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El PSOE propone subastas de renovables en las comarcas preferentes para la transición energética

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Europa Press.– Cristina Narbona, presidenta del PSOE, ha propuesto subastas de energías renovables en lo que serían las «comarcas preferentes para la transición energética». Por ello, Narbona ha abogado por una transición energética «justa», que comience «con la reparación del daño causado» con los cambios regulatorios sufridos por el sector, y ha pedido que la Ley de Cambio Climático y Transición Energética se acompañe de medidas concretas que beneficie a las comarcas donde es más elevada la proporción de trabajadores de energías tradicionales.

En este sentido, Cristina Narbona ha destacado además el importante papel de la tecnología fotovoltaica en la creación de empleo y en la generación de riqueza como sector económico. A lo largo de este año, el Gobierno adjudicó en dos subastas de renovables un total de 8.037 megavatios (MW) al máximo descuento y, por tanto, sin coste para el consumidor eléctrico. Del total de la potencia subastada, 3.910 MW fueron adjudicados a instalaciones fotovoltaicas, 4.107 MW a parques eólicos y 20 MW correspondientes a otras tecnologías. El Gobierno considera que los resultados de las subastas celebradas en 2017 permitirán a España avanzar definitivamente en el cumplimiento de los objetivos de introducción de renovables establecidos por la Unión Europea para 2020.

Solar fotovoltaica: 25% del mix

De su lado, el director de la División de Energías Renovables de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Paolo Frankl, ha pronosticado que la energía fotovoltaica representará un 25% del mix energético español en los próximos 5 años siempre y cuando haya sistemas, políticas y redes más flexibles. Frankl ha destacado la relevancia de la energía fotovoltaica como fuente de energía con más capacidad neta del mundo, y prevé que seguirá siendo así si las políticas siguen siendo justas y favorables a las renovables.

Por su parte, la directora de la Oficina Española de Cambio Climático, Valvanera Ulargui, destacó los cambios estructurales que introducirá la Ley de Cambio Climático, en la que el Gobierno está trabajando con todos los sectores y de manera transversal para cumplir con los «compromisos irrenunciables» alcanzados en la cumbre de París. Ulargui ha asegurado que la Comisión Europea ha propuesto un objetivo de reducción del 40% de gases invernadero a 2030. Por eso, ha emplazado a trabajar «de manera urgente» a nivel nacional y «la fotovoltaica es un sector clave para solucionar el problema«.

Los países de la Unión Europea aprueban la reforma para reducir las emisiones de centrales eléctricas y plantas industriales

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Europa Press.- Los Gobiernos nacionales de los 28 Estados comunitarios han dado su visto bueno a la reforma que busca reducir las emisiones contaminantes de más de 11.000 centrales eléctricas y plantas industriales de la Unión Europea y que forma parte del conjunto de medidas para cumplir con los compromisos adquiridos en el Acuerdo del Clima de París.

Se pretende reformar el sistema de comercio de emisiones de la Unión Europea (ETS), cuyos cambios se aplicarán a partir de 2021.Tras este paso, la reforma debe recibir ahora luz verde por parte del Parlamento Europeo. El sistema ETS funciona desde 2005 y limita las emisiones de más de 11.000 centrales eléctricas y plantas industriales a través de un nivel máximo que se reduce anualmente. En conjunto, abarca el 45% de las emisiones invernadero de la Unión Europea y el objetivo para 2030 es conseguir un recorte del 43% en las incluidas en este sistema.

Así, el acuerdo recoge que el recorte anual de créditos subastados en este sistema, llamado «factor de reducción lineal», será del 2,2% cada año, frente al 1,74% actual. Este factor podrá revisarse con vistas a incrementar el recorte, pero siempre a partir de 2024. Además, se duplicará temporalmente, hasta finales de 2023, el número de permisos incluidos en el mecanismo de estabilidad de mercado (MSR). A partir de ese año se pondrá en marcha un nuevo mecanismo que limitará la validez de los permisos que se encuentran en esta reserva.

Por otro lado, la reforma del sistema ETS incluye una serie de provisiones para proteger a la industria europea del riesgo de fugas de carbono, que se dan cuando, por motivos de costes derivados de políticas climáticas, las empresas trasladan su producción a otros países con límites de emisión menos estrictos. Finalmente, el acuerdo prevé la creación de una serie de mecanismos de financiación para ayudar a los sectores industrial y energético a enfrentarse a los desafíos de «innovación e inversión» en la transición hacia una economía baja en carbón.

La Comisión Europea autoriza el plan de ayudas de Alemania a la instalación de paneles solares en edificios de alquiler

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Europa Press.- La Comisión Europea aprobó el programa de Alemania que otorga ayudas públicas a propietarios que instalan paneles solares con una capacidad de hasta 100 kilovatios en azoteas de edificios de viviendas con el objetivo de suministrar electricidad a sus inquilinos.

En concreto, este apoyo se concreta mediante primas pagadas por encima del precio del mercado que el propietario obtiene de los residentes de los apartamentos. El presupuesto estimado de este programa es de 4 millones anuales y está aprobado durante 10 años. El Ejecutivo comunitario explicó que este sistema de ayudas permite que los propietarios de edificios participen de forma activa en la transición de Alemania hacia un suministro de energía bajo en carbón y sostenible, al mismo tiempo que ayuda a la Unión Europea a alcanzar sus objetivos medioambientales.

Las causas del retroceso español en renovables y acción climática

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Los datos sobre la situación española en el cumplimiento de objetivos de energías renovables y en materia de lucha contra el cambio climático más que preocupantes, son decepcionantes. En este artículo enumeramos 5 motivos interrelacionados y una conclusión inquietante después de la publicación de dos informes que, de una forma u otra, propinan un severo varapalo a la política energética española (por llamarlo así) y a la acción contra el cambio climático en nuestro país.

En primer lugar, la Agencia Europea de Medio Ambiente publicó el pasado viernes un informe de seguimiento sobre la implantación de energía renovable en los países miembros, situando a España entre los 8 países que incumplen los objetivos intermedios que se autofijaron. En concreto, según este informe, el 16,27% del consumo de energía final en nuestro país provino en 2016 de fuentes renovables, cuando la planificación establecía un hito de un punto más, en concreto del 17,3%. Además, entre 2015 y 2016 el crecimiento fue inapreciable (del 16,15% al 16,27%).

Por otra parte, también recientemente publicado, España ha bajado 5 posiciones respecto al año pasado en el Índice de Acción Climática y 16 puestos respecto a 2014, cuando llegó a ocupar el puesto 22, según el informe de SEO/BirdLife, que además señala que somos «el país más vulnerable al cambio climático de Europa», anticipando, además,  el incumplimiento de los compromisos de emisiones de nuestro país. Una conclusión es evidente: se acumulan los resultados adversos de la política en materia de acción climática y en el desarrollo de energía renovable en España. La acción de nuestro país y del Ejecutivo está en entredicho. Y la pregunta es ¿cómo hemos podido llegar a esta situación, después de un inició fulgurante hasta 2012?

1.- Ese inicio fulgurante estuvo basado en un conjunto de errores regulatorios que promovían el exceso y la sobreinversión en determinadas tecnologías renovables, aún no maduras en aquel momento, cuya extensión masiva fue descontrolada. Podemos decir que el inicio estaba «dopado». Mantra que el actual equipo repite para exonerarse de la forma de actuar posterior.

2.- Después de esta fase llegó, como reacción, un salvaje ajuste de cuentas a las tecnologías, la reforma eléctrica y su concepto de rentabilidad razonable, con su fuerte revisión retributiva de las instalaciones y el frenazo a la instalación de nueva potencia. Los conflictos internacionales sobre esta cuestión dañan la credibilidad de la Administración Energética y su desenlace queda larvado.

3.- Fruto de esta reforma eléctrica, se ha producido un efecto disuasorio en el plano inversor (a nivel empresarial y financiero) por la falta de seguridad jurídica y regulatoria en nuestro país. Condiciones que el propio Ejecutivo airea en sus declaraciones, advirtiendo a los concurrentes a las recientes subastas del riesgo al que quedarían expuestos. Si a esto unimos el ejercicio solipsista de las dos últimas administraciones energéticas, sin diálogo ni negociación con los agentes sectoriales, el cóctel en el modelo de gobernanza (incluyendo el cuestionamiento de la naturaleza liberalizada de determinadas actividades) está servido.

4.- Falta planificación en la política energética, ante el proceso de transición a una economía descarbonizada, con grandes vacilaciones (por no llamar bandazos) para cuadrar con el cálculo electoral todos los impactos que tendría sobre el recibo mientras sobran los ejercicios retóricos de los programas electorales y las construcciones discursivas. Eso se aprecia en la prácticamente nula consideración del factor medioambiental en el sector del transporte y la movilidad, con una apuesta tímida respecto al coche eléctrico y sus infraestructuras y con la consideración conjunta del resto de sectores económicos.

5.- Incluso ante los compromisos preexistentes (20-20-20) de nuestro país, se ha dejado pasar el tiempo y avanzar por pura inercia, tanto en producción eléctrica mediante energías renovables como en eficiencia energética. Confiados en los resultados pasados de producción hidráulica y ante la aproximación de 2020, se han efectuado 3 subastas (diferentes en su diseño, sin calendarización de las mismas, con ilusión respecto a los plazos de sus proyectos, que puede derivar en riesgos en el grado de cumplimiento de la implantación de los proyectos resultantes al mezclar operadores expertos con agentes maverick). Todo ello con el aprovechamiento político de Rajoy anunciando las terceras subastas.

Finalmente se observa, por los países más avanzados, como el propio alineamiento de España en la escena europea en referencia a los compromisos medioambientales se aproxima más a los países escépticos que a los países convencidos en esta materia, lo cual revela la falta de convicción y cómo bascula según el momento. A la vista de todo ello, es previsible que, además, 2017 incluso pueda tener resultados peores en esta materia. Más allá de que el ministro encuentre justificaciones en la climatología (¡la pertinaz sequía!) y en las interconexiones, estos datos requieren una reacción política decidida, coherente, urgente y clara.

Entrevista con el ministro

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Publica El País una entrevista con el ministro de Energía, Álvaro Nadal, realizada por Miguel Ángel Noceda. Evidentemente se trata de una entrevista ad hoc con motivo del conflicto abierto con la solicitud de cierre de las centrales de carbón por parte de sus empresas titulares, convertido actualmente en el principal caballo de batalla en el ámbito energético en España. Entrevista en la que Nadal reniega que el Decreto presentado sea una respuesta a la reciente solicitud de Iberdrola que algunos medios denominan un «reto al Gobierno» o, como diría el ministro, a la «política».

El ministro Nadal consigue colocar un titular La política energética la hace el Gobierno, no las empresas, reclamando la capacidad de la política para decidir, hacer y deshacer, vía normativa, el marco legal apelando a la «política» en el mismo sentido que utilizan Pablo Iglesias y los retroprogresivos: un modo de pensamiento que confiere todo el poder a la «política” ganadora de unas elecciones y elevada hacia el Gobierno, ante el que los agentes económicos, entre ellos las empresas, están concebidos para ser unos meros brazos armados ejecutores, más allá de su naturaleza empresarial. Potestad que emerge como una amenaza sotovoce de nacionalización de las empresas o de sus activos como han recogido ciertos medios.

Por ello, especialmente en el campo energético, sería preciso distinguir entre política (como proceso de ejercicio de autoridad en la toma de decisiones ejecutivas desde el ámbito del Gobierno, el Parlamento y los organismos reguladores), política (como conjunto de miembros de la clase política y dirigente) y políticas como definición clara de las estrategias que un país se plantea hacia el futuro para organizar una actividad, en un marco jurídico y de gobernanza compartido (en este caso, en la energía y, concretamente, en la electricidad) para conseguir el «bien común». Dicha distinción no es una cuestión menor, puesto que el ministro Nadal mezcla en sus declaraciones intencionalmente estos tres conceptos.

Partamos del hecho de que, en realidad, España no tiene políticas energéticas, que es lo que se trata. Cuestión que, evidentemente, si que le corresponde al Gobierno y, obviamente, a la representación política. Definir un marco completo y predecible dónde actúen los agentes. No tiene un esquema de transición energética, unos objetivos estratégicos de los que se deriven unos objetivos intermedios y finalistas para su consecución, con unas acciones asociadas a los mismos, y que garantice una definición, entre otras muchas cosas, del mix de generación o de los mecanismos estratégicos de potencia de reserva.

Tampoco se define el modelo de gobernanza empresarial, el modelo de mercado (de generación y de comercialización), de precios, tarifas y de competencia en las distintas actividades, el modelo de costes regulados, así como el esquema de ajuste a las directivas y directrices europeas. Por no tener, no tiene ni convicciones concretas, ni una visión integrada de todos los sectores energéticos (inclusive transporte, gas e hidrocarburos) además de evidenciar en muchas ocasiones una contraprogramación entre Energía y Medio Ambiente como se ha podido comprobar durante la reciente Cumbre de Bonn.

Tampoco existe un proceso político en su sentido estricto como mecanismo fiable de elaboración de una política energética, en el sentido de las políticas, basado en el ajuste al Derecho comunitario y al Derecho español, una traslación de los objetivos definidos de forma clara en el ámbito de dónde se ejerce la representación política, esto es en el Parlamento y, como decantación, un mecanismo transparente de estudio, análisis, participación y negociación con los agentes sectoriales.

Realmente, lo que existe en la electricidad es una tenaz lucha de sumo para el control de sus precios eléctricos a efectos de la opinión pública, con los procesos electorales en el punto de mira, que lleva a la congelación de los costes de acceso (aunque aumenten los elementos que lo conforman, como los pagos por interrumpibilidad, y se «intensifiquen» las relaciones cruzadas entre sus componentes, como en el caso de las tarifas de acceso por potencia para favorecer los «compromisos políticos» autonómicos del Ejecutivo). Y todo los demás, son expresiones ambiguas, genéricas y lugares comunes sobre el triángulo economía, medioambiente y seguridad de suministro.

Por lo demás, lo que el ministro reclama es el ejercicio de la autoridad política de forma discrecional y arbitraria, sin limitaciones.  Algo mucho más líquido, incluso en su relación con el Parlamento. Si hay que cambiar una norma previamente aprobada para absorber el déficit tarifario, se cambia, si con eso se compensan o enjuagan los costes de acceso para no subir los precios. Si hay que introducir nuevos mecanismos que afecten a la libertad de establecimiento de los agentes, se interviene. Nadal lo que quiere es una carta blanca y a todos los agentes del sistema eléctrico a su disposición. Eso es a lo que el ministro denomina «política».

El cambio climático es la principal preocupación medioambiental de más del 55% de los españoles, según Greenpeace

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Europa Press.- El 55,8% de los españoles afirman que el cambio climático es su principal preocupación medioambiental, seguida de la contaminación de mares y ríos (51,9%) y la contaminación ambiental (51,7%), según una encuesta de Greenpeace, elaborada por el instituto Ipsos. Según indica la organización ecologista, el resultado de la encuesta «demuestra que la gravedad de los impactos del cambio climático ha calado ya en la sociedad». La encuesta se realizó de manera online a un total de 2.506 personas.

Con respecto a cuáles eran las tres causas principales del cambio climático, las emisiones industriales fue elegida por un 73,5% de los encuestados. Los españoles también identificaron como causa principal la deforestación (65,1%) y la combustión de combustibles fósiles (64,6%). En cuarto lugar están las emisiones del transporte, que mencionaron el 42,5%. Centrando la pregunta en el ámbito de las energías que generan el cambio climático, la quema de petróleo es asociada en el 81,7% de los casos, de carbón en el 71,5% y de gas natural en el 55,3%, lo que revela, según Greenpeace, «que la ciudadanía es consciente de que la quema de combustibles fósiles son perjudiciales para la salud y el medioambiente«.

Por otro lado, el 35,1% y el 28,4% consideran a la comunidad internacional y al Gobierno central, respectivamente, como los principales responsables para actuar frente al cambio climático. Sin embargo, este porcentaje es más bajo cuando responden a la pregunta de en quién se confía más para atajar el cambio climático transformando el modelo energético. Así, un 11,1% se decanta por el Gobierno, un 9,4% por las empresas y un 21% confía en la Comisión Europea. Los españoles esperan que Gobiernos y compromisos internacionales actúen para combatir el cambio climático y especialmente se refieren al ámbito de la energía como sector prioritario para la actuación.

«El Gobierno de España debe marcar el camino para acelerar la transición energética hacia un modelo basado al completo en renovables, fomentando la nueva instalación de energías limpias, poniendo una fecha para el abandono de los combustibles fósiles y la energía nuclear y permitiendo a la ciudadanía participar en la producción y la gestión de esa energía» ha declarado la responsable de la campaña de cambio climático de Greenpeace, Tatiana Nuño. La organización ecologista pone el acento en la responsabilidad de los Gobiernos para actuar urgentemente frente al cambio climático, y destaca la importancia de la actuación ciudadana para combatirlo.

En este sentido, los resultados de la encuesta revelan que la ciudadanía es «bastante crítica consigo misma». Cerca del 70% está dispuesto a adoptar medidas que contribuyan a combatir el cambio climático, y un 90% de los encuestados se manifiestan abiertos a reducir su consumo de energía en alguna medida. En este caso, destacan especialmente las mujeres, que están más comprometidas a la hora de tomar medidas. Por ejemplo, ya usan más el transporte público en sus desplazamientos (9,3% frente a 6,9% de hombres), o apuestan por medidas de eficiencia energética como el uso de bombillas de bajo consumo (21,4% frente a 15,4%) o utilizar el aire acondicionado lo menos posible (18,4% frente a 11,9%).

«Es necesario que las políticas climáticas y energéticas vean un aumento de las mujeres en los puestos de toma de decisiones y en las negociaciones políticas como camino imprescindible para fomentar sociedades más sostenibles donde primen valores de salud y bienestar para frenar el cambio climático», indica Nuño, que incide en la necesidad de «una transición energética y unas políticas justas y transformadoras que tenga en cuenta a la población».

Más de 400 organizaciones de Alianza por el Clima denuncian los «obstáculos» del Gobierno a la transición energética

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Europa Press.- Las ONG que integran Alianza por el Clima expusieron los «obstáculos» que pone el Gobierno a la transición energética y al cumplimiento de los objetivos de lucha contra el cambio climático, ante la Cumbre del Clima (COP23) que se celebra en Bonn (Alemania). Bajo el título Transición energética: ¿de qué lado estás?, Alianza por el Clima insistió en la urgencia de actuar ante la grave crisis climática para transitar hacia un modelo energético sostenible basado en renovables.

En este contexto, recordaron que mientras España afronta la peor sequía de los últimos 20 años y sigue batiendo récords de aumento de temperatura, el Gobierno central continúa sin dar los pasos necesarios en la lucha contra el cambio climático y denuncia que el Ejecutivo está «frenando la necesaria transición energética» ya que se está alineando «con ciertos intereses empresariales y energéticos». Alianza por el Clima es una plataforma formada por más de 400 organizaciones sociales de ámbito estatal cuyo fin es sensibilizar a la sociedad y a los poderes públicos sobre los efectos del cambio climático y sobre las medidas de mitigación del mismo.

Baleares subraya que la central térmica de Alcudia es la novena industria más contaminante de España e insiste en cerrarla

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Europa Press.- El consejero de Territorio, Movilidad y Energía de Islas Baleares, Marc Pons, ha insistido en la necesidad de proceder al cierre progresivo de la central de carbón de Es Murterar, en Alcudia, puesto que, tal y como ha constatado, es una de las 10 industrias más contaminantes de España. En concreto ocupa el puesto número 9 en el ranking de industrias con mayor cantidad de emisiones de CO2, ha precisado.

En este sentido, el consejero considera una «gran equivocación» la decisión del Ministerio de Industria de negarse al cierre de las instalaciones de Es Murterar porque va en contra de las directivas europeas. Pons ha explicado que por ese motivo denunciarán ante la Unión Europea el incumplimiento de compromisos internacionales en materia ambiental por parte del Ministerio, con su negativa al cierre de Es Murterar. Con todo, el consejero ha explicado que el objetivo del Gobierno balear es «evitar mantener una central altamente contaminante que no necesitamos en la isla de Mallorca» ya que, tal y como ha asegurado, «el suministro energético está totalmente garantizado».

Con el secretario de Estado

La negativa llegó tras reunirse con el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, que rechazó la propuesta del Gobierno balear para el cierre progresivo de la central de Es Murterar, así como la sustitución del fuel y gasoil de la central de Mahón para gas natural. Tanto el cierre de los 2 primeros grupos de los 4 que tiene Es Murterar antes de 2020 como la reconversión de la central de Mahón son medidas incluidas en el Plan de Transición Energética de las Baleares.

Según ha indicado la Consejería, este plan se marca como objetivo la reducción de las emisiones de CO2 (emisiones cero en 2050) con el cierre de los centros de producción más contaminantes y la progresiva incorporación de las energías renovables. La reunión es la tercera que mantiene el consejero Marc Pons con el Ministerio sobre el cierre de las centrales contaminantes. En la reunión del pasado 7 de septiembre, la conclusión fue que el Ministerio veía con buenos ojos las propuestas planteadas desde Baleares si económicamente eran viables. El consejero ha insistido en que «no puede haber ningún impedimento si el Estado también asume el compromiso de la lucha contra el cambio climático en Baleares«.

El planteamiento del Gobierno balear contempla, además de cerrar los focos más contaminantes, la necesidad de avanzar «urgentemente» en producción de renovables para reducir emisiones y dependencia energética y para compensar los costes derivados del cierre de estos grupos contaminantes. Así, en la reunión con el Ministerio abordaron el coste del cierre y la reconversión de las centrales y también las alternativas para compensarlo, centradas esencialmente en el incremento de las renovables, con detalle de todos los parques que están en tramitación, y en otras iniciativas para incrementar la producción de renovables en Baleares. La puesta en marcha de los proyectos de renovables en trámite supondría la incorporación a la red de 175 megavatios de energía renovable en la red.

Según el planteamiento del Gobierno balear, el cierre «no implicará nunca una subida del precio de la electricidad para los ciudadanos de las Islas». «En primer lugar, no debe causar costes y, en caso de que los hubiera, se han asumir en el conjunto del sistema, al igual que ocurre con medidas que se toman en relación a otros lugares del Estado», recalcan desde el Ejecutivo. El Gobierno de Baleares también se compromete a implicarse en encontrar salida a los trabajadores, en el marco de del Pacto por la Competitividad.

Igualmente, en el caso de la reconversión de la central de Mahón, los costes se compensarán con los proyectos de renovables ya en trámite. Menorca es la isla que puede llegar al 20% de energías renovables antes de 2020, gracias al proyecto de Son Salomó. Respecto de Ibiza, el consejero preguntó también al Ministerio cuando estará aprobada la nueva planificación estatal, actualmente en previsión, y que incluye el proyecto alternativo planteado por el Gobierno balear al proyecto de Es Fornás y que ha permitido salvar esta zona del tendido eléctrico.

La extensión del plan Juncker hasta 2020 contempla que el 40% de los proyectos de infraestructuras contribuyan a la descarbonización

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Javier Angulo / Bruselas.- La conferencia de alto nivel entre la Comisión Europea y el Parlamento Europeo, celebrada este martes en Bruselas, ha tratado de aclarar cuáles van a ser las vías para financiar el proceso de transición energética. En este sentido, dadas las ingentes cifras que se manejan en las instituciones europeas, existe plena unanimidad de que la inversión pública debe servir para movilizar a la inversión privada, punto en el que la extensión del plan Juncker va a ser un instrumento relevante.

El Plan Juncker, como se conoce al Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas (EFSI), ha servido en su primera etapa para dinamizar la economía y movilizar una inversión de 225.000 millones de euros, fundamentalmente privada, con 43.000 millones de financiación desde fondos públicos. De esos 225.000 millones de euros, 46.500 (un 20%) han tenido como destino el sector energético. Por ejemplo, específicamente para promover las renovables, según el comisario europeo de Energía, Miguel Arias Cañete, a partir de una financiación de 9.000 millones, se ha conseguido movilizar una inversión de 60.000 millones de euros. Por ello, las posibilidades se multiplican ahora que se va a extender el EFSI hasta 2020, para alcanzar en total una inversión de 500.000 millones de euros.

Además, la extensión del Plan Juncker va a hacer una apuesta por la sostenibilidad y la transición energética. De esta manera, un 40% de los proyectos de infraestructuras e innovación que obtengan financiación tienen que servir para avanzar hacia las metas fijadas en el Acuerdo de París. No es más que un primer paso para el período que abarca hasta 2020 y que supone un anticipo de las necesidades de inversión para la próxima década: 378.000 millones de euros al año son las cifras que maneja la Comisión Europea para cumplir todos sus objetivos en materia de energía y clima para 2030. 178.000 procedentes de fondos públicos y 200.000 de manos privadas son las cuentas que formuló el propio Cañete.

“Crecimiento y acción climática van de la mano”, aseveró Cañete, que resaltó que el presupuesto comunitario debe apoyar los objetivos de 2030 para avanzar en la descarbonización. Asimismo, celebró el 40% establecido en el Plan Juncker, que “servirá de palanca para atraer recursos privados”. “Si todos remamos en el mismo sentido podemos acelerar la transición”, subrayó el dirigente español, que insistió en utilizar el EFSI como un instrumento para estimular más inversiones públicas y, “fundamentalmente”, las privadas. Además de los avances a una energía limpia, Arias Cañete recordó que los fondos también se utilizarán para la rehabilitación de viviendas en la mejora de su eficiencia energética, lo que a su juicio supone la mejor fórmula para combatir la pobreza energética.

Por su parte, el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, subrayó que la seguridad jurídica es “necesaria para facilitar la inversión” en el sector energético que permita cumplir el Acuerdo de París, algo que espera conseguir con la aprobación del Paquete de Invierno de la Unión Europea. En la misma línea, el dirigente italiano hizo un llamamiento a los Estados miembros para reforzar el liderazgo de la Unión Europea en renovables, en reducción de emisiones y en eficiencia energética. Por ello, reivindicó que el próximo Presupuesto de la Unión Europea debe aumentar los fondos para atraer nuevas inversiones que fomenten la industria de las renovables y la eficiencia energética a fin de crear más puestos de trabajo en estos sectores.

En la misma línea, el vicepresidente de la Comisión Europea, Jyrki Katainen, señaló que las inversiones en eficiencia energética, energías renovables, redes eléctricas e interconexiones son “vitales” para acelerar la descarbonización de la economía de la Unión Europea, por lo que pidió trabajar para acabar con los obstáculos que frenan la inversión. Por su parte, el presidente del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Werner Hoyer, reconoció que la «descarbonización necesita de mucha inversión y con los fondos públicos solo no alcanza”. Por ello estimó que la inversión deberá aumentar en la próxima década, aunque para ello habrá que dar “más estabilidad” a los inversores. Aún así confió en que la extensión del Plan Juncker servirá para conseguir los objetivos energéticos.

Finalmente, el presidente de la Comisión de Industria y Energía del Parlamento Europeo, Jerzy Buzek, destacó que el debate ya no se centra en posicionarse a favor o en contra de las tecnologías renovables sino que la senda hacia la descarbonización está trazada y la cuestión es cómo financiar la energía limpia. “Necesitamos 400.000 millones de euros anuales”, sentenció el dirigente polaco, que indicó que los “objetivos ambiciosos están muy bien, pero los objetivos alcanzables son mejores”, a la par que pidió un esfuerzo a las instituciones europeas para hacer ver a los ciudadanos que la descarbonización “es una oportunidad”.

CCOO pide a Podemos, PSOE y Ciudadanos reconsiderar la moción que aprobaron en el Congreso ya que liquida la minería

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Europa Press.- Comisiones Obreras (CCOO) de Industria ha instado a Podemos, PSOE y Ciudadanos a reconsiderar la moción aprobada en el Congreso de los Diputados en la que hacen varias peticiones al Gobierno ya que supone, a su juicio, «acabar con la minería del carbón». El sindicato subraya que estos partidos políticos, con la excusa de eliminar los combustibles fósiles, «desindustrializan, aniquilan empleos y desertizan comarcas enteras«.

El sindicato recuerda que en otras ocasiones estas formaciones políticas, en lugar de aniquilar un sector que mantiene «muchísimos puestos de trabajo», han realizado propuestas que iban encaminadas a utilizar «correctamente» los combustibles fósiles con proyectos que consiguen producir electricidad con baja emisión de carbono y que cumplen con todos los acuerdos europeos sobre combustión limpia. Asimismo, subraya que debe ser en el grupo de expertos creado por el Ministerio de Energía para analizar los escenarios de transición energética y cumplir con el Acuerdo de París donde se debe incidir en que los escenarios propuestos tengan en cuenta la sostenibilidad técnica, económica y social. Para CCOO, es «fundamental» una transición energética que contemple estas cuestiones.