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La patronal eléctrica Unesa aprueba un plan de renovación y releva al presidente Eduardo Montes por la jurista Marina Serrano

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EFE / Servimedia.- La junta directiva de la Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa) ha acordado por unanimidad la puesta en marcha de un plan de renovación integral de la patronal eléctrica, que se centrará a partir de ahora en temas regulatorios. Para ello ha nombrado nueva presidenta a Marina Serrano, especialista en regulación y que asumirá el cargo de forma inmediata tras suceder a Eduardo Montes, que deja la presidencia de Unesa después de 7 años.

El objetivo del plan de renovación es, según la asociación, «reforzar su papel ante las prioridades y necesidades actuales del sector eléctrico». Unesa centrará sus actuaciones de forma prioritaria en temas de carácter regulatorio y en aspectos relacionados con la distribución eléctrica. Además, intensificará su compromiso con la transición energética y con la implantación de un sistema energético más limpio y eficiente. Unesa potenciará su relación con otros agentes y las posibilidades de abrirse a nuevos miembros con un papel relevante en el contexto eléctrico, lo que impulsará su función como plataforma de debate entre los principales agentes del sector.

Nueva etapa con transición energética

Según Unesa, la patronal emprende ahora una nueva etapa marcada por la transición energética hacia un modelo libre de emisiones, la creciente competencia en el mercado eléctrico y la necesidad de redefinir sus actuaciones. Estos factores han llevado a la junta directiva a aprobar el relevo de Eduardo Montes, que recibió el agradecimiento de todas las compañías «por el trabajo realizado y los resultados obtenidos». Montes tuvo que afrontar, entre otras cuestiones, la defensa de los intereses del sector eléctrico durante la importante reforma regulatoria aprobada, el desarrollo de un amplio número de iniciativas legales relativas a otros cambios regulatorios posteriores y, en el ámbito interno, una profunda reestructuración de la propia asociación a fin de asegurar su viabilidad económica.

Por su parte, Marina Serrano es licenciada en Derecho y Premio Extraordinario fin de Carrera por la Universidad de Zaragoza, licenciada en Filosofía y Letras, y diplomada por el Centro de Estudios Constitucionales. En 1982 ingresó en el cuerpo de Abogados del Estado y en 2014 se incorporó al despacho de abogados Pérez-Llorca. Además, es consejera de Abertis Infraestructuras. Especializada en Derecho de la Energía, ha dedicado gran parte de su carrera al sector energético, en el que ha desempeñado cargos de gran relevancia, como consejera y secretaria tanto del Consejo de la Comisión Nacional de la Energía, como de la anterior Comisión del Sistema Eléctrico Nacional. Además, ha sido secretaria del consejo de administración de Red Eléctrica de España.

Serrano ha asegurado que es «un gran honor» asumir la presidencia de Unesa en un momento en el que el sector energético debe afrontar «retos muy importantes». «Estoy convencida de la necesidad de impulsar y propiciar un entorno que favorezca una clara mejora de nuestra eficiencia energética y que contribuya positivamente a la mayor competitividad de las empresas españolas», subrayó.

Científicos de la Universidad de Santiago de Chile (Usach) valoran la importancia de la transición energética contra el cambio climático

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EFE.- Científicos del Grupo de Investigación Antártico de la Universidad de Santiago de Chile (Usach) destacaron la importancia de realizar una transición energética hacia las renovables para combatir el cambio climático. En este sentido, los investigadores abordaron las causas, consecuencias, proyecciones y mitigación de un problema que, a juicio del académico Raúl Cordero, se debe especialmente a las grandes cantidades de dióxido de carbono que han cambiado significativamente la composición atmosférica.

«Tenemos en la atmósfera planetaria un 40% más de dióxido de carbono del que existía antes de que comenzáramos a quemar a escala industrial combustibles fósiles, es decir, alteramos enormemente la composición atmosférica», señaló. La forma de «salvar al planeta» es evitar que siga en aumento el proceso por el que la Tierra no devuelve al espacio la misma cantidad de energía que recibe del Sol, por lo que hay que enfocar los trabajos en el dióxido de carbono, apuntó.

«El dióxido de carbono es el que básicamente provoca más del 65% del desequilibrio radiactivo en el planeta y, además, es el que más rápidamente lo está haciendo», aseguró. Por este motivo, el investigador de la Usach aseveró que la forma de encarar este problema es reducir la huella de carbono. «Eso significa consumir menos combustibles fósiles y que Chile acelere su transición energética», recalcó.

Para este investigador, «no hay manera» de mitigar el cambio climático si no hay una transición energética «extraordinariamente urgente» mediante las renovables. «Son dos temas absolutamente ligados. La transición energética depende de la voluntad política, porque, si de precio se trata, las energías renovables son absolutamente competitivas sin ningún tipo de subsidio». «Si no hay transición energética, no hay manera de salvar el planeta», insistió.

España tendrá anteproyecto de ley de cambio climático a comienzos de 2018

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EFE.- El Gobierno tendrá listo el anteproyecto de ley de cambio climático y transición energética, en el que participan «prácticamente todos los ministerios» con el fin cumplir con el Acuerdo de París, en el primer trimestre de 2018, tras cerrarse ayer el plazo de recepción de propuestas para la norma.

Así lo ha anunciado hoy la portavoz de cambio climático del PP en el Congreso, Belén Bajo, durante su intervención en la jornada «Sobrevivir al Cambio Climático» organizada por Sociedad Civil para el Debate.

La mayoría de portavoces parlamentarios de cambio climático del resto de grupos políticos allí presentes han incidido, sin embargo, en que España «llega tarde» con esta ley para hacer frente a un problema «que requiere urgencia».

El director de la Fundación Ecodes, Víctor Viñueales, ha recordado, de hecho, que «hasta un parlamento catalán dividido fue capaz de aprobar por consenso una Ley de Cambio Climático».

El portavoz parlamentario de cambio climático del PSOE, Ricardo García Mira, ha incidido en que si el Gobierno «estuviera comprometido con el cambio climático» no reduciría la partida dedicada a esta materia en un 47 % en los presupuestos de 2017, y «no mantendría a España en la cola de los países que apuesten por la fiscalidad verde».

Juan López de Uralde, portavoz de Equo-Podemos en esta materia, ha pedido a los ciudadanos preocupados por el cambio climático que «contribuyan a recuperar la política como herramienta para cambiar la realidad».

José Luis Martínez, diputado de Ciudadanos, ha subrayado, por su parte, que la futura ley de cambio climático «tiene que suponer una auténtica revolución para el país».

Por su parte, Álvaro Rodríguez, director de The Climate Reality Project España, ha reprochado a los representantes políticos que sus partidos «no estén lo suficientemente preocupados ni den al cambio climático la prioridad en la agenda que se merece».

Isabell Büschel, experta de la organización Transporte y Medio Ambiente, ha reclamado que la futura ley «sea transparente, y deje claro qué va a hacer España para descarbonizar su transporte -principal fuente de emisiones-«.

Finalmente, Carlos Sallé, director de Política Energética y Cambio Climático de Iberdrola ha subrayado que luchar contra el cambio climático «es una tarea titánica pero, al mismo tiempo, presenta grandes oportunidades sociales y económicas».

La patronal renovable APPA pide en la Ley de Transición Energética una fiscalidad que penalice a las tecnologías más contaminantes

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Europa Press / EFE.– Mientras el Grupo Español para el Crecimiento Verde propone un decálogo para la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética, la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) considera necesario que la futura legislación introduzca una fiscalidad que penalice las tecnologías más contaminantes y beneficie a la generación renovable. La patronal considera que, hasta el momento, la fiscalidad energética recae en mayor parte sobre las tecnologías renovables «con una finalidad recaudatoria y no dirigida a favorecer la transición energética».

Esta petición está recogida en la contribución que presentó APPA a la consulta pública de la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética. «Las externalidades de las energías han de ser tenidas en cuenta, hasta ahora no se han dado señales de precio ni fiscales que reflejen cuál es el impacto real de las tecnologías contaminantes más perjudiciales para el medioambiente», indicó el director general de APPA Renovables, José María González Moya, quien subrayó que «si se hubiera establecido una fiscalidad que recogiese el principio de que quien contamina, paga, el desarrollo de las renovables habría sido una consecuencia directa de los propios mercados».

Por otra parte, APPA considera que la normativa debe establecer un marco regulatorio «estable y predecible» que permita acometer la transición energética y pide que se contemple un escenario de protección para las inversiones en renovables «para que no se repitan errores del pasado y los cambios legislativos retroactivos». En este sentido, la entidad considera que «se deben abordar los sectores difusos», estableciendo metas vinculantes, ambiciosas y alcanzables en climatización y transporte, «para que no se vuelquen todos los objetivos en el sector eléctrico», pues consideran que los esfuerzos deben ser distribuidos «de forma proporcional» entre los diferentes sectores económicos «para no perjudicar a ninguno«.

Por ello, APPA ha solicitado una planificación energética vinculante que contemple la entrada de nueva generación renovable y un calendario de cierre de centrales que sea compatible con los objetivos de reducción de emisiones. La asociación también ha resaltado la necesidad de que la futura ley produzca una armonización territorial y de las administraciones públicas «que evite la doble imposición y que existan diferentes situaciones según las distintas comunidades autónomas». La consulta previa de la Ley tiene el objetivo de que la preparación de esta norma recoja el mayor número de propuestas de los diferentes sectores de la sociedad para la elaboración de la legislación.

Un decálogo para la Ley

La descarbonización de la economía española en el horizonte de 2050 o la mejora de la eficiencia de los sistemas de transporte son algunas de las propuestas que el Grupo Español para el Crecimiento Verde (GECV) ha presentado en su decálogo para la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Así, las empresas que componen la entidad han reclamado la creación de un órgano de la Administración que se encargue de coordinar todo el proceso de elaboración de esta Ley.

Además, el GECV ha solicitado un reequilibrio del marco fiscal basado en el principio de quien contamina, paga, que promueva la acción climática de forma eficiente al mínimo coste y que contribuya, a través de la recaudación, a financiar el cumplimiento de los objetivos propuestos. En este sentido, el grupo ha solicitado que se aplique «un gravamen relacionado directamente con el nivel de emisiones de dióxido de carbono», para así asegurar «un reparto equilibrado del esfuerzo en materia de mitigación de manera viable y proporcionada».

De igual forma, considera indispensable la mejora de la eficiencia de los sistemas de transporte, el fomento del uso de vehículos menos contaminantes con un aumento de la electrificación del los vehículos, con energía de origen renovable y un mayor uso de combustibles alternativos de bajas emisiones. Asimismo, «la Ley deberá incorporar la creciente concienciación de los mercados financieros internacionales sobre riesgos asociados al cambio climático por su impacto sobre los estados financieros» y por la necesidad de «mayor transparencia y dinamismo» en este ámbito.

En sus propuestas el GECV también ha subrayado que la transición energética requiere de «un marco estable y predecible» para la inversión privada, «necesario para incentivar el esfuerzo inversor para el proceso de descarbonización«. Por ello la entidad se presenta como interlocutor de referencia del sector empresarial con las administraciones públicas, así como con las asociaciones empresariales y profesionales, ya que «las oportunidades económicas y de inversión deben pasar por la participación de los agentes implicados, para generar alianzas público-privadas».

España aboga por hacer de la transición energética una oportunidad económica

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EFE.– El secretario de Estado de Energía de España, Daniel Navia, abogó en Lisboa por convertir el reto de la transición energética en «una oportunidad» para las economías, también en el corto plazo. «Tenemos que conseguir que la transición energética sea una oportunidad para nuestras economías desde ya», destacó Navia.

El secretario de Estado consideró que esta transición puede beneficiar al desarrollo de la tecnología y la eficiencia energética, y además elogió las buenas relaciones entre España y Portugal dentro del ámbito energético. Navia identificó como principales áreas de colaboración bilateral el desarrollo de las interconexiones, que definió como «una prioridad estratégica para ambos países», y la apuesta por las renovables. En opinión del secretario de Estado, la «pregunta clave» para el mercado ibérico es «cómo puede contribuir a los objetivos del Acuerdo de París y a la transición energética».

El presidente de Puertos del Estado prevé una reducción de las tripulaciones por el cambio a un modelo energético descarbonizado

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Servimedia.- El presidente de Puertos del Estado, José Llorca, considera que «el cambio en el modelo energético del transporte va unido a una automatización progresiva, que nos llevará a una reducción de las tripulaciones en los barcos y, por lo tanto, a una reducción de los costes«. Para el presidente de Puertos del Estado, la «descarbonización» del transporte se ha convertido en una tendencia clara, con lo que afectará a las navieras, la evolución de los barcos y los tráficos marítimos.

La Sociedad Nuclear Española (SNE) pide que el debate sobre energía nuclear y transición energética “sea técnico y no ideológico”

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EFE.- El presidente de la Sociedad Nuclear Española (SNE), José Antonio Gago, sostiene que el análisis sobre la futura Ley de Transición Energética y Cambio Climático se debe realizar atendiendo a las necesidades del país y con criterios técnicos, lo que requiere «quitar del debate político cuestiones ideológicas» sobre la energía nuclear. Gago ha recordado que se va a definir cómo va a ser el modelo energético de España hasta 2030, cuando las emisiones deben reducirse un 30% respecto a 1990.

Gago señala que son partidarios de la ampliación hasta los 60 años del funcionamiento de los 7 reactores nucleares operativos en España, argumentando que los informes técnicos avalan que las centrales existentes puedan seguir operando «con todas las garantías de seguridad al menos hasta los 60 años«, lo que permitiría producir 1.200.000 millones de kilovatios hora, el equivalente al consumo eléctrico español durante 4 años. «En España estamos todavía un paso más atrás de ese debate, en el de si las centrales se cierran a los 40 años de operación», lamenta Gago, que considera que técnicamente cerrarlas no está justificado.

Durante 2016, la energía nuclear fue por sexto año consecutivo la primera fuente de generación eléctrica, con un 21,4% del total, pese a que la potencia instalada representaba solo el 7%. La industria nuclear aporta 2.780 millones de euros al PIB español y contribuye a la generación de 30.000 empleos, de los cuales 8.500 son directos. En el mundo hay 449 centrales en operación, 60 en construcción y 167 planificadas para cubrir las grandes necesidades de electricidad que están previstas.

En el caso de España, la SNE precisa que, como técnicos son partidarios de la creación de nuevas centrales, pero se trata de una gran inversión por lo que las compañías eléctricas necesitan que se les asegure una garantía de suministro en un plazo que les permita amortizar el desembolso, un modelo que ha aplicado el Reino Unido. Si se plantean las garantías de recuperación de la inversión y de que la retribución a la generación nuclear es suficiente, la SNE estaría a favor de la construcción de nuevas centrales, «siempre contando con la aceptación de la sociedad», precisó Gago.

Entre las ventajas de la energía nuclear ha mencionado que aporta mucha estabilidad a la red de distribución, al no depender de factores externos como la renovable, y que no emite CO2, mientras que la principal desventaja es la generación de residuos radiactivos. La 43ª Reunión Anual de la SNE congregó en Málaga a más de 600 congresistas, que analizarán el papel de la energía nuclear contra el cambio climático.

Endesa cree que hasta llegar a un horizonte energético 100% renovable se necesita un aporte temporal de todas las tecnologías

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Europa Press.- El consejero delegado de Endesa, José Bogas, considera que para llegar al compromiso internacional adquirido de descarbonizar la economía y alcanzar un horizonte 100% renovable «se necesita un aporte temporal de todas las tecnologías» para «no poner en peligro el suministro y los precios«. En este sentido, Bogas aseveró que el uso de carbón más allá de 2020 está condicionado a la política de transición energética que decida el Gobierno.

Sobre la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética, Bogas ha señalado que «hay que alejarse de tentaciones cortoplacistas» para alcanzar un pacto que aporte «seguridad y certidumbre». «Seguiremos al pie de la letra lo que la nueva Ley dictamine. Si dentro de ese plan, se considera necesario cualquier tipo de central de carbón o tecnología, habrá que discutir si el actual marco regulador es suficiente para retribuir esas instalaciones o no», ha añadido.

Para Bogas, hasta llegar al horizonte 100% renovable en 2050, «hay que hacer una transición inteligente, donde no se ponga en riesgo el suministro, y se asegure la competitividad de la economía y el bienestar social«. Por ello, ha concluido que en la Ley que se está elaborando «todas las tecnologías caben. En 2050 no cabrán las que emitan CO2, pero en el camino, hay que ver cómo hacerlo», precisó.

Sobre el posible tratado vinculante para trasnacionales, derechos humanos y medio ambiente que debate la ONU, Bogas apuntó que la «responsabilidad social corporativa es algo importante para la compañía, pero aún más importante es el hecho de que los inversores no solo exigen una atractiva cuenta de resultados, sino un compromiso social«. «Estamos absolutamente de acuerdo con todo lo que vaya en ese sentido», recalcó.

La consulta pública para la Ley de Cambio Climático suma ya 170 propuestas, pero varios sectores la tildan de insuficiente

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Europa Press.- La consulta pública abierta por el Gobierno desde el pasado julio para la elaboración del anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética ha recibido ya más de 170 propuesta, según ha indicado el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA), mientras que otros sectores, como ONG ambientales, expertos y organizaciones políticas de la oposición, tildan el proceso participativo de «insuficiente» y de ir «con retraso».

El próximo 10 de octubre finaliza el plazo de la consulta para la elaboración del texto, que tiene como objetivo construir una Ley «con la mayor implicación social», según ha señalado el MAPAMA, que ha añadido que la futura normativa es «un compromiso del presidente del Gobierno para cumplir con los objetivos recogidos en el Acuerdo de París y en el marco de la Unión Europea«. Sin embargo, diferentes sectores de la sociedad, como ONG ambientales, partidos políticos de la oposición y expertos que han participado en la comisión del Congreso para su puesta en marcha, han criticado el proceso.

Insuficiente valor de la participación

En el caso de Ecologistas en Acción, lamentan que la participación ciudadana para elaborar la normativa está siendo «insuficiente» porque la consulta pública abierta ahora «sólo implica preguntas cerradas de orden jurídico». En la misma línea, la ONG Greenpeace España ha expresado su malestar, junto a otras organizaciones ecologistas, por no haber sido invitada a la comisión de expertos creada por el Gobierno para elaborar un informe sobre diferentes escenarios de transición energética, y que estará formada por 14 miembros.

Mientras tanto, para el partido socialista, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética es «una obligación del Estado» con la que el Gobierno de España «va muy por detrás de la mayoría de países». Por su parte, el director del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de la Generalitat de Catalunya, Arnau Queralt, expresó durante su intervención en la comisión para el Estudio del Cambio Climático en el Congreso, «que la participación pública no se debe reducir a colgar un texto en la web para que la gente opine».

Pese a las críticas, según fuentes ministeriales, este procedimiento es «novedoso» porque deja a la ciudadanía realizar todas sus aportaciones y contestar a preguntas abiertas sin la base de un borrador, al tiempo que han señalado que es la «primera vez» que el MAPAMA lo pone en marcha para atender a una ley «de esta envergadura, que necesita un proceso participativo amplio». Asimismo, el Gobierno ha creado un grupo interministerial para la elaboración de la Ley, que se reunió por primera vez el pasado abril.

Brufau defiende en Europa la apuesta por los ciclos combinados de gas frente a los subsidios a los coches eléctricos

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Europa Press.- El presidente de Repsol, Antonio Brufau, ha afirmado en Bruselas que sustituir una solo central de carbón por otra de gas natural supone una reducción de emisiones contaminantes «equivalente a poner en circulación millones de coches eléctricos» y ahorraría «miles de millones de euros en subsidios a los ciudadanos europeos».

Brufau considera que la transición del carbón al gas natural debe ser una «prioridad» y enfatizó que Estados Unidos ha reducido las emisiones de CO2 «únicamente utilizando gas natural y reemplazando el carbón». «Sin embargo, nosotros estamos subsidiando el coche eléctrico, con un coste de CO2 por tonelada mucho mayor que otras alternativas», criticó. En la misma línea, denunció que este tipo de subsidios «supone la transferencia de ingresos desde la ciudadanía de clase media y baja a las clases altas, los únicos que tienen acceso a adquirir estos vehículos».

«Todo esto corre el riesgo de establecer un sector energético que está lejos de ser óptimo, perjudicando la competitividad y el rendimiento de la industria en Europa», advirtió. En este sentido, el presidente de Repsol asegura que Europa esté probablemente «confundiendo el indispensable objetivo de reducir sus emisiones con los medios y los modos de conseguirlo», lo que supone el riesgo de «no alcanzar el objetivo de una manera eficiente«.

La transición energética a debate

«En la actualidad, nos centramos en la transición energética como un cambio en combustibles, de hidrocarburos a renovables, y tecnologías, desde motores internos de combustión a coches eléctricos. Este arriesgado enfoque excluye otros tipos relevantes de transiciones energéticas», ha defendido. Entre ellas, citó un cambio «acelerado» del carbón al gas natural, de la producción eléctrica centralizada a la descentralizada, de construir nuevas centrales eléctricas a emplear técnicas más eficientes o desde la pobreza energética hacia la disponibilidad energética global. Además, Brufau ha subrayado que la eficiencia energética es la medida que reduce emisiones «de una forma más directa», con «mayor relevancia y un menor coste».

Finalmente, el presidente de Repsol destacó “el importante papel de la energía como una moneda de negociación en las relaciones internacionales y en el entorno geopolítico». Por ello, ha afirmado que la Unión Europea «no debe actuar de una forma improvisada», sino «con un enfoque sólido, consensuado y efectivo». «La importancia de la estrategia europea en diplomacia energética es incuestionable», consideró. Así, ha destacado que el comercio de flujos energéticos seguirá siendo una «parte básica» de las relaciones del bloque comunitario con países vecinos, como Argelia o Libia, al mismo tiempo que subraya que la energía «es parte de la solución de los problemas a los que se pueden enfrentar».