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Endesa invertirá 600 millones en la potencia eólica adjudicada mientras Fidentiis aplaude que Acciona no pujara en la subasta renovable

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Europa Press.- La firma Fidentiis considera «muy positiva» para Acciona la decisión adoptada por la empresa de no acudir a la subasta de nueva potencia renovable convocada por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital. Por su parte, Endesa ha anunciado que invertirá alrededor de 600 millones de euros en la construcción de la potencia eólica adjudicada en la subasta de renovables a su filial verde Enel Green Power España, según indicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Enel Green Power se ha hecho con una partida de 540 megavatios (MW). Una vez construida y puesta en operación, la compañía asegura que la capacidad eólica generará aproximadamente 1.750 gigavatios (GWh) al año y evitará la emisión de alrededor de 1.050.000 toneladas de CO2 a la atmósfera. La nueva adjudicación supone elevar la capacidad instalada de Enel Green Power España hasta los 2.215 MW, 2.158 MW de potencia eólica. Con esta inversión, Endesa cumple con sus compromisos anunciados en el mercado hasta 2019 para renovables. Los proyectos eólicos se localizarán en las regiones de Aragón, Andalucía, Castilla y León y Galicia, donde ya cuenta con presencia de recursos eólicos.

El consejero delegado de Endesa, José Bogas, ha celebrado que esta nueva subasta «posiciona a Enel Green Power España como uno de los principales operadores renovables dentro del mercado español». «Esta adjudicación representa un paso importante dentro del proceso de descarbonización de Endesa en 2050 que permite una transición segura hacia el nuevo modelo energético libre de emisiones», ha destacado. La macrosubasta de renovables celebrada puso en juego 2.000 MW, ampliables a 3.000 MW. El objetivo de la subasta lanzada por el Gobierno era permitir introducir las tecnologías renovables más eficientes en costes y que la convocatoria permita a España avanzar en el cumplimiento de los objetivos de la Unión Europea de renovables para 2020.

Aplauden la decisión de Acciona

«A la vista de su exposición a España y la falta de visibilidad, vemos de forma muy positiva la decisión de Acciona de no pujar en este proceso«, aseguró la firma Fidentiis en un informe acerca de la subasta y la participación de la citada empresa. La principal «preocupación» de Fidentiis acerca de la subasta de renovables es precisamente «la falta de visibilidad», ya que la remuneración de los nuevos proyectos se revisará en 2019, junto con la del resto del sector. «El modelo no garantiza ninguna rentabilidad», aseguró la firma que, al describir la subasta, destacaba el carácter «tecnológicamente neutral» de la subasta y la decisión de las grandes compañías del país, salvo Acciona, de acudir a la puja.

Nadal subraya el «éxito» de la subasta renovable mientras UNEF y Anpier hablan de “discriminación” y “bloqueo” a la solar

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Europa Press.- Mientras Anpier acusa al Ministerio de Energía de «bloquear» a la solar en la subasta de renovables, la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) considera que el resultado de la subasta demuestra que la energía fotovoltaica ha quedado discriminada frente a la eólica y anuncia su intención de presentar una denuncia ante la Dirección General de la Competencia de la Comisión Europea. Por su parte, el ministro Álvaro Nadal destacó el «éxito muy bueno» de la subasta.

Nadal subrayó que ha habido una «magnífica oferta», en la que se ha logrado una demanda que triplicó la oferta, prácticamente una proporción de 3 a 1 de los 3.000 megavatios (MW) subastados. El ministro ha resaltado que haya sido a prima cero porque el consumidor no tiene que pagar un extracoste, lo cual ha calificado de «magnífica noticia», y que evidencia la consolidación en España del sector de energía renovable, que no necesita ayudas.

Nadal ha subrayado que todas las tecnologías han entrado, aunque de una forma muy mayoritaria la eólica, que puede aportar un mayor número de horas, pero que se ha demostrado el «enorme potencial» de las renovables, ya que han quedado fuera parte de la eólica y la fotovoltaica. Ante este hecho, aseguró que el Gobierno «va a tomar nota» y no ha descartado la toma de decisiones para que ese gran potencial energético entre. El ministro se limitó a afirmar, ante el malestar del sector fotovoltaico, que la subasta fue «tecnológicamente neutral» y que el Gobierno ha optado siempre por aquella que produce más horas.

Denuncian la subasta en Bruselas

La patronal fotovoltaica UNEF señaló que, a pesar de haber ofertado al mismo precio que la eólica, a la energía fotovoltaica no se le ha adjudicado ningún megavatio en el proceso. A su juicio, esta circunstancia «pone de manifiesto que esta tecnología ha competido en condiciones de discriminación» y «acredita» lo que la asociación ya ha denunciado anteriormente, esto es, la existencia de ventaja de una tecnología frente a otra.

«El mal diseño y las reglas de la subasta, que han generado una situación de empate entre las ofertas presentadas por la fotovoltaica y la eólica, han dado ventaja a esta última tecnología, que se ha adjudicado la potencia licitada, a pesar de que la fotovoltaica ha ofertado al mismo precio», señala. Para UNEF, «resulta evidente que este diseño, además de incumplir con el principio de neutralidad tecnológica, no permitió ejercer a la fotovoltaica su competitividad». Por este motivo, «además del recurso interpuesto ante el Tribunal Supremo, presentaremos una denuncia ante la Comisión Europea», afirma.

UNEF recuerda que la tecnología fotovoltaica es una de las más competitivas, al haber reducido sus costes en un 80% en los últimos años, como demuestran las subastas realizadas a nivel internacional, donde esta tecnología ha alcanzado precios récord. «Lamentamos que la fotovoltaica no haya podido tener un papel protagonista en nuestro país» y «este resultado implica una ocasión perdida también para los consumidores, que podrían haberse beneficiado de una reducción mayor en su factura eléctrica si se hubiera hecho un diseño basado en la libre competencia, que hubiera dado lugar a precios récord de las renovables en Europa», señala.

“Bloqueo” a la energía solar

Por su parte, la Asociación Nacional de Productores Fotovoltaicos (Anpier) considera que la subasta para la adjudicación de potencia renovable constata que el Ministerio de Energía, «con el beneplácito del Gobierno», ha usado «criterios sesgados que penalizaban cualquier pretensión de generación social». «Tal y como reflejan los resultados de la subasta, las pequeñas y medianas iniciativas fotovoltaicas no han tenido ninguna opción, ni siquiera ofertando el máximo de los descuentos posibles, puesto que las condiciones establecidas favorecían proyectos eólicos de  grandes dimensiones, bajo la errónea premisa de que este criterio aporta un precio óptimo para los españoles«, afirma la asociación.

Ante esta situación, la asociación ha iniciado una campaña de denuncia en la que exige un cambio de modelo energético, no solo en lo referido a las tecnologías de generación, sino también a la propiedad de las instalaciones de generación, «ahora concentradas en unas pocos empresas, que actúan en régimen de oligopolio«. Con el eslogan No a una privatización del sol. Los ciudadanos queremos participar en la generación de energía, desde Anpier se exige un nuevo modelo energético que sea «sostenible y social, reclamando el derecho de los ciudadanos a generar su propia energía en hogares y centros de producción».

Forestalia, Gas Natural Fenosa, Endesa y Gamesa se adjudican más de 2.600 MW eólicos en la subasta de renovables

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Europa Press.- El Grupo Forestalia, Gas Natural Fenosa, Enel Green Power España, la filial verde de Endesa, y Gamesa se han adjudicado más de 2.600 megavatios (MW) en la subasta de renovables celebrada, según indicaron fuentes conocedoras del resultado. La subasta, como se preveía, volvió a contar con tanta presión competitiva que los incentivos quedaron reducidos a cero, como sucedió en la del año pasado, y tuvo como tecnología ganadora a la eólica, que se llevó la mayoría de los megavatios en juego.

Forestalia volvió a dar la sorpresa, como ocurrió ya en la subasta del año pasado, al adjudicarse el mayor paquete en la subasta, con 1.200 megavatios (MW), el 40% del total de los 3.000 MW que finalmente se lanzaron. En 2016, en la subasta que ponía fin a la moratoria verde, el grupo aragonés presidido por Fernando Samper se adjudicó más de 400 MW (300 MW eólicos y más de 100 MW de biomasa) de los 700 MW que se pusieron en juego. Por su parte, Gas Natural Fenosa se ha adjudicado 667 MW en la subasta, mientras que Endesa se ha hecho con una partida de 540 MW y Siemens Gamesa con 206 MW.

Otros grupos, como Norvento, que ha ganado 128 MW, y el grupo aragonés Brial, que se ha hecho con 237 MW, han completado prácticamente el total de los 3.000 MW renovables lanzados, según los datos provisionales de la subasta. Iberdrola, que es la primera empresa por potencia eólica en España con más de 5.500 MW, acudió a la subasta pero no se adjudicó ningún megavatio. También se quedaron fuera de la adjudicación Viesgo y EDP Renovavéis, mientras que Acciona, otro de los grandes del sector, no acudió a la subasta.

La macrosubasta de renovables celebrada ha licitado 2.000 MW, ampliables a 3.000 MW, con las dudas del sector sobre la complejidad del proceso y las peticiones de un sistema de subastas que dé una mayor visibilidad retributiva a largo plazo. El objetivo de la subasta lanzada por el Gobierno es permitir introducir las tecnologías renovables más eficientes en costes y que la convocatoria permita a España avanzar en el cumplimiento de los objetivos de la Unión Europea de renovables para 2020. Para ello, la subasta ha utilizado un sistema marginalista en el que los interesados pujaron a la baja hasta completar la bolsa de megavatios en juego, finalmente sin incentivos.

Una neutralidad discutida por UNEF

Además, esta subasta se presentaba como tecnológicamente neutral, de modo que podían competir todas las fuentes de generación renovable. Esta circunstancia difería de lo ocurrido en la subasta de 2016, en la que se pusieron en juego 700 MW, de los que 500 MW eran eólicos y los 200 MW restantes, de biomasa, y que se cerró sin incentivos y sin adjudicación para las grandes eléctricas. No obstante, este planteamiento ha generado controversia en el sector, ya que la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) consideró que no había tal neutralidad y solicitó medidas precautelares al Tribunal Supremo para la suspensión de la subasta, que finalmente no fueron aceptadas por el Alto Tribunal, al considerar que el mecanismo beneficia a la eólica.

De hecho, el resultado de la subasta ha sido criticado por el sector fotovoltaico, que se ha considerado discriminado frente a la tecnología eólica. Así, la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) ha anunciado su intención de presentar una denuncia ante la Dirección General de la Competencia de la Comisión Europea. La asociación señala que, a pesar de haber ofertado al mismo precio que la eólica, a la energía fotovoltaica no se le ha adjudicado ningún megavatio en el proceso. Por su parte, la Asociación Nacional de Productores Fotovoltaicos (Anpier) ha asegurado que la subasta constata que el Ministerio de Energía, «con el beneplácito del Gobierno», ha usado «criterios sesgados que penalizaban cualquier pretensión de generación social».

El sistema de la subasta establecía que las ofertas se realizarían en sobre cerrado y conforme a las inversiones previstas. Como novedad, se realizaron unos ajustes conforme a una fórmula para establecer el sobrecoste que los diferentes proyectos generarían al sistema eléctrico. Una vez se conocieron el valor de la inversión inicial y el resto de parámetros retributivos, se calculó para cada oferta la retribución a la inversión y el cociente entre esta retribución a la inversión y el número de horas estándares de funcionamiento.

Las ofertas se ordenaron, con independencia de la tecnología, de menor a mayor valor de dicho cociente y resultaron adjudicatarias de la subasta las ofertas que tuvieron un menor cociente hasta alcanzar el límite de potencia subastada. Fuentes del sector anticipaban que este sistema llevaría, al igual que sucedió en la anterior subasta, a un resultado donde las ofertas especulativas lleven tan abajo los precios que se adjudiquen proyectos con unas rentabilidades «poco realistas». De hecho, otra novedad era que los interesados pudieron hacer ofertas negativas para entrar a toda costa en el cupo. De cualquier forma, en caso de que las ofertas eran negativas, se tomó el valor cero.

Gas Natural Fenosa gana 298 millones de euros en el primer trimestre del año, un 9,4% menos

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Europa Press.- Gas Natural Fenosa obtuvo un beneficio neto de 298 millones de euros en el primer trimestre, lo que representa una caída del 9,4% con respecto al mismo periodo del 2016, según comunicó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Esta caída en las ganancias sería de un 8,3% en términos homogéneos ya que, a efectos comparativos, en el primer trimestre de este año no se consolidan los resultados de Electricaribe, filial colombiana intervenida por el Gobierno del país sudamericano y que fue declarada en liquidación el pasado marzo, que salió del perímetro de consolidación a cierre de 2016. La multinacional energética española inició un procedimiento arbitral ante el Tribunal de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) con el objetivo de recuperar Electricaribe con un marco regulatorio viable o, en su defecto, conseguir una compensación que estima en más de 1.000 millones de euros.

La compañía señaló que mantiene el cumplimiento de sus objetivos previstos para 2017 en el marco de su actual plan estratégico, «a pesar de un entorno macroeconómico y energético muy exigente y complicado». Además, Gas Natural Fenosa destacó que «sigue en el buen camino» para cumplir con los objetivos marcados en su plan de eficiencias y que está en proceso de preparar un nuevo plan. La cifra de negocios del grupo presidido por Isidro Fainé creció un 8,3% en el primer trimestre del año, alcanzando los 6.450 millones de euros.

Por su parte, el resultado bruto de explotación (Ebitda) cayó un 9,2%, hasta los 1.104 millones de euros, debido al comportamiento del negocio de electricidad en España condicionado por factores meteorológicos y el coste de las materias primas. En concreto, el negocio de distribución de gas aportó el 37,3% del Ebitda, la distribución de electricidad un 24,5%, la actividad de gas un 21% y la actividad eléctrica un 17,8%. Mientras, el Ebitda de las actividades internacionales de la compañía creció un 3,6% y representó un 50,1% del total a 31 de marzo, frente al 43,9% del mismo periodo del año anterior. El restante 49,9% correspondió a la actividad en España.

En lo que respecta a las inversiones netas del grupo, alcanzaron los 321 millones de euros en el primer trimestre, lo que implica un aumento del 24,9% con respecto al mismo periodo de 2016, focalizándose principalmente en la actividad de distribución de electricidad, que representó el 40,3%, y en la distribución de gas (35,6%). Por ámbito geográfico, las inversiones en España del grupo energético representaron el 37,2%, mientras que las del exterior supusieron el 62,8%.

A 31 de marzo, la deuda financiera alcanzó los 15.464 millones de euros y situó el ratio de endeudamiento en el 44,4%, frente al 45,9% y los 15.817 millones de euros de finales del primer trimestre del año pasado. El 90,8% de la deuda del grupo tiene vencimiento a largo plazo y la vida media se sitúa en 5,5 años. Asimismo, Gas Natural Fenosa contaba el pasado marzo con una disponibilidad de liquidez de 10.619 millones de euros, equivalente a todas las obligaciones financieras a más de 24 meses vista.

Por otra parte, la junta de accionistas del grupo aprobó el pasado 20 de abril una retribución al accionista de un euro por acción a cargo del ejercicio 2016, lo que supone un desembolso de 1.000 millones de euros, un pay out del 74,3% y una rentabilidad por dividendos del 5,6%, según cotización a 31 de diciembre del año pasado.

En lo que se refiere a las áreas de negocio, el Ebitda de la actividad de distribución de gas en España alcanzó los 225 millones de euros, un 4,7% más que en el mismo periodo del 2016. Mientras, la distribución de gas en Latinoamérica situó su Ebitda en 173 millones de euros, un 8,8% más, destacando el buen comportamiento en Brasil (57 millones de euros) y México (48 millones de euros). En lo que respecta a la distribución de gas en Italia, el Ebitda fue de 14 millones de euros al cierre del primer trimestre, en línea con los resultados del mismo periodo de 2016.

Por su parte, el Ebitda de la distribución de electricidad en España fue de 143 millones de euros, un 5,9% menos, como consecuencia de las medidas de eficiencia en el negocio, con impactos positivos en periodos posteriores. El Ebitda de la actividad de electricidad en España (generación, comercialización mayorista y minorista y suministro a PVPC) fue de 126 millones de euros, un 38,5% menos, mientras que el resultado bruto de explotación de Global Power Generation (GPG) alcanzó los 71 millones de euros. Asimismo, el Ebitda de la actividad mundial de aprovisionamiento y comercialización de gas mayorista y minorista ascendió a 151 millones de euros, el mismo importe que en el primer trimestre del año anterior.

Actores inéditos en las renovables

Asimismo, el consejero delegado de Gas Natural Fenosa, Rafael Villaseca, reconoció que esperaba «una fortísima competencia en la subasta de renovables y la aparición de muchas compañías inéditas en el sector, tal y como pasó en la primera subasta«. Villaseca indicó que Gas Natural Fenosa acudió a la subasta con una actitud «enormemente prudente y rigurosa». Así, el directivo señaló que Gas Natural Fenosa está «atenta a todas las oportunidades» que surjan en renovables, aunque siempre «en condiciones de rentabilidad».

La subasta de la discordia

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La historia reciente de las subastas en España en el ámbito de la energía viene precedida de una polémica más o menos intensa, dependiendo del asunto que se subaste. En algún caso tiene que ver con la forma en que se estableció el modelo de subasta; por errores de diseño que, además, se combinaron con la falta de perspectiva económica de la implantación de sistemas más abiertos y transparentes, que atraerían a más agentes inesperados.

Por ejemplo, en las subastas de interrumpibilidad (la subasta en la que grandes consumidores pujan a cambio de un incentivo a cambio de garantizar su disponibilidad a desconectarse de la red en un momento que el operador del sistema lo requiera), la forma en que se articularon derivó en que muchos operadores que anteriormente no eran los usuarios de los mecanismos precedentes (garantía de potencia) fueran los adjudicatarios, expulsando a operadores que habitualmente eran quienes tenían las tarifas integrales. Ello provocó que el Ministerio acabara ampliando y repitiendo las subastas a la vista de que los inicialmente no adjudicatarios de la capacidad amenazaban con cerrar sus instalaciones. Todo ello, pese a su escasa utilización y a la capacidad instalada excedentaria.

Por otra parte, cuando se subastó por primera vez potencia renovable (eólica más biomasa), hace más de un año, ocurrió algo parecido. Aparecieron operadores que se podrían denominar outsider y empresas con poca o nula experiencia en la operación e instalación renovable, que ganaron la potencia que se ofertaba. Tanto es así que, de los proyectos que ganaron la puja, hoy no está disponible ninguno, ni lo que se denominaba en lenguaje castizo de inauguración, la primera piedra y, además, hay una fuerte polémica por la ejecución de las garantías.

Como previo a esta subasta, el objetivo del Ejecutivo con las mismas es llegar a 2020 con un nivel de cumplimiento más o menos aceptable de los objetivos de potencia y producción renovable que se habían interrumpido tras la reforma eléctrica, sucesiva al desmadre de las primas. Ahora hay una cierta prisa, y a la vez contención, dado que el Ejecutivo también ha tenido presiones para ir más allá de cara a la «transición energética».

Esta subasta también empezó con una fuerte polémica alrededor del concepto de «neutralidad tecnológica», que siendo explícitos significa que la tecnología que puje por menos incentivo (solar, fotovoltaica, eólica, biomasa, etc…) se lleva la nueva potencia renovable a instalar. Los tramos de oferta se ordenarán de menor a mayor valor del cociente entre la retribución a la inversión y el número de horas estándares de funcionamiento, con 2.367 horas anuales en la fotovoltaica y 3.000 en la eólica. Por otro lado, el sistema de desempate (por horas de funcionamiento anual) y la limitación del suelo de las ofertas conllevó que el sector fotovoltaico cuestionara la neutralidad de la misma, acudiendo desde UNEF incluso al Supremo.

Por otra parte, otra cuestión muy criticada de esta subasta tiene que ver con los elementos de inseguridad jurídica que anidan en ellas con las salvaguardas y márgenes de discrecionalidad que el Ejecutivo se ha fijado. Inicialmente se subastan 2.000 MW en paquetes de 100 MW y la posibilidad de ampliar la oferta de potencia en otros 1000 MW es una cuestión abierta que cambia las circunstancias de la puja, incluso en el mismo día. Luego está la revisión retributiva cada seis años. En suma, estas subastas han vuelto a conseguir un excipiente en el que el Ministerio se mueve como pez en el agua: la suspicacia entre las distintas tecnologías. Así, la polémica sobre las subastas también es renovable.

El Tribunal Supremo rechaza la petición de la patronal fotovoltaica UNEF de suspender la subasta de renovables de forma cautelar

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Europa Press.- El Tribunal Supremo rechazó la petición de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) de suspender de forma cautelar y urgente las reglas y procedimiento establecidos por el Ministerio de Energía para la subasta de energías renovables, que se celebrará este miércoles. La Sala Tercera del Alto Tribunal entiende que los perjuicios que pueda ocasionar la celebración de la subasta no revisten los caracteres de irreparabilidad o irreversibilidad necesarios para adoptar una medida cautelarísima de ese tipo.

UNEF consideraba que en las reglas de la subasta, que pondrá en juego 2.000 megavatios (MW) de renovables que serán ampliables en 1.000 MW más, las instalaciones fotovoltaicas resultan discriminadas injustificadamente frente a las eólicas. El Supremo ha examinado la petición de suspensión llamada cautelarísima, que se tramita inaudita parte, es decir, sin escuchar las alegaciones de la otra parte, en este caso el Ministerio de Energía, por entender UNEF que concurría una especial urgencia al estar prevista la subasta para el 17 de mayo.

Así, el Alto Tribunal rechaza la petición, pero prosigue la tramitación de la petición de suspensión por la vía ordinaria. La patronal fotovoltaica presentó un recurso contencioso-administrativo en el Supremo contra el decreto de la convocatoria del régimen retributivo a nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de renovables; así como contra la orden ministerial que reguló el procedimiento de asignación de ese régimen; y contra las dos resoluciones de la Secretaría de Estado de Energía, una de ellas convocando la subasta, y la otra estableciendo el procedimiento y reglas de la misma.

Las horas de la discordia

En este recurso, la asociación reclamaba que se adoptara como medida cautelar urgente inaudita parte la suspensión de la resolución del Ministerio que fijó el procedimiento y las reglas de la subasta, en concreto el criterio de que se ordenara «de mayor a menor el número de horas equivalentes de funcionamiento de la instalación tipo de referencia». Según UNEF, se discrimina injustificadamente a las fotovoltaicas frente a las eólicas ya que la orden establece un número de horas de funcionamiento de 3.000 para las eólicas y de 2.367 para las fotovoltaicas, con lo que la ordenación iría siempre en beneficio de las instalaciones eólicas y en perjuicio de las fotovoltaicas.

Para UNEF, procedía la medida cautelarísima de suspensión, entre otras razones, porque de producirse la subasta con la cláusula cuestionada, se provocaría un daño irreversible, ya que su celebración con unos criterios discriminatorios genera una situación desigual. Además, considera que concurría riesgo de un daño irreparable en caso de que se celebre la subasta en tales condiciones, sin que su suspensión fuese a acarrear perjuicios graves a los intereses generales.

El Supremo rechazó la petición con el argumento de que los perjuicios ocasionados por la subasta «no revisten los caracteres de irreversibilidad o irreparabilidad que podrían determinar, en otro caso, el acogimiento de la pretensión cautelar urgente». Asimismo, señala que, «aun admitiendo que la celebración de la subasta implica la adjudicación de derechos a terceras personas y la consolidación de ciertas situaciones jurídicas, los perjuicios derivados de su celebración no tendrían un carácter irreparable en la medida que, si se dictara una sentencia estimatoria, los daños causados a la parte recurrente podrían ser resarcidos a través de una compensación económica».

Además, indica que la celebración de la subasta y las consecuencias que de la misma podrían derivarse no tendría «una incidencia significativa en la causación de los eventuales perjuicios que la medida cautelar trata de evitar». El Supremo también destaca que no aprecia que «la no suspensión de la celebración de la subasta implique perjuicios a terceros, y si que, más bien al contrario, existen interesados en la subasta y posibles adjudicatarios que verán frustradas sus expectativas en caso de no realizarse en el plazo y en las condiciones establecidas«.

La fotovoltaica UNEF invoca un caso de discriminación en la elección de jueces para detener la subasta de renovables

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Europa Press.- La Unión Española Fotovoltaica (UNEF) presentó ante el Tribunal Supremo su petición de medidas cautelarísimas para la suspensión de la subasta de renovables convocada por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, en la que evoca un reciente caso de discriminación en la elección de jueces para incidir en la falta de neutralidad del proceso.

En el recurso presentado ante el Supremo, los abogados de UNEF citan un auto del 8 de marzo del Supremo en el que se adoptaron medidas cautelares contra una decisión del Consejo de Ministros de enero, circunstancia que no es habitual en la jurisprudencia. En concreto, el tribunal suspendió de forma cautelar los criterios para elegir una terna de jueces para el Tribunal Europeo de Derechos Humanos al establecer como requisito que tuviesen menos de 61 años. Para el Supremo, esta medida, en apariencia del buen derecho, puede resultar discriminatoria.

En su recurso, UNEF considera que este caso resulta análogo a la discriminación que consideran que introduce el Gobierno para la solar fotovoltaica, al tiempo que no se muestra en contra de la celebración de la subasta, pero reclama que sea «verdaderamente neutral» y permita que las tecnologías compitan «en igualdad de condiciones», sin favorecer a la eólica, como opinan.

La medida cautelar reclamada afecta en concreto a la suspensión del criterio de ordenación de las ofertas de las diferentes tecnologías en función del «número de horas equivalentes de funcionamiento de la instalación tipo de referencia». UNEF considera que este criterioy el mecanismo fijado por Energíaresulta «arbitrario» y «perjudica a la fotovoltaica en el caso de empate«, al tiempo que no se encuentra motivado y puede «lesionar el derecho a la igualdad de las empresas fotovoltaicas que participen».

En el recurso, la patronal indica que la neutralidad tecnológica a la que se refiere la orden ministerial 315/2017 establece que todas las instalaciones deben ser tratadas en condiciones de igualdad en la subasta con independencia de su tecnología. Junto a esto, considera que la adopción de medidas cautelarísimas es urgente porque la subasta está convocada para el próximo 17 de mayo y, de no aplicarse, el recurso perdería su finalidad, «ya que se habría desincentivado la participación de empresas fotovoltaicas en el concurso, situación que no se remediaría con una sentencia estimatoria del recurso».

UNEF y las organizaciones ecologistas lamentan que el Gobierno desoye sus propuestas para la subasta de renovables

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Europa Press.- Varias organizaciones empresariales y ecologistas lamentan que el Gobierno haya desoído sus propuestas conjuntas sobre el diseño de la subasta de renovables convocada para el próximo 17 de mayo. La Unión Española Fotovoltaica (UNEF), la Fundación Renovables, WWF, Ecologistas en Acción y SEO/BirdLife, entre otras asociaciones, señalan que las reglas de esta nueva subasta, lejos de atender a la necesidad de alcanzar los objetivos de energías renovables, «van en contra de su desarrollo lógico y reinciden en los errores de la última convocatoria».

Consideran que con esta planificación el Ejecutivo hace «una apuesta descarada» por las grandes instalaciones y por los grupos financieros al aumentar a 200 megavatios (MW) el límite máximo de la cantidad que se puede ofertar en un tramo indivisible, frente a los 100 MW de la propuesta inicial. De esta manera, lamentan que el Gobierno «desperdicia de nuevo una oportunidad de democratizar la energía» al no apostar por la generación cercana al consumo ni por el deseo de la ciudadanía de fomentar el acceso a los pequeños productores y de abrir la participación en la subasta de nuevos actores.

Además, critica que se constata «la falsa neutralidad» tecnológica de la subasta, al no establecer subastas específicas por tecnologías y enfrentar a las renovables entre sí, «ignorando su complementariedad y los importantes beneficios derivados de un mix renovable diversificado«. Para estas asociaciones, el Gobierno «sigue apostando» por favorecer a los grandes grupos empresariales y por convertir a las energías renovables en un producto financiero, «valorando más su capacidad para generar plusvalías que la de generar electricidad en función de las necesidades del sistema». Así, piden un sistema de subastas «adecuado y transparente para cumplir con los objetivos fijados para 2020/2030».

La patronal APPA ve un «grave error» de Energía al «enfrentar a las diferentes tecnologías renovables en la subasta»

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Europa Press.- La Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) considera «un grave error» del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital «enfrentar las tecnologías renovables en la subasta» e «ignorar la complementariedad que existe entre las distintas energías renovables». APPA denuncia la «precipitación, ausencia de consenso y falta de planificación» de la subasta renovable, y considera que el diseño de la licitación «perpetúa la inseguridad jurídica incluso para los proyectos que aún no se han presentado».

Achacan esta inseguridad jurídica a que «la rentabilidad razonable no tendrá un valor fijo a lo largo de la vida útil» de los proyectos. «La variabilidad de un parámetro tan importante viene a sumarse a la innecesaria complejidad de la subasta», afirma. Además, critica que el proceso se lance sin consenso con el sector, lo que supone «desoír la experiencia del sector renovable y apostar por una subasta que exclusivamente valora el coste para el sistema independientemente de la tecnología, creando de esta manera una falsa sensación de neutralidad tecnológica».

«Al no contemplar las diferentes características de las fuentes renovables y no establecer subastas específicas por tecnologías, el Ministerio obvia importantes beneficios de un mix renovable diversificado como pueden ser la seguridad de suministro, la gestionabilidad de la producción o el desarrollo armonizado del sector renovable», señala. APPA insiste en la incertidumbre que genera una rentabilidad razonable que no se mantiene fija a lo largo del tiempo. «No se pide una rentabilidad mayor o menor, lo que se pide es que clarifiquen cuál va a ser esa rentabilidad para que las empresas puedan tomar la decisión correspondiente y ejecutar las inversiones con la información más completa posible», indica el presidente de APPA, José Miguel Villarig.

Prado subraya que las renovables necesitan una regulación «adecuada» mientras el sector eólico advierte de la «complejidad» de la subasta

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Europa Press.- El director general de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), Juan Virgilio Márquez, ha advertido de que la «complejidad» del sistema establecido para la próxima subasta de renovables puede abocar a procesos judiciales. En este sentido, el presidente de Endesa y Enerclub, Borja Prado, indicó que para incentivar el desarrollo de las energías renovables necesarias para que España cumpla con los objetivos marcados en la cumbre de París se necesita contar con un marco regulatorio «adecuado».

Prado subrayó el papel «cada vez más relevante» de las renovables en el mundo, convirtiéndose en 2016 en la fuente con mayor potencia instalada en el mundo, «tras superar al carbón», a lo que contribuye el «respaldo político y económico» al desarrollo de estas tecnologías, especialmente en países como China, Estados Unidos o México. Sin embargo, aseguró que para alcanzar los objetivos de descarbonización marcados en París, el papel de las renovables debe ser «aún más relevante», tanto en el sector eléctrico como en el del transporte y la edificación.

Prado destacó que las renovables continuarán siendo la fuente de generación de «mayor crecimiento» en los próximos años, después de haberse vuelto competitivas en los últimos años, como demuestra el hecho de que la eólica haya reducido sus costes de generación en un tercio entre 2011 y 2016 o la fotovoltaica lo haya hecho en dos tercios. Asimismo, el presidente de Endesa valoró la ambición de Europa de ser «líder mundial en estas tecnologías», algo rubricado en los objetivos marcados en el llamado paquete de invierno de la Unión Europea.

AEE advierte de procesos judiciales

Por su parte, en relación con la próxima subasta de energías renovables, Juan Virgilio Márquez defendió un sistema de subasta con cupos a las tecnologías, frente a la neutralidad establecida finalmente, ya que así se habrían «evitado ciertas interpretaciones que pueden llevar a procesos judiciales» y se habría garantizado una «mayor igualdad». Así, el directivo de la patronal reconoció tener «sentimientos encontrados» con esta nueva subasta, tras la realizada en 2016, ya que «es una buena noticia y genera esperanza, pero hay una visión cortoplacista».

«Está diseñada sin un diálogo previo con los actores implicados, no se ha tenido en consideración a la industria eólica, que somos un player importante a nivel internacional y queremos seguir jugando en ese nivel», subrayó. Asimismo, lamentó que no se trate de un modelo de subasta que «genere confianza y atraiga la inversión», como ocurre en otros países, y subrayó que la variabilidad de la rentabilidad razonable «preocupa a los inversores». «Preocupa el marco regulatorio en el que se integra esta subasta. Según nuestra opinión, no tiene lógica», añadió.

En este sentido coincidió el director general de la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA), José María González Moya, que advirtió que es «un gran error» llevar a cabo una subasta que enfrenta a las distintas tecnologías, por lo que espera que no sirva para «abrir una guerra» entre las distintas tecnologías, ya que son «complementarias y susceptibles de combinarse«. Para González, existe «una falta» de planificación energética por parte del Gobierno y consideró «una lástima» que se base la subasta en los costes. «Al final, como país y sector, se paga caro», dijo.