Entradas

El Gobierno destina 336 millones a eficiencia energética en entidades locales y regula la subasta de renovables

Europa Press.- El Gobierno aprobó tres decretos dirigidos a «transformar el sistema energético» actual para hacerlo «cada vez más limpio», para lo que destinó 336 millones de euros a la eficiencia, lanzó una nueva subasta de renovables y fomentará la movilidad eléctrica. El objetivo es alcanzar los compromisos de España en materia de cambio climático, con más energías renovables, un sistema más eficiente pero que, a la vez, no afecte al «bolsillo» de los consumidores.

El ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha anunciado la aprobación de un real decreto para lograr los objetivos de eficiencia energética que contempla movilizar hasta 508 millones de euros para fomentar la mejora energética tanto en edificios públicos como para viviendas particulares. «Se trata de como tener los mismos niveles de confort pero consumiendo menos», ha dicho Nadal. En concreto, ha indicado que el real decreto incluye una convocatoria de ayudas de 336 millones de euros para corporaciones locales de menos de 20.000 habitantes, que son unas 7.700 entidades locales. «La mayor ayuda nunca hecha y dirigida a las entidades locales más pequeñas», destacó Nadal.

Además, el ministro aseguró que la mejor manera para combatir la actual ola de calor es «la eficiencia energética y el aislamiento» de los edificios, ya que cuando mejor aislado esté un edificio «menos variaciones de temperatura habrá«. Estas ayudas serán otorgadas por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) en el marco del Programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020. Los 336 millones de euros permitirán financiar proyectos de eficiencia energética, calefacción de distrito y movilidad urbana sostenible, desde alumbrado, instalaciones de autoconsumo o edificios públicos, por ejemplo para renovar edificios, puertas o ventanas a 7.700 municipios de menos de 20.000 habitantes, Ceuta y Melilla.

En concreto, para lograr la ayuda los municipios deberán reducir las emisiones de dióxido de carbono mediante proyectos singulares de ahorro y eficiencia energética (en edificación y en infraestructuras y servicios públicos), movilidad urbana sostenible (transporte urbano limpio, transporte colectivo, conexión urbana-rural, mejoras de red viaria, transporte ciclista y desarrollo de sistemas de suministro de energías limpias) y uso de energías renovables (para producción de electricidad y usos térmicos en edificación y en infraestructuras públicas).

Nadal ha añadido que estas cantidades se combinarán con el Fondo Nacional para la Eficiencia Energética, por lo que en total supondrá una movilización de 508 millones de euros. «La política de eficiencia energética más grande que se ha hecho en España y la eficiencia energética es la mejor de las políticas energéticas», subrayó el ministro, que ha valorado que estas ayudas contribuirán a la reducción de emisiones de CO2, pero también beneficiarán a la cohesión social y a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos en los edificios y espacios urbanos.

A este respecto, el ministro aprovechó para recordar que España, junto a Francia, han pedido a Bruselas cambios en la contabilidad de las inversiones en eficiencia energética para fomentarla, algo que depende de la comisaría europea de Asuntos Económicos y Financieros. Debido a las normas actuales de contabilidad, las Administraciones apenas pueden desarrollar estas inversiones porque generarían un déficit prohibido por la legislación a pesar de que se amorticen a muy corto plazo y así lo exija la normativa comunitaria.

Además, en materia de renovables, ha defendido que el Gobierno ha logrado conciliar que un fomento de las energías más limpias beneficie también a los consumidores, frente a lo realizado «anteriormente», cuando luchar contra el cambio climático aumentando las renovables afectaba económicamente a los consumidores. Nadal ha recordado que el objetivo de España en renovables es de alcanzar un 20% de cobertura en 2020, frente a otros países, como Francia, cuyo objetivo es del 23%; Alemania, con un 18% o Reino Unido, con un 15%.

Así, ha precisado que en la actualidad España está en un 17,3% pero confía en que con la subasta de mayo y las posteriores se alcanzará una cifra del 19,5%, «muy cercana al objetivo» y ha asegurado que en el caso de España «se van cumpliendo los objetivos sin problemas». «Los demás tendrán que hacer un esfuerzo enorme para cumplir en 2020. En nuestro caso se van cumpliendo los objetivos sin problemas», ha defendido Nadal, que ha vaticinado que España será uno de los países con alto nivel de cumplimiento.

Para ello el Gobierno aprobó un decreto que regula la nueva subasta de renovables, como la que el Gobierno realizó en mayo de 3.000 megavatios (MW), que estableció un precio mínimo garantizado de 39 euros por megavatio, y estimó que la próxima subasta tendrá «precios más competitivos». Estas subastas premian la fuente de energía que a igualdad de precio genere más horas de electricidad. Y «por eso» ganó la energía eólica, según el ministro. Ahora se celebrará una nueva subasta en la Península con el objetivo de que favorezca a la energía solar fotovoltaica. «Hay capacidad de sobra para hacer una nueva subasta y completar los objetivos de cumplimiento», añadió.

Nadal recordó que en la subasta pasada las solicitudes presentadas superaron en más de tres veces la potencia adjudicada y los adjudicatarios ofrecieron el máximo descuento permitido. Esto supone, según ha explicado, que los proyectos adjudicados se llevarán a cabo sin necesidad de primas adicionales a los ingresos que obtienen por el mercado en el escenario de precios de referencia.

Moody’s advierte de que las renovables pueden socavar la calidad crediticia de los operadores energéticos

Europa Press.- Moody’s considera que la transición energética hacia un modelo de renovables en Europa plantea riesgos a largo plazo para los operadores de redes eléctricas y de gas que podrían «socavar su calidad crediticia con el tiempo». En este sentido, ve desafíos diferentes en Europa, con el incremento de las inversiones relacionadas con las redes eléctricas, «planteando riesgos de ejecución», mientras que afirma que el camino a la descarbonización «pone en duda» el uso a largo plazo del gas natural y las redes que lo distribuyen.

Así, la agencia cree que pueden tardar en adaptarse «al cambiante panorama» de la generación y el consumo, con unos usuarios de electricidad que se independizan parcialmente de la red, mientras operan cada vez más sus propias unidades de generación o almacenamiento renovable. A este respecto, considera que, si bien estos avances podrían llevar a la fragmentación del sector, amenazando «potencialmente» a los operadores de redes existentes, su papel como operadores de sistemas será «más importante«. Por ello, Moody’s afirma que la respuesta normativa al cambio de las energías renovables será «clave» para la evolución futura de las redes energéticas.

Juan Virgilio Márquez (AEE): “La transición energética tiene que ser ambiciosa, a largo plazo, planificada y eléctrica”

Javier Angulo.- Este jueves es el Día Mundial del Viento de 2017. Corren de nuevo buenos aires para la industria eólica en España, principal adjudicataria de la reciente subasta de energrenovables celebrada. Y no parece que vayan a cesar, con la transición energética en el horizonte. Juan Virgilio (Madrid, 1973) es desde el pasado mes de diciembre el director general de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), la patronal del sector, y atiende a EnergíaDiario.com para hacer un repaso general al momento que vive la eólica española.

Para empezar, ¿cuáles son las principales demandas del sector eólico?

La principal petición del sector es que se elimine de la ley la posibilidad de revisar la rentabilidad razonable de los proyectos cada 6 años, clave para la estabilidad regulatoria de nuestro sector. Más allá de eso, la planificación energética en España es una necesidad. La directiva europea de renovables es una oportunidad; debe ser ambiciosa a largo plazo y comprometer a todos los países. En este sentido, la estabilidad regulatoria es esencial para garantizar la inversión en este sector y la tecnología eólica es una de las más punteras, comparable con cualquier energía convencional y cualquier otra renovable, para proporcionar energía durante más horas a un precio muy competitivo.

Se acerca el III Congreso Eólico organizado por AEE: ¿Qué podemos esperar de esta edición?

Es la principal cita del sector a nivel anual y estamos muy ilusionados: la coyuntura es buena, salimos de una subasta en la que la eólica se ha adjudicado una cantidad de megavatios importante, lo que supone un ápice de esperanza. El Congreso tiene dos partes: una más de geopolítica de la energía, en la que vamos a tener dos secretarios de Estado, de Energía y Comercio, así como dos dirigentes equivalentes al rango de secretarios de Estado de Argentina, de Energías Renovables y de Producción. Habrá también una mesa de CEOs para discutir aspectos de las subastas; una mesa de la Industria para abordar su planteamiento sobre la transición energética; y una mesa de la Unión Energética en Europa.

También tenemos conferencias técnicas muy interesantes que abarcan todos los retos del sector desde una perspectiva muy innovadora, tratando todos los desarrollos tecnológicos que son el futuro: sistemas de predicción del recurso eólico mediante tecnologías de láser/radar, mejoras de la estimación de la corrosión en eólica offshore, técnicas de sensorización para el mantenimiento preventivo, la industria 4.0… Tocamos todos los palos de las tecnologías que se complementan con la tecnología eólica de generación para mejorar las prestaciones. El Congreso es una cita única cada año donde se aglutinan estas dos visiones. Tenemos representación desde el más alto nivel político hasta un nivel mucho más técnico.

Argentina es el país invitado. ¿Qué puede aprender el sector eólico de España del argentino?

Argentina es uno de los países que a día de hoy está apostando con más claridad por las renovables. Tiene un compromiso a nivel político importantísimo, con una política energética clara y una planificación energética que da visibilidad y seguridad para el inversor. Ha establecido mecanismos de garantía de cobro muy interesantes para asegurar que el riesgo país, que antes podía haber, ya no existe.

A día de hoy es una de las salidas más importantes para la industria española, que lleva 3 años de letargo en España, de parálisis, y que de alguna forma ve que estos mercados están despegando. Argentina está aprovechando las lecciones aprendidas de lo que se ha vivido en otros países pioneros, entre ellos España, de cómo hacer subastas sencillas, como hacer subastas que generen confianza, como generar mucha afluencia de ofertas y conseguir la ejecución de proyectos. Es un país adecuado para conocer más.

También estará el eurodiputado socialista José Blanco, justo cuando la Unión Europea está en pleno proceso regulatorio. ¿Qué esperan de la nueva directiva de renovables desde el sector eólico español?

La directiva es una oportunidad única porque va a establecer el marco de referencia a nivel europeo. Tiene que ser ambiciosa, una directiva que genere un nivel de ambición superior al que actualmente tiene acordado Europa; tiene que generar estabilidad, que intente impedir que se vuelvan a repetir situaciones del pasado; tiene que garantizar una seguridad jurídica.  Asimismo, nos gustaría que los objetivos a 2030 fueran vinculantes por país. Es una oportunidad para que toda Europa se fije un objetivo común y todos los países europeos caminemos por la misma senda, con un ritmo equivalente y razonable, y no se repitan errores como los que se cometieron en el pasado.

¿Ambición es ir más allá del 27% de energías renovables fijado por Europa para 2030?

Por supuesto. Ambición es ir a un 35%. Para alcanzarlo el reto más importante ya no es para el sector eléctrico, que está haciendo sus deberes. El reto son los otros sectores, el sector transporte y calefacción. Pero si queremos alcanzar un nivel de descarbonización total en 2050, no salen las cuentas con un 27% para 2030. Hay que ser más ambicioso y coger una energía de activación al principio, una inercia, para no poner en riesgo el objetivo final y que no haya errores.

¿Cuáles son los elementos a considerar de cara a la anunciada nueva Ley de Transición Energética desde la industria eólica?

La Ley de Transición Energética es una oportunidad única. Hay un momento político adecuado, con una diversidad en el parlamento que tiene que generar los acuerdos y consensos necesarios para el largo plazo, que no cambien con cada legislatura. Hay una serie de vectores clave que tienen que guiar la transición energética. Desde la AEE creemos que la transición energética tiene que ser ambiciosa, a largo plazo, planificada y eléctrica.

El camino principal es la electrificación. Tiene que ser una transición eléctrica, donde desde los patrones de consumo de determinadas energías más convencionales se pase a patrones de consumo de energía eléctrica. Tiene que ser una transición que genere estabilidad del sistema a todos los niveles: estabilidad regulatoria, económica e industrial, que el sector tenga visibilidad para seguir manteniendo en este país sus centros de producción. Asimismo, la transición tiene que establecer objetivos ambiciosos a largo plazo y acciones a corto plazo, como aclarar la fiscalidad asociada al sector energético, que penaliza en muchos casos la factura eléctrica del consumidor.

¿Qué efecto tiene para el sector eólico la sobrecapacidad en la generación? ¿Qué visión se tiene desde los productores y desde la industria de componentes y equipos del sector eólico?

Hay que dimensionar la red para los puntos máximos de consumo, que se producirán en ciertos momentos del año. Por tanto, la sobrecapacidad es necesaria siempre que se quiera tener una calidad del servicio y sin apagones. Lo más importante es que las renovables son las energías que tienen que seguir aumentando en el mix para alcanzar los objetivos comprometidos. Y es el Gobierno el que decide el mix, Además, si se electrifica la demanda de determinados sectores, como el transporte y calefacción, aún con las necesarias medidas de eficiencia energética, se necesitarán más MW verdes para cumplir los objetivos a 2050. La senda está clara y la sobrecapacidad es una realidad que debe seguir existiendo en su justa medida.

El sistema retributivo establecido entre 2013 y 2014 fija dos cuestiones muy discutidas desde la patronal: el límite establecido a la hora de compensar retributivamente que el precio real del mercado haya sido inferior al previsto por el Gobierno, lo que impide alcanzar ahora la rentabilidad razonable, y en segundo lugar, que la propia rentabilidad razonable se revise al final del período regulatorio, cada 6 años. ¿Qué les dice el Ministerio al respecto y creen que podrán conseguir alguno de sus propósitos en este sentido?

No tenemos información ni ningún tipo de directriz por parte del Gobierno de cómo va a proceder a este respecto. Son temas preocupantes. Las revisiones deberían garantizar que se percibe la rentabilidad razonable y, con las previsiones establecidas de precio del mercado, no se está percibiendo lo que corresponde para alcanzar la rentabilidad razonable, por lo que estos límites deberían de reestudiarse o eliminarse para proporcionar al inversor la rentabilidad que la ley garantiza. En definitiva, el marco retributivo genera inseguridad; hay una serie de aspectos que no están fijados y a futuro genera incertidumbre.

Si las empresas no obtienen los ingresos que establece la propia ley, ¿no hay alguna forma de recurrir esta cuestión ante los tribunales de Justicia?

La rentabilidad razonable se garantiza al final del período regulatorio de 20 años. A día de hoy lo que se ve es que la senda que creemos que debemos tener no se está cumpliendo. Confiamos en que al final del período regulatorio se establezcan los mecanismos para garantizar la rentabilidad razonable a los inversores. Estamos a mitad de camino aún en muchos casos y, a partir de 2019, se verá para los primeros parques eólicos.

¿Cómo valora la irrupción de nuevos operadores eólicos, así como la toma de posiciones de los operadores en las subastas? ¿Cuales consideran que serán las líneas de evolución del sector a nivel corporativo y estratégico?

La entrada de nuevos operadores en la operación de parques eólicos se lleva viviendo desde el año 2010. Hay un informe de la OCDE de que en el año 2010 en Europa el 62% de los parques eólicos estaba en manos de las eléctricas, y el 6% de fondos; ahora ambos están entre el 30% y el 40%. Hay una incursión importante de este tipo de actores que nos parece bien siempre y cuando los proyectos se lleven a cabo

Hay que tener en cuenta el entorno en el que nos movemos: la tecnología se ha desarrollado mucho; los costes de fabricación son menores; hay una importante liquidez en el mercado y una serie de actores que se pueden financiar con muy buenas condiciones. Todo esto genera que haya mucho apetito por invertir en España en renovables y que hayan entrado este tipo de actores. Celebramos que haya mucha inversión pero lo que necesitamos es que los parques se pongan en funcionamiento. Y no dudamos que va a ser así, pero se comprobará cuando se cumplan los objetivos en 2019.

Sánchez creará un área de Transición Ecológica en la nueva dirección del PSOE desde donde abordará el futuro energético

Europa Press.- El secretario general del PSOE creará un área de Transición Ecológica en la nueva Ejecutiva Federal que está diseñando y que deberá aprobar el 39º Congreso Federal del partido del próximo fin de semana, según anunció su equipo. Este área tendrá «un papel fundamental en el nuevo proyecto socialista», aunque no tendría por qué representar una secretaría como tal, sino depender de una más amplia, como pudiera ser la de Medio Ambiente, explican fuentes socialistas.

Sánchez comunicó esta decisión a los principales responsables en España de las organizaciones ecologistas Greenpeace, WWF, SEO BirdLife, Ecologistas en Acción y Amigos de la Tierra, con los que se reunió en la sede socialista en Ferraz. El encuentro ha permitido hablar de la situación del Acuerdo de París de lucha contra el cambio climático tras la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de retirar a su país del mismo.

Sánchez ha intercambiado puntos de vista con las organizaciones ecologistas en torno al proceso de elaboración de una Ley de Cambio Climático y Transición Energética en España. Todos han coincidido en destacar la «ausencia de un liderazgo fuerte» que sitúe la lucha contra el calentamiento global como una prioridad absoluta y han lamentado la «extremada lentitud» por parte del Ejecutivo de Mariano Rajoy para la puesta en marcha de medidas que frenen esta grave amenaza.

Sánchez ha defendido que los socialistas deben ser «protagonistas del cambio» que supone la transición ecológica y energética de la economía con el objetivo de lograr un progreso más justo y más duradero. El líder socialista ha recordado en este sentido la iniciativa presentada por el PSOE en el Congreso de los Diputados para crear un grupo de expertos que identifique qué acciones se han de incluir en la ley para favorecer la transición ecológica. El secretario general está convencido de que es «urgente e imprescindible» un gran acuerdo de país para luchar contra el cambio climático, para lo que Sánchez ha quedado con las organizaciones ecológicas en reunirse periódicamente.

El programa con el que Sánchez se presentó a las primarias, que incorporará a la Ponencia Marco que aprobará el 39º Congreso Federal y que guiará el rumbo del PSOE durante los próximos años, identifica la sostenibilidad ambiental como un nuevo principio básico del socialismo democrático, dado que se ha convertido en elemento imprescindible para garantizar un «progreso seguro, más justo y más duradero tanto para las generaciones presentes como las futuras». En opinión de Sánchez, se requiere una «transformación sustantiva» de cómo producimos, consumimos e interactuamos con el ecosistema de nuestro planeta, pues existe una interdependencia entre lo económico, lo social y lo ambiental.

Transición energética en proyecto político

El PSOE asegura que «asumirán como reto» para su proyecto político una de «las grandes asignaturas pendientes», como es la transición ecológica y «más concretamente la transición energética». Para conseguir este reto, el PSOE ha explicado que se debe «contribuir a derribar la falsa imagen» que contrapone el compromiso ambiental con el progreso económico y social. Además, asegura que los ciudadanos «exigen más seguridad y más bienestar a los poderes públicos, «son cada vez más conscientes de los riesgos» que la degradación ambiental puede incidir en la salud y en la calidad de vida, y disponen cada vez más «con más información sobre alternativas» que eviten o reduzcan esos riesgos.

«Los socialistas queremos liderar en España el avance hacia una nueva relación entre el hombre y la naturaleza, favoreciendo la implantación de tecnologías más limpias, la gestión de los residuos y un uso más racional de los recursos naturales desde un concepto de eficiencia que incluya los costes y beneficios ecológicos», indica el PSOE, que destaca que «se enriquecería el objetivo de equidad» ya que asevera que los problemas ambientales «afectan de forma más grave a los ciudadanos más desfavorecidos.

La CNMC ve necesario «seguir haciendo un esfuerzo» para consolidar en España el Mibgas, el mercado secundario del gas natural

Europa Press.- La vicepresidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), María Fernández Pérez, demandó «seguir haciendo un esfuerzo» para consolidar en España el Mibgas, el mercado secundario del gas natural. En este sentido, Fernández subrayó que es necesario que el hub de gas cuente «con suficiente liquidez» para que genere la confianza necesaria entre todos los consumidores.

La vicepresidenta de la CNMC afirmó que existe en las empresas una «marcada tendencia» a focalizar en el mercado mayorista, mientras que en el segmento secundario «queda camino por recorrer» para dar mayor soporte a los consumidores. Asimismo, destacó el papel en el medio y largo plazo que el gas natural jugará como la tecnología de respaldo de la generación eléctrica y su contribución a la reducción de emisiones de efecto invernadero, así como su aportación en el sector de transporte marítimo y de mercancías.

Fernández consideró que España se encuentra «bien situada» para afrontar el reto de transición energética, ya que cuenta con una red gasista muy desarrollada, un buen número de empresas que provisionan gas y una regulación que «ha sustentado en los últimos años el desarrollo y la liberalización del sector». Además, la vicepresidenta subrayó que la energía está en el «centro de las vidas» de los ciudadanos, por lo que es «irrenunciable» que se tenga al mejor precio, pero también que se genere con tecnologías limpias.

Energía garantiza que el gas jugará un papel «relevante» en la transición energética y Madrid lo impulsará en el transporte

Europa Press.- El viceconsejero de Economía e Innovación de la Comunidad de Madrid, Javier Ruiz, apuesta por la entrada de gases combustibles menos contaminantes en el transporte. En sentido parecido, la directora general de Política Energética y Minas del Ministerio de Energía, María Teresa Baquedano, destacó que el gas seguirá jugando «un papel relevante» en la transición energética gracias a las ventajas que ofrece «a nivel medioambiental y desde la perspectiva económica».

Baquedano aseguró que en 2030 el gas deberá «seguir jugando su papel de respaldo en la generación eléctrica» y, además, aumentará su demanda en el sector transporte. No obstante, Baquedano subrayó que el sector gasista debe tener claro que las inversiones, «teniendo en cuenta las incertidumbres», estarán marcadas por una «transición inteligente«. «La política en el ámbito del gas natural se debe centrar en reducir costes y la sostenibilidad financiera», apuntó. Además, señaló que se deben aprovechar las oportunidades que se presenten, como en gas natural licuado (GNL), y seguir «luchando» por incrementar la liquidez del Mibgas, ya que «un mercado organizado y eficiente es fundamental para dotar a los consumidores de las herramientas para ser cada vez más protagonistas».

Mientras, el experto en políticas de gas en Internal Energy Market Unit B4-Security of Supply, Joerg Koehli, remarcó ese papel «clave» que jugará el gas en las próximas décadas en esa transición energética. Koehli indicó queel mix energético seguirá teniendo gas natural, ya que es una energía con una baja emisión de carbono y que cuenta con destacado papel en lo que respecta a la seguridad de suministro energético.

Por su parte, el coordinador general de Medio Ambiente, Sostenibilidad y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, José Antonio Díaz Lázaro-Carrasco, reconoció que la ciudad necesita «un nuevo modelo energético» para combatir el problema de la contaminación. Asimismo, el presidente de la IGU, David Carroll, instó a los Gobiernos a «ser serios» a la hora de trabajar en el cambio climático y centrarse también en la calidad del aire. «Hay que establecer una dirección determinada con más inversión en tecnología», señaló.

Madrid apuesta por el gas

Mientras, el viceconsejero de Economía de la Comunidad de Madrid, Javier Ruiz, destacó la competitividad económica y ambiental del gas natural, que prácticamente cubre «la mitad del consumo energético de las familias madrileñas», así como su papel en el bienestar, y señaló las ventajas económicas y ambientales del gas natural frente a la gasolina. Así lo ha destacado Javier Ruiz, quien también ha repasado algunas de las políticas del Gobierno regional destinadas al aprovechamiento de esta fuente de energía con beneficios para el medio ambiente.

En este sentido, se ha referido al sector de la edificación y a la puesta a disposición de los madrileños del plan renove de Salas de Calderas, con el que se ha actuado en más de 1.000 instalaciones en los últimos cinco años. Asimismo, se ha referido al sector del transporte, en el que la Comunidad apuesta por dar entrada a gases combustibles menos contaminantes que el resto de carburantes. Según ha señalado Ruiz, la Comunidad está trabajando para que las flotas públicas de transporte y servicios sustituyan los modelos propulsados por gasóleo por vehículos a gas natural comprimido (GNC).

Galán (Iberdrola) pide una regulación «estable y predecible» en Europa para abordar la transición energética

Europa Press.- El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ve necesario contar con una política «clara» y una regulación estable y predecible» en Europa para poder aprovechar el «enorme potencial» que representa la transición energética para alcanzar los objetivos de 2030. En este sentido, Galán señaló que «solo así» Europa podrá competir con otras áreas del mundo.

Para Galán, el marco normativo a desarrollar para hacer realidad esa hoja de ruta de la transición energética debería recoger un reparto «justo» de los costes medioambientales entre los diferentes sectores y emisores, «de acuerdo con el principio de que quien contamine pague«, así como el establecimiento de un mecanismo de precios del carbono que dé señales a la inversión en tecnologías bajas en emisiones.

En lo referente al sector eléctrico, pidió un diseño de mercado adaptado a una penetración masiva de energías renovables, «que por su naturaleza son intermitentes y que precisan de centrales de respaldo y almacenamiento para garantizar la estabilidad del sistema», así como un sistema que evite subsidios cruzados y una regularización que incentive las inversiones necesarias en redes eléctricas. Además, consideró necesario un sistema tarifario que solo incluya los costes de energía para suministrar a los clientes, «sin cargas no relacionadas con el servicio energético».

Asimismo, Galán señaló que el paquete de la Unión Europea representa el marco «adecuado» para alcanzar los objetivos de descarbonización fijados para el horizonte de 2030, ya que parte de «un diagnóstico certero, y es que la demanda energética va a continuar aumentando en las próximas décadas». Para ello, también aseguró que las empresas eléctricas tradicionales deben llevar a cabo una «transformación profunda» hasta convertirse en «las utilities del futuro», con más redes inteligentes y una gestión más activa de la demanda de los clientes.

A este respecto, Galán destacó que Iberdrola lleva años ya preparándose para este cambio, con la inversión de 90.000 millones de euros en los últimos 15 años en energías renovables y redes, y seguirá en esa línea, con un plan inversor por otros 25.000 millones de euros hasta 2020. Asimismo, subrayó que el sector eléctrico va a necesitar inversiones por 19 billones, de los que más del 75% de esta cifra irán destinados a redes y energías renovables, siendo Europa, con 2,5 billones de euros, el segundo área de inversión, tan solo superado por China.

El Congreso, sin el PP, pide al Gobierno la reducción inmediata de la contaminación y una revisión del modelo energético

Europa Press.- El Congreso de los Diputados, con el voto en contra del PP, instó al Gobierno a tomar medidas para la reducción inmediata de la contaminación atmosférica y la revisión del modelo energético nacional. Entre ellas, una revisión de todas aquellas normativas actuales que impiden crecer a las energías renovables, el impulso de la rehabilitación de viviendas o la puesta en marcha de incentivos para aumentar el uso del coche eléctrico.

El texto votado, una moción consecuencia de una interpelación urgente a la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, es una iniciativa del PSOE pactada con Unidos Podemos, en la que se llama al Ejecutivo a apostar por las energías renovables y el ahorro y la eficiencia energética eliminando las barreras administrativas y económicas que «impiden» transitar hacia un modelo energético de producción descentralizada, con la ciudadanía en el centro del proceso de producción y consumo de electricidad. «Todo ello, mediante incentivos y ayudas al autoconsumo, con el objeto de contribuir a la maduración del mercado fotovoltaico«, apunta la propuesta.

Otra de las medidas que plantea la moción es realizar cambios en los patrones de movilidad, apostando por el uso del transporte público y del vehículo eléctrico como «claves». En este sentido, se insta al Gobierno a impulsar la aprobación de una ley de movilidad sostenible; a desarrollar una estrategia industrial y de inversiones en I+D+i para el desarrollo de baterías y motores eléctricos y a consensuar medidas que reduzcan el tráfico de vehículos convencionales.

También en materia de transporte, se pide una «mejora y refuerzo del servicio ferroviario de cercanías y regionales y potenciar el transporte de mercancías por ferrocarril», así como aprobar una ley de financiación del transporte público e incrementar la financiación del mismo, permitiendo un servicio de proximidad sin emisiones contaminantes, incluyendo actuaciones para la habilitación de BUS VAO en los accesos a grandes núcleos urbanos.

Por otra parte, se llama a implementar las medidas necesarias para impulsar planes de rehabilitación de viviendas: revisando las normas de edificación y aplicando requisitos máximos de consumo energético o mínimos de eficiencia energética en edificios. Además, se pide un plan de rehabilitación y construcción con criterios de eficiencia energética que permita fomentar la creación de empleo.También proponen la aprobación, durante el año 2017, de un Plan específico para la transición del modelo energético para la industria; el impulso de una fiscalidad medioambiental real próxima a la media europea; crear un informe anual de evaluación del aire; implantar de forma inmediata un calendario de cierre progresivo de las centrales nucleares; o impulsar subastas de electricidad renovable, entre otras medidas.

Podemos negocia con el PSOE

Unidos Podemos condicionó su apoyo a la negociación de un texto transaccional. Entre las peticiones que la formación morada planteó, se encontraba la de exigir un «calendario real» para que España pueda llevar a cabo una «verdadera» transición energética, con potentes políticas autonómicas y estatales para que esta labor sea «más efectiva», según apuntó el portavoz de Energía de Unidos Podemos, Josep Vendrell. En la iniciativa original, el PSOE reclamaba al Ejecutivo que cumpla con las directivas europeas relacionadas con una atmósfera limpia en Europa y a colaborar con las administraciones que incumplen con esta directiva a tomar las decisiones necesarias para llegar a los niveles que se le exigen.

Además, se sugería el impulso a medio plazo a la incorporación de servicios energéticos avanzados en el marco de los planes de rehabilitación de viviendas; llevar a cabo campañas de concienciación; fomentar la reducción de consumo energético en los edificios de organismos públicos. La portavoz del PSOE en materia de energía, Pilar Lucio, ha exigido también que el Ejecutivo apueste, con incentivos fiscales, por el vehículo eléctrico. Para ello, el PSOE pide que se defina un modelo por el que se incentive la adquisición de coches eléctricos «a un precio razonable», según matizó Lucio, y que se facilite un sistema de recargas de acceso público.

Tras las peticiones socialistas, la portavoz del PP en esta materia, María Teresa de Lara, ha mostrado su «sorpresa» por esta iniciativa ya que «se insta al Gobierno a hacer lo que ya está haciendo» y «le obliga a cumplir lo que ya cumple«. Así, asegura que muchos de los puntos que se incluyen en la moción estarán dentro de la nueva Ley de Cambio Climático que ha anunciado el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, durante el debate de investidura.

Finalmente, la diputada de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, se mostró a favor de la moción del PSOE al considerar que recoge muchas de las necesidades que el país precisa en esta materia. Pero además, llama a crear un Pacto de Estado de Energía e insiste en la necesidad de un nuevo Plan Nacional del Aire y de una Ley de Cambio Climático. «Me abruma todo lo que necesitamos», reconoció ante el Hemiciclo, en donde ha defendido la educación en el medio ambiente «sin crear impuestos», sino en «las aulas y hablando con la sociedad» del tema.

Bruselas da luz verde a tres planes de ayuda en Francia para producir 17 GW en renovables

Europa Press.- La Comisión Europea ha dado luz verde a tres planes de ayudas públicas dotados en total con más de 1.200 millones de euros por las autoridades en Francia para ayudar a la producción de 17 gigavatios adicionales de energía a partir de renovables.

En concreto, se trata de un programa de 1.000 millones de euros anuales para la producción de energía en pequeñas plantas eólicas terrestres, otro plan de 190 millones anuales para el sector de la energía solar, y otros 58 millones anuales para un proyecto para la utilización de los gases de las plantas depuradoras de aguas usadas. La iniciativa más importante prevé una remuneración complementaria (prima que se suma al precio de mercado) a las explotaciones con pequeñas instalaciones eólicas terrestres de menos de 6 turbinas. El objetivo es aumentar en 15 GW la capacidad y contará con 1.000 millones de euros anuales durante una década, según la Comisión Europea.

El segundo plan repartirá 19 millones al año con un plan con el que Francia espera ganar 2,1 GW de energía solar, gracias al apoyo a la instalación de placas fotovoltaicas en edificios para una producción inferior a los 100 kilovatios. Estas instalaciones se podrán beneficiar de una tarifa de recompra durante 20 años. Finalmente, el tercer proyecto para explorar las posibilidades de las plantas depuradoras de aguas que tienen una producción actual de menos de 1 megavatio y que en Francia creen que cuentan con un potencial de 160.

Bruselas ha dado su aprobación al considerar que se trata de regímenes de ayuda con los que Francia avanzará para cumplir con su compromiso con la Unión Europea de cubrir con energías renovables el 23% de sus necesidades energéticas en el horizonte de 2020. El Ejecutivo comunitario resaltó que el programa de su presidente, Jean-Claude Juncker, para esta legislatura tiene entre sus prioridades respaldar las inversiones en energías renovables y tratar así de que la transición energética lleve a la industria europea hasta una posición de liderazgo baja en emisiones.

Alianza por el Clima pide que la Ley de Cambio Climático tenga un enfoque multisectorial y apueste por la adaptación

Europa Press.- La plataforma Alianza por el Clima ha reclamado que la Ley de Cambio Climático que elaborará el Gobierno debe tener un enfoque «multisectorial» para hacer frente al «desafío complejo» del cambio climático y considera que el texto debe dar más peso a la adaptación así como incluir medidas de apoyo a los sectores más afectados.

Así, la plataforma, formada por más de 400 ONG ha realizado un documento que concluye que invertir en adaptación evita en muchos casos daños que tienen un coste económico, social y ambiental muy elevado. Además, considera necesario un análisis sectorial para diseñar medidas de apoyo y reforma de los sectores más afectados. «Estamos ante un desafío complejo y multisectorial. Es necesario tomar medidas en varios frentes a la vez para obtener resultados apreciables», advierten las conclusiones. Por ello, las organizaciones consideran necesario poner especial atención a la coherencia de políticas, precisamente por el carácter multisectorial que supone el cambio climático.

Alianza por el Clima insiste también que el diseño de esta ley debería contar con un proceso «participativo e inclusivo» que sea «transparente y equilibrado» y que garantice que la voz de todos los agentes sociales esté «suficientemente representada» y se recojan las aspiraciones e inquietudes de todos ellos. En este contexto, subraya que la adaptación es «clave» porque los impactos del cambio climático ya se están sufriendo y reclama que la Ley de Cambio Climático y Transición Energética deberá contemplar el marco legislativo adecuado para fomentar medidas encaminadas a la adaptación de los distintos sectores (transporte, agua, industria y energía, edificación, biodiversidad, agricultura…) a la realidad del cambio climático.

«Es un problema social, ambiental y económico. Las organizaciones de Alianza Por el Clima reclamamos una ley de cambio climático que sea capaz de dinamizar la sociedad española, a través de los incentivos adecuados para adaptarnos a esta nueva realidad», manifiesta. Entre las organizaciones ecologistas, sindicales, de cooperación al desarrollo, de acción rural, de agricultores, vecinales, católicas y de consumidores que forman parte de Alianza por el Clima figuran Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife, WWF, CCOO, UGT, USO, Caritas Española, Movimiento Católico Mundial por el Clima, REDES, Manos Unidas, InspirAction, ONGAWA, ATTAC, Avaaz, FRAVM, AMA, Px1NME, ECODES, Fundación Global Nature, Oxfam Intermon, COAG, UPA, CECU, Asgeco, Hispacoop, OCU, y Fundación Renovables.