición energética muy rápida», pero que ahora mismo España no tiene energías renovables tan desarrolladas para atender la demanda energética de la industria.

El PSOE defenderá al carbón

«Mi historia está ahí y ésa es la posición política del PSOE de Asturias», ha asegurado Barbón, que admitió que sabe que «flota en el ambiente» la preocupación por la transición energética tras los planteamientos realizados desde el nuevo Gobierno central. El dirigente socialista hizo estas afirmaciones durante su intervención en la apertura del congreso del Soma-Fitag-UGT que reeligió como secretario general a José Luis Alperi, uno de los principales dirigentes junto a Barbón que respaldaron en las primarias socialistas la candidatura de Pedro Sánchez.

Además, se ha mostrado sorprendido de que haya actores que ahora se acuerdan de que hay un conflicto con la transición energética y que hablen de carbón «sin ponerle apellido» ya que, a su juicio, la prioridad debe ser el autóctono. En un congreso tras meses de negociaciones para el futuro del SOMA-FITAG-UGT, Barbón señaló que es «motivo de alegría» que se hayan mantenido las siglas del sindicato minero «por lo que representan en la historia y para el futuro».

Incrementar precio de la energía

Por su parte, el secretario de Organización de UGT Asturias, Abel Suárez, que ha afirmado que las declaraciones de la ministra Teresa Ribera sobre el futuro del carbón no le gustan «ni gota», ha abogado por hablar de carbón autóctono y de un mix energético que permita contar con una industria competitiva. «Nos encontraréis en esa lucha mano a mano porque ayuda a la cohesión de la región y porque las cuencas no merecen más que una transición justa y no es momento de incrementar el precio de la energía», ha advertido el dirigente ugetista.

Lambán (Aragón) cree que el futuro del carbón depende de un gran acuerdo y los sindicatos piden reunirse con Ribera

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EFE / Europa Press.- Mientras los sindicatos UGT y CCOO piden una reunión a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, para tratar el futuro del carbón, el presidente del Gobierno de Aragón, el socialista Javier Lambán, considera que la solución para la amenaza de cierre de las centrales térmicas, como la de Andorra, debe producirse en un marco de «grandes acuerdos» entre sindicatos y empresas de la minería con el Gobierno de España y sin que el Ejecutivo aragonés «escurra el bulto».

Lambán respondió así al portavoz del PAR, Arturo Aliaga, sobre las acciones que va a llevar a cabo su Ejecutivo para defender la térmica de Andorra tras el cambio de dos escenarios. Uno, el del Gobierno en España, con el nuevo ministerio de Transición Ecológica cuya titular, Teresa Ribero, ha afirmado recientemente que el «proceso de caída paulatina» del peso del carbón «no puede dejar a nadie atrás en el camino», por lo que es necesario ver cómo se activa el empleo y se ofrecen alternativas en las comarcas que dependen de las centrales térmicas. Y el otro cambio, ha recordado Aliaga, el objetivo de que para 2030 el 32% de la energía deberá ser renovable en la Unión Europea.

En esta coyuntura, el presidente aragonés ha señalado que mantendrá la «alianza férrea» que tiene con las comunidades de Asturias y Castilla y León, también afectadas por esta amenaza, y que seguirá apoyando la proposición de ley del exministro Álvaro Nadal para impedir su cierre, así como las políticas del nuevo Gobierno «si consideran que son justas y siempre en el marco de los acuerdos que se adopten con los sindicados y las empresas mineras».

Lambán subrayó que el acuerdo de la Unión Europea alcanzado tiene «un componente preocupante» que hace extremar la alerta respecto a lo que pueda ocurrir en las cuencas mineras y que obliga a ponerse a trabajar «sin perder un minuto«. Reconoció la necesidad de aceptar «la inevitable e ineludible» transición energética hacia las renovables, pero también la de plantearle al Gobierno central que tiene que ser justa, «sin quebrantos en las cuencas mineras», en términos de despoblación y desempleo, «ni en el sistema energético español».

En este sentido, añadió que sin un mix energético en el que el carbón tenga un 5% o 6% de participación, el precio de la energía «se dispararía» en determinadas épocas del año y esa «falla de competitividad» que tiene la industria española respecto a la europea con el precio de la energía «aumentaría todavía más». Por ello, ha insistido en que el Gobierno central debe buscar mecanismos «efectivos» para evitar el cierre de las centrales, que no sean rebatibles en los tribunales por razones de interés general, o mejor todavía si es mediante negociaciones, y que impere la reindustrialización de las cuencas mineras y la búsqueda de economías alternativas.

Lambán ha destacado que el propio sector minero «ya está buscando soluciones», como Samca, que está empezando a convertir el carbón en fertilizante. El presidente insistió en que su Gobierno seguirá aplicando las acciones que ha desarrollado hasta ahora en este asunto «pero intensificando la dedicación» al mismo dado que «se echa encima» tras el anuncio de la Unión Europea.

Ante la consideración hecha por Aliaga de que el anterior Ministerio, del PP, tenía «una hoja de ruta» trazada sobre este asunto, Lambán ha estimado que era «benévolo» con él, dado que en casi 7 años el Gobierno de Mariano Rajoy «no resolvió el problema de las térmicas» y el Plan Miner se ha reducido a la mitad «y se ha empezado a ejecutar tarde». Aliaga, por su parte, pidió a Lambán que retome las negociaciones con Endesa para lograr una solución transitoria, con menores inversiones, para la térmica de Andorra, y ha apuntado que «queda recorrido en Europa», donde hay otros países también afectados.

Los sindicatos piden una reunión

Por su parte, las federaciones de industria de UGT y CCOO han enviado una carta a la ministra para la Transición Ecológica en la que le piden una reunión «a la mayor brevedad» para exponerle su preocupación por el futuro del carbón y las comarcas mineras. Asimismo, la Federación de Industria Construcción y Afines de UGT (UGT-FICA) demanda que se evite condenar a un sector y unos territorios «al paro, la pobreza y la desolación».

Ambos sindicatos han reprochado a Ribera la «rapidez» con que el Ministerio propone llevar a efecto «con gran urgencia medidas dirigidas a unos sectores pertenecientes al grupo de emisiones de gases de efecto invernadero y a sus comarcas mineras, sin una valoración previa con los agentes sociales» sobre lo que se pretende ejecutar y que la ministra «llama transición justa».

UGT y CCOO resaltaron que vienen trabajando y negociando con los diferentes gobiernos planes que mantuvieron una parte importante del sector, aunque no ha ocurrido lo mismo con la recuperación industrial de las comarcas mineras. Han añadido que una «transición justa» es la que «no destruye ninguno de los empleos existentes» y que, «sin perjudicar a ningún sector de la sociedad, crea puestos de trabajo antes de destruirlos» y, sobre todo, la que no genera más paro ni «desasosiego» en unos territorios que ya tienen unas cifras «insostenibles» de desempleo.

UGT y CCOO, que reconocen que se debe «caminar hacia una transición y disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero «, consideran que para ello es necesario observar «siempre tres factores importantes: medio ambiente, precio y seguridad de suministro». Así, piden la búsqueda de soluciones y proyectos de captura y almacenamiento de CO2, «paralizados por el anterior Gobierno», que permitan lograr durante el periodo de transición energética «una combustión más limpia de las centrales térmicas existentes«. De esta manera, reclaman «dar una solución urgente y coherente que, en definitiva, clarifique el futuro del sector y las comarcas mineras» pues de lo contrario se les estará condenando «al paro, la pobreza y la desolación».

Ribera califica el objetivo de renovables del 32% de «buena noticia para España y su industria» tras defender un 34%

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Europa Press / EFE.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha calificado el acuerdo alcanzado en Bruselas entre los gobiernos de la Unión Europea y el Parlamento para fijar un objetivo de energías renovables del 32% para 2030 de «fantástica noticia», ya que supone una «muy buena noticia para España y su industria«. Ribera subrayó que el acuerdo recoge «facilidades importantes» y destaca «el peso que deben tener los sistemas de autoconsumo en la contribución y constitución de un modelo energético diferente».

Los Gobiernos de la Unión Europea y el Parlamento Europeo alcanzaron un acuerdo para fijar ese objetivo vinculante de energías renovables del 32% para 2030 e incluir una cláusula de revisión al alza en 2023, aunque no han conseguido establecer una meta en el caso de las eficiencia energética. Así, la ministra de Transición Ecológica se mostró confiada en que España está preparada para cumplir con esos objetivos a 2030, aunque añadió que para ello «hay que repasar al detalle dónde estamos en este momento» y las «lagunas» que hay que cubrir en un plazo «relativamente corto» para poder cumplir con los objetivos a 2020.

Además, consideró que hay que ser «lo suficientemente inteligentes» para plantear las premisas que permitan alcanzar esos objetivos a 2030 de renovables en la energía final consumida y mirar más allá, con un reto a 2050 de «un sistema energético eficiente, inteligente y 100% renovable«. A este respecto, Ribera destacó “el entusiasmo» y la dedicación de la industria, de los emprendedores, de los trabajadores o de los innovadores, «que han estado dedicándose a explorar nuevas vías fuera de España en los momentos más duras de la crisis, en la recesión antirrenovables, pero que saben hacer y entienden que se abre antes ellos una gran oportunidad».

UNEF: un 35% en 2023

Por su parte, la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) considera muy positivo el acuerdo pero espera que se alcance el 35% que proponía el Parlamento Europeo cuando se efectúe la revisión prevista del objetivo en 2023. En este sentido, el director general de UNEF, José Donoso, expresó la satisfacción de su organización por ese acuerdo teniendo en cuenta que los países de la Unión Europea pedían inicialmente que el objetivo para 2023 fuera de un 27%. Donoso ha dicho que también se alegran de la participación española en esa elevación de la cuota de renovables a partir de la defensa próxima al 35% que hizo la ministra para la Transición Ecológica.

Ha subrayado el protagonismo que cobra así España en el ámbito de las renovables y ha mostrado la satisfacción de UNEF de que el acuerdo afirme el principio de que hay que respetar el autoconsumo, y considera una victoria que se reconozca el derecho de los ciudadanos a generar y consumir energía limpia sin cargos hasta 2026 con la eliminación del denominado impuesto al sol.

Cargos al autoconsumo en 2027

El texto también recoge que a partir de 2027 los Estados miembro podrán revisar este aspecto solamente en el caso de que puedan demostrar, con un análisis coste-beneficio, el impacto negativo en el sistema eléctrico de la exención de los peajes. A este respecto, Donoso destacó que esta posible futura revisión no afectará a las instalaciones de autoconsumo de menos de 25 kW, que seguirán exentas de peajes, por lo que este blindaje «permite establecer una senda de crecimiento sostenido».

Por ello, UNEF, espera que el desarrollo del autoconsumo, «que supone el abaratamiento del coste de la energía para todos los consumidores y la generación de empleo y riqueza, unido a la progresiva reducción de los costes de la tecnología fotovoltaica, anime al Gobierno en ese momento a seguir apoyando el sector como motor clave del desarrollo de nuestra economía y de la transición energética».

Además, UNEF considera un paso adelante que el texto final de la directiva establezca los principios de seguridad jurídica y de no retroactividad, pues dará un marco estable para las inversiones e impedirá que se apliquen medidas de recorte retroactivas en las retribuciones de las instalaciones, como las sufridas en España. Por ello, Donoso cree que este cambio representa «un paso adelante en la normalización del sector y demuestra un claro reconocimiento de su importancia». Donoso espera que esta revisión se produzca «para que a nivel europeo se pueda seguir impulsando la descarbonización y avanzar, en este sentido, en el cumplimiento de los objetivos acordados en el Acuerdo de París».

Recelo en los sindicatos mineros

Por otro lado, los sindicatos CCOO y UGT en Teruel recibieron con recelo el acuerdo de la Unión Europea porque supone un varapalo más para el futuro del sector del carbón y con él, el de las zonas mineras. Para el secretario general de UGT en Teruel, Alejo Galve, no es una buena noticia, pero al tratarse de una tasa global dependerá de la «conciencia política» de los gobernantes de cada país dar más o menos peso a las renovables en el mix energético nacional.

Sobre los fondos anunciados para la reconversión de las zonas mineras, teme que «si llegan en 2020 o 2025 puede ser tarde» si, como en el caso de Teruel, la central térmica de Andorra cierra por falta de inversiones para adecuarse a la normativa ambiental, porque hasta ahora «no ha llegado absolutamente nada» que haga pensar en su continuidad. De producirse esta situación, el líder sindical y trabajador de la central vaticina una drástica bajada de población en la comarca.

La llegada de la nueva ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, no genera buenas expectativas en el sector del carbón. Según Alejo: «esperábamos todos que entrase un partido de izquierdas» para que se produjeran cambios positivos. Pero no creen que serán buenos para el sector minero, ya que la ministra «habla de transición energética, pero no habla hasta qué años», ha dicho. En ese sentido, ha criticado que se ponga de fecha de fin al carbón en la Unión Europea entre 2030 y 2035 pero que haya países como Alemania que han firmado el futuro del sector hasta 2050.

El delegado de CCOO en la central térmica de Andorra, Antonio Planas, ha dicho que este anuncio de la Unión Europea se enmarca en una «crónica de una muerte anunciada», y critica que no se hayan puesto remedios. «Queremos una transición justa», ha señalado, pero hasta ahora han recibido «palmadas en la espalda» pero no soluciones en forma de empresas que creen trabajo y eviten el éxodo de la población de las zonas mineras. Andorra, capital minera de la provincia de Teruel, cuenta ahora solamente con la central térmica. «Endesa lleva 60 años en Andorra y se ha llevado muchos beneficios», recuerda Planas, quien cree que «algo tiene que revertir».

Optimismo en Castilla y León

Por su parte, la consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Pilar del Olmo, ha considerado que es positivo el acuerdo de la Unión Europea para apoyar a las renovables y la creación de un fondo para dar salida a las cuencas mineras del carbón. La consejera ha pedido a la nueva ministra «menos prisa» en llevar a cabo la transición de la minería de carbón a otro tipo de energía al fijar como tiempo límite el 2025, cuando la Unión Europea ha concedido hasta el 2030. Pilar del Olmo ha indicado que la transición a otras fuentes de energía debe ser «justa y ordenada».

Por eso, ha afirmado que es «positivo» la creación de un fondo para una transición ordenada y ha señalado que la Junta quiere fondos para proyectos vinculados a la biomasa, tras lo que ha recordado que ya apoya a una empresa que lleva a cabo la construcción de una central de biomasa en Cubillos del Sil, en la provincia de León. Del Olmo ha recordado que ha pedido una entrevista con la ministra de Transición Ecológica ante lo que ha considerado «una precipitación» al fijar 2025 como el tope para dar una salida a la minería del carbón, y espera que «pronto» tengan una reunión.

Las empresas agroalimentarias que apuestan por la eficiencia energética ahorran hasta un 15%

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EFE. – Las empresas que apuestan por la eficiencia energética logran un ahorro en los costes entre el 10% y el 15% una mayor competitividad frente a otras entidades, según han destacado expertos en gestión de recursos en las Jornadas sobre eficiencia en el sector agroalimentario organizadas por UGT.

La eficiencia energética se centra en la mejora de la gestión y optimización de recursos, así como en el aprovechamiento de los residuos que generan las industrias y que pueden volver a ser utilizados, temas que se han tratado en la jornada de ‘Eficiencia energética en la industria agroalimentaria: retos, medidas y financiación’ organizada por la Unión General de Trabajadores (UGT) en el Salón de Eventos del Centro de Propuestas Ambientales Educativas de Valladolid (PRAE).

«Lo que es un residuo, puede ser recurso para otra empresa o incluso para la misma» ha afirmado el responsable de estudios de Veolia en Castilla y León, Javier Martín, quien ha insistido que hay que cambiar el concepto actual por uno de «economía circular», y que según ha asegurado «permite el ahorro en los costes de una industria entre un 10% y un 15%».

Además, el secretario de Acción de Política Sindical, Industrial y Empleo de UGT Castilla y León, Raúl Santa Eufemia, ha destacado que las empresas que apuestan por la eficiencia energética «son más competitivas» y más allá del ahorro, consiguen no quedarse atrás en el mercado.

«El ahorro que se genera puede destinarse también a la realización de inversiones», ha propuesto Santa Eufemia, quien ha considera positivo ante el reto de la eficiencia energética la posible unión entre diferentes empresas para abordar las mejoras y el ahorro en sus industrias y lograr así «bajar la factura de consumo».

Lambán (Aragón) advierte a la ministra Ribera que prescindir del carbón y las térmicas encarecerá el precio de la energía

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EFE / Europa Press.- El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, advirtió a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que prescindir del carbón, cuando aún no está resuelto el asunto del almacenamiento de la energía procedente de fuentes renovables, encarecería «notablemente» el precio de la electricidad. Además, señaló, pondría en riesgo la supervivencia de buena parte de la provincia de Teruel.

Para Lambán, Ribera hereda del gobierno del PP en este asunto, «como en tantos otros», una situación «complicada», puesto que su gestión respecto a la minería del carbón fue «una página en blanco» y, durante los 7 años que estuvo en el poder, no tranquilizó «nunca» a Aragón respecto al futuro de la Central Térmica de Andorra (Teruel). «El Gobierno del PP, además de engañarnos clamorosamente en algunas ocasiones, no ha hecho absolutamente nada por asegurar la supervivencia del carbón ni por buscar alternativas en las cuencas mineras», lamentó Lambán.

También recordó que el plan para la reconversión del sector para aplicarse en Castilla y León, Asturias y Aragón entre 2013 y 2016, con 250 millones de euros, «se ha incumplido de manera clamorosa», con una prórroga hasta 2022 y 132 millones en lugar de los 250 previstos. Ante esta situación, la nueva ministra habla ahora, recordó el presidente aragonés, de una transición hacia las energías renovables pero que no produzca «quebrantos» en los territorios ni en el sistema energético español, y eso es algo de lo que el gobierno de Aragón quiere hablar con Ribera en cuanto tenga la oportunidad de hacerlo porque, según Lambán, prescindir ahora mismo del carbón supondría un «encarecimiento notable» del precio de la energía.

Aunque el gobierno autonómico espera que «en un momento determinado» todo el sistema se nutra de energías renovables, en este momento no está resuelto el almacenamiento y por eso, en determinados momentos, para asegurar el abastecimiento de energía hay que recurrir a otro tipo de fuentes, entre ellas, «de manera absolutamente inevitable», al carbón. Además, señaló Lambán, la Central de Andorra «sigue siendo un elemento fundamental para la supervivencia económica de una parte importante de Teruel», por lo que mientras no se encuentren alternativas su cierre sería «una temeridad». Por ello Lambán confía en que la ministra tendrá «sensibilidad suficiente» para coincidir con este diagnóstico.

Lo de Tejerina “no sirve”

Por otro lado, la ministra para la Transición Ecológica ha asegurado haberse encontrado con un texto «avanzado» del proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética elaborado por su antecesora Isabel García Tejerina aunque ha precisado que «sirve de poca cosa» al no incluir la parte de energía. «Hay un texto bastante articulado y dada la incidencia que tiene la ley no entiendo los motivos por los que la ministra no se animó a sacarlo a la luz; dejar en un cajón lo que ya está avanzado tiene poco sentido», ha indicado la ministra.

No obstante, Ribera lamenta que en el texto «no haya nada en materia de energía, implicación social o medidas fiscales«. Es un texto «interesante que permitirá trabajar sobre una base importante» pero «es poca cosa» porque se ve que «la energía no estaba en el radar». En este sentido ha recordado que desde 2015 «cada país tiene que enviar un plan nacional integrado de energía y clima y no hay una sola línea; la energía no formaba parte del debate«.

Partiendo de esta situación, ha explicado que su tarea será «facilitar un debate que identifique puntos que son complicados. Ribera pretende «presentar unas líneas maestras» a un grupo de trabajo que «de forma plural pueda empezar a discutir y construir para cumplir el objetivo de tener un documento de referencia en plazo». Para la titular de Transición Ecológica, «España no se debe permitir el lujo de llegar tarde a obligaciones que se conocen y marcan el carácter y la seriedad del compromiso con la comunidad internacional y la Unión Europea».

UGT critica a la ministra

Por su parte, el secretario de Acción de Política Sindical, Industrial y Empleo de UGT Castilla y León, Raúl Santa Eufemia, ha criticado el «varapalo para Castilla y León» de Teresa Ribera, que asegura que el carbón tiene «poco futuro». Santa Eufemia ha recordado que «desde el sindicato» siguen «pensando que el carbón autóctono tiene vida» y que continuarán «defendiendo las térmicas, el consumo y la extracción de carbón autóctono». El responsable de UGT lamenta las declaraciones sobre las térmicas y el carbón de la nueva ministra, de quien ha criticado que «lleva una semana en el cargo y como quien dice ni tan siquiera se ha sentado a ver los papeles del antiguo gobierno».

Además, Santa Eufemia ha indicado que en los próximos meses, con las elecciones autonómicas en un año, se verá la postura y firmeza de los políticos ante este tema y de cara a Europa, que está marcando «en Medio Ambiente las rayas» a seguir, y que si no cambian «encontrarán en frente a los sindicatos» para la defensa «de la población y del territorio». El sindicalista mostró su incertidumbre sobre qué va a pasar con la devolución de las ayudas mineras planteadas para 2020, sobre las que recordó que será Europa la que marque esa devolución, pero también ha incidido en que habrá que ver la postura del Estado y cómo se realiza la devolución.

Varias empresas recurrirán al Tribunal Supremo la subasta de interrumpibilidad

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EFE / Europa Press. – El Grupo Gallardo Balboa (Extremadura), Sidenor (País Vasco) y Siderúrgica Sevillana (Andalucía) recurrirán ante del Tribunal Supremo la nueva orden ministerial que regula la próxima subasta de interrumpibilidad, por considerar que se trata de un mecanismo «no competitivo» que sólo beneficia a unos pocos.

La interrumpibilidad es un sistema por el que las empresas que más electricidad consumen están dispuestas a reducir o suspender su consumo energético en momentos de mayor demanda eléctrica, o para aportar una reducción puntual del coste de la electricidad.

Según un comunicado conjunto, la nueva orden, ETU/362/2018, publicada en el Boletín Oficial del Estado el pasado 6 de abril, sustituye los bloques de 90 MW por otros de 40 MW, «en teoría accesibles para un mayor número de empresas«.  Sin embargo, al mantener la misma exigencia de disponibilidad de dicha potencia interrumpible durante al menos el 91 % de las horas de cada mes, a juicio de estas siderúrgicas «sigue beneficiando» a las empresas que antes optaban a los bloques de 90 MW (cinco en la última subasta), ya que prácticamente ninguna otra compañía podrá cumplir esa exigencia.

Finalmente, por ello, han asegurado que el requerimiento de la Comisión Europea de aumentar la competitividad de la subasta seguirá sin cumplirse.

Para las empresas, «Esta nueva regulación daña seriamente los intereses de las siderúrgicas de Extremadura, Andalucía y País Vasco denunciantes que, fabricando los mismos productos, no pueden competir con industrias del mismo sector que estarán incentivadas por este servicio de interrumpibilidad«.

Por este motivo, han reclamado al Ministerio de Energía y a Red Eléctrica de España (REE) reducir la exigencia de disponibilidad en los bloques de 40 MW, suavizar el régimen sancionador y, para los bloques de 5 MW, aumentar el volumen de potencia interrumpible comprada, aproximándola a la ofertada.

La nueva subasta hará más difícil que las siderúrgicas denunciantes puedan acceder a los bloques que les permitan seguir siendo competitivas en los mercados nacionales, europeos e internacionales, por lo que han anunciado que se están planteando no participar.

El Grupo Gallardo Balboa, Sidenor y Siderúrgica Sevillana también elevarán su denuncia ante la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC), que supervisa esta subasta y que ya ha exigido al Gobierno de España en reiteradas ocasiones, según han destacado estas empresas, la mejora en la competitividad del sistema de subasta de los bloques de 90 MW.

 

UGT también muestra su oposición

UGT Fica ha manifestado «su total oposición» al informe emitido por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre la propuesta de orden que regula el mecanismo de interrumpibilidad, por entender que «soslaya las partes del actual sistema que garantizan la libre competencia del sistema de asignación».

Así, en un comunicado, el sindicato manifiesta «su preocupación» por las consideraciones y conclusiones emitidas por el regulador y afirma desconocer «las razones por las que se ha elegido este momento para verter y publicitar este informe, en el que se cuestiona un modelo vigente desde hace cuatro años que, siendo imperfecto, como se ha manifestado públicamente en numerosas ocasiones al no garantizar la competitividad de las empresas españolas, es la única medida compensatoria de las empresas electrointensivas del país».

UGT Fica recuerda que «importantes empresas» del sector no han podido acceder a esta tarifa desde su primera subasta por no ofertarse todos los paquetes de megavatios (MW) necesarios para cubrir todas las demandas y necesidades o por no poder cumplir «los fuertes requisitos de consumo mínimo mensual marcados por la administración publica».

Siemens Gamesa eleva a 400 millones de euros las sinergias fruto de la fusión, prácticamente el doble de lo previsto

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EFE.- La fusión de Siemens Gamesa aportará sinergias estimadas en 400 millones de euros para 2020, casi duplicando el objetivo inicialmente establecido de 230 millones, según indicaron sus máximos directivos, que han asegurado que tras un primer año duro el futuro de la firma es «brillante».

Siemens Gamesa ha celebrado su Junta General de Accionistas en su sede de Zamudio (Bizkaia). Tras la fusión de ambas el accionista principal es Siemens, con el 59%, mientras que Iberdrola controla el 8%, pero las relaciones son más delicadas porque la eléctrica vasca es también uno de los principales clientes de Siemens Gamesa. La reunión ha puesto de manifiesto las discrepancias entre ambos socios, rechazando Siemens porque «carecen de todo fundamento» las dos peticiones que hizo la eléctrica vasca.

La presidenta de la compañía, Rosa García, y el consejero delegado, Marcus Tacke, han ratificado insistentemente la permanencia de la sede en España, y se han centrado en analizar 2017, un año «muy duro». Ambos han reconocido la dificultad del año 2017: para todo el sector eólico, en el que India uno de los principales mercados, no realizó ninguna adjudicación de megavatios en 8 meses; y para Siemens Gamesa, con recortes de empleo y una evolución de la acción «decepcionante».

En este entorno los dos destacaron que la firma ha reaccionado con una integración «ejemplar». «Durante 2018 vamos a completar la integración, estabilizar la empresa, ahondar en el control de costes y generar oportunidades de negocio. En 2019 nos concentraremos además en acelerar el crecimiento, y en 2020 seremos capaces de asegurar una rentabilidad sostenible», avanzó García. «De no habernos fusionado cuando lo hicimos, las dos compañías lo hubieran tenido extremadamente difícil para resistir las turbulencias del mercado de este último año. Estamos definitivamente en la buena senda y los argumentos que sustentaron la fusión han quedado avalados», subrayó Tacke.

En cifras, las metas de Siemens Gamesa son crecer a mayor ritmo que el mercado, implantar una reducción de costes de 2.000 millones hasta el 2020, de los que 400 son las citadas sinergias y los restantes 1.600 de mejoras de productividad, y mantener una política de reparto de dividendo del 25% del beneficio neto. Precisamente, los accionistas minoritarios que han tomado la palabra han recordado que cuando se produjo la fusión la acción estaba a 21 euros y ahora a 13, y han pedido a Siemens e Iberdrola que «se dejen de peleas y remen en la misma dirección». Tacke ha concluido asegurando que es el momento de apostar por el crecimiento de la compañía: «El futuro es brillante«.

En la Junta, Iberdrola planteó dos cuestiones: una para garantizar que la sede de la firma se quede en Zamudio y otra para que las compras que se realicen al grupo Siemens cuenten con el respaldo del consejo de administración y de un consejero independiente, con el objetivo de «fiscalizar» las mismas y que no salgan perjudicados los proveedores españoles. Siemens rechazó las dos peticiones porque “carecen de todo fundamento”.

La primera frase del discurso del consejero delegado, Marcus Tacke, ha sido una respuesta a la cuestión de la sede: Tacke ha dicho que era un placer y un honor dar la bienvenida a los accionistas, «y me agrada especialmente hacerlo aquí, en Zamudio, en el País Vasco, la sede de nuestra compañía». «Estamos orgullosos de nuestras raíces vascas y valoramos enormemente el favorable entorno industrial al que estamos encantados de contribuir», ha agregado. «No hay debate» sobre el cambio de sede, ha subrayado posteriormente.

Rosa García ha recordado los compromisos del acuerdo de fusión, por el que la sede está en Zamudio: «no hay ninguna decisión ni planteamiento alguno que ponga en duda el mantenimiento de la sede social en España. Aquí viven sus principales directivos, incluyendo el consejero delegado Marcus Tacke». Respecto a la aprobación de las compras, la presidenta de la comisión de auditoría ha defendido la transparencia y el rigor de las adjudicaciones, subrayando que en el negocio eólico es esencial que las compras «se realicen en condiciones de mercado y evitando que cualquier parte vinculada pueda aprovecharse de su influencia«. Además, ha rechazado la posibilidad de la intervención de un experto ya que «podría ocasionar un retraso en la operación».

El abogado representante de Iberdrola, Iñigo Elorriaga, ha defendido las dos propuestas de la eléctrica vasca asegurando que con ellas buscaba apoyar a los administradores porque «al actual consejo le faltan herramientas de gestión» y conservar los principios en los que se basó la fusión, «un proyecto industrial fuerte en nuestro país». El abogado representante de Siemens ha contestado que las dos peticiones de Iberdrola «carecen de todo fundamento. Tanto la ley como la normativa interna establece que la comisión de auditoría se encargue de las operaciones». El letrado se ha llegado a preguntar «¿Qué aportan los representantes de Iberdrola en el consejo?», tras asegurar que estos consejeros nunca han puesto reparos a las compras.

Los dos puntos propuestos por Iberdrola han sido rechazados por la Junta, dada la mayoría absoluta de Siemens, pero también se ha introducido un matiz: la consultora PwC actuará como experto externo que determine si las operaciones de compras son correctas y responden solo a las condiciones del mercado, algo que se ha interpretado como una pequeña «cesión» a Iberdrola en su petición de más control. Por último, UGT ha pedido garantías para el mantenimiento del empleo en España, a lo que Tacke ha contestado que España ha sido el país que menos bajas ha sufrido, con 231 despidos, frente a los 6.000 en todo el mundo, y que también se están produciendo nuevas contrataciones.