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El Gobierno activará una “campaña masiva” para facilitar el acceso al bono social e introduce modificaciones en la planificación energética

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EFE.– El Gobierno aprobó una modificación de la planificación energética para el periodo 2015-2020 que prevé nuevas actuaciones por un importe de 241,6 millones de euros, entre las que se incluye un nuevo enlace entre Mallorca y Menorca adicional al que se encuentra actualmente en tramitación. Asimismo, el Ministerio para la Transición Ecológica activará una «campaña masiva» para facilitar que los potenciales beneficiarios se acojan al nuevo bono social, ya que el porcentaje actual es «ridículo», según su titular, Teresa Ribera.

La intención del Ministerio es facilitar «no sólo la comprensión de cómo acogerse al bono social sino el hecho mismo de acogerse» para que sea «muy sencillo para todo el mundo». El objetivo, según Ribera, es que el bono social «pueda estar operativo al máximo en octubre», con independencia de que se puedan ampliar los plazos ante las “grandes dificultades burocráticas” para acogerse al nuevo.

El bono social, que consiste en descuentos en la factura eléctrica para los consumidores vulnerables, fue reformado después de que el Tribunal Supremo declarara inaplicable su régimen de financiación anterior por ser incompatible con la normativa comunitaria. El nuevo modelo también ha sido recurrido por las 5 grandes eléctricas por ser las comercializadoras las que lo financian y no el Estado. Ribera ha señalado que el sistema «tiene que estar bien armado» y ha asegurado que «el planteamiento de un bono social asociado directamente a la cuenta de resultados de las eléctricas no es posible».

En cuanto a los precios de la electricidad, ha subrayado que, según los analistas internacionales, el nuevo modelo implantando es mucho más barato para el consumidor final, aunque «el ahorro, la eficiencia y la presencia masiva de renovables encajan mal con el modelo regulatorio actual». Esto se debe a que las nuevas tecnologías suponen una inversión importante, aunque después permitirán «enormes ahorros». Por el contrario, ha afirmado que «el modelo actual incentiva el diferencial, el beneficio marginal de lo que ya existe«, lo que dificulta la entrada de nuevas tecnologías.

Cambiar la formación de precios

Por eso, cree que hay que hacer un diagnóstico para corregir el esquema y beneficiarse de las oportunidades que la tecnología ofrece, además de actualizar las variables que la Ley del Sector Eléctrico considera que deben ser cubiertas mediante la tarifa. Ribera ha indicado que «no se entiende muy bien» que en un año en el que ha llovido en abundancia y no hubo olas de calor hasta agosto, el precio de la electricidad suba. En su opinión, hay cosas que tienen que ver más con el contexto regulatorio que con decisiones estructurales y sistémicas que tomarán en todo caso, como la transformación del modelo energético, en el que las nucleares y el carbón irán saliendo mientras entran más renovables.

En cuanto al Plan Nacional de Energía y Clima, ha señalado que le gustaría que su tramitación parlamentaria se iniciara a principios de 2019, para lo cual se remitiría al Parlamento antes de finales de año. Ribera ha subrayado que las redes eléctricas serán fundamentales en la transición energética y ha recordado que recientemente el Gobierno ha aprobado una modificación de la planificación energética para que haya mayor conexión y facilitar la incorporación de las renovables adjudicadas en las subastas y la electrificación del transporte.

Respecto a los colectivos y territorios que se verán más afectados por el cambio de modelo energético, la ministra indicó que el Ministerio quiere tener preparada la estrategia de Transición Energética Justa para después del verano. Además, ha recordado que la transición energética va a generar nuevas oportunidades de desarrollo. En cuanto a la industria del automóvil, ha señalado que su producción debe evolucionar hacia lo que se pide ya en países como China o India, donde los fabricantes europeos abren plantas de coches eléctricos.

Modificación de la planificación energética

Según apareció en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el enlace entre Mallorca y Menorca que se ha incluido en la modificación de la planificación energética es distinto al que se encuentra en tramitación ya que hubo que acometerlo por la avería, de carácter irreversible, que hubo a finales del 2017 en el que existía para conectar las dos islas.

Las modificaciones también contemplan infraestructuras para evacuación de nuevas instalaciones de generación eléctrica a partir de fuentes de energía renovables. El Ministerio para la Transición Ecológica explica en el BOE que muchas de estas actuaciones para evacuar energía renovable no supondrán coste en concepto de inversión para el sistema por tratarse de ampliaciones de subestaciones existentes. Según indica el departamento ministerial, estas actuaciones se justifican por razones de eficiencia económica del sistema, ya que redundarán en una reducción del precio del mercado de la electricidad.

Las modificaciones también incluyen una serie de actuaciones para el suministro a los nuevos desarrollos de la red de transporte de ferrocarril, fundamentalmente para alta velocidad. En la planificación también se incluyen las modificaciones relativas a nuevas instalaciones de transporte por cambio de su titularidad para, mediante su inclusión en la planificación, permitir el cumplimiento del requisito establecido por la Ley del Sector Eléctrico para el reconocimiento de su retribución.

El coste estimado de las actuaciones (241,6 millones) respeta el límite al volumen total de inversión de la red de transporte de energía eléctrica en el horizonte 2015-2020 establecido en la normativa vigente, señala la resolución. La estimación de inversiones asociadas a las infraestructuras eléctricas previstas en el horizonte 2015-2020 es de 4.554 millones de euros, con un volumen de inversión medio anual de 759 millones de euros, de los que se prevé recuperar 143 millones de los fondos Feder a lo largo del periodo.

La transición energética requerirá invertir 80.000 millones hasta 2030, según Ribera, que cifra los arbitrajes internacionales pendientes en 8.000 millones

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EFE.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, calcula que las reclamaciones contra España ante instancias internacionales de arbitraje por los recortes en las primas a las energías renovables acometidos por el anterior Gobierno superan los 8.000 millones de euros. Asimismo, la transformación del modelo energético en España hacia la descarbonización significará inversiones de entre 70.000 y 80.000 millones de euros hasta 2030, requerirá de muchas complicidades y será una oportunidad para la creación de empleo verde, según la ministra.

En este sentido, Ribera ha detallado que «desde 2006 sabemos que hay que acometer reformas importantes en el sector del carbón», y desde el 2010-2012 la Unión Europea dotó de un marco de acompañamiento para el cierre de estas explotaciones a más tardar en 2018. La Comisión Europea espera que la contribución que haga España sea como mínimo del promedio de los objetivos de la revisión de la directiva europea sobre renovables en el llamado paquete de invierno para cumplir con el Acuerdo de París: alcanzar el 40% de reducción de emisiones de efecto invernadero, el 32% de renovables y el 32,5% de eficiencia energética.

El objetivo es llegar a la descarbonización completa de la economía o equivalente, y el 90% de emisiones en 2050, cuestiones que «serán posibles con señales regulatorias y calendarios técnicos de sustitución». La ministra reconoce que es evidente que en este camino Red Eléctrica se convierte en un «brazo ejecutor de muchas cuestiones», que tiene muchos desafíos en cuanto a digitalización, conexión, conectividad de grandes redes de transporte con microredes o sistemas de generación distribuida.

Otro reto es la adaptación energética del parque de edificación y cita como ejemplo el caso holandés, cuyo gobierno ha dado un plazo hasta 2030 para eliminar el suministro de gas de todo el parque construido. Se trata de algo que aquí jamás se había pensado y que requiere de una serie de nuevas habilidades profesionales para los empleos verdes que obligaría a un cambio de modelo de formación profesional, cualificación y diseño de negocios.

Ribera ha indicado que la ley de Cambio Climático se presentará en septiembre y ha citado como progresos interesantes la Ley catalana sobre la materia, el proyecto de ley de Baleares y en las que trabajan otras comunidades autónomas, además de la propuesta de Podemos. Además, hay esa «cosa peculiar», en referencia a la propuesta de ley presentada por el PP porque, más que salir de las cabezas de Génova, sale de la Oficina de Cambio Climático, cuando ya no era parte de la Administración.

«No tengo ninguna objeción en que el PP subraye su compromiso con el cambio climático; al contrario, creo que nos jugamos mucho como para que nadie pueda decir que no le importa o mirar para otro lado», ha apuntado Ribera, que ve importante una ley que «permita generar y visibilizar de forma capilar los procesos de cambio» y que cree sinergias entre el sector público y el privado. Así, en materia de transporte, subrayó la importancia de reducir las emisiones al 0% en 2050, ya que actualmente suponen el 40%.

8.000 millones en los arbitrajes

Respecto a los arbitrajes internacionales, Ribera señala que actualmente hay 40 laudos o procesos de arbitraje vivos, a los que se sumarán otros anunciados, y la cantidad total reclamada, aunque «son estimaciones y hay que ser muy cautos», estaría por encima de los 8.000 millones. Este hecho, ha apuntado la ministra, ha convertido a España «en el país con más litigiosidad y arbitraje pendiente». Según Ribera, estas reclamaciones ponen de manifiesto que, cuando uno decide actuar al margen del contexto en el que opera, «la factura puede salir más cara que la que pretende evitar«.

Ribera ha explicado que la estrategia de defensa de España se ha apoyado en que no cabe aplicar la Carta de la Energía a inversores de países comunitarios, que estarían sometidos al mismo régimen que los españoles. La titular de Transición Ecológica señaló que, aunque ese criterio ha sido respaldado recientemente por la Comisión Europea, «parece que al Ciadi (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones), que es donde se están sustanciando la mayor parte de los arbitrajes, no le acaba de convencer».

Según la ministra, en la cuestión de los arbitrajes, España tiene como alternativas que sigan los litigios, «que ya se recurrirá», o «explorar si hay otras opciones«. En este sentido, resaltó que los portugueses fueron «muchísimo más inteligentes desde el primer momento», ya que buscaron soluciones que convencieran a las partes. Finalmente, Ribera ha recalcado la importancia de que España sea «un país atractivo y seguro en términos de inversión«, ya que la transformación energética exigirá inversiones de entre 70.000 y 80.000 millones hasta 2030.

Ribera garantiza a las comarcas mineras que las centrales térmicas de carbón no cerrarán «de hoy para mañana»

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Europa Press / EFE.- La Asociación de las Comarcas Mineras (ACOM) ha asegurado que la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha tranquilizado a este colectivo al asegurarles que el carbón y las centrales térmicas no cerrarán «de hoy para mañana» y les ha prometido en su primera reunión que la organización será actor principal en la transición del sector.

El presidente de ACOM, Antonio Alider, ha explicado tras la primera reunión de representantes de la asociación con la ministra que durante un intervalo de dos horas han podido trasladarle a Ribera todas sus inquietudes y exponerle los problemas de estas comarcas. Así, ha agradecido la reunión con la titular encargada de la Transición Ecológica en España, quien en la primera semana en su cargo avisó de un plan de cierre inminente para el carbón y las centrales térmicas, en el marco de una mayor ambición contra el cambio climático. Por ello, respecto a las centrales térmicas de carbón, ACOM expuso «el escenario de la situación real e implicaciones que pudiera tener para sus municipios» la clausura de esas plantas.

Alider, que es también del PSOE como Ribera y alcalde de Igüeña (León), ha destacado que ha encontrado a una ministra con gran conocimiento de la situación, por lo que le han pedido que vele por la continuidad de las centrales térmicas y nuevas alternativas de empleo para el futuro. En este contexto, ha revelado que Ribera les ha «garantizado la mayor continuidad posible» dentro de lo que permita el marco legislativo europeo, lo que en palabras del presidente de ACOM, indica que «no hay que poner fechas de cierre inmediatas» ni de «hoy para mañana» sino mientras tanto seguir trabajando para una nueva generación de empleo en estas zonas.

Actor principal de la transición

Esta primera reunión ha supuesto una toma de contacto entre el Ministerio y la ACOM, la organización más cercana a las zonas mineras. Ambas partes se comprometieron a mantener sucesivos encuentros y el próximo no será antes del 15 de septiembre. Asimismo, Alider añadió que fruto de la reunión es el compromiso ministerial de crear «grupos de trabajo operativos» para adoptar las medidas oportunas en la transición a una economía baja en carbono en la que la ministra les ha dicho que las comarcas mineras serán «actor importante» en este proceso y “pilar fundamental en la reactivación de sus territorios”.

Asimismo, las cuencas mineras reclaman que se cuente con ellas para tomar cualquier decisión que afecte directamente a sus territorios. «Sobre todo ahora tenemos tranquilidad de que no se van a tomar decisiones de hoy para mañana y, aunque no se ha establecido la fórmula, el Gobierno nos ha adelantado que ya está trabajando en ello», asevera Alider, quien ha recordado que el Plan del Carbón actual termina el próximo 31 de diciembre. Los municipios mineros consideran «imprescindible» la creación de un tejido social y económico necesario en sus comarcas, que pasa por el cumplimiento del actual Plan. Por último, ha apuntado la posibilidad de que el Gobierno busque la fórmula legal para poder dar una prórroga al citado plan.

Por otro lado, la ACOM trasladó a la ministra la necesidad de negociar con la Unión Europea la continuidad de las explotaciones rentables de carbón más allá de 2018. En este sentido, los representantes de las cuencas mineras demandan flexibilizar la normativa comunitaria vigente, que prevé el cierre de las explotaciones no rentables al final de este ejercicio y que las rentables que quieran seguir operando devuelvan las ayudas recibidas.

El Consejo de Ministros aprueba la creación de la Comisión Interministerial de Cambio Climático y Transición Ecológica

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Europa Press. –El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica, con la aprobación previa del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, ha aprobado un Real Decreto por el que se crea y regula la Comisión Interministerial para el Cambio Climático y la Transición Energética.

Gracias a este Real Decreto, el Gobierno ha actualizado la existente Comisión Interministerial de Cambio Climático con el fin de dotarla de una mayor proyección, según ha indicado el Ministerio para la Transición Ecológica. Así, la Comisión la preside la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, y actuará como vicepresidenta la secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa. Además, estará integrada por vocales de cada uno de los departamentos ministeriales del Gobierno, entre ellos los secretarios de Estado de Medio Ambiente y de Energía del Ministerio para la Transición Ecológica.

Entre las funciones más importantes de la Comisión destacan el impulso y la coordinación de las actuaciones de los órganos concernidos de la Administración General del Estado para la elaboración del anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, la estrategia para la descarbonización de la economía a 2050 y la de transición justa. 

En otro sentido y según asegura el Ministerio para la Transición Ecológica, cuando la Comisión Interministerial considere que resulta conveniente para el cumplimiento de sus funciones, podrá invitar a participar en las reuniones a representantes de otros departamentos, organismos, asociaciones y organizaciones empresariales y sindicales y cualesquiera otras asociaciones y entidades, así como expertos y representantes de la sociedad civil. Igualmente, podrá invitar a representantes de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla en función de los temas a tratar.

 

Ribera ve necesario definir “cuántos residuos y en qué condiciones se pueden almacenar» antes de avanzar con el ATC nuclear

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Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, justificó la petición del Gobierno al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para paralizar el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de Villar de Cañas (Cuenca) en que se desconoce el volumen de residuos nucleares que se generará en un futuro ya que hay centrales pendientes de solicitar su prórroga de funcionamiento o bien su cierre en los próximos meses.

«Uno se pregunta hasta qué punto sabemos cuánto, qué y en qué condiciones, en materia de residuos nucleares, debemos almacenar. Por tanto, la petición al CSN, por ahora, ha sido un discúlpeme, pero yo no sé cuál es el volumen de residuos«, ha señalado la ministra, al tiempo que justifica también esa petición en que tampoco se conoce «en qué condiciones de seguridad» se deben almacenar esos residuos, por lo que considera que la petición es «cauta» y «neutra» por esa falta de información. Así lo ha expresado tras la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente.

Para la responsable del Ministerio, «una de las cosas más sorprendentes» que se han encontrado los socialistas tras su llegada al Gobierno es «la práctica ausencia de escenarios que permitan entender cuál es el desafío» al que se ha de enfrentar España en materia de generación de residuos nucleares. «Esos escenarios me parecen absolutamente críticos en el ejercicio responsable de una cierta capacidad anticipatoria», agrega.

En este sentido, vincula esa falta de información al desconocimiento de los planes de futuro de las centrales, pues ha recordado que hay determinadas plantas que tendrán que solicitar su prórroga de funcionamiento o bien su cierre en los próximos meses lo cual tiene, para Ribera, «una incidencia importante en el conjunto del parque nuclear pero también en términos de seguridad y gestión de residuos». Asimismo, ha recordado que España está inmersa en un «procedimiento de infracción muy avanzada» por la ausencia de un Plan de Residuos Nucleares que debería haber tenido disponible en 2002.

La Diputación de Cuenca reclama

Por su parte, el presidente de la Diputación de Cuenca, Benjamín Prieto (PP), instó al actual Gobierno central a que siga adelante con el ATC de Villar de Cañas «por responsabilidad ya que ningún informe ha determinado que el sitio no reúna las condiciones«. Así se expresó tras la aprobación por parte del pleno del CSN del plan presentado para paralizar la emisión de los informes de evaluación relativos a la solicitud de autorización de construcción del almacén de residuos.

En su opinión, gracias a este proyecto en los últimos 8 años se han mejorado 40 kilómetros de carreteras y se ha hecho un vivero de empresas: «además de un silo nuclear se contemplaba un Centro Tecnológico para investigar el combustible nuclear gastado, algo que nos iba a convertir en referente a nivel internacional y que demuestra que caben las dos posiciones, en pro y en contra de las nucleares».

Según ha indicado, el ATC «es un recurso necesario tanto si tienes una postura pronuclear como antinuclear», al tiempo que ha ratificado que la Diputación mantiene que no se pare. «Sería una pérdida de tiempo, de recursos, y no se está poniendo sobre la mesa ninguna otra alternativa para esta zona de Cuenca animando a otro desarrollo. El ATC es una cuestión que sí o sí hay que incorporar, no es un antojo de nadie, es una necesidad», ha puntualizado.

Sobre la resolución que podría emitir en breve el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha sobre el recurso que se interpuso contra la ampliación de la zona ZEPA, Prieto se ha mostrado convencido de que será contraria a esa ampliación. «Si no es así respetaremos las decisiones judiciales, pero es algo que no quieren los vecinos y que se hizo con un abuso de poder y autoridad por parte del Gobierno regional», ha apuntado.

El Gobierno advierte de que «no se puede comprar el tiempo» en la lucha contra el «imparable» cambio climático

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Europa Press.- El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, considera que combatir el cambio climático es una lucha en la que el «enemigo» «somos nosotros mismos» y en la que, además, «no se puede comprar el tiempo» porque es un proceso «imparable» e «irreversible«. También advierte de que el que se incorpore tarde tendrá «menos oportunidades».

«El tiempo es el único elemento que no estamos en condiciones de gestionar políticamente. Podemos abordar con mayor o menor intensidad el esfuerzo y podemos volcar más recursos en la acción, pero lo que no podemos comprar es tiempo», aseveró Morán, que expuso algunas de las medidas del actual Gobierno de España para abordar la transición ecológica hacia un modelo «más sostenible y más justo«. Morán reivindicó la importancia del «capital natural» y ha resaltado la necesidad de construir un nuevo protocolo en la relación entre el ser humano y el entorno en el que vive, que «ponga límite a su capacidad de explotación» de los recursos de la naturaleza.

“Necesario modificar el patrón energético”

Además, ha señalado que el derecho al agua, el derecho al acceso a la energía y la protección de la biodiversidad son los «tres elementos fundamentales» en que se debe sustentar la acción política en esta transición ecológica. En primer lugar, ha insistido en la necesidad de modificar el «patrón energético», que es, según ha dicho, el factor que causa el fenómeno del cambio climático. Advierte que sin un cambio «radical» en el mismo a nivel planetario será «imposible» revertir el fenómeno del cambio climático hasta unos límites «vitalmente asumibles«.

En este sentido, el secretario de Estado ha aludido a la Ley de Cambio Climático y Transición Energética que el Gobierno está preparando y, básicamente, ha insistido en los plazos señalados recientemente por la ministra, Teresa Ribera. Así, explicó que «está bastante avanzado» el borrador del anteproyecto de la ley y la intención es presentarlo a la Comisión Interministerial para que los ministerios que estén concernidos por el texto puedan realizar sus aportaciones y ya en septiembre poder abrir un proceso «amplio» de participación pública.

Morán ha subrayado que está Ley es un objetivo de legislatura para el Ministerio y, como ya avanzó la ministra, se quiere llevar al Parlamento para iniciar su tramitación en las Cámaras antes de que concluya el año. Asimismo, el secretario de Estado ha señalado que dos de los espacios donde se hace más visible, a su juicio, el problema de haber mantenido durante 2 siglos el actual modelo energético es en la destrucción de la biodiversidad y en la reducción de los recursos hídricos.

Ciudadanos pide explicaciones a la ministra Ribera sobre «su papel en la planta Castor»

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Europa Press.- La diputada nacional de Ciudadanos (Cs) por la provincia de Castellón, Sandra Julià, ha pedido «explicaciones» a la Ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, «sobre su papel en la planta Castor». La formación ha registrado una pregunta en el Congreso en la que cuestiona «por qué no figuran en la Declaración de Impacto Ambiental, de la que la ministra fue responsable, las medidas que se contemplaron para estudiar la sismicidad de la zona y el posible impacto de la puesta en marcha de la instalación».

La parlamentaria ha señalado que «desde Ciudadanos queremos conocer qué medidas plantea el Gobierno, una vez conocido el fallo del Tribunal Constitucional que acordó declarar inconstitucionales y nulos los artículos del decreto que establecían una indemnización para las empresas promotoras del proyecto Castor por la suspensión de la actividad del almacén, situado frente a las costas de Castellón, tras los seísmos registrados en la zona». Por ello la diputada de Ciudadanos lamenta que «el capitalismo de amiguetes y la irresponsabilidad de unos pocos hayan causado estragos no solo en el medioambiente sino también en los bolsillos de todos los españoles».

El PP reclama que Ribera comparezca este verano en el Congreso mientras Izquierda Unida pide la paralización definitiva del ATC

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Europa Press.- Mientras Izquierda Unida ha registrado en el Congreso una proposición en la que reclama al Gobierno que la paralización del proyecto del Almacén Temporal Centralizado de Residuos Radiactivos (ATC) de Villar de Cañas (Cuenca) «se paralice definitivamente» y no temporalmente, desde el PP reclaman la comparecencia en el Congreso de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, para informar acerca de su decisión de paralizar la tramitación del ATC.

El Gobierno explicó que había pedido al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) la suspensión del dictamen que el organismo regulador estaba llevando a cabo sobre la autorización de la construcción de estas instalaciones. El Ministerio explicó que el objetivo es dejar en suspenso este informe hasta tener una «evaluación más detallada de la situación actual». Con el objetivo de que la presencia de la ministra en la Cámara baja se produzca durante el verano, el primer partido de la oposición ha pedido que se reúna la Diputación Permanente, el órgano que sustituye al Pleno en los periodos no ordinarios de sesiones, para debatir su petición.

El portavoz de los populares en materia de Energía, Guillermo Mariscal, ya había adelantado la intención de su partido de solicitar esta comparecencia. Mariscal ha acusado al Ejecutivo de paralizar este proyecto de «manera unilateral» y «sin hablar con el resto de formaciones» cuando existe en el Congreso una comisión para las relaciones con el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en donde, a su juicio, debería haber ido la ministra a informar de esta cuestión.

También acusó a Ribera de «hurtar al parlamentarismo» esta medida ya que tampoco comentó nada sobre este tema durante su comparecencia en la Comisión de Transición Ecológica el pasado 11 de julio, cuando acudió a informar sobre las actuaciones generales de su departamento. Para Mariscal, la ministra escondió estos detalles para que esta paralización se hiciera «de tapadillo» en agosto.

Izquierda Unida pide el final

Por su parte, Izquierda Unida exige que el ATC «se paralice definitivamente» en una iniciativa firmada por su coordinador federal, Alberto Garzón, y su portavoz parlamentaria en temas medioambientales, Eva García Sempere, que define la decisión del Gobierno sobre el ATC como «propagandística» y señala que se trata de una medida «publicitada a bombo y platillo» por el equipo de Pedro Sánchez, pero sin consecuencias. «De hecho, lo que el Gabinete socialista se ha limitado a hacer ahora es solicitar al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) la suspensión temporal de la emisión del dictamen del organismo regulador sobre la autorización de construcción de la instalación del ATC para analizar con cierto detalle la situación«, critica IU en el texto registrado.

García Sempere argumenta, en este sentido, que «si la solución que se ofrece es temporal» habría que tener en cuenta que todas las centrales nucleares españolas ya cuentan con un Almacén Temporal Individualizado (ATI), donde almacenar provisionalmente los residuos que producen, o los tienen en construcción. A su juicio, construir el ATC sería «duplicar la inversión de forma totalmente innecesaria», por lo que el Estado se podría ahorrar más de 2.800 millones de euros entre construcción, explotación y posterior desmantelamiento.

Frente a otras versiones, aclara también que «tampoco hay prisa para que los residuos de Vandellós I vuelvan de Francia, pues no se está pagando un solo euro por su custodia merced al convenio entre la empresa pública que gestiona los residuos radiactivos nucleares en España, Enresa, y la multinacional francesa del sector nuclear, Areva, firmado en octubre de 2012″.

García Sempere desmonta también en la iniciativa otro de los «falsos» argumentos aireados por los sectores pronucleares: el beneficio económico que acarrea para todo el territorio cercano la instalación del almacenes nucleares. «El campo y quienes viven de él, tan necesitados de ayuda, recibirían un duro golpe que podría ser definitivo para sus economías y la de la zona», apunta. La proposición no de ley también insta al Gobierno a elaborar un calendario para el cierre de todas las centrales nucleares y valorar el volumen de residuos nucleares generado a gestionar, atendiendo a la seguridad, la protección del medio ambiente y los menores costes económicos.

Piden Ley de Residuos Radiactivos

Por otro lado, el Ilustre Colegio Oficial de Geólogos (ICOG) considera «acertada» la decisión del Gobierno de no proseguir con la tramitación del ATC y ha pedido una Ley de Residuos Radioactivos para garantizar la seguridad en el almacenamiento de este tipo de residuos generados por las centrales nucleares. El presidente del ICOG, Manuel Regueiro, ha reiterado la posición que ha mantenido el Colegio desde el inicio, cuando la elección de Villar de Cañas (Cuenca) como emplazamiento «no tuvo en cuenta debidamente la variable geológica».

«En España hemos tenido experiencias como para aprender la lección de que la seguridad y los costes van asociados a una buena planificación y consideración previa de los riesgos geológicos», explica Regueiro, que considera fundamental conocer de antemano una evaluación de riesgos, debiendo descartarse áreas con «riesgos geotécnicos como son la expansión de arcillas, disolución de sales o la posible licuefacción». Para garantizar esas condiciones de seguridad, Regueiro opina que quizá no es «suficiente» con el actual marco regulador, por lo que ha planteado la necesidad de sacar adelante una Ley de Residuos Radiactivos que así lo establezca. «Los demás residuos tienen su ley que regula cómo deben gestionarse», apunta.

Asimismo, el Colegio de Geólogos está de acuerdo con el Ministerio de Transición Ecológica en «actualizar» el Plan General de Residuos Radiactivos, que desde 2006 no se ha vuelto a revisar. En líneas generales, Regueiro afirma que «debe abrirse un debate que permita establecer un gran acuerdo de todas las partes, incluyendo a la sociedad civil, para una estrategia de gestión de los residuos radiactivos, la cual no debe olvidarse de buscar una solución final».

En su apuesta por la geoética, el ICOG apunta que deberían mantenerse activos los programas de investigación para albergar una solución final a la gestión de los residuos radiactivos que, «inexorablemente pasa por el almacenamiento geológico profundo». «Solo con un ATC no hacemos nada. La estrategia debe tener una visión a largo plazo y plantear en España un laboratorio subterráneo para poder investigar en los procesos que tienen lugar a gran profundidad», concluye Manuel Regueiro.

La Federación de Metal de la Confederación de Cuadros y Profesionales rechaza la intención del Gobierno de penalizar el consumo del diésel en España

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Europa Press. – La Federación de Metal de la Confederación de Cuadros y Profesionales (CCP) ha rechazado la intención del Gobierno de penalizar el consumo del diésel en España tras la declaración de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, de que este combustible «tiene los días contado».

Para la confederación, las declaraciones de la ministra no deberían hacerse públicas sin antes consultar a los diferentes agentes que componen la industria. En este sentido, señala que hay proveedores del sector que están haciendo importantes investigaciones para conseguir que el diésel tenga futuro, con nuevas soluciones que permiten que los motores reduzcan las emisiones de óxidos nitrosos.

Además, la CCP recuerda que la automoción en España emplea a más de 200.000 trabajadores, entre puestos directos e indirectos, con una producción de cerca de tres millones de vehículos en 2017.

Desde la organización sindical rechazan este tipo de declaraciones, por considerar que crean confusión e inquietud entre la opinión pública y consideran que estos planteamientos dañan a todo el sector.

El sindicato solicita la paralización de las medidas anunciadas y una reunión urgente con el Ministerio de Industria, la patronal del sector de automoción (Anfac) y una representación de los agentes sociales implicados en el sector.

Teresa Ribera y Arias Cañete se reúnen para hablar sobre el plan nacional integrado de energía y clima

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Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, se ha reunido con el comisario europeo de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, dentro de la ronda de conversaciones que el comisario está manteniendo con los países miembro de la Unión Europea para tratar las claves en la elaboración de los planes nacionales integrados de energía y clima que los Estados deben remitir a la Comisión a final de año.

Según el Ministerio de Transición Ecológica, Ribera ha expuesto las prioridades de su departamento en la lucha contra el cambio climático. En este sentido, señalan que el Ministerio ya trabaja en la elaboración del citado plan, que la ministra Teresa Ribera ha calificado como «un documento estratégico en el que se deben definir y acordar las sendas a seguir en materia de energía y clima, identificar retos y oportunidades, facilitando la coherencia y la solidez, así como las perspectivas seguras para inversores, sobre todo en materia de energía limpia, que permita que el conjunto de los sectores emisores aporten su esfuerzo para lograr los objetivos marcados en el horizonte 2030″.