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Nadal pide al sector energético tener «longitud de miras» ya que la energía es «un factor clave» para el país

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Europa Press.– El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha pedido al sector energético «poner en común» todas las visiones parciales con las que cada uno pueda contar y tener «longitud de miras» ya que la energía es «un factor clave» para el desarrollo del país. En su discurso con motivo de la entrega de los premios anuales del Club Español de la Energía (Enerclub), Nadal advirtió de la «enorme responsabilidad» del sector energético.

Nadal subrayó que las decisiones que se tomen ahora en el sector afectarán «a la próxima década», por lo que consideró necesario acertar en el actual proceso de cambios que vive el sector. «Si no es así, las próximas generaciones dirán que no estuvimos a la altura», añadió. El ministro destacó que España conseguirá, sin ser un país con grandes recursos energéticos, «ser competitivo si acertamos en la política energética». «Con una estrategia adecuada, tendremos un país de éxito», añadió.

Por su parte, el presidente de Endesa y Enerclub, Borja Prado, tendió la mano «a la colaboración y el diálogo» de todos para convertir los retos que representa este proceso de transición en el sector en «oportunidades para España«. Así, Prado se dirigió al ministro, a quien el año pasado le manifestaba la necesidad de contar con una hoja de ruta con visión a largo plazo, para agradecerle los esfuerzos que desde su Ministerio y otros departamentos se están realizando en la elaboración de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, y ofreciéndole la más estrecha colaboración desde Enerclub.

A este respecto, indicó que el sector es «muy consciente de la complejidad del proceso» ya que «aun teniendo claro dónde queremos llegar, son muchos los caminos posibles, el ritmo con el que podemos transitar por ellos y enormes las implicaciones». Además, valoró el proceso participativo en la elaboración de la ley, que busca el mayor consenso posible, y que, en su opinión, «es la clave del éxito de esta futura ley, como también lo es que sea realista y flexible, para poder revisar lo decidido en función de las nuevas realidades que vayan apareciendo«.

En la edición de este año, Enerclub ha premiado al periodista de Europa Press Paco Baeza, dentro de la categoría de Energía Eléctrica, un galardón que fue entregado por la presidenta de Unesa, Marina Serrano. Por su parte, el premio Gas fue concedido a Rubén Esteller, periodista económico de El Economista, mientras que el premio Petróleo fue concedido a Eugenio Mallol, del diario El Mundo.

Por su parte, el premio Energías Renovables ha sido para Manuel Planelles, redactor de El País. Finalmente, el premio Innovación ha sido concedido a Luis Montoto, de ABC Sevilla, y el premio Energía y Sociedad Victoriano Reinoso, que se entrega como reconocimiento a una personalidad por su extensa y dilatada trayectoria profesional y su brillante contribución al sector energético recayó en José Luis Antoñanzas Pérez-Egea.

Unesa asegura que modificar la retribución “de manera inesperada” pone en cuestión la estabilidad jurídica y perjudica a las empresas

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Europa Press.- La patronal de las principales compañías eléctricas, Unesa, que representa a Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP y Viesgo, junto a otras patronales de distribución como ASEME y CIDE, han recordado que la remuneración de la distribución eléctrica fue establecida por la Ley de 2013 y critican que los ajustes que el Gobierno pretende aplicar se producen «de manera inesperada» al estar fuera de los periodos regulatorios, «lo que pone en cuestión la estabilidad jurídica» y perjudica a las empresas.

Asimismo, señalan que los cambios se quieren introducir cuando aún está pendiente de tramitación la Ley del Cambio Climático y Transición Energética y cuando la comisión de expertos creada por el Gobierno para asesorar sobre estos asuntos aún no entregó sus conclusiones. Para las patronales, la transición energética «exige mantener y ampliar» las redes de distribución y la incertidumbre generada por los cambios regulatorios «no favorece la inversión», que supera los 1.100 millones de euros.

Además, consideran que el papel de las redes «es crítico» para poder integrar de manera efectiva las energías renovables, conseguir que el consumidor sea más activo y responsable en una red digitalizada y para poder ampliar los usos de la electricidad, «por lo que alterar el entorno regulatorio puede condicionar la consecución de estos objetivos«. En su comparecencia en el Congreso, Nadal pidió al resto de fuerzas políticas del Parlamento respaldo para aplicar a las eléctricas y gasistas una serie de ajustes en su retribución por cerca de 250 millones de euros, de los cuales algo menos de 200 millones de euros corresponden al sector eléctrico y otros 50 millones de euros al sector gasista.

Ajustes a distribución y transporte

El mayor de estos ajustes se refiere a los costes del sistema en transporte y distribución, donde considera que existen «casos de sobrerretribución en el factor de retardo», por el que una distribuidora eléctrica o Red Eléctrica de España (REE) reciben un equivalente de tipo de interés del 10% durante dos años desde que se realiza el proyecto hasta que se integra. “Este tipo de interés es altísimo. Un 5% anual a dos años no lo paga nadie para este nivel de riesgo. Pretendemos sustituirlo por un índice financiero”, indicó Nadal, quien estimó que el impacto de esta medida sería de unos 100 millones de euros, en una actividad de unos 7.000 millones de euros.

Otra de las partidas a ajustar corresponde a la retribución correspondiente a unos activos amortizados pertenecientes a las principales compañías, después de una demanda presentada por pequeñas empresas distribuidoras ante el Tribunal Supremo, que estarían «sobreretribuidos» y cuyo impacto sería de unos 70 millones de euros. Además, en los costes extrapeninsulares, propone una actualización en los parámetros de activos una vez que Red Eléctrica ha remitido las pruebas más actualizadas para determinar la estructura de costes de generación de las distintas centrales en las islas, que ascendería a unos 15 o 20 millones de euros.

No obstante, el Gobierno finalmente no ha incluido en el paquete de enmiendas presentadas por el Grupo Popular en el Senado a la Ley contra la sequía ninguna propuesta de cambio encaminada a reducir la retribución a las redes de gas y a la distribución eléctrica. Así, en la batería de enmiendas se incluyen únicamente propuestas de modificación en la Ley del Sector Eléctrico referentes a peajes y cargos para determinadas categorías de consumidores en la modalidad de suministro con autoconsumo caracterizados por ser intensivos en consumo energético o sujetos a estacionalidad y a regadíos, adaptándose a la normativa europea.

En el Congreso, Nadal consideró que estos ajustes en el sistema de la retribución en la parte regulada de las eléctricas proceden de las recomendaciones del regulador, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) o de REE. Nadal también solicitó el apoyo para que las empresas dueñas de las centrales nucleares asuman, en el caso de producirse su cierre, el coste de su desmantelamiento. A este respecto, subrayó que España es el único país en el que el desmantelamiento de una nuclear «es responsabilidad de todos», a través de la sociedad Enresa.

Nadal plantea ajustes a las energéticas por 250 millones de euros y que asuman el coste de desmantelar las nucleares

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Europa Press.- Mientras desde el PSOE afirman que el sector energético «no necesita más parches», el ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha reclamado al resto de fuerzas políticas del Congreso respaldo para aplicar a las compañías eléctricas y gasistas una serie de ajustes en su retribución por un máximo de 250 millones de euros, de los cuales algo menos de 200 millones de euros corresponden al sector eléctrico y otros 50 millones de euros al sector gasista.

En comparecencia en la Comisión de Energía del Parlamento, Nadal también solicitó el apoyo para que las empresas dueñas de las centrales nucleares asuman, en el caso de producirse su cierre, el coste de su desmantelamiento. A este respecto, subrayó que España es el único país en el que el desmantelamiento de una central nuclear «es responsabilidad de todos», a través de la sociedad Enresa.

El titular de Energía señaló que estos ajustes en el sistema de la retribución en la parte regulada de las energéticas procede de las recomendaciones del regulador, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), y ha mostrado su deseo de tramitarlo bien a través de una enmienda en el Senado o como proposición de Ley con el respaldo de los grupos políticos.

En concreto, el mayor de estos ajustes se refiere a los costes del sistema en transporte y distribución, donde considera que existen «casos de sobrerretribución en el factor de retardo», por el que una distribuidora eléctrica o Red Eléctrica de España (REE) reciben un equivalente de tipo de interés del 10% durante un periodo de dos años desde que se realiza el proyecto hasta que se integra. «Este tipo de interés es altísimo. Un 5% anual a dos años no lo paga nadie para este nivel de riesgo. Pretendemos sustituirlo por un índice financiero», indicó Nadal, quien estimó que el impacto de esta medida sería de unos 100 millones de euros, en una actividad de unos 7.000 millones de euros.

Otra de las partidas a ajustar corresponde a la retribución correspondiente a unos activos pertenecientes a las grandes compañías, después de una demanda presentada por pequeñas empresas distribuidoras ante el Tribunal Supremo, que estarían «sobreretribuidos» y cuyo impacto sería de unos 70 millones de euros, así como un ajuste en parámetros de activos de REE que ascendería a unos 15 o 20 millones de euros, «dependiendo de los cálculos definitivos de la CNMC». Respecto al sector gasista, el ministro de Energía estimó que los ajustes que prevé por sobrerretribución de activos estará en torno a los 50 millones de euros.

Asimismo, Nadal insistió en mantener el actual marco normativo y «aplicar la Ley» para revisar a partir de 2020 la rentabilidad razonable para las actividades reguladas del sector y para las renovables, ya que supondrá un ahorro de 1.500 millones de euros. «Creo francamente que hay que aplicar la Ley. Aplicar el bono del Estado más 200 puntos básicos en el caso de la distribución y 300 puntos básicos en el caso de las renovables», indicó Nadal, destacando que conoce «pocas inversiones que obtengan Tesoro más 200 puntos básicos sin riesgo«. Para el ministro, no hacerlo así sería algo «poco entendible por los consumidores que tienen unos costes altos por aquellas políticas energéticas que se han hecho en el pasado».

Por otra parte, Nadal también señaló que sequiere facilitar la instalación de postes de recarga y desregular la figura del gesto de carga. Además, prevé que se permita el suministro eléctrico a buques, aeronaves y ferrocarriles en instalaciones portuarias y aeroportuarias para reducir el consumo de combustibles fósiles en estas instalaciones. Finalmente, Nadal presentó una iniciativa para prevenir el fraude del IVA en el negocio de los carburantes. «Todas las semanas tengo expedientes por este tipo de acciones», apuntó.

El PSOE habla de “parches”

Por su parte, la portavoz socialista de Energía en el Congreso, Pilar Lucio, instó al ministro a buscar «otras mayorías» si quiere aprobar modificaciones en la retribución y consideró que el sector energético en España «no necesita más parches; necesita una reforma integral». Además, cuestionó a Nadal si está teniendo en cuenta los cambios que se avecinan en el sistema energético» y «si su política energética va a ir alineada con la europea y no en la dirección contraria, que es lo que parece forzar».

Asimismo, Lucio ha criticado que el Gobierno haya recurrido al proceso de enmiendas en el Senado de la ley de medidas urgentes para paliar los efectos de la sequía cuando el propio Congreso discute el actual modelo energético en otro grupo de trabajo. «Estamos en un proceso de elaboración de los escenarios de transición energética y no vemos adecuado en este momento la adopción de estas medidas, que son un parche para algo que requiere una modificación en profundidad«, aseveró.

Lucio sostiene que Nadal tendrá que buscarse otros apoyos si quiere sacar adelante una reducción en las retribuciones, una vez el proyecto de ley vuelva al Congreso y se someta a votación en el Pleno de la Cámara Baja. «Si lo que quiere contar es con el PSOE, no vamos a tomar medidas si no es de forma global», subrayó.

Así, ha alertado de «la inseguridad jurídica» por «tomar medidas de ese calado» en torno al modelo energético por ser medidas que, en un breve período de tiempo, fruto de los trabajos de ese grupo dedicado a la transición energética, pueden volver a modificarse. Lucio ha recordado que están a la espera de recibir el informe de los expertos sobre esta cuestión y que, posteriormente, se constituirá una ponencia para debatir el futuro modelo energético y su transición hasta el mismo. «Hasta que eso no se dé, no vamos a hacer ningún paso adelante», aseveró.

De forma más reservada, Unidos Podemos también se ha desmarcado de las intenciones del Gobierno de cambiar estas retribuciones, aunque reconocen que ven positivamente buscar una rebaja en el precio de la factura eléctrica. Sin embargo, recelan de las intenciones de Nadal. «Obviamente, simpatizamos con todo lo que sea bajar los precios, pero con esta gente siempre hay algo de trampa detrás. Estamos convencidos de que están negociando con las empresas», aseguró la portavoz energética de Unidos Podemos, Yolanda Díaz.

Así, Díaz ha optado por adoptar una posición de «absoluta prudencia» hasta no ver con detalle tanto las enmiendas como el texto final de las modificaciones en el sistema de retribuciones eléctricos, pues cree que «con este Gobierno es un escándalo todo lo que tiene que ver con la energía». «Esta gente es un peligro», ha resumido Díaz, que recuerda el efecto de otras medidas que podían compartir, como la de cargar en las empresas el bono social, una operación doblemente anulada por la justicia española y que han agravado el déficit eléctrico y encareciendo la factura de la luz.

Galán asegura que cambiar un modelo de fuentes contaminantes por energías limpias es «la única solución» contra el cambio climático

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Europa Press.- Mientras Iberdrola seguirá remitiendo información a sus clientes sobre cómo acogerse al nuevo bono social hasta el final del período transitorio que concluye en abril, para que los antiguos beneficiarios se mantengan en el nuevo sistema, el presidente de la compañía, Ignacio Sánchez Galán, asegura que la transición energética hacia un modelo sostenible con energías limpias «es la única solución capaz de conciliar la satisfacción del fuerte crecimiento de la demanda energética con el cumplimiento de los objetivos climáticos globales«.

Galán defiende «acelerar» la transición energética hacia ese modelo estableciendo la planificación «adecuada para impulsar definitivamente la descarbonización de la economía y procurando un reparto justo de los costes climáticos entre los diferentes sectores, de acuerdo con el principio quien contamina paga«. A este respecto, el presidente de la energética considera que la Unión Europea parte de «un diagnóstico acertado» y avanza «en la dirección correcta» con iniciativas como el paquete Energía limpia para todos los europeos o la Plataforma de las regiones mineras en transición, «a la que se han sumado nuestras comunidades de Castilla y León y Asturias» para abordar su transformación hacia una economía sostenible y sólida».

Galán señala que la «tendencia imparable» hacia las renovables exige aprovechar «el enorme potencial transformador de las soluciones con las que cuenta el sector eléctrico». No obstante, subraya que para ello es preciso contar con «una política energética clara, y con una regulación estable y predecible, capaz de atraer los capitales necesarios para acometer fuertes inversiones que se requieren en energías renovables y redes». A este respecto, Galán apunta que la seguridad del sistema estaría «siempre garantizada» con un diseño de mercado que permita disponer de potencia firme y flexible para respaldar a las energías renovables, «intermitentes por naturaleza, cuyos costes se han abaratado enormemente».

Respecto a los sistemas tarifarios, pide que reflejen «adecuadamente» los costes reales de producir, distribuir y suministrar electricidad a los clientes, «liberándolos de las actuales cargas no relacionadas con el servicio, que en la actualidad alcanzan el 50% de las tarifas pagadas por muchos europeos«. El directivo reitera que Iberdrola continuará «invirtiendo en energías renovables, en las redes necesarias para integrarlas y en almacenamiento, actividades a las que destinará 25.000 millones de euros hasta 2020.

Seguirá informando del bono social

El Gobierno aprobó en octubre el decreto que regula la aplicación del nuevo bono social de electricidad, que está basado en criterios de renta para que puedan acceder los consumidores que más lo necesitan y que supondrá descuentos de hasta el 100% en la factura de la luz. La energética, de acuerdo con todos los cambios normativos, sigue adaptando sus procesos de gestión de solicitudes de bono social a la evolución de la normativa y, en concreto, a los más recientes sobre la presentación de certificados por parte de familias numerosas (renta) y pensionista del sistema de la Seguridad Social.

De esta manera, la compañía ha remitido la carta informativa publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) con información actualizada al respecto del bono social eléctrico a todos sus clientes y seguirá remitiéndola junto a la factura hasta que acabe el periodo transitorio establecido de 6 meses. Con motivo de la aprobación del nuevo bono social eléctrico, la compañía eléctrica lanzó una campaña informativa al respecto mediante la remisión de información de la normativa a más de 1.500 responsables de consumo y de servicios sociales de organismos públicos, asociaciones de consumidores y entidades sociales.

Además, Iberdrola, que también procedió al envío de más de un millón de cartas explicativas a los clientes y preparó sus canales para la gestión de las solicitudes del nuevo bono social, puso en marcha un plan de visitas en persona para explicar el bono social a los responsables de servicios sociales de las comunidades autónomas y municipios de más de 100.000 habitantes de zonas donde tiene una importante presencia.

Asimismo, lanzó una web (www.iberdrolacur.es) para sus clientes regulados, los acogidos al conocido como PVPC (Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor) y entre los que figuran los beneficiarios del bono social, con el fin de reforzar la diferenciación y la separación entre las dos comercializadoras de energía del grupo en España. Iberdrola cuenta con unos 862.700 clientes acogidos al bono social, reformado por el Gobierno después de que el anterior fuera tumbado por el Tribunal Supremo al declarar inaplicable su régimen de financiación por considerarlo incompatible con la normativa comunitaria.

APPA, AEE y UNEF aplauden el objetivo del 35% de renovables aprobado por la Eurocámara y pide compromiso al Gobierno

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Europa Press.- Mientras la Asociación Empresarial Eólica (AEE) ha aplaudido la aprobación del nuevo objetivo del 35% de energías renovables para 2030 por el pleno del Parlamento Europeo, aunque considera que «no habiendo objetivos vinculantes para los estados miembros, el reto es conseguir las políticas y los instrumentos adecuados para alcanzar el objetivo común de la Unión Europea«, APPA Renovables y la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) también aplauden la postura de la Eurocámara y demandan al Gobierno «compromiso con la transición energética».

La patronal APPA valora «positivamente» el amplio respaldo del Parlamento Europeo aunque lamenta que «no se hayan establecido metas vinculantes a nivel nacional y determinadas propuestas específicas«. APPA considera que, a pesar de «la buena noticia» que supone el amplio consenso a favor del 35%, «se deja en manos de los Estados el establecimiento de los planes y objetivos nacionales».

Por ello, insta al Gobierno a «asumir esta amplia mayoría de la sociedad convirtiendo ese 35% en el objetivo nacional dentro de la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética«. Así, señala que el compromiso del Gobierno español con la transición energética «debe ser demostrado también en su postura ante el Consejo Europeo, elevando su posición actual del 27%».

Paso adelante hacia las renovables

Por su parte, la Asociación Empresarial Eólica cree que este objetivo es «abordable e incluso superable» y señala que, con esta cuota del 35%, la Unión Europea demuestra «su apoyo a la industria eólica europea y a los beneficios económicos que genera el sector en el continente». La patronal eólica subraya que la aprobación del Parlamento Europeo es «un paso más» para facilitar el incremento de las renovables en la Unión Europea y en España.

UNEF celebra el compromiso europeo

En el mismo sentido, UNEF considera que la definición de un objetivo del 35% demuestra para la Unión Europea «su compromiso y la ambición necesario para los objetivos del Acuerdo de París». UNEF señaló que la posición expresada por el Parlamento Europeo con respecto a la futura directiva de Energías Renovables expresa «un fuerte mensaje de apoyo a todas las energías renovables». UNEF subrayó que, además del aspecto medioambiental, la apuesta por las renovables implica «apoyar la creación de empleo, fomentar el crecimiento económico y contribuir al mejoramiento de la saludde todos los ciudadanos«.

La patronal, que señaló que el sector fotovoltaico «está preparado para desempeñar un papel protagonista en España en la transición hacia un modelo energético sostenible», aplaudió también el apoyo del Parlamento Europeo a la defensa del autoconsumo, «un derecho que todos los ciudadanos tienen que poder ejercer sin barreras artificiales, y a la eliminación del peaje de respaldo o impuesto al sol«. Así, UNEF afirmó que ahora corresponde a los Estados miembros la responsabilidad de cumplir con el mandato democrático emitido por el Parlamento Europeo «para seguir avanzando hacia el cumplimiento de los compromisos definidos por el Acuerdo de París».

La exministra francesa Ségolène Royal apuesta por impulsar en África la energía solar en la lucha contra el cambio climático

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Europa Press.- La ministra francesa de Medio Ambiente, Energía y Asuntos Marinos entre 2014 y 2017, Ségolène Royal, apostó por sumar al continente africano y a las mujeres en la lucha contra el cambio climático apelando a una «justicia climática mundial». En este sentido, Royal habló de las reticencias iniciales del continente africano por sumarse a un acuerdo climático por no haber vivido la revolución industrial de países desarrollados, si bien ahora en África son «los más activos», siendo los menos responsables.

Royal ha encomiado el trabajo que se realiza desde el continente africano, donde ya se dan consecuencias de la crisis climática, y ha apostado por alimentar a estos países con tecnología y energía solar: «Así se resolverán problemas de todos y se hará justicia mundial, justicia climática con África también«. Asimismo, Royal ha reivindicado la cuestión de las mujeres como un ámbito «crucial» a la hora de combatir el cambio climático, puesto que sobre éstas pesa el liderazgo del 80% de la agricultura en África, y ha apostado por empoderar al colectivo femenino con microcréditos.

La exministra ha hablado de una nueva humanidad organizada alrededor de la economía verde y ha considerado la necesidad de acoger el reto climático como una «oportunidad extraordinaria», a través de la inversión en finanzas verdes, que también pueden contribuir a conseguir paz en el mundo. Royal ha recordado que el Acuerdo de París supuso una conjura de los principales países para evitar un calentamiento global de más de 2ºC en el Planeta hasta 2100, y Francia aprobó luego una Ley de Transición Energética que prevé una reducción del 30% del consumo de energías fósiles.

Royal ha lamentado que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, haya decidido sacar el estado norteamericano del acuerdo de París, firmado en abril de 2016 por parte de unos 150 países del mundo, entre los que figura España. Las Naciones Unidas auguran que con un calentamiento global de más de 3ºC o 4ºC a final de siglo, 200 millones de personas se desplazarán por el cambio climático: «La falta de acceso al agua potable mata a más gente que todas las guerras«, asevera.

«Formamos parte de la cadena de la vida y si pensamos que solo van destruirse animales y plantas estamos muy equivocados», subrayó la exministra y autora del libro Manifest pour une justice climatique. «En la guerra contra la naturaleza, si el hombre gana pierde», resaltó Royal, que recalcó que el cambio climático no es ninguna amenaza, sino que ya es una realidad con episodios de sequía, seguidos de lluvias intensas, destrucciones de viviendas y ganados.

La Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE, Cepsa e Iberdrola lanzan el Observatorio del Vehículo Eléctrico y la Movilidad Sostenible (OVEMS)

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Europa Press.- La Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE ha creado el Observatorio del Vehículo Eléctrico y la Movilidad Sostenible (OVEMS), un grupo de trabajo que cuenta con el apoyo de compañías como Cepsa e Iberdrola, para investigar sobre la tecnología en torno a la movilidad sostenible, según indicó ICAI-ICADE.

El OVEMS pretende aportar, en el marco del Acuerdo de París de 2016 ante la amenaza mundial del cambio climático, una plataforma de datos, investigación aplicada y evaluación técnica para dar soporte y acompañamiento al desarrollo y viabilidad de la movilidad eléctrica y sostenible en España. Así, el objetivo del Observatorio será contribuir al cambio de paradigma medioambiental del transporte a través de un enfoque interdisciplinar, para lo que contará con la colaboración de la ICAI y del Instituto de Investigación Tecnológica (IIT), así como con diversas áreas de la universidad relacionadas con el negocio, la legislación o los impuestos.

Según los directores del observatorio, Jaime Román y Pablo Frías, «se trata de una iniciativa original en España y tiene un enorme potencial, ya que el vehículo eléctrico está remodelando el sector del transporte y de la utilización de la energía». «La movilidad sostenible es la alternativa a reducir los efectos de un transporte contaminante, con el vehículo eléctrico para combatir el cambio climático, mejorar la calidad del aire en las ciudades y reducir la dependencia externa de combustibles fósiles y no sostenibles», han añadido.

José Manuel Moreno, científico del IPCC: «Hay que reducir drásticamente el uso de combustibles fósiles y apostar por las renovables”

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Europa Press.- El científico español José Manuel Moreno, miembro del Panel Intergubernamental de Cambio Climático de la ONU (IPCC), asegura que el récord histórico de temperatura registrado en 2017 en España «es un reflejo de lo que está por venir» si no se detiene el cambio climático.

A su juicio, España, junto con el resto de países europeos, debe liderar el cambio para frenar el calentamiento global y «predicar con el ejemplo», pues según Moreno, la «tarea pendiente» que tiene el país es la reducción de los combustibles fósiles. «No hemos desacoplado nuestro desarrollo económico del uso de los combustibles fósiles», afirma el profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha, que lo considera algo «lesivo para la mayor parte de la ciudadanía».

«Europa ha demostrado en los últimos 20 años que puede reducir sus emisiones netas de carbono y seguir desarrollándose», afirma Moreno, que también pone de ejemplo a Estados Unidos cuando el presidente Obama ocupó la Casa Blanca, lo cual demuestra que «no hay nada que resulte imposible». Pero para el experto se necesita «voluntad política» que consista en la distribución de los recursos, de modo que se garantice que quien vaya a verse afectado por estas reducciones sea «compensado». «No queda más remedio que disminuir las emisiones y eso significa reducir drásticamente el uso de combustibles fósiles y poner el énfasis en las energías renovables, no queda otra alternativa», resume.

Además, Moreno considera «imprescindible» que la transición energética hacia las energías renovables se realice a corto plazo porque «el tiempo apremia». Moreno sostiene que al ritmo actual de emisiones, de aquí a 2030 el mundo habrá emitido gases «de sobra» como para «abandonar la agenda» acordada en París, en la que se estableció como objetivo que la temperatura media del planeta no aumente más de 2ºC para 2100. Precisamente, Moreno alerta de que para finales de siglo, el mundo podría calentarse hasta 3 grados más. «Cabe esperar sucesivos récords conforme vaya pasando el tiempo si no detenemos el calentamiento», indica.

Moreno califica de «buena noticia» la Ley de Cambio Climático que está preparando el Gobierno, pero aún falta «concreción, plazos y compromisos». A su juicio, debe «establecer una senda de reducción de emisiones clara y compatible, al menos, con los objetivos de París», debe acoger «unos compromisos de transformación energética hacia el predominio de las energías renovables» y debe concretar «un programa de adaptación real para el cambio climático». «Vamos a sufrir las consecuencias, esa ley tiene que prever que van a ocurrir cosas y habrá que estar preparado», sostiene.

Aunque Moreno piensa que «revertir» el cambio climático y sus consecuencias «sería un proceso que llevaría mucho tiempo», señala que «algunas cosas no se van a poder revertir ya», por lo que «no hay otra solución» que pararlo, y «cuanto antes mejor». «Nadie pensó que nos íbamos a encontrar así, a pesar de que los científicos ya lo anticiparon», concluye.

Asturias se convierte en el laboratorio mundial del primer tren de viajeros que utiliza gas natural licuado (GNL)

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Europa Press.- El ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, ha inaugurado en Asturias la «primera experiencia en el mundo» de un tren con gas natural licuado (GNL) en el sector ferroviario de viajeros, entre Mieres y Figaredo (Asturias). El objetivo del proyecto, encabezado por Renfe junto con Gas Natural Fenosa y Enagás, y en colaboración con Bureau Veritas, es verificar la viabilidad de una solución con potenciales ventajas ambientales y económicas para los tráficos que se desarrollan actualmente con tracción diésel en España.

El proyecto se enmarca dentro del plan de descarbonización y eficiencia energética en el que trabajan Renfe y Adif y en la estrategia de impulso del Vehículo con Energías Alternativas (VEA) en España 2014-2020, en línea con la aplicación de la Directiva 2014/94 sobre la implantación de una infraestructura para los combustibles alternativos en Europa. Este proyecto está en línea con los objetivos de la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética que prepara el Gobierno. La citada ley marcará el camino para alcanzar los compromisos internacionales adquiridos en materia de cambio climático y energía de forma eficiente. En el cumplimiento de los objetivos de reducción de emisiones, el ferrocarril juega un papel fundamental.

Según datos del Ministerio de Energía, el ferrocarril consume prácticamente la mitad de toda la electricidad utilizada en el sector del transporte en España (el 45,8% frente al 20,1% de la carretera). Además de continuar con la electrificación del ferrocarril, es conveniente apostar por alternativas. Y el gas natural, aseguran, es el combustible alternativo con mejores condiciones para protagonizar una transición segura y eficiente en el corto plazo, por motivos de disponibilidad, precio y estabilidad.

El proyecto de innovación en tracción ferroviaria analizará la viabilidad de la adaptación de vehículos ferroviarios para su funcionamiento con motores y depósitos de GNL y el correspondiente análisis técnico, legal, económico y ambiental para la red ferroviaria española y europea. Las pruebas con motor GNL están programadas en un tren autopropulsado del parque diésel de Feve (2600). Para ello, se sustituyó el motor diésel de una de las dos unidades automotoras pareadas por otro que consume gas natural para su propulsión y se instalaron los depósitos en los que se almacenará el GNL junto con los elementos auxiliares necesarios.

Las circulaciones permitirán contrastar los resultados obtenidos, tanto para tecnología diésel como para la de gas, ya que se mantiene una cabeza tractora con cada tipo de combustible en el mismo tren. De estas pruebas se extraerán conclusiones sobre requisitos técnicos de espacio, peso, refrigeración, y autonomía para la tracción de gas natural, además de otras consideraciones y variables comparativas en emisiones y economía operativa.

El proyecto contempla la incorporación de motores GNL a una serie de trenes en las Cercanías asturianas para prestar servicio en la línea de Cercanías F8 (Baíña-Collanzo). Como parte de su estrategia hacia una mayor descarbonización de los tráficos, Renfe también trabaja en otros proyectos de sustitución de motores diésel con tecnologías alternativas, como el hidrógeno o las baterías alternativas.

Las ventajas que el uso del gas natural puede tener como combustible ferroviario responden a varios factores. Puede contribuir a reducir la contaminación medioambiental respecto al diesel al disminuir en un 20%/30% las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx), en un 99% las de óxidos de azufre, en un 90% las de materia particulada (PM) y en un 70%/90% las de monóxido de carbono (CO), la contaminación acústica y los gases invernadero, así como abrir opciones ante posibles nuevas exigencias ambientales en el sector ferroviario.

Desde el punto de vista económico, el Ministerio de Fomento sostiene que puede contribuir a reducir costes operativos por un mejor escenario de precios en general respecto a los combustibles derivados del petróleo, reducir la dependencia energética de esta fuente y ofrecerse como alternativa a la inversión en electrificación de tramos no electrificados. España cuenta con una larga experiencia de gestión de GNL y su logística está considerada dentro de los marcos de acción que los Ministerios de Energía y Fomento desarrollan al amparo de las directivas comunitarias, factores que pueden garantizar la seguridad de suministro para este mercado potencial.

Los 7 reactores nucleares aportaron el 21% de la electricidad en España en 2017 y operaron el 85,8% del año

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Europa Press.- Las centrales nucleares, que cuentan con un total de 7 reactores en operación, aportaron el 21% de la electricidad en España durante el año 2017, según datos del Foro de la Industria Nuclear Española, de acuerdo con el balance anual de Red Eléctrica de España.

La patronal de la industria nuclear destaca que esta fuente energética que no emite CO2 lideró la producción con «seguridad de suministro» ya que los reactores operaron el 85,8% del tiempo del año 2017, más de 7.500 horas. En concreto, añade que, representando el 7,06% del total de la potencia instalada en España, fue la primera fuente de generación eléctrica ya que los reactores produjeron 55.612 gigavatios por hora netos. «Constituye una base firme y predecible para la garantía del suministro eléctrico«, defiende el sector.

El presidente del Foro Nuclear, Ignacio Araluce, ha manifestado que estos datos demuestran la «disponibilidad, la fiabilidad, la estabilidad y la predictibilidad que ofrece la energía nuclear«, al saber que funciona siempre y en todo momento y con altísima regularidad, y posibilita una adecuada gestión del sistema eléctrico. Además, ha añadido que esta producción eléctrica supone casi el 40% de la electricidad sin emisiones contaminantes.

«La energía nuclear es una fuente esencial en la transición energética. Desde un punto de vista técnico, las centrales nucleares son imprescindibles si queremos disponer de electricidad de forma segura y constante y si pretendemos cumplir con los acuerdos ambientales internacionales ratificados«, ha agregado. Araluce considera también que los resultados positivos de 2017 son fruto del «buen hacer» de una industria capacitada, tecnológica y puntera» que realiza una «firme apuesta» por la I+D+i con «reconocido prestigio internacional» y con un equipo de profesionales «altamente cualificados».