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Ribera ve asumible para España lograr los objetivos a 2030 si en la transición ecológica existe «diálogo y participación»

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Europa Press.– La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ve asumible alcanzar los objetivos climáticos a 2030 siempre que exista en la transición esa «capacidad de diálogo y participación» por parte de todos los actores ya que «estamos hablando de construir un futuro en común». Ribera aseguró que «no le cabe la menor duda» de que esos objetivos a 2030 se pueden cumplir, aunque indicó que todos los sectores económicos, así como el resto de agentes sociales, «tienen un papel que desempeñar».

Ribera subrayó que la disrupción del cambio climático «entiende poco de colores políticos» y consideró que no hay nadie que no apueste por una transición hacia una economía descarbonizada. Asimismo, señaló que el cambio climático es «una carrera contrarreloj» en la que hay que plantearse desde el futuro para atrás «cuáles son las sendas más razonables» para alcanzar los objetivos de descarbonización y advirtió que «es imposible pensar que podemos volver a un modelo de crecimiento como el del pasado«.

Además, Ribera aseguró que es necesario actuar y estar a la cabeza, a pesar de poder pagar el coste del aprendizaje, ya que afirmó ser de las que «piensan que las cosas no pasan nunca solas». Para ello, la ministra indicó que son necesarias señales regulatorias «estables pero flexibles», para que puedan ser ajustadas en el camino, y defendió el papel que deben jugar «la solidaridad y la transición justa».

La ministra socialista Reyes Maroto anuncia que Zaragoza será la sede de la Mesa de la Movilidad Sostenible de España

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Europa Press.- La capital aragonesa será la sede de la Mesa de la Movilidad Sostenible en España. Así lo ha anunciado la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, en su visita a Zaragoza, donde se ha reunido con los principales agentes del sector en Aragón.

Esta Mesa pasará a formar parte del proyecto Mobility City, que impulsa la Fundación Ibercaja y que tiene como sede el Pabellón Puente de Zaragoza. Sobre el plazo en el que se podrá en marcha, ha apuntado que todavía hay que firmar el acuerdo estratégico, en el que llevan trabajando desde septiembre. «Espero que en los próximos días se pueda aprobar, y será una colaboración público-privada, estarán tanto las empresas del sector como las distintas administraciones». Ha agregado que la Mesa estará constituida en «semanas».

Maroto ha mencionado que los retos que el sector del automóvil tiene por delante, con los cambios en movilidad, hay que abordarlos «de forma conjunta». Ha afirmado que su Gobierno trabaja para que España pueda acoger una planta de baterías eléctricas y, por su parte, el Ejecutivo de Aragón apuesta porque sea esta Comunidad la que tenga esta futura factoría.

«España quiere tener una fábrica de baterías, y lo importante es que ahora se está trabajando en ello y se están visitando las plantas para que eso sea una realidad, vamos a buscar inversor y vamos a buscar la mejor ubicación«. En este punto, aclaró que en Aragón se dan circunstancias favorables para que pueda acoger este tipo de factoría, gracias a la apuesta que está haciendo Opel en electificación, aunque «la competencia para localizar cualquier planta es tremenda». Ha detallado que en esta industria de baterías el mayor competidor es Asia, por lo que para mantener el liderazgo es necesario dar el paso hacia la electrificación de los vehículos.

La ministra de Industria ha subrayado que la Mesa de la Movilidad va a permitir «trabajar con certidumbre» en «una transición ordenada» adoptando medidas y siempre pensando en «reforzar la competitividad de nuestras plantas, garantizar el empleo«. El objetivo final, ha continuado, es dibujar un escenario de medio y largo plazo en el que el sector de la automoción español «mantenga su liderazgo». Ha evidenciado que los competidores son «voraces» y, por lo tanto, el compromiso del Gobierno de España con esta región es «claro».

“Empeñados en una transición ecológica”

«La planta de Opel es un referente ya para los compromisos asumidos en cuanto a los modelos eléctricos que vamos a tener ya a partir de este año, eso nos va a permitir también ser piloto hacia el resto de las plantas que van más despacio pero que están comprometidas en esa transición que, sin duda, podemos hacer«, agregó. «Es prioritario hablar de movilidad, el Gobierno de se ha empeñado en hacer una transición ecológica, nos lo marca Europa y tenemos un gran desafío como es el cambio climático», aseveró.

La ministra de Industria ha destacado la importancia de hacer «una transición ordenada en el sector del automóvil» para abordar «los grandes desafíos del sector». Ha mencionado que ha podido ver que dentro de la planta de Opel en Figueruelas la movilidad eléctrica es «una realidad», al tiempo que recordó que a final de este año habrá un modelo eléctrico del Corsa y que en 2025 «Opel estará en condiciones de ofertar modelos eléctricos manteniendo el resto de modelos de motores de combustión para que sean los particulares los que elijan el tipo de movilidad».

«Desde el Gobierno de España estamos comprometidos con el mantenimiento de las plantas y del empleo en el sector del automóvil, estamos trabajando en proyectos que nos van a permitir trazar una hoja de ruta y ya hemos tomado decisiones». Al respecto, añadió que tomaron medidas en la línea de favorecer la electrificación, con la eliminación del gestor de cargas o del impuesto al sol. Sostuvo que se trata de medidas enmarcadas en una hoja de ruta en la que trabajan con el sector y que se enmarca en la citada Mesa de la Movilidad.

Maroto señaló que los consumidores pueden en este momento comprar «cualquier vehículo que quieran», pero que la prioridad es la renovación del parque automovilístico. «Contamos con presupuesto para incentivar la compra de vehículos y una parte de recaudación del impuesto del diésel se va a dedicar también a la renovación del parque automovilístico, porque efectivamente el precio del vehículo eléctrico es mayor que el de combustión y, por lo tanto, hay un compromiso del Gobierno de incentivar la compra«, explicó.

La responsable de Industria ha insistido en que la renovación del parque es «clave», por lo que ha animado a los ciudadanos que están en duda de comprarse un vehículo que lo hagan. «Vehículos de media de 12 años son mucho más contaminantes que cualquier vehículo que nos podamos comprar», añadió. Ha relatado que se está trabajando con el sector en este plan de renovación de vehículos, pero ha dicho que todavía no hay fechas para su puesta en marcha.

El Gobierno subirá 3,8 céntimos el diésel, con un coste de 36 euros anuales para los particulares

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Europa Press.- Al mismo tiempo que el Gobierno confirmaba que la transición ecológica tendrá un «presupuesto especial» dirigido a movilidad, aire, eficiencia y comarcas afectadas, el Ejecutivo aprobaba la remisión a las Cortes del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2019, que contempla la supresión de la bonificación del diésel respecto a la gasolina, lo que supondrá un incremento del precio del gasóleo de 3,8 céntimos por litro para los consumidores particulares.

En este sentido, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, afirmó que la decisión de suprimir la bonificación del diésel tendrá un impacto de 3 euros mensuales para el consumidor medio, el que realiza unos 15.000 kilómetros anuales, lo que supondrá unos 36 euros al año. La Agencia Tributaria identificará cuando se utiliza el combustible con carácter profesional. «La medida no tiene impacto en el gasóleo profesional, ya que quedarán fuera los profesionales del transporte, incluidos los profesionales agrarios», aseguró, al tiempo que apuntó que el incremento recaudatorio se destinará a subvencionar políticas de movilidad sostenible, parte renovando el parque automovilístico y parte impulsando que las empresas renueven sus flotas.

Asimismo, resaltó que el 30% de la recaudación que generará este incremento del precio del gasóleo, que se contabilizará en 2020, se destinará a medidas de impulso a la movilidad sostenible, algo que consideró «fundamental» para la renovación del parque automovilístico españoly también para ayudar a las empresas en una política de transición que es «imprescindible» para ganar valor añadido, mejorar competitividad y para ayudar a la industria a adaptarse a los nuevos requerimientos y retos del siglo XXI.

«Presupuesto especial» para transición ecológica

Por otro lado, la transición ecológica de España hacia un futuro bajo en carbono tendrá «un presupuesto especial» según anunció la ministra de Economía, Nadia Calviño, que ha adelantado que el presupuesto para la transición ecológica se centrará especialmente en el fomento de la movilidad sostenible, la mejora de la calidad del aire, el fomento de la eficiencia ambiental y para impulsar las comarcas afectadas por los procesos relacionados con la descarbonización, como las áreas mineras. «Estas son señas de identidad», ha defendido la ministra.

Entre las partidas, ha precisado que las partidas para Industria y Energía aumentarán, de ser aprobadas, en un 12%, y permitirán impulsar las zonas afectadas, impulsar las energías renovables o la eficiencia energética, entre otras. Se trata, según defiende el Ejecutivo el proyecto presupuestario para 2019 es «respetuoso» con el medio ambiente y busca «reducir progresivamente» las emisiones contaminantes de España. Para ello, con un objetivo «no recaudatorio», se incrementará la fiscalidad de los hidrocarburos en función de sus emisiones.

El Gobierno traslada a las compañías eléctricas que para aceptar el cierre de las centrales térmicas exigirá unos planes consensuados

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Europa Press.- El Ministerio para la Transición Ecológica ha trasladado a las empresas eléctricas que, para aceptar el cierre de las centrales térmicas, deberán presentar un plan social y de reactivación industrial acordado por las partes, según ha indicado la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT tras reunirse junto a CCOO de Industria con el Ministerio para la Transición Ecológica,

Según FICA UGT, se han abordado aspectos relacionados con la transición energética, la estrategia de transición justa y la situación de las centrales térmicas. Además, ambas partes han acordado desarrollar un calendario de reuniones para alcanzar una solución consensuada en todos los temas y han fijado la próxima reunión entre el Ministerio y sindicatos para el próximo 30 de enero.

En diciembre, el secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, ya mostró el compromiso del Gobierno de ser firme frente a las eléctricas con el fin de que acompañen sus peticiones de cierres de centrales térmicas de unos planes «de transición justa» para la comarcas que albergan estas plantas. Tras reunirse con las comunidades autónomas para abordar la transición justa en las zonas afectadas por el cierre de centrales y de minas de carbón, Domínguez señaló que no le gustaba «hablar de presionar» a las compañías, aunque subrayó que se les solicitaría «unos planes de transición justa que permitan tener un futuro para los lugares donde tienen esas plantas».

Ciudadanos critica que el Gobierno socialista haya prorrogado la plataforma petrolífera Casablanca que opera Repsol en Tarragona sin informe medioambiental

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Europa Press.- Ciudadanos cuestiona que el Gobierno decidiera prorrogar la concesión de la plataforma Casablanca para la explotación de hidrocarburos, que opera Repsol, sin contar con ningún estudio de impacto ambiental, y se pregunta si este expediente no debería haber sido sometido a este trámite, de acuerdo con las directivas comunitarias de evaluación de impacto ambiental y de protección del medio marino.

Así lo manifiestan a través de una batería de preguntas registrada en el Congreso por los diputados Fernando Navarro, José Luis Martínez González y Sergio del Campo, para la que han solicitado respuesta escrita del Gobierno. «Parece haberse hecho atendiendo meramente al cumplimiento de los requisitos legales por la concesionaria, pero sin ningún estudio de impacto ambiental, todo ello en una zona especialmente sensible desde el punto de vista medioambiental como es el Mediterráneo», inciden. Por ello, preguntan si esta prórroga era «obligatoria o potestativa para el Gobierno» y, si así era, qué razones llevaron a ello y si esta decisión es congruente con «la política de avanzar en la transición energética hacia un modelo descarbonizado, libre de combustibles fósiles».

El Gobierno formaliza el acuerdo para la transición justa y el desarrollo sostenible de las comarcas mineras del carbón

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Europa Press.- El Gobierno aprobó el real decreto-ley de medidas urgentes para una transición justa de la minería del carbón y el desarrollo sostenible de las comarcas mineras. En concreto, este texto formaliza el acuerdo marco para una Transición Justa de la Minería del Carbón y el Desarrollo Sostenible de las Comarcas Mineras para el Periodo 2019-2027 que firmaron el Gobierno, los sindicatos CCOO, UGT y USO y la Federación Nacional de Empresarios de Minas de Carbón (Carbunión).

El acuerdo se alcanzó para dar respuesta a las consecuencias sociales que se producirán en cumplimiento de la decisión tomada en 2010 por el Consejo Europeo, que obliga al cierre antes del 31 de diciembre de las minas de carbón en territorio comunitario que no hayan devuelto las ayudas estatales percibidas en el periodo 2011-2018. En términos generales, el acuerdo contempla prejubilaciones y bajas incentivadas para los trabajadores y la creación de una bolsa de trabajo para empleados no prejubilados, en la que podrán participar los trabajadores de las subcontratas.

Esta bolsa de trabajo será gestionada por el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y el Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, que en particular, gestionará el acceso prioritario a los puestos de trabajo derivados de la restauración ambiental de las minas. Así, a través de esta bolsa de trabajo, se facilitará el acceso a cursos formativos y de orientación, siempre en coordinación con los servicios de empleo. Se trata de planes enfocados a orientar a los trabajadores hacia los nuevos yacimientos de empleo relacionados, principalmente, con la transición energética planteada por el Gobierno.

100 millones para transición justa

Además, se determina la asignación, en los Presupuestos para el año 2019, de 100 millones de euros procedentes de las subastas de derechos de emisión de efecto invernadero (CO2), que serán destinados a las políticas de transición justa y de lucha contra el cambio climático. La normativa aprobada actualiza las medidas sociales adoptadas en el real decreto 676/2014 por el que se establece el régimen de ayudas por costes laborales destinadas a cubrir costes excepcionales vinculados a planes de cierre de unidades de producción de las empresas mineras del carbón.

Este ajuste permitirá que los trabajadores afectados por los nuevos cierres puedan acogerse a prejubilaciones o bajas incentivadas en función de su trayectoria profesional. Así, podrán prejubilarse los empleados con 48 años de edad equivalente, 25 años de cotización en el Régimen Especial de la Minería del Carbón o un mínimo de 20 años trabajados. En este último caso, la ayuda experimentará reducciones en función del periodo de antigüedad acreditado. El resto de los trabajadores percibirán bajas voluntarias, que variarán en función de su antigüedad.

El Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y el Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras será el encargado de gestionar las ayudas sociales, con cargo a sus presupuestos anuales. El real decreto-ley también recoge, en su disposición transitoria cuarta, la ampliación del plazo por una prórroga de 2 años para los convenios marco de colaboración que hayan sido adoptados en el Marco de Actuación para la Minería del Carbón y las Comarcas Mineras en el periodo 2013-2018.

La demanda eléctrica española se incrementará un 1% por cada millón de vehículos eléctricos nuevos en el parque automovilístico

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Europa Press.– La demanda eléctrica en España se incrementaría un 1% por cada millón de vehículos eléctricos que se incorporen al parque automovilístico español, lo que pone de manifiesto que el sistema eléctrico nacional «está preparado» para la integración de este tipo de vehículos. Así lo aseguró el director general de Operación de Red Eléctrica de España (REE), Miguel Duvison, que señaló que este incremento es una cifra «totalmente asumible para el sistema».

«Desde la perspectiva de la producción y el transporte, el sistema eléctrico está preparado para la integración de los vehículos eléctricos que se espera durante la transición energética», aseguró Duvison, con motivo de la firma del acuerdo de colaboración entre REE y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). El objetivo de este acuerdo es dar asistencia técnica a los ayuntamientos, así como promover el uso del automóvil eléctrico en todo el territorio español y también facilitar la instalación de puntos de recarga públicos en las ciudades y municipios.

REE destacó que esta iniciativa confirma su apuesta por la transición hacia un modelo energético descarbonizado para cumplir los objetivos europeos y hacer realidad las metas en materia de movilidad urbana que ha definido el Gobierno en la futura Ley de Cambio Climático. Este convenio se centrará en el intercambio de experiencias en el campo de la movilidad eléctrica, el apoyo a la formación del personal de los consistorios para el fomento de la movilidad, la eficiencia energética y el desarrollo de energías renovables y la colaboración en la gestión inteligente de los punto de recarga mediante el Centro de Control del Coche Eléctrico (Cecovel).

En esta línea, el presidente de REE, Jordi Sevilla, afirmó que el compromiso de la compañía con la movilidad eléctrica «es firme», por lo que apuesta por poner en marcha diferentes iniciativas que ayuden al desarrollo de las infraestructuras y a favorecer el despliegue en todos los municipios de España. Así, desde 2019 REE asesorará a la FEMP en la elaboración de un pliego de condiciones que permita a la central de contratación de esta federación a licitar un acuerdo marco para que las entidades locales que lo deseen puedan adquirir puntos de recarga inteligente.

La previsión es que los 4.800 puntos de recarga que existen en la actualidad en España se eleven hasta 90.000 puntos en 5 años, mientras que en 10 años la estimación es que la cifra alcance 100.000 unidades y 120.000 unidades en 15 años. «La red de puntos de recarga públicos debe desarrollarse extensamente para generar confianza entre los ciudadanos y favorecer así la adquisición de coches eléctricos», aseguró Sevilla.

El Gobierno traspasa 60 millones de euros del superávit eléctrico al IDAE para impulsar las energías renovables en las islas

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Europa Press.-El Ministerio para la Transición Ecológica traspasó 60 millones de euros procedentes del superávit eléctrico al presupuesto del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) para instrumentar un sistema de ayudas a la instalación de plantas de generación renovable en territorios extrapeninsulares.

Según la orden publicada en el BOE, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), como organismo encargado de las liquidaciones del sistema, transfiere 60 millones de euros al IDAE procedentes del superávit eléctrico. En la Ley de Presupuestos Generales de 2018 se recogía que, con efectos para ese ejercicio, se podrían convocar procedimientos para la concesión de ayudas a la inversión a partir de fuentes de energía renovables con cargo al superávit eléctrico, en proyectos susceptibles de ser cofinanciados con fondos Feder y con una cuantía máximo con cargo al sistema eléctrico de 60 millones de euros.

Además, la norma establece que esta partida de 60 millones de euros cuenta con la posibilidad de ser incrementada con otros créditos disponibles del presupuesto de gastos del Ministerio para la Transición Ecológica y de la cofinanciación de los fondos comunitarios Feder. El importe se destinará a convocatorias de ayudas a la inversión para instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de renovables en territorios no peninsulares. Los proyectos tienen que ser susceptibles de ser cofinanciados con fondos Feder.

Inminente Ley de Cambio Climático

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado en el Congreso que la nueva Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica se aprobará este mes. En su comparecencia ante el Pleno de la Cámara, Sánchez ha defendido que la «modernización» de la economía «pasa por el combate y la adaptación al cambio climático», y para ello ha asegurado que antes de acabar el año aprobará esta norma, con el fin de garantizar «una transición justa con las personas y los territorios damnificados».

La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, abrió la puerta a aprobar algunos «aspectos urgentes» de esta normativa a través de un decreto ley, antes de la tramitación del texto como proyecto de ley en el Congreso. Según explicó, el Gobierno mantenía un debate interno sobre la «conveniencia» de anticipar «aquellos elementos más urgentes» y que estarán incluidos en la futura ley de cambio climático.

Moody’s eleva el rating de Repsol con perspectiva estable

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Europa Press.- La agencia de calificación crediticia Moody’s ha elevado hasta Baa1, desde Baa2 el rating de Repsol como emisor a largo plazo debido al desempeño de la compañía en un momento de «precios del petróleo volátiles». Moody’s ha destacado la «mejora material» de los indicadores crediticios de la firma durante los dos últimos años y ha valorado de forma positiva la decisión de la compañía de «adaptar» su modelo de negocio a un modelo de transición energética.

Así, la agencia de calificación explicó que Repsol ha mejorado su beneficio bruto de explotación (Ebitda) y su flujo de caja con respecto a 2016, cuando decidió mantener el rating. Moody’s espera que las operaciones de downstream de Repsol seguirán siendo resilientes y mantendrán su sólida contribución a los ingresos. Eso sí,Moody’s ha advertido de que si la deuda no se reduce al ritmo «esperado», su nota como emisor podría volver a descender. En este sentido, aunque la posibilidad de otra subida a medio plazo es «limitada», una ejecución «exitosa» de su estrategia de transición energética y una mejora del negocio de upstream (exploración y producción) podría llevar a un alza adicional del rating.

El Gobierno podría adelantar aspectos urgentes de la Ley de Cambio Climático mientras Ciudadanos denuncia su “baja técnica legislativa”

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Europa Press.- Mientras Ciudadanos ha pedido explicaciones al Gobierno acerca del asesoramiento y los informes utilizados por el Ministerio para la Transición Ecológica para elaborar el proyecto de Ley de Cambio Climático, la ministra Teresa Ribera confirma que el Gobierno podría adelantar los aspectos más urgentes en materia de energía en un Real Decreto ley, aunque prevé «en las próximas» semanas presentar un texto base que garantice una «buena ley» en la que las premisas principales cuenten con «suficiente debate público y consenso«.

En este sentido, Ribera ha defendido que el Gobierno ha trabajado en un texto «bastante completo y amplio» y que, de momento, está «barajando» si algunas de las cuestiones recogidas en él y que considera «urgentes» deben ser «adelantadas» en forma de Real Decreto Ley. Respecto a las fechas, ha precisado que el texto provisional se compartió con los grupos parlamentarios, que ahora están recogiendo sus comentarios para incorporarlos y, precisamente, se está «ultimando» la actualización de este documento «oficial» que será presentado para su debate público «en las próximas semanas», sin perjuicio de que algunos aspectos puedan ser adelantados.

En cuanto a la ambición y liderazgo en materia de lucha contra el cambio climático, apuntó que el Ejecutivo quiere intentar liderar ese proceso sin que «nadie» desde fuera imponga nada, sino porque desde dentro parece lo más responsable para los españoles de hoy y los españoles de mañana y garantizar que hijos y nietos puedan tener un contexto de prosperidad de acceso a la energía, de agua, de estabilidad, de paz importante. «Eso requiere liderar o facilitar un proceso de cambio sin que se produzcan grandes tensiones», ha manifestado.

La propuesta, según ha recordado, pasa por reducir un 20% las emisiones en 2030 respecto a 1990, lo que supone reducir 37 puntos las emisiones. En ese sentido, ha concluido que plantear en 11 años una transformación «tan importante» del modelo energético, con la capacidad de digestión que ese cambio requiere, es un esfuerzo colectivo importante» y por ello ha dicho que busca el consenso sobre esta transición para que sea independiente de quien gobierna.

Ciudadanos pide explicaciones al Gobierno

Por otro lado, a Ciudadanos le llama la atención la «indefinición y baja técnica legislativa» del proyecto de ley, que contiene «más de una decena de mandatos al Gobierno». Apunta la formación naranja que parece más una proposición no de ley, que insta al Ejecutivo a hacer algo, que una norma que recoja obligaciones. Por el contrario, sí existe una «concreción sorprendente», considera Ciudadanos, en lo que se refiere a medidas contra la contaminación y las emisiones. «Este es el caso de la prohibición a partir del año 2040 de la matriculación y venta en España de turismos y vehículos comerciales ligeros con emisiones directas de dióxido de carbono», apuntan.

Para Ciudadanos, este cambio «tan radical» tendría «efectos directos sobre la industria de producción del automóvil en España», siendo el país el octavo del mundo en esta materia, con 2,8 millones de unidades producidas en 2017. En este sentido, recuerda que, en la actualidad, se fabrican 5 modelos de vehículos eléctricos en España, 4 de ellos furgonetas, que suponen unas 10.000 unidades. El partido que preside Rivera cree que una medida así debería ser presentada con tiempo y en el marco de un plan general a sindicatos, asociaciones empresariales y usuarios. «Y éste no parece ser el caso», apunta, para pedir explicaciones al Gobierno sobre los datos consultados para incluir esta iniciativa en la ley.

A través de una iniciativa parlamentaria, Ciudadanos también pide explicaciones sobre el objetivo de lograr 100.000 rehabilitaciones de edificios al año para obtener ganancias en eficiencia energética, y que también se incluye en el texto. Los naranjas aseguran que los estudios independientes, como el de la Fundación La casa que ahorra, fijan en torno a 350.000 viviendas anuales el ritmo necesario para cumplir con los objetivos para 2030 y 2050.

«Para Ciudadanos es una prioridad aprobar una Ley de cambio climático y transición energética para España», explica el partido, que para ello ve necesario establecer objetivos vinculantes ambiciosos para lograr la descarbonización de la economía en 2050«. A su juicio, ese marco normativo para la economía sostenible del siglo XXI debe asegurar «fuertes inversiones y guiar una transición de primera magnitud» y «no puede ser fruto de la improvisación» como, en su opinión hace el Ministerio, sino de «una planificación exhaustiva y un amplio consenso».