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La Comisión Europea autoriza el plan de ayudas a las energías renovables de Polonia

Europa Press.- La Comisión Europea ha autorizado el plan de ayudas de 40.000 millones de zlotis polacos (9.400 millones de euros) con el que Polonia quiere impulsar la generación de electricidad a través de fuentes renovables. El Ejecutivo comunitario considera que este esquema fomentará el desarrollo de diferentes tecnologías renovables y ayudará a Varsovia a alcanzar sus objetivos medioambientales y climáticos para 2020. Además, ha subrayado que la medida incrementará la cuota de energías renovables producidas en Polonia y minimiza cualquier distorsión que pueda causar sobre la competencia.

«El programa de apoyo polaco aumentará la proporción de energías verdes en el mix energético polaco y facilitará la transición energética del país. También preservará la competitividad de aquellas compañías que son dependientes de la energía», destacó la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager. Los beneficiarios de este plan de ayudas serán seleccionados mediante subastas competitivas. Las dos primeras rondas tuvieron lugar en diciembre de 2016 y junio de 2017 y se organizarán más hasta el 30 de junio de 2021.

Prima condicionada a precio real

De esta forma, las pequeñas instalaciones renovables con una capacidad de hasta 500 kilovatios (kW) se beneficiarán de tarifa de suministro, mientras que las instalaciones con una capacidad por encima de este umbral recibirán una prima por encima del precio de mercado, aunque únicamente si en los próximos años el precio de mercado de la electricidad está por debajo del precio emitido en las subastas.

Rajoy subraya que el futuro del carbón se abordará en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética

Europa Press.- El presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, ha asegurado que el país cumplirá sus compromisos climáticos para 2020 y ha avanzado que trabaja en una Ley de Cambio Climático y Transición Energética para garantizar también el cumplimiento de los compromisos adquiridos igualmente para 2030. «Estamos trabajando en una nueva Ley de Cambio Climático que sentará las bases para una transición energética ordenada, eficiente y poco costosa para los consumidores», ha indicado.

En este sentido, el jefe del Ejecutivo español ha apostado por mejorar las interconexiones eléctricas para avanzar en el uso de energías renovables. Para Rajoy, la necesaria transición energética se ha de llevar a cabo por dos vías: la eficiencia energética y el incremento del parque de renovables. El presidente considera que este objetivo es factible y, a modo de ejemplo, ha recordado que durante el año 2017 se llevaron a cabo dos subastas de renovables, por 8.000 MW, «sin necesidad de primar». Pero ha considerado que es imprescindible mejorar las interconexiones eléctricas para avanzar.

En cuanto a la situación del carbón, el presidente español ha subrayado que esta cuestión también se abordará en la futura Ley del Cambio Climático y ha apostillado: «nada se hace de un día para otro». En cualquier caso, el jefe del Ejecutivo ha puesto en valor el compromiso de España con la financiación climática y, en este sentido, recordó que se ha pasado de 205 millones de euros en 2012 a 595 en 2016 y que el Gobierno mantiene el compromiso de llegar a los 900 millones de euros anuales a partir de 2020.

Macron: “Estamos perdiendo la batalla”

Por su parte, en el marco de la One Planet Summit, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha lanzado una desoladora afirmación sobre la lucha global contra el cambio climático ante docenas de jefes de Estado y de Gobierno y líderes empresariales. «Estamos perdiendo la batalla contra el cambio climático», ha sentenciado. «No nos estamos moviendo lo suficientemente rápido. Todos necesitamos actuar», ha recalcado en su búsqueda de un nuevo aliento para el esfuerzo colectivo que fue debilitado el pasado verano con el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que abandonaban el Acuerdo del Clima de París.

En este sentido, ha llamado a los líderes reunidos en Paris en la One Planet Summit a lanzar una nueva fase contra el calentamiento global. Sin embargo, durante el encuentro no se produjeron compromisos internacionales vinculantes. El foco se centró en cómo instituciones financieras públicas y privadas pueden movilizar más dinero y cómo los inversores pueden presionar a las grandes corporaciones a cambiar hacia estrategias más sensibles ecológicamente. Más de 200 inversores institucionales que gestionan más de 26 billones de dólares han afirmado que presionarán ante las principales compañías emisoras de gases de efecto invernadero para combatir el cambio climático.

Por otro lado, el vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, ha asegurado que Bruselas aplaude los planes para recudir los requisitos a inversiones ambientalmente amigables para impulsar la economía verde. Esta medida podría ser parte de un abanico más amplio de acciones que la Unión Europea planea presentar en marzo para lograr el objetivo de reducir las emisiones de CO2 un 40% en 2030, lo que implica una estimación de 180.000 millones de euros al año en inversiones bajas en carbono. Asimismo, la Comisión Europea ha anunciado inversiones por valor de 9.000 millones de euros destinadas a ciudades sostenibles, energía sostenible y agricultura sostenible para África y los países vecinos de la Unión Europea.

Teresa Ribera ve a España «muy atrasada» en acción climática y avisa de que hay que descarbonizarse antes de 2050

Europa Press.- La directora del Instituto de Desarrollo Sostenible y Relaciones Internacionales (IDSRI) y exsecretaria de Estado de Cambio Climático con José Luis Rodríguez Zapatero, Teresa Ribera, cree que España está «muy atrasada» respecto a otros países en el debate y acción sobre el cambio climático y recuerda que existe el compromiso de transformar la economía y la sociedad antes de 2050. En este sentido, Ribera cree que la Ley de Cambio Climático y Transición Energética debería tener «unos cuantos elementos sistémicos».

Así, ha precisado que se requiere una reforma fiscal en la dirección verde, en la reducción de emisiones e incentivos para el cambio del modelo industrial y energético, un mecanismo de transparencia sobre los riesgos climáticos existentes y un conjunto de estrategias para evitar estos riesgos en toda la economía española. Además, considera que esta ley debería marcar también objetivos de reducción de emisiones tanto para el conjunto de la economía como por sectores y disponer de sistemas para evaluar la adaptación a los cambios que «en todo caso van a ocurrir». «Eso sería el mínimo: cómo abordar los riesgos y convertir nuestra economía en una economía baja en carbono y preparada para lo que significa el siglo XXI», resumió.

En ese contexto, opina que España podría «perfectamente» ir cerrando sus centrales de carbón de forma ordenada en esta próxima década y abrir paso a un modelo eléctrico diferente que pueda absorber otras necesidades para usos térmicos y domésticos. Por ello, cree que «el acento más importante en el que debería empeñarse el Gobierno» es ofrecer alternativas para esas regiones o comunidades de trabajadores en las que toda la riqueza está concentrada en torno a esa mina o central de carbón. Por ello asevera que la sociedad española tiene que demostrar que está «con las personas» y con esos territorios que «necesitan cambiar su planteamiento» para tener un futuro «próspero”.

«Los líderes de los países, de las empresas, del mundo financiero han de abordar con convicción, ambición y realismo un futuro, prácticamente inmediato, que es el futuro en el que debemos salvar nuestro sistema climático. No es un asunto tecnocrático ni que se deba limitar a la voluntad de los activistas. Necesitamos transformar muestro modelo económico, social y de desarrollo y eso no se hace solo», ha reclamado. Precisamente, ve al presidente de Francia, Emmanuel Macron, como un ejemplo a seguir porque ha hecho del cambio climático su «principal bandera».

Es en ese ámbito donde tiene la «impresión» de que España está «muy atrasada» con el nivel de debate respecto de otros países europeos. Ribera insiste en poner a Francia de ejemplo por tener un debate «serio y sofisticado» y forma parte de las conversaciones todos los consejos de administración de las grandes empresas, de todos los departamentos ministeriales, de los municipios y en general de la sociedad civil. «Está muy avanzado en el proceso de interiorización de una forma natural de estos desafíos», subrayó.

Ribera ha puesto de ejemplo que en Francia existen los contratos de transición para aquellas zonas donde el foco industrial está muy concentrado en sectores que se ve claramente que van a transformarse, como el tipo de automóviles o el tipo de agricultura. «Esto en España sigue siendo anecdótico en el panel informativo, en el debate económico, financiero, fiscal. Me parece que es un inmenso error y el reflejo de todo esto es que no hay una política energética pensada para la transición», ha criticado.

A su juicio, en España no se ha entendido que también se tiene que llegar a cero emisiones lo antes posible y que en 2050 se debería haber transformado «completamente» la economía y considera que hay «muy poco tiempo» y que el reto es «muy exigente, aunque lleno de oportunidades». Por eso, ha insistido en que lo inteligente es anticiparse y construir un proceso serio y que el Gobierno pierde una oportunidad si no aprovecha esta transformación para construir un debate en torno al proyecto de sociedad y economía para los próximos años. «Es un debate imprescindible, pero la gente lo entiende porque no le gusta respirar aire contaminado», sentenció.

El Gobierno augura un «gran impulso» al medio ambiente en 2018 con leyes para frenar el cambio climático

Europa Press.- La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, anuncio que el Ejecutivo dará en 2018 un «gran impulso» al medio ambiente, a través de un conjunto de normativas que contribuirán a frenar el cambio climático en el marco de la aprobación del Plan Anual Normativo de la Administración General del Estado para el año 2018. La vicepresidenta comprometió que en 2018 se tramitarán 9 leyes, de las que 3 estarán dedicadas a la protección del Medio Ambiente.

Concretamente, ha anunciado la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, de la que el Gobierno ya ha señalado con anterioridad que su borrador estará listo en el primer trimestre del año. Según el Ejecutivo, esta norma busca establecer un marco normativo que recoja los objetivos a medio y largo plazo de reducción de emisiones de gases invernadero y los objetivos en materia de energía.

Además, ha anunciado la Ley por la que se establecen objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero durante el ciclo de vida de los combustibles y de la energía suministrada en el transporte. Según el Gobierno, este anteproyecto de Ley pretende establecer la obligación de reducir la intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero durante el ciclo de vida de los combustibles y la energía suministrada en el transporte. Así, se incorporaría al ordenamiento jurídico español la Directiva 2009/30/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo.

Objetivos hasta 2020 con biocarburantes

Esta directiva introduce un nuevo artículo 7 bis en la Directiva 98/70/CE, que establece que como máximo el 31 de diciembre de 2020 deberán haberse reducido los gases de efecto invernadero durante el ciclo de vida por unidad de energía del combustible o energía suministrada en el transporte hasta el 10%, un 6% con carácter obligatorio y el 4% restante con carácter indicativo, en comparación con el nivel medio de emisiones de gases de efecto invernadero por unidad de energía de los combustibles fósiles utilizados en la Unión Europea en 2010 (94,1 de C02eq/MJ). Ese objetivo deberá cumplirse con biocarburantes que cumplan los criterios de sostenibilidad, combustibles alternativos y reducciones en la quema en antorcha y venteo en los emplazamientos.

Asimismo, la Ley incorpora el anexo ll de la Directiva (UE) 2015/652, del Consejo, de 2015, por la que se establecen métodos de cálculo y requisitos de notificación de conformidad con dicha Directiva 98/70/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la calidad de la gasolina y el gasóleo. El referido Anexo ll establece el nivel medio de las emisiones de gases de efecto invernadero por unidad de energía derivada de los combustibles fósiles utilizados en la Unión Europea en 2010, cuyo valor es de 94,1 g de C02eq/MJ.

En tercer lugar, indicó que se tramitará una ley por la que se modifica la Ley 1/2005 de 9 de marzo por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, en lo que afecta al régimen sancionador. Con ello se modificarán los umbrales de las multas a imponer en función de la gravedad de la conducta para adaptar la actual redacción a la experiencia acumulada y se amplía el plazo para tramitar y resolver dichos expedientes.

Bruselas impulsa una plataforma para facilitar la transición económica de regiones mineras

Europa Press.- La Comisión Europea ha lanzado una plataforma para facilitar la transición «estructural y tecnológica» de las regiones mineras de los países del bloque comunitario cuya economía se basa en la explotación del carbón hacia una economía «limpia«. El objetivo de Bruselas con esta iniciativa es «asistir a los Estados miembros y a las regiones en sus esfuerzos para modernizar sus economías y prepararse para gestionar la transición estructural y tecnológica en regiones mineras».

En este sentido, la plataforma facilitará el desarrollo de estrategias a largo plazo en regiones mineras e intensivas en carbón para «impulsar la transición hacia energía limpia» a través de un mayor énfasis en la financiación de la economía real. La Comisión Europea subrayó que su apuesta por esta transición es «irreversible y no negociable» y, por tanto, ha resaltado la importancia de garantizar que «no hay regiones que se quedan atrás cuando se abandone la economía centrada en los combustibles fósiles». Por eso, la plataforma reunirá a responsables de la Unión Europea y partes interesadas a nivel nacional, regional y local para «ayudarles a fomentar asociaciones» y a impulsar el intercambio de experiencias positivas.

Medio Ambiente anticipa a la oposición los ejes de la nueva Ley de Cambio Climático, que prevé aprobar en primavera

Europa Press.- El Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente ha presentado ante diputados y senadores los principales bloques de los que constará la nueva ley de Cambio Climático y Transición Energética que, según explicaron fuentes parlamentarias, el departamento que dirige Isabel García Tejerina espera tener lista para el primer semestre de 2018.

Las mismas fuentes han señalado que el Ministerio tiene perfilados estos bloques atendiendo a los principales temas que se han aportado en el concurso de participación, que se abrió el pasado 18 de julio. En total, se han recibido más de 300 aportaciones; la participación de España en las cumbres del clima, los objetivos que se va a poner en cuanto a emisiones, la adaptación a las políticas europeas en materia climática, la financiación o el modelo de transición energética que llevará el país son algunos de los puntos más comentados que el Ministerio deberá desarrollar en los próximos meses.

García Tejerina anunció en la Cumbre del Clima de Marrakech (COP22) la elaboración de este texto. También hubo una proposición no de ley por la que los principales grupos en el Congreso, PP, PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos, solicitaban al Gobierno que impulsara esta norma. La iniciativa planteaba la necesidad de «integrar y armonizar» en una ley todas las estrategias y protocolos existentes en materia de cambio climático, para que España pudiera cumplir los compromisos asumidos en esta materia. Además, llamaban a introducir objetivos concretos y a largo plazo en materia de reducción de emisiones.

Esta reunión de Medio Ambiente con los representantes parlamentarios llega después de una temporada de críticas por parte de algunos partidos de la oposición. El PSOE, aprovechando una moción con medidas para la lucha contra los incendios forestales, apremiaba al Gobierno a poner en marcha la ley de Cambio Climático, al que culpaban, en gran parte, del aumento de fuegos durante este año. Por su parte, Unidos Podemos ha anunciado que presentará su propio texto y esperan llevarlo al Pleno para su aceptación a trámite.

Levy defiende la sensibilidad del PP con el medio ambiente y asevera que la formación «debe liderar» en políticas verdes

Europa Press.- La vicesecretaria de Estudios y Programas del Partido Popular, Andrea Levy, considera que el PP «debe liderar» las políticas «verdes» porque la formación política es «sensible con el medio ambiente». Durante su participación en la jornada de trabajo Cambio Climático y Energía Sostenible, Levy ve «indispensable» que España lidere la vanguardia de los proyectos legislativos contra el cambio climático y ha defendido que el PP aborda la cuestión «con el sentido de Estado que requiere«.

Levy ha elogiado el papel de España en la lucha contra el cambio climático y cree que el modelo de transición energética es «una cuestión transversal». Por ello, añadió que es «indispensable» para España liderar la vanguardia de los proyectos legislativos en esta materia porque el cambio climático es un tema «prioritario» que, en su opinión, «debe ser punta de lanza» del proyecto político popular. Asimismo, subrayó la implicación de los españoles: «creo que podemos sentirnos afortunados y orgullosos de que la sociedad española haya entendido el importante mensaje que hemos trasladado, al tener como prioridad las cuestiones que afecten a nuestro medio ambiente», concluyó.

Narbona afirma que la sustitución de las centrales térmicas de carbón por energías renovables reduciría el precio de la electricidad

Europa Press.- La exministra de Medio Ambiente y presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha defendido que en España «no hay un problema de precios» de la energía y que, «en contra de lo que dice el ministro de Energía, Álvaro Nadal, el cierre de las centrales térmicas de carbón en nuestro país y su sustitución por energías renovables supondría una reducción en el precio de la electricidad».

La exministra ha lamentado que el mercado eléctrico español «en absoluto es el idóneo para el desarrollo masivo de las energías renovables», que es «lo que necesitamos impulsar». En este sentido, ha manifestado que el mercado eléctrico estatal se ha construido «de acuerdo con las energías que dominaban el mix en nuestro país y con la distribución del poder económico propia de los combustibles convencionales, energía nuclear, petróleo, carbón o gas, y para la utilización de estas energías son necesarias muy importantes inversiones para la construcción de las correspondientes plantas, para mantener el proceso dentro de límites de control del riesgo, en el caso de la nuclear» y en manos de «pocas empresas poderosas económicamente».

Narbona ha destacado que este modelo «sobrerretribuye» el precio de las energías fósiles y de la electricidad en España, situándolo «entre los más altos de Europa», pese a que nuestro país es «excedente» en su capacidad de generación de electricidad, y así hay «muchísimas plantas de ciclo combinado que están paradas«. En este contexto, asegura que en España «no hay en absoluto un problema de precios, como pretende el ministro de Energía, Álvaro Nadal, en el supuesto de que se eliminen gradualmente las plantas de carbón o las centrales nucleares».

Narbona aseveró que está demostrado que, «en contra de lo que dice Nadal, no solamente no subiría el precio de la electricidad con el cierre de las centrales térmicas de carbón, sino que, si se sustituyen por energías renovables, habría una reducción en el precio de la electricidad». Al respecto, ha sostenido que cualquier transición energética «seria» en España requiere de una «reforma en profundidad» del mercado energético, de manera que cuente «con un sistema diferente de formación de los precios que permita la entrada de las energías renovables sin provocar desajustes en el sistema».

Además, ha censurado que España es el único país de Europa donde se está «penalizando» el autoconsumo de energía, en lugar de estimularlo como promueve la Comisión Europea. Narbona ha abogado así por un mercado energético que favorezca el autoconsumo, las renovables, para lo cual «las subastas energéticas deberían de ser por tecnologías» y que vaya prescindiendo «de manera gradual» de la energía nuclear, de manera que la vida de las centrales nucleares no se prolongue más de 40 años.

Por otro lado, Narbona ha apostado por que la futura Ley de cambio climático y transición energética contemple horizontes a 2030 y 2050 con revisiones cada 5 años, para ver cómo se cumplen los objetivos que se establezcan, que contemple una fiscalidad que incentive el abandono «gradual» de los combustibles fósiles y un fondo para la transición «justa» en las comarcas más afectadas por el cambio en el modelo energético.

Sobre esta cuestión, ha recordado que el PSOE ha propuesto que si se creara, como propone el Gobierno central, una figura de «pago por capacidad» a las centrales térmicas o nucleares que considere que no tienen que cerrarse, algo que va «en contra de los criterios» de la Comisión Europea y que es «inviable desde el punto de vista jurídico», esa figura «en todo caso beneficie exclusivamente al carbón autóctono, en ningún caso al importado«. Además, ha apostado por adoptar medidas «concretas de transición justa en las comarcas afectadas con centrales térmicas y nucleares» y ofrecer «nuevos puestos de trabajo con la formación requerible» para que los trabajadores de estas infraestructuras puedan cambiar de actividad.

Por ejemplo, sugiere la celebración de subastas de energías renovables en esas comarcas para «ir reconstruyendo tejido productivo asociado a la transición energética y garantizando empleo y bienestar en esas zonas» y lamenta que el Gobierno central del PP «dice no» a esta propuesta porque «no le importa en absoluto la minería del carbón», pero sí lo hace para «mantener el parque nuclear con una compensación económica que las grandes eléctricas le vienen pidiendo de manera explícita desde hace años».

En este contexto, Narbona ha lamentado la «posición nefasta» del Gobierno central en la negociación paquete de invierno, medidas planteadas por la Comisión Europea sobre política energética, ya que «no quiere aceptar» el incremento hasta el 35% del peso de las energías renovables respecto al consumo final de energía para 2030, algo que, a su juicio, es «absolutamente viable«. Por otro lado, ha opinado que España debería incorporar la obligación para las empresas cotizadas de presentar un informe anual «sobre sus riesgos financieros de origen climático», es decir, los «asociados a sus inversiones en sectores de combustibles fósiles», algo que «ya se está dando en Reino Unido y en Australia».

También ha propuesto consensuar «a escala europea» la fiscalidad sobre CO2 ya que esto «sería de mucha utilidad» y proporcionaría «un paraguas a todos para desarrollar la fiscalidad adecuadamente», así como «instrumentar exigencias claras» en la política de compras públicas, que representan el 20% del PIB, no solo en lo relativo a la energía sino también, por ejemplo, en lo que se refiere a la alimentación en la escuela pública».

Además ha incidido en la necesidad de generar «pautas de consumo sostenibles» y apoyar a los países en desarrollo para facilitarles el acceso a las energías renovables. Finalmente, Narbona ha opinado que la «planificación de la transición energética» desde las administraciones públicas debe permitir una «gradualidad» para que sea «lo menos traumática posible». Por su parte, el diputado foral de Medio Ambiente de Guipúzcoa, José Ignacio Asensio, destacó que el cambio climático «va a incidir en nuestro día a día» y Guipúzcoa «debe prepararse para hacer frente a este desafío».

Tejerina se compromete con las organizaciones ecologistas a facilitar una reunión con Nadal sobre el carbón y la transición energética

Europa Press.- La ministra de Agricultura y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, se ha comprometido con las ONG ambientales a tratar de facilitar una reunión con el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, para conversar sobre el borrador de real decreto para evitar el cierre de las centrales de carbón y sobre la transición energética y el cambio climático.

El compromiso surgió en el encuentro periódico de la ministra con las ONG ambientales. Según ha explicado el portavoz de Amigos de la Tierra, Alejandro González, se ha tratado de una reunión de seguimiento de temas en la que se han abordado cuestiones como cambio climático y energía y a este respecto le pidieron a la ministra «más participación» en el proceso de elaboración de la anunciada Ley de Cambio Climático y Transición Energética, cuyo borrador inicial se espera para el primer tercio de 2018.

González ha señalado el compromiso de la ministra para que la futura norma sea un texto «consensuado» y para «ajustarse» a los compromisos asumidos por España, no para ir más allá. En todo caso, instaron a la ministra a que después de las reuniones del Gobierno con los grupos políticos el texto se analice en el Consejo Nacional del Clima.

Alianza climática contra el carbón

Además, el coordinador estatal de Ecologistas en Acción, Francisco Segura, ha añadido que se valoró la Cumbre del Clima que concluyó en Bonn (Alemania). A este respecto, la ministra les ha explicado que España no se ha sumado a la alianza contra el carbón en tanto en cuanto no se conozcan las conclusiones del grupo de expertos que está elaborando la Ley de Cambio climático y Energía, que está valorando varios escenarios en el mix energético. «Hasta que España no tenga claro su escenario no van a hacer público ningún compromiso, pero le hemos pedido un mensaje muy claro y fechas concretas para una transición a una energía y economía bajas en carbono», ha apostillado.

Así, el secretario general de WWF, Juan Carlos del Olmo, ha añadido que han hablado con la ministra sobre el borrador de Real Decreto que busca evitar el cierre de las centrales térmicas. Ha sido en ese contexto en el que le han pedido a la ministra una reunión con su homólogo de Energía, Turismo y Agenda Digital para que escuche los argumentos de las ONG ecologistas. «La visión de Nadal choca con los objetivos de la Unión Europea y de la lucha contra el cambio climático», ha afirmado Del Olmo que ha destacado el compromiso de la ministra para facilitar una reunión con Nadal.

Endesa reitera que no tomará decisiones sobre sus centrales térmicas hasta conocer la normativa definitiva sobre el cierre de centrales

Europa Press.- Mientras el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA) ha criticado el borrador de real decreto para evitar el cierre de las centrales térmicas al considerarlo «incoherente», «carente de sentido en el contexto actual» y con algunos preceptos de «dudosa legalidad», Endesa ha reiterado que esperará a conocer el contenido definitivo del real decreto y la nueva Ley de Cambio Climático y Transición Energética antes de tomar una decisión sobre sus plantas de carbón.

Fuentes de la energética señalaron que el Gobierno tiene el derecho y el deber de fijar la política energética del país, por lo que aguardarán a conocer la letra definitiva del decreto y la Ley de transición energética, y cualquier iniciativa se hará «en coordinación con la política energética que determine el Ministerio«. En su plan estratégico 2017-2020, Endesa reafirma su apuesta por la descarbonización total de su mix para 2050, defendiendo la operación de la energía nuclear a largo plazo para garantizar la seguridad del suministro y la preservación del carbón para evitar mayores emisiones y costes del sistema.

A este respecto, llevará a cabo inversiones por 400 millones de euros hasta 2020 destinadas a la seguridad y operación a largo plazo de su capacidad nuclear y de 300 millones de euros para las inversiones medioambientales en sus térmicas. El pasado mes de mayo, Enel, principal accionista de Endesa, anunció su intención de cerrar las centrales de Compostilla (León) y Andorra (Teruel) en 2020 por no ser viables económicamente.

Abogados ambientales critican el decreto

Por su parte, el IIDMA advierte de que algunas de las disposiciones del texto que trabaja el Ministerio de Energía incluye disposiciones que podrían «no estar apegadas a la legalidad» y que en el contexto de transición energética «no es razonable», ya que no contempla criterio de salud ni protección del medio ambiente recogidos expresamente en los artículos 43 y 45, respectivamente, de la Constitución española. En su opinión, lejos del borrador de Real Decreto, sería exigible la «unión de esfuerzos» para lograr un plan de cierre de las centrales «ordenado y progresivo» y, al mismo tiempo aumentar la capacidad fotovoltaica española, de acuerdo con los objetivos de largo plazo.

Tras analizar el texto, añade que disposiciones como la retroactividad o la solicitud de información contable sin considerar los costes de adaptación, o las razones para la denegación de los cierres o la competencia para realizar el informe de valoración medioambiental «son incoherentes». Asimismo, ven «poco racional» exigir presentar la información contable de las instalaciones de los últimos 3 ejercicios sin incluir los costes de adaptación que deben hacerse para seguir funcionando en un futuro.

En este contexto, precisa que las centrales térmicas de carbón en España están operando bajo excepciones a los valores límites de emisión de contaminantes como el SO2, NOx y partículas, como en el Plan Nacional Transitorio, bajo el que se acogen 13 de las 15 centrales. Si bien, para poder seguir operando después de 2020 deberían hacer grandes inversiones en sistemas de desulfuración y desnitrificación. De hecho, calculan que a Endesa le costaría unos 400 millones de euros adaptar las centrales de As Pontes (Galicia), Litoral (Andalucía) y Alcudia (Baleares).

También duda el colectivo sobre la legalidad de la disposición transitoria única que prevé la retroactividad del mismo, porque el texto sería de aplicación a «todos» los cierres solicitados desde el 15 de septiembre. La memoria que acompaña al borrador tampoco justifica de forma razonada la necesidad de retroactividad. Asimismo, recuerda que el futuro Plan de Energía y Clima del Paquete de Invierno de la Unión Europea, que está en negociación, incluirá los objetivos, metas y la contribución de España en descarbonización, metas de energía renovable y eficiencia energética, seguridad, mercado interno de la electricidad y la I+D+i y competitividad.

Finalmente, el IIDMA ve necesario aumentar la capacidad de generación fotovoltaica y precisamente, en el contexto de sequía, que está agotando la fuente de energía hidroeléctrica, insiste en la importancia de buscar soluciones que permitan cumplir los compromisos internacionales como el Acuerdo de París contra el cambio climático. La directora del IIDMA, Ana Barreira, criticó el Decreto por no ser «razonable» en un contexto de transición energética y lamenta la «falta de visión» y previsión a medio plazo del Ministerio ya que «un gran número de centrales» tendrán que cerrar en julio de 2020 y, como máximo, todas tendrán que terminar como mucho en 2030.