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El PSOE propone impulsar el uso de tecnología fotovoltaica para suministrar energía eléctrica a las desaladoras y reducir sus costes

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Europa Press.- El secretario de Transición Ecológica de la Economía del PSOE, Hugo Morán, propone el impulso del uso de la energía fotovoltaica para la generación de energía que alimente las desaladoras, con el objetivo de reducir los costes. Morán ha dado a conocer las líneas de actuación del Consejo Asesor para la Transición Ecológica de la Economía junto con su presidenta, Teresa Ribera, la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, y el secretario de Política Económica y Empleo del PSOE, Manuel Escudero.

Escudero apuntó que el PSOE quiere introducir como «novedad» la fiscalidad verde en los Presupuestos del Estado. Su intención es contemplar esta fiscalidad verde en la alternativa que ofrecerán frente a los presupuestos del Ejecutivo para 2018 con el fin de paliar, a su juicio, «la falta de coherencia absoluta» del sistema fiscal. En su opinión, el actual sistema fiscal «viene de los años 70» y «no es un capricho, sino la herramienta más potente de la que dispone un Gobierno para orientar sus políticas».

Según explicó Ribera, el consejo nace sin fecha de caducidad y estará formado por 22 personas con diferentes perfiles con el objetivo de «entender cómo avanza la sociedad, cuáles son las advertencias, riesgos y oportunidades» y elaborar recomendaciones para «inspirar la acción política de los órganos de Gobierno» en general. Esta nueva herramienta comenzará a trabajar con cuatro ejes «clave»: energía, ordenación del territorio y urbanismo, empleo y fiscalidad verde, tal y como enumeró Ribera.

Por su parte, Narbona ha señalado que este consejo persigue elaborar recomendaciones para «transformar el modelo productivo de España«. «Esta transición debería llevarnos a un modelo de sociedad donde lo que tenga realmente valor sea el progreso seguro, justo y duradero, algo que no puede medir el actual PIB, por lo que hay añadir otros indicadores, como las renovables y los niveles de contaminación«, indicó.

Los representantes socialistas han puesto de manifiesto las «carencias» de la tramitación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética que prepara el Gobierno y que consideran «debería agilizarse». Actualmente, se encuentra en un proceso de consulta pública previa a la elaboración de un borrador. «Es difícil que nos encuentren en el camino para un pacto por la transición energética si no hay un consenso previo con la Ley de Cambio Climático», han concluido.

El Tribunal de Cuentas de la Unión Europea pide acelerar la reducción de emisiones para luchar contra el cambio climático

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EFE / Europa Press.- El Tribunal de Cuentas de la Unión Europea asegura que los Estados miembros no cumplirán sus objetivos para rebajar las emisiones contaminantes para 2030 si continúan al ritmo de reducción actual. «Los objetivos de la Unión Europea para 2030 y 2050 no se alcanzarán sin significativos esfuerzos adicionales y todos los sectores tienen que contribuir», indicó el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea en un informe sobre cambio climático.

El informe del Tribunal de Cuentas europeo afirma que el «gran hincapié» sobre la mitigación se refleja en los objetivos de la Unión Europea en materia de clima y energía. Concretamente, el bloque comunitario se ha fijado objetivos de reducción de emisiones, de aumento del peso de energías renovables en el consumo energético y de aumento de la eficiencia energética para 2020 y 2030. Así, la Unión Europea se ha fijado como meta reducir las emisiones contaminantes en un 20% para 2020 y en un 40% para 2030, respecto a 1990, para llegar en 2050 a un recorte de entre el 85% y el 90%.

En todo caso, el estudio advierte de que estos objetivos de reducción de emisiones no se lograrán sin «importantes esfuerzos adicionales». Para alcanzar esos objetivos en 2030, los auditores consideran que «los esfuerzos anuales de reducción de emisiones tendrán que incrementarse en un 50% en la próxima década». Y advierten que «el cambio más significativo, no obstante, tendrá que venir más allá de 2030», cuando el ratio de reducción de emisiones tendrá que multiplicarse «por tres o cuatro» para alcanzar las metas fijadas para 2050.

«La Unión Europea tiene que recortar las emisiones de gases invernadero y también adaptarse al cambio climático. Las proyecciones actuales muestran que se necesitan más progresos para lograr los objetivos de 2030 y 2050 sobre reducción de emisiones», indicó el auditor responsable del informe del Tribunal de Cuentas sobre el cambio climático, Phil Wynn Owen. Uno de los ámbitos clave que identifican los auditores es la producción energética para el transporte, la industria, los hogares y la agricultura, que es responsable del 79% de las emisiones invernadero de la Unión.

«Una parte importante del plan de la Unión Europea es el establecimiento de un mercado interno que permita el tránsito libre y sin fronteras del gas y la electricidad en la Unión Europea», subrayó el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea. Ese órgano reconoció «progresos significativos en algunas partes de la Unión Europea» pero destacó que «aún no se ha alcanzado un mercado interno energético» porque «los cuellos de botella persisten debido a la inexistencia o la infrautilización de infraestructuras de electricidad y gas«.

«Por ejemplo, las interconexiones de electricidad y, en su caso, las líneas internas todavía tienen que mejorar en el suroeste de Europa, como España y Francia, y en países europeos del norte y el este como Alemania, Polonia y la República Checa», indicaron. En cuanto a las energías renovables, añaden, se detecta una «falta de rendimiento y obstáculos a la inversión», mientras que en la energía nuclear los auditores han hallado un «incremento de los costes y retrasos» y señalan también que no se está produciendo una transición «suficiente» hacia un transporte bajo en emisiones.

Los auditores señalan en su informe que, si bien el Acuerdo de París busca limitar el alza de las temperaturas a final de siglo en menos de 2ºC respecto a los valores preindustriales, se trata de una proyección global, de manera que afectaría de diferente forma a distintos territorios del mundo. Incluso alcanzando esa meta, las temperaturas podría subir «entre 3°C y 4°C en la mayor parte de España«, agrega el Tribunal de Cuentas con datos del Centro Común de Investigación de la Unión Europea.

Por último, el Tribunal de Cuentas europeo ha consultado 269 informes de auditorías. Algunas conclusiones de estos estudios son la falta de efectividad y obstáculos de las inversiones, mientras que ha lamentado el hecho de que la transición a un transporte bajo en carbón no se ha desarrollado lo suficiente y que en el área de la adaptación se han centrado principalmente en las inundaciones.

Galán (Iberdrola) pide en la ONU que todos los sectores luchen contra el cambio climático para lograr una economía descarbonizada

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EFE / Servimedia.- El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha destacado el papel clave del sector eléctrico para lograr una economía baja en carbono, a pesar de que solo representa el 25% de las emisiones mundiales. En este sentido, Galán subrayó ante la ONU las oportunidades de empleo y bienestar que genera una economía baja en carbono, y subrayó la necesidad de que todos los sectores económicos trabajen juntos para frenar el cambio climático, según indicó Iberdrola.

Galán participó en una reunión de alto nivel auspiciada por la Secretaría General de la ONU en el marco de la apertura de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York (Estados Unidos) y de la Semana del Clima que se celebra en la ciudad. Según Galán, «la electricidad proporciona una gran oportunidad para lograr una descarbonización rápida y efectiva para reducir las emisiones contaminantes, llevando a una electrificación de la economía que podrá generar bienestar y empleo».

En el foro Financiando la agenda 2030: desbloqueando la prosperidad y en presencia del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, Galán ha explicado que la lucha contra el cambio climático «es una responsabilidad compartida que debe involucrar a todos los sectores de la economía». «Entre todos podemos hacer una contribución significativa aprovechando las oportunidades de una economía limpia y desarrollando marcos regulatorios que atraigan la inversión y creen valor para todos», añadió. Iberdrola está participando en la Semana del Clima de Nueva York (Estados Unidos). La empresa ha suscrito un acuerdo con Sustainable Energy for All, una plataforma dependiente de Naciones Unidas, para trabajar juntos con el objetivo de asegurar el acceso universal a una energía asequible y segura.

Iberdrola se adhiere a Bewego

Por otro lado, Iberdrola, en el marco de la Semana Europea de la Movilidad, se ha adherido a la iniciativa Bewego, la primera plataforma de movilidad colaborativa en España, que permite a empleados de la misma organización y de organizaciones distintas, pero próximas entre sí, compartir coche. De este modo, la compañía ofrece a su equipo una nueva alternativa para acudir a su centro de trabajo reduciendo su huella de carbono. La incorporación a Bewego se suma al Plan de Movilidad Sostenible de Iberdrola, que hasta ahora contaba con 23 acciones. Este Plan tiene un carácter integral e involucra a empleados, empresa, clientes y proveedores.

Entre las acciones puestas en marcha por Iberdrola, destaca el programa Vehículo eléctrico para empleados, cuya implantación se ha realizado ya en España y Reino Unido, si bien se prevé ampliar al resto de países donde está presente. Con esta acción, Iberdrola promueve la utilización del vehículo eléctrico entre su equipo profesional, para lo que ha articulado 3 tipos de ayudas: 4.000 euros para la compra de un vehículo 100% eléctrico, ayudas a fondo perdido de hasta 750 euros para la instalación de puntos de recarga y de hasta 6.000 euros para aquellos empleados que accedan al patrocinio de la marca Iberdrola en sus vehículos durante 3 años, sumando ayudas de hasta 250 euros por la compra de bicicletas eléctricas.

Estas ayudas son compatibles con el Plan Movea del Gobierno, por lo que los empleados de Iberdrola pueden acceder a un vehículo eléctrico a un precio realmente competitivo. A estas acciones se suman otras 22, entre las que destaca también el servicio de car sharing eléctrico impulsado por Iberdrola. Mediante esta medida, los empleados de la compañía disponen de vehículos respetuosos con el medio ambiente para realizar gestiones comerciales en Madrid, Bilbao, Valencia y Barcelona.

Endesa advierte de que España necesitaría 11.000 MW más en 2025 si se prescinde de la nuclear y del carbón

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Europa Press.- Endesa calcula que España necesitaría incorporar aproximadamente 11.000 MW de nueva potencia firme a partir de 2025 si se prescinde de manera prematura de las centrales de carbón nacional e importado y de las nucleares. Así lo indica en la respuesta a la consulta pública previa del proyecto de decreto por el que se regula el procedimiento de cierre de las instalaciones de generación eléctrica.

La compañía eléctrica explica que en 8 años las únicas tecnologías disponibles para proporcionar firmeza a un coste razonable serían nuevas turbinas de gas o nuevos ciclos combinados, «lo que incrementaría notablemente los precios de la electricidad». Por el contrario, el mantenimiento temporal del carbón y de la nuclear permitiría retrasar la necesidad de nueva potencia firme en, al menos, una década, dando así tiempo suficiente para que maduren nuevas tecnologías, actualmente incipientes, con emisiones nulas y a coste competitivo como, por ejemplo, las baterías.

Para la compañía que preside Borja Prado, es «crítico» determinar cuáles serán las necesidades de potencia del sistema eléctrico en distintos horizontes temporales. En la actualidad, considera que hay un cierto exceso de capacidad. No obstante, cree que es una situación transitoria que desaparecerá en un futuro más o menos cercano en función de las decisiones que se puedan tomar sobre el cierre de las centrales de carbón y nucleares.

A juicio de Endesa, la solución ambiental y económicamente más eficiente para la transición energética en España es mantener en operación la capacidad térmica y nuclear actual «hasta que deje de ser necesaria». En todo caso, precisa, mantener esta capacidad no significa continuar utilizándola del mismo modo: la producción de energía de estas plantas seguirá disminuyendo, debido a la creciente penetración de renovables, al igual que lo harán sus emisiones.

En su respuesta, Endesa indica que las herramientas para conseguir una correcta transición serían una planificación adecuada y unos mecanismos regulatorios que garanticen la disponibilidad de las instalaciones que son indispensables para el suministro energético y la reducción de emisiones al mínimo coste. Así, propone, en primer lugar, un plan de transición hacia un sistema energético libre de emisiones de CO2 en 2050 al mínimo coste posible, incluyendo mecanismos que permitan la electrificación de buena parte de la demanda doméstica, industrial, de servicios y del transporte; y garantizando que el cierre de las centrales emisoras existentes se lleve a cabo mediante la sustitución de estas instalaciones por renovables, como medida de eficiencia económica del sistema.

En segundo lugar, aboga por la revisión de la «elevada fiscalidad específica» que afecta a la generación eléctrica y que da lugar a que todas las tecnologías de generación estén afrontando «importantes dificultades económicas». Por último, aboga por el establecimiento de un mecanismo de pago por capacidad firme que sea conforme con los criterios recogidos por la Comisión Europea, basado en las necesidades del sistema, tecnológicamente neutro y cuyo precio esté fijado por criterios competitivos.

Bruselas pide permitir los incrementos

Ante la pregunta de la consulta de si considera oportuno mantener operativa una central por motivos de seguridad del suministro, cambio climático e impacto en el precio, Endesa argumenta que la necesidad de mantener operativa una central cuyo titular ha solicitado su cierre es, por lo general, el síntoma de un fallo de mercado, pues significa que el mercado no está permitiendo recuperar los costes de una central que es necesaria. Para evitar estas situaciones, la Comisión Europea recomienda permitir precios de escasez y eliminar distorsiones que afecten a las señales de precios. Si el fallo persiste, se puede proceder a la introducción de mecanismos de remuneración de la capacidad basados en criterios de mercado.

«En todo caso, si se deniega el cierre de una central, se está imponiendo a su titular una obligación de servicio público por la que debe ser lógicamente compensado, según la legislación y la jurisprudencia comunitarias», subraya. Así, recuerda que la Comisión Europea es contraria a la denegación del cierre si la razón es evitar un incremento del precio de mercado. Según Endesa, justificar el mantenimiento en explotación de una central, cuyo titular ha solicitado su cierre, para evitar un incremento en el precio de mercado, «supone una intervención que distorsiona el proceso de formación de la señal de precio».

Los mecanismos de remuneración de capacidad, que la Comisión Europea contempla como solución a problemas de seguridad de suministro, no son, en opinión de Endesa, «nada más que el pago firme, seguro, de las cantidades aleatorias, inciertas y volátiles que, de no existir esos mecanismos de pago, se recibirían como precios de escasez, así que estos mecanismos tienen el efecto positivo de reducir la volatilidad de los precios y los episodios de precios muy elevados».

Sobre qué procedimiento debería seguirse en el supuesto que el titular solicite el cierre de una central que es necesaria para el sistema, Endesa señala que si se pretende evitar el cierre de la central porque incide en la seguridad del sistema eléctrico o por motivos de cambio climático, «debe establecerse un mecanismo de compensación al titular que debe ser aprobado por la Comisión Europea con anterioridad a su implementación«.

La eléctrica estima que la introducción de un mecanismo de capacidad compatible con la normativa europea permitiría estructurar un proceso ordenado de previsión de las necesidades de capacidad y la modulación de los cierres, y explica que si el problema es de carácter transitorio, la Comisión Europea contempla el establecimiento de una reserva estratégica compuesta por capacidad de generación que ha de mantenerse fuera del mercado para preservar la señal de precios, pero a disposición del operador del sistema para operar en situaciones de escasez.

Calidad Pascual probará en la isla de Mallorca la posibilidad de electrificar su flota comercial de la mano de Endesa

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EFE.- Mallorca ha sido el lugar elegido para un proyecto piloto demostrativo de movilidad eléctrica de la empresa Calidad Pascual, que prevé electrificar toda su flota comercial en España. El anuncio lo realizó el coordinador de Movilidad Sostenible de la empresa, José Carlos Espeso, en el II Congreso de Movilidad y Turismo Sostenible, según indicó Endesa, que hará posible el plan piloto. El plan empezará a partir del 16 de octubre.

Endesa tiene desplegada en Mallorca una red de 6 puntos de carga rápida situados estratégicamente a lo largo de la isla que permite recorrerla toda en coche eléctrico 100%, sin temor a quedarse sin batería. Endesa además instalará en la delegación comercial de Calidad Pascual en Mallorca puntos de carga semirápida. «Con este piloto se quiere testear si la movilidad eléctrica a día de hoy es una opción real que garantice la movilidad comercial a las compañías», apuntó Espeso, que ha añadido que la empresa busca hacer «un demostrativo que sirva como punto de inflexión» en España a la hora de la toma de decisiones por parte de las compañías.

Ciudadanos reclama más participación social en la Ley de Cambio Climático y apostar por una fiscalidad verde

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EFE.- Una de las grandes tareas parlamentarias de este curso es la elaboración de una Ley de Cambio Climático y Transición Energética, para la que Ciudadanos reclama un «mayor debate social y participación» en tanto que implicará un «cambio total de mentalidad» en las personas. Así lo cree José Luis Martínez, diputado de Ciudadanos y portavoz del grupo en la Comisión de Cambio Climático.

«La futura Ley de Cambio Climático, que permitirá dar cumplimiento por parte de España a los compromisos adquiridos mediante el Acuerdo de París, va a implicar cambios tremendos en la manera de producir y consumir, por eso es vital que cuente con un gran apoyo social«, explica el diputado. Para Martínez, esa implicación de la sociedad española debe ir «mucho más allá» que las jornadas de dos días que organizó el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente el pasado mayo.

«Queremos que la ley que regule la transición hacia un nuevo modelo de desarrollo bajo en carbono sea ambiciosa. Para que esto sea así su elaboración debe ser más participativa y abierta, la gente tiene que estar implicada desde la base porque requiere un profundo cambio de mentalidad», añade. La transición que promoverá la nueva regulación supondrá, según Martínez, «una oportunidad de crear trabajos y de atraer inversiones» hacia esta nueva economía, en la que «la prosperidad estará disociada de la emisión de gases contaminantes«.

Martínez reconoce que uno de los primeros pasos del cambio hacia un nuevo modelo de desarrollo será «abandonar el uso del carbón en España de manera progresiva, contemplando planes económicos alternativos para las comarcas afectadas». Además, la ley debe «apostar fuertemente por un modelo energético basado en las energías renovables, por la eficiencia energética, por la promoción del coche eléctrico y por una fiscalidad verde, en la que el principio de que quien contamina paga se lleve a rajatabla». «Esa nueva fiscalidad es imprescindible», recalca.

Martínez incide también en que la ley debe de hacer que la contratación pública siga las pautas del nuevo modelo de desarrollo bajo en carbono. «La contratación pública en España representa alrededor de 20% del PIB, por tanto aquí hay un margen de maniobra tremendo para cambiar el rumbo de las cosas», señala. Martínez cita como ejemplos de cosas que pueden hacerse desde la contratación de las administraciones, la mejora de la eficiencia energética en los edificios públicos, el uso de coches eléctricos para los desplazamientos, o la autogeneración renovable.

El diputado insiste en que es «necesario y urgente» que el Congreso elabore una ley de Cambio Climático «transversal» que afecte a todos los sectores (agricultura, transporte, energía, residuos) porque «España es uno de los países más afectados por este fenómeno». «Somos la generación que tiene que poner en marcha este cambio de modelo bajo en carbono. España tiene que ser líder, con una Ley de Cambio Climático modélica que sirva de inspiración a otros países de Iberoamérica», concluye Martínez.

Los ciudadanos del País Vasco son menos partidarios de la transición energética que el resto de españoles, según Greenpeace

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EFE.- La cuarta parte de los vascos, según una encuesta de Greenpeace realizada entre internautas, quiere una «transición energética» que vaya hacia un modelo eléctrico totalmente renovable y eficiente. Greenpeace presentó a políticos vascos en Bilbao, donde está amarrado su barco Esperanza, el estudio Energía colaborativa: el poder de la ciudadanía de crear, compartir y gestionar renovables.

El estudio recoge que el 25,8% de los vascos querría consumir solo electricidad renovable, una cifra inferior a la media española, como en todos los apartados del estudio. Además, el 8,6% de la población (el 13% en España) estudia instalar equipos de autoconsumo eléctrico y un 20% estaría dispuesto a hacerlo si se lo facilita alguna asociación. Eso sí, los vascos, según Greenpeace, también se muestran en contra de las «puertas giratorias» para los políticos.

Las principales compañías piden consenso en la Ley de Transición Energética y que se actúe más allá del sector eléctrico

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Redacción / Agencias.- Algunas de las empresas del sector energético español coincidieron en destacar la necesidad de alcanzar un consenso en la elaboración de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética en la que trabaja el Ministerio de Energía, agradecieron la seguridad jurídica que la norma tendrá al tener rango de ley y reclamaron que el foco recaiga también en la edificación y el transporte y no solo en el sector eléctrico.

Altos cargos de varias empresas energéticas españolas analizaron los aspectos más relevantes del sector energético español ante la nueva legislación. Participaron en el acto el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia; los presidentes de Red Eléctrica de España, José Folgado; Enagás, Antonio Llardén; los consejeros delegados de Acciona, Rafael Mateo; Endesa, José Damián Bogas; Repsol, Josu Jon Imaz; X-Elio, Jorge Barredo; y el director corporativo de Iberdrola, Fernando Bécker.

Todos coincidieron en la importancia de que la nueva norma en la que se trabaja tenga rango de ley como señal de su importancia para alcanzar un mayor desarrollo sostenible y lograr los objetivos de reducción de emisiones, así como ofrecer mayor seguridad jurídica a las empresas para afrontar la transición energética y las inversiones necesarias para ello. También destacaron la importancia de la ley para fomentar el desarrollo tecnológico y lograr el objetivo de desarrollo sostenible de forma competitiva.

El consejero delegado de Acciona Energía, Rafael Mateo, aseveró que la Ley de Cambio Climático y Transición Energética tiene que ser «ordenada, con seguridad para los inversores”, y con «una planificación seria» que evite los «despropósitos» del pasado.  En este sentido añadió que «no es serio» plantearse el cierre de 8.000 MW de nucleares y abrir 8.000 MW de subastas renovables, refiriéndose a la decisión del Gobierno de cerrar la central nuclear de Garoña y las reciente subastas de renovables.

Asimismo, Mateo subrayó el papel de las energías renovables como «las más baratas» que existen y ha señalado la importancia de desarrollar el proceso de descarbonizar la generación para posteriormente electrificar la economía. «Hacerlo de otra manera es ineficiente. En Polonia venden coches eléctricos de carbón», concluyó. Mateo también ha criticado «los cambios en la retribución y la falta de planificación» como algunos problemas a los que se enfrenta el mercado energético en España, “con nefastas consecuencias para los inversores”.

Respecto a las interconexiones energéticas, ha dicho que es favorable siempre que haya una simetría fiscal y tributaria que evite que compañías de unos países tengan ventajas sobre las de otros y que contribuyan a reducir los costes domésticos por pagos de capacidad (los que se hacen para mantener abiertas centrales que actúen de respaldo en momentos de baja generación). Por ello subrayó la necesidad de reforzar las interconexiones, «pero las justas y necesarias» para abrirse a los mercados internacionales.

En el ámbito de las interconexiones incidieron otros ponentes como Llardén, quien se ha mostrado totalmente a favor de que se incrementen las interconexiones, pues sin ellas «todo este bello edificio cojea», en alusión a los objetivos europeos de incremento de renovables. También mencionó la necesidad de crear una interconexión entre la Península Ibérica y el norte de África. Además Llardén puso énfasis en valorar los costes de manera permanente para que la ley de transición energética sea adecuada y consideró que el trabajo en esta norma debe realizarse siguiendo el interés general y no una suma de intereses subsectoriales.

Llardén destacó el rol del gas natural en el proceso de transición energética y en la descarbonización de España al ocupar el hueco térmico que irá abandonando el carbón, reduciendo de manera «brutal» las emisiones. También ha reseñado el papel de este combustible en los vehículos alternativos, tanto el coche como el tren. «Enagás está colaborando con Adif y Renfe para utilizar el Gas Natural Licuado (GNL) como combustible del ferrocarril», ha apuntado el directivo de la empresa participada en un 5% por el Estado.

Por su parte, Bogas habló de la necesidad de que la transición energética no solo se centre en el sector eléctrico sino también en otros «sectores difusos», como la construcción y el transporte, para alcanzar el objetivo de descarbonización de la economía al 100% para 2050. «Habrá que dejar de usar el carbón, quedan los ciclos combinados, pero también habrá que dejarlos en 40 años. Tenemos que sustituir una energía con emisiones de CO2 por otra sin emisiones, ese es el objetivo final», ha agregado.

En este sentido Bogas, ha defendido una transición ordenada «para cumplir con las garantías de suministro», pues aunque el incremento de la demanda que haya a partir de ahora se hará con renovables, en la transición esas energías tendrán que ser respaldadas. Por eso, ha dicho que en el periodo de transición a la economía descarbonizada habrá que buscar mecanismos que hagan viables centrales de respaldo que generan electricidad a partir de combustibles fósiles y que funcionarán sólo entre 1.500 y 2.000 horas al año.

En esta línea, Bogas mencionó la necesidad de impulsar los vehículos eléctricos y la infraestructura de recarga eléctrica de los mismos, así como la introducción de medidas de gestión de la demanda. Bogas se refirió además a la necesidad de mantener la energía nuclear durante la transición energética por su contribución para mantener más bajo el precio de la luz.

El director corporativo de Iberdrola, Fernando Bécker, también destacó la importancia de sectores como la industria y la agricultura, además de la construcción y el transporte, para lograr la descabonización. Asimismo, hizo hincapié en que el proceso de transición debe hacerse con garantías y respaldo para hacer los procesos rentables y que haya inversiones. Confió en que el grupo de expertos que va a trabajar en la elaboración de la ley logrará un amplio consenso.

En este sentido Bécker destacó la complejidad de elaborar esta ley, ya que la energía unida al cambio climático «es difícil de compatibilizar», y ha señalado que la climatología española «es complicada, con la sequía actual, la falta de viento o la descompensación norte-sur». A esto se une, entre otros problemas, la fiscalidad en España, que, a su juicio, es «muy elevada» y está provocando un futuro «totalmente inviable» a tecnologías como la energía nuclear. También demanda Bécker que se le dé un tratamiento conjunto a la fiscalidad en todos los niveles de la Administración (central, autonómica y local), además de eliminar todo lo que distorsiona el mecanismo de precios.

Josu Jon Imaz coincidió en señalar que la descarbonización es «absolutamente necesaria» y afirmó que «en España lo estamos haciendo bien», aunque incidió en la importancia de realizar la transición de forma eficiente y optimizando costes. Entre otras medidas, el consejero delegado de Repsol propuso que las inversiones para transformar los edificios públicos para lograr mayor eficiencia energética no computasen en el déficit público. Pidió también mayores incentivos a los vehículos de consumo más eficiente.

Imaz también resaltó la contribución del gas natural para reducir las emisiones y puso como ejemplo a Estados Unidos, pese a no firmar el Protocolo de Kioto, como uno de los países occidentales que más reducen sus emisiones gracias precisamente a sustituir el carbón al gas natural en la generación de electricidad. Imaz también pidió mayor inversión en la investigación, resaltando el papel de la industria en la transición energética y la importancia de esperar al momento adecuado para invertir en ciertas tecnologías. «Hay que esperar el desarrollo de tecnologías para que sus costes se reduzcan, no cometamos los mismos errores con nuevas energías ni tampoco con el almacenamiento«, añadió.

Por su parte, Jorge Barredo, quien también es presidente de la patronal fotovoltaica UNEF, afirmó que la transición energética es algo que «va a ocurrir sí o sí porque la sociedad lo va a demandar» y señaló que querer seguir viviendo como vivimos en España y Europa «es una visión cortoplacista» y que también se tiene que dar un cambio en nuestras formas de vida.

En este sentido Barredo señaló que «el cambio social es el que va a arrastrar el cambio económico» y destacó la necesidad de hacer una ley de autoconsumo. «El autoconsumo es una posibilidad que se está abriendo paso en toda Europa y que en España no lo está haciendo porque se está protegiendo todo lo que no es autoconsumo», criticó, para mencionar también las «trabas» administrativas que frenan el autoconsumo.

El Gobierno autonómico de Cataluña lanza un programa para promover el autoconsumo de electricidad con baterías de iones de litio

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Redacción / Europa Press.- La Generalitat, a través del Instituto Catalán de Energía (Icaen), ha lanzado un programa de impulso de políticas públicas para promover el mercado del autoconsumo de electricidad con baterías de iones de litio. En este sentido, la directora del Icaen, Assumpta Farran, ha explicado que en septiembre ya se podrán solicitar estas ayudas, dotadas de 360.000 euros, que cubrirán hasta el 70% del precio de las baterías con un máximo de 5.000 euros por instalación.

«Calculamos que podremos ayudar a la adquisición de unas 75 baterías este año», ha asegurado Farran, y ha añadido que con estas ayudas se hace una apuesta firme en Cataluña por las energías renovables con la que se espera incrementar el número de instalaciones fotovoltaicas. La directora del Icaen ha recordado que están trabajando por el Pacto por la Transición Energética, que pretende que la energía que se consuma en Cataluña en 2050 sea 100% renovable, y ha criticado al Gobierno central por no aprovechar los recursos energéticos con los que cuenta la Península Ibérica.

Baterías para guardar la energía

También ha mostrado la importancia de avanzar en cómo guardar energía que se produce de manera renovable y que no se aprovecha, y ha aseverado que «quien controle el almacenaje, controlará la energía». Para contribuir a este nuevo modelo energético que propone Cataluña, la española Innover y la alemana Solarwatt se han unido para ofrecer una propuesta de autoconsumo y de almacenaje y han creado un modelo de batería de iones de litio. El director de Solarwatt España y el director general de Innover han insistido en la necesidad de promover instalaciones eléctricas que aprovechen mejor la energía y sirvan para combatir el cambio climático.

Francia tiene previsto aprobar este año la prohibición de producir en 2040 petróleo y gas natural en todo su territorio

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Europa Press / EFE.- El Gobierno de Francia tiene previsto aprobar, antes de que concluya 2017, una ley para prohibir tanto las prospecciones como la producción de petróleo y gas natural en sus territorios continental y de ultramar en 2040, según un proyecto de ley presentado por el ministro de la Transición Energética y de Ecología de Francia, Nicolas Hulot, para acabar con la explotación de hidrocarburos en territorio galo antes de 2040, a fin de cumplir los objetivos climáticos del Acuerdo de París.

«Francia asume el papel de líder en la lucha contra el cambio climático e incentiva a los otros países a tomar iniciativas parecidas, en la línea del acuerdo de París de 2015», aseveró Hulot, al término del Consejo de Ministros del Gobierno que lidera Emmanuel Macron. La ley, que debe ratificarla el Parlamento, pretende terminar con la explotación de hidrocarburos convencionales y también de los no convencionales, como el gas de lutita, por el impacto negativo en el medio ambiente.

Según el Ejecutivo francés, se trataría de la primera vez que un país toma una decisión de este calado, aunque más bien es una iniciativa simbólica, ya que la producción gala de gas y petróleo (0,8 millones de toneladas de petróleo en 2015) supone apenas el 1% del consumo nacional ya que el resto (99%) es importado. Esta prohibición forma parte de un plan para eliminar la dependencia de la economía francesa de los combustibles fósiles, así como fomentar el desarrollo de las energías renovables y cumplir con los compromisos firmados en los Acuerdos de París contra el cambio climático.

Según el proyecto, Francia ya no expedirá más permisos de exploración ni la extensión de las concesiones actualmente en vigor, de forma que se irán limitando de forma gradual hasta ser retiradas por completo en 2040. El Gobierno recordó que actualmente hay 63 concesiones de hidrocarburos en Francia que cubren una superficie de 4.000 kilómetros cuadrados. Con la puesta en marcha de esta ley, el Ejecutivo aseguró que podrá declinar más de 40 demandas de permisos, aunque aclaró que mantendrá las que ya fueron autorizadas.

Según el Ministerio que dirige Hulot, frenar la explotación y producción de hidrocarburos en Francia tendrá «un impacto limitado» en las empresas del sector por tener un perfil exportador y porque tendrán unos 25 años para adaptarse a la disminución de actividad. Esta ley podría afectar a compañías como la petrolera Total que, aunque suspendió la exploración en territorio continental, aún tiene permisos para continuar con las prospecciones en territorios de ultramar como la Guayana Francesa. Total rechazó realizar cualquier tipo de declaraciones al respecto.