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El déficit provisional del sistema eléctrico asciende a 1.815 millones de euros hasta junio, 554 millones menos de lo previsto

Europa Press / EFE.- El déficit de tarifa provisional del sistema eléctrico, que se produce porque los costes reconocidos de la actividad regulada son superiores a los ingresos obtenidos a través de los peajes, se situó en 1.815 millones de euros hasta junio, 554 millones menos de lo previsto, según la sexta liquidación de 2018 del sector eléctrico de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

El regulador señaló que este resultado se debió, fundamentalmente, a la menor retribución adicional de los sistemas extrapeninsulares en 287 millones de euros, a la menor retribución del sistema peninsular en 55 millones de euros, y a la menor retribución de la actividad de distribución en 147 millones de euros, así como a una mayor facturación por peajes de acceso con 30 millones de euros más. Los ingresos por peajes de acceso ascendieron a 6.045,8 millones, mientras los costes regulados se elevaron a 8.119,6 millones.

Por otra parte, la demanda en consumo registrada (103.914 GWh) fue un 2,5% superior al valor promedio observado en años anteriores. Asimismo, la CNMC advierte de «la escasa relevancia» de esta liquidación debido al desfase existente entre la declaración de los ingresos y la liquidación de las distintas partidas de coste. En cuanto a las energías renovables, se liquidaron 63.611 de las instalaciones activas en el sistema de liquidaciones de la CNMC. La liquidación provisional acumulada y a cuenta correspondiente a la energía generada hasta junio ascendió a 3.553 millones de euros antes de impuestos.

Como consecuencia de los desajustes temporales entre ingresos y costes del sistema, con lo que los ingresos no son suficientes para cubrir los costes reconocidos, es necesario aplicar un coeficiente de cobertura del 74,69% a cada coste a pagar con cargo a la liquidación, resultando una cantidad a pagar a cuenta a los productores de 425 millones de euros antes de IVA o impuesto equivalente.

Además, la liquidación provisional a cuenta correspondiente al mismo periodo con cargo a los Presupuestos Generales del Estado ascendió a 36,455 millones de euros antes de IVA o impuesto equivalente. Según la CNMC, a la fecha del cierre de la liquidación se habían recibido ingresos del Tesoro Público que permiten abonar el 100% de esta partida a los productores de renovables, cogeneración y residuos ubicados en los territorios extrapeninsulares. La cantidad a pagar a cuenta a estos productores en la liquidación asciende a 6,3 millones de euros, antes de impuestos.

Respecto al sector gasista, el déficit provisional del sistema fue de 78 millones de euros, frente a los 175 millones de euros en el mismo periodo del ejercicio anterior. Teniendo en cuenta los ingresos netos de la liquidación, se ha calculado un índice de cobertura del 94,6% de la retribución acreditada. El total de ingresos liquidables declarados fue de 1.505 millones de euros, un 5,1% superior a los ingresos previstos para la liquidación, y un 8,6% superior a la del mismo periodo del ejercicio anterior.

En esta sexta liquidación del ejercicio, la retribución total acreditada a las empresas ascendió a 1.444 millones de euros, que es un 0,6% superior a la del año anterior. Para el ejercicio 2018, se incluyeron en el sistema de liquidaciones las retribuciones acreditadas en la orden ETU/1283/2017, por la que se establecen los peajes y cánones asociados al acceso de terceros a las instalaciones gasistas y la retribución de las actividades reguladas para el año 2018, excepto la retribución por operación y mantenimiento del almacén de gas Castor, afectada por la sentencia del Tribunal Constitucional.

El sector eléctrico registró en abril un déficit de 1.256 millones, 487 millones menos de lo previsto para esta liquidación

Europa Press. – El sector eléctrico registró en la cuarta liquidación de 2018, correspondiente al mes de abril, un déficit provisional de 1.256,1 millones de euros, 487,1 millones de euros menos de lo previsto para esta liquidación, según los datos facilitados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Este desajuste se debió, fundamentalmente, a la menor retribución adicional y específica de los sistemas no peninsulares (-194,9 millones de euros), a la menor retribución específica peninsular (-74,1 millones) y a la menor retribución de la actividad de distribución (-100,3 millones), así como a una mayor facturación por peajes de acceso por importe de 101,7 millones.

Por otra parte, la demanda en consumo registrada (65.446 GWh) fue un 4,4% superior al valor promedio observado en años anteriores. Dado que los ingresos no han sido suficientes para cubrir todos los costes reconocidos, se ha procedido al cálculo y aplicación del coeficiente de cobertura, conforme al artículo 19 de la Ley del Sector Eléctrico que ha dado como resultado un coeficiente de cobertura del 73,37% y se aplica a cada uno de los costes reconocidos para determinar los costes a pagar con cargo a la liquidación.

La CNMC advierte de la escasa relevancia de la Liquidación 4 debido al desfase existente entre la declaración de los ingresos y la liquidación de las distintas partidas de coste.

En cuanto a las energías renovables, se han liquidado 63.590 de las instalaciones activas en el sistema de liquidaciones de la CNMC. La liquidación provisional acumulada y a cuenta correspondiente a la energía generada entre enero y abril ascendió a 2.332,7 millones de euros.

Según la CNMC, a la fecha del cierre de la actual liquidación se habían recibido ingresos del Tesoro Público que permiten abonar el 100% de esta partida a los productores de energías renovables, cogeneración y residuos ubicadas en los territorios extrapeninsulares. La cantidad a pagar a cuenta a estos productores asciende a 6,047 millones antes de IVA o impuesto equivalente.

Respecto al sector gasista, el total de ingresos liquidables declarados ha ascendido a 1.058 millones de euros, cantidad un 6,2% superior a los ingresos previstos para la actual liquidación.

 

El déficit en términos de caja fue de 24 millones de euros en gas

El déficit en términos de caja fue de 24 millones de euros, frente al déficit de 49 millones de euros en el mismo periodo del ejercicio anterior. Teniendo en cuenta los ingresos netos de liquidación, se ha calculado un índice de cobertura del 97,6% de la retribución acreditada.

La demanda nacional de gas en 2018 facturada hasta el 30 de abril ascendió a 100,5 TWh incluida carga de cisternas desde plantas (3,7TWh). Esta cantidad es 3,6TWh inferior a la del mismo periodo de 2017, lo que supone un descenso del 3,5%, debido a un cambio en la operativa de la facturación que se computa un mes después.

La penúltima liquidación del sector eléctrico refleja un superávit provisional de 117 millones de euros en 2017, según la CNMC

Europa Press / EFE.– La penúltima liquidación del año del sector eléctrico arroja un superávit de 117 millones de euros, 107,6 millones más de lo previsto, según los datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El organismo publicará a finales de año la liquidación definitiva (la número 15), en la que se conocerá la distribución definitiva de ingresos y costes de los distintos sistemas y si finalmente incurren en superávit o déficit de ingresos.

Dado que en la liquidación 14 los ingresos son superiores a los costes reconocidos, no es necesario aplicar coeficiente de cobertura. La demanda registrada en la liquidación 14 fue de 243.005 GWh, un 2% superior a la prevista según la memoria de la orden de peajes de acceso de 2016 (230.288 GWh) y un 1,4% superior a la demanda prevista para el cierre del ejercicio en la orden de peajes de acceso de 2017 (239.567 GWh). Este hecho ha posibilitado un superávit de 117 millones de euros, frente a los previstos de 9,4 millones de euros y de 3,8 millones en las órdenes de peajes del año 2016 y 2017.

El consumo por periodo horario fue superior al previsto para el ejercicio, excepto en el caso de los pequeños consumidores con peajes 2.0 A, 2.1 A y, con carácter general, los conectados en media y alta tensión. Sin embargo, la potencia por periodo horario registrada fue inferior a la prevista inicialmente para 2017, excepto para los consumidores de alta tensión.

Los ingresos regulados fueron inferiores a los previstos tanto en la facturación por el término de energía, como en la facturación por el término de potencia. Así, en los peajes de acceso se registraron 58,9 millones de euros menos con respecto a las previsiones. Las causas fueron la diferente estructura de consumo por grupo tarifario y por periodo horario, y la evolución negativa de la potencia contratada por los clientes conectados en baja tensión con potencia contratada superior a 15 kW y en media tensión.

Por otra parte, los ingresos tributarios derivados de la Ley 15/2012 también fueron inferiores a los previstos y alcanzaron los 2.829 millones de euros, un 10,3% (325,5 millones de euros) inferiores a los ingresos previstos para el ejercicio. Los costes regulados en la liquidación (17.433 millones de euros) han resultado 445 millones de euros inferiores a los previstos para el ejercicio debido fundamentalmente a que la retribución adicional y especifica de los sistemas extrapeninsulares ha sido inferior a la prevista.

En cuanto a las energías renovables, en la liquidación 14 se han realizado reliquidaciones según la metodología de retribución establecida en el Real Decreto 413/2014, de 6 de junio. La liquidación provisional a cuenta correspondiente al mismo periodo con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, asciende a 68,622 millones, antes de IVA o impuesto equivalente. Al cierre de esta liquidación se han recibido ingresos del Tesoro Público que permiten abonar el 100% de esta partida a los productores de energías renovables, cogeneración y residuos ubicadas en los territorios extrapeninsulares.

En cuanto al sector gasista, el déficit del gas fue de 12 millones de euros, nueve veces inferior al de 108 millones en el mismo periodo del ejercicio anterior. El total de ingresos declarados ascendió a 2.977 millones de euros, cantidad un 4,4% superior a la del mismo periodo del ejercicio anterior. El total de ingresos netos liquidables ascendió a 2.712 millones de euros, un 1,3% superior al de la misma liquidación del ejercicio anterior.

La retribución total fija acreditada a las empresas ascendió a 2.694 millones de euros, cifra que incluye las retribuciones aprobadas en la Orden ETU/1977/2016 pero que descuenta la retribución por operación y mantenimiento del almacenamiento subterráneo de gas Castor, afectada por la sentencia del Tribunal Constitucional, que anuló varios artículos del decreto que fijó las indemnizaciones, y las aprobadas mediante resoluciones de la DGPEM en el 2017. Por las actividades de regasificación, carga de cisternas, trasvase de GNL y puesta en frío de buques se acredita en esta liquidación una retribución variable de 31 millones de euros. Como resultado se tiene una retribución total acreditada de 2.725 millones de euros, que es un 2,2% inferior a la del año anterior.

En esta liquidación se obtiene un déficit en términos de caja de 12 millones de euros, frente al déficit de 108 millones de euros en el mismo periodo del ejercicio anterior. El índice de cobertura fue del 99,5% de la retribución acreditada. La demanda nacional de gas en 2017 facturada hasta el 28 de febrero de 2018, ascendió a 348,4 TWh incluida carga de cisternas desde plantas. Esta cantidad es 28,6 TWh superior a la del ejercicio 2016, lo que supone un aumento del 8,9%.

El sistema gasista acabará con su déficit acumulado en 2023, 8 años antes de lo previsto, según la consultora PwC

Europa Press / EFE.- El sistema gasista español alcanzará este año el superávit y, con la evolución prevista de la demanda, absorberá todo el déficit de tarifa que tiene acumulado en 2023, 8 años antes de lo previsto, según indica el informe Retos y oportunidades del sector gasista en el contexto de la transición energética de la consultora PwC.

Según el estudio, tras la reforma regulatoria de 2014 el sistema gasista se encuentra ya en equilibrio, a pesar de los pequeños desajustes que existieron en 2015 y 2016 debido al efecto sobre la demanda doméstica por el hecho de que ambos años fueron cálidos. Así, en 2018 se generará ya superávit. Esto será debido, principalmente, al comportamiento positivo de la demanda, que creció un 6,5% en el primer trimestre del año, a lo que se une que el sistema está ahora pagando unos costes menores ya que hay 90 millones menos de coste al año después de que el Tribunal Constitucional anulara varios puntos del decreto para pagar la indemnización por el almacén Castor, que se cargaba al sistema.

Según PwC, la sostenibilidad económica del sistema gasista ha permitido al regulador congelar los peajes de acceso desde 2014, o lo que es lo mismo, reducir los peajes un 2% en términos reales si consideramos la inflación. De esta manera, en 2023, con la generación de un superávit anual del entorno de 300 millones de euros una vez se haya repagado la deuda histórica pendiente, se podrían reducir los peajes hasta un 10% o mejorar la retribución de las actividades reguladas como se ha producido en otros países de nuestro entorno, según considera el informe.

La firma considera también que en una próxima revisión de peajes se debería contemplar una rebaja de los costes para el cliente doméstico, ya que la proporción que soporta frente a la media europea es muy superior. Además, defiende un mayor porcentaje de peajes fijos frente a los variables, pues en España los fijos son inferiores a la media europea, donde tienen gran importancia en caso de una coyuntura de demanda adversa, ya que generan mayor estabilidad en los ingresos.

A este respecto, el documento destaca que la reforma del sector gasista y la consiguiente contención de costes aparejó consigo que las retribuciones de las actividades de redes sean de las más bajas de Europa. Así, señala que, tanto en transporte como en distribución, la retribución media por punto de suministro en España se sitúa sensiblemente por debajo de la media europea, siendo un 11% y 20% inferior, respectivamente. Aún así, el informe también destaca que el gas natural ha sido capaz de atraer recursos de fondos de inversión de primer nivel, como prueba que en los últimos 15 años se han invertido 15.400 millones, entre otras cuestiones por haber gozado de bastante estabilidad regulatoria.

Además, el documento identifica al gas natural como un vector «indispensable» para abordar de forma eficiente el necesario cambio de modelo energético en España, ya que contribuye a los objetivos medioambientales de reducción de gases de efecto invernadero, a la vez que puede ser una vía para reducir la factura energética. «Nos enfrentamos al reto de transformar nuestro modelo energético para cumplir los objetivos medioambientales sin comprometer el crecimiento económico y la garantía de suministro. En este contexto, el gas natural se presenta como la alternativa más madura para atajar el problema de la contaminación, ya que puede sustituir a otras fuentes más contaminantes sin desarrollar infraestructuras adicionales», indicó el socio líder del sector energético en PwC, Carlos Fernández Landa.

A este respecto, el documento señala que el último informe sobre transición energética de la Comisión de Expertos designada por el Gobierno espera para el gas natural el mayor crecimiento en consumo de energía final, duplicándose desde los 150 teravatios hora (TWh) en 2015 a más de 300 TWh en 2030 y pasando a ser el principal consumo de 2030, por delante de la electricidad y de los productos derivados del petróleo. Según el estudio de PwC, las compañías del sector invierten unos 600 millones de euros al año en infraestructuras, lo cual ha permitido disponer de capacidad suficiente para absorber incrementos de demanda futuros.

El crecimiento se dará en todos los segmentos de consumo, aunque prevé que en la transición energética el rol de los ciclos combinados va a ser estable, suponiendo en torno al 17% o el 18% de la producción eléctrica entre 2020 y 2030. No obstante, la firma discrepa con la relevancia que en el informe de la comisión de expertos se da al gas en el transporte, apenas 13 TWh concentrados en el sector marítimo.

PwC considera que el gas es una solución con capacidad inmediata para tener penetración en el sector del transporte, que representa el 27% de las emisiones de CO2, sobre todo por su coste, y cree que su rol será importante en el segmento de transporte profesional y de pasajeros. En España en la actualidad sólo hay 6.000 vehículos, con un consumo de 2 TWh, frente a un potencial de 200 TWh que contempla la consultora.

De esta manera, el estudio valora que en España el gas natural cuenta aún con recorrido en el segmento doméstico, debido a su gran competitividad frente a otros productos petrolíferos, especialmente en zonas frías, ya que su penetración se sitúa en el 30%, muy por debajo de países con climatología comparable como Italia (88%) o Francia (39%). En lo que respecta a la industria, el gas natural es también insustituible, ya que nutre el 30% de la demanda energética de los segmentos industriales más intensivos en consumo energético, que representan un 6% del PIB nacional.

PwC es optimista con respecto al futuro del gas, entre otras cuestiones porque la factura, de una media de 98 euros por megavatio hora (MWh) en España, está por debajo de la de Alemania, Italia o Francia. Una ventaja competitiva que el informe recuerda que es aún mayor en el caso del segmento industrial, con un precio de 33 euros/MWh, si bien para un 15% de la demanda industrial, constituida por las grandes industrias consumidoras, es superior. Además, apunta que esta ventaja competitiva “no ocurre con otros productos energéticos como la electricidad o los hidrocarburos”.

El Gobierno consultará al Consejo de Estado antes de decidir cómo responde a la reclamación de la banca por Castor

Europa Press / EFE.– El Gobierno pedirá un informe al Consejo de Estado antes de tomar una decisión respecto a la reclamación presentada por Banco Santander, CaixaBank y Bankia para la recuperación de la cantidad financiada que todavía no se ha devuelto, más los daños causados, por la financiación de 1.350 millones de euros que proporcionaron cuando asumieron la deuda para abonar la indemnización por la hibernación del almacenamiento de gas Castor a la sociedad Escal-UGS, participada por ACS.

En este sentido, el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, señaló que el Ministerio está «en proceso de analizar» la reclamación presentada por la banca acreedora del Castor, para lo que pedirá un informe al Consejo de Estado, aunque subrayó que todavía se cuenta con «6 meses para responder». Asimismo, indicó que «ahora mismo no hay previsión» de cómo se restablecerá el mecanismo para el reconocimiento del pago de 8 millones de euros anuales a Enagás por sus labores de mantenimiento y seguridad del almacén Castor, después de que la sentencia del Tribunal Constitucional haya paralizado todos los pagos alrededor del almacén gasista. A este respecto, Navia recordó que el reconocimiento de este pago requiere de rango de ley.

Banco Santander, CaixaBank y Bankia han formulado una reclamación de responsabilidad del Estado legislador en la que piden al Estado la devolución de los 1.350 millones de euros que adelantaron para financiar el cierre del almacén submarino y el pago de la indemnización por el cierre de Castor. En la reclamación, las entidades ofrecían al Gobierno alcanzar un acuerdo que permita hacer la devolución de una manera flexible, a fin de evitar un grave impacto en las cuentas del Estado o en los consumidores gasistas.

Por su parte, el ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha reconocido que era «previsible» que los bancos «actuasen jurídicamente» tras la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló varios artículos del real decreto aprobado en el año 2014 que regulaba el pago de la indemnización de 1.350 millones de euros a la concesionaria del almacén, Escal UGS, y cómo se recuperaría la suma adelantada por las entidades financieras. «Nosotros, en su día, cuando llegue la demanda, si es que llega, lo que haremos será ir a los órganos consultivos», indicó Nadal.

Tanto el pago de la indemnización como la forma en la que los bancos recuperarían el dinero adelantado, a través de un recargo en la tarifa gasista de los próximos 30 años, estaban regulados en el real decreto-ley. En su sentencia, el Constitucional no entraba en el fondo de la indemnización que recibió Escal UGS por la decisión adoptada sobre Castor, centrándose más en el fondo de cómo se hizo esa indemnización. En consecuencia, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) decidió el pasado mes de enero, tras esta sentencia, paralizar los pagos a la banca por esta deuda, que ascendían a 6,7 millones de euros mensuales.

GasIndustrial advierte de que algunos escenarios contemplados por el comité de expertos pueden generar nuevos costes en el gas natural

EFE / Europa Press.- GasIndustrial ha advertido de que algunos de los escenarios del informe del comité de expertos sobre transición energética “pueden entrañar riesgos de que se incorporen nuevos cargos en los costes del gas natural para los consumidores industriales”. En este sentido, GasIndustrial ha recordado que, como consecuencia de las decisiones políticas y de una planificación errada de la demanda en el pasado, en España se está pagando uno de los costes regulados más altos de Europa.

GasIndustrial pide tener presente que cualquier intervención en la actualidad puede acarrear cambios irreversibles en el futuro y lamenta que el informe no evalúe el impacto de los distintos escenarios propuestos sobre la sostenibilidad económica y financiera del sistema gasista. Además, GasIndustrial ve riesgos en algunos de los escenarios de 2050, concretamente en los que dejan de tener cabida las energías fósiles, “lo que requeriría evaluar, con extremo cuidado, las necesidades de inversión a 2030”.

Asimismo, valora que se considere que el sistema gasista peninsular actual es «suficientemente robusto» para los escenarios analizados y que en principio no necesita de más inversiones. De esta manera, destaca que el aumento de la demanda de gas aumenta para 2030 previsiblemente hará que se haga un mayor uso de las infraestructuras hasta ahora infrautilizadas del sistema gasista español. También considera un riesgo la construcción de nuevas infraestructuras y regasificadoras en Canarias, “cuya viabilidad económica y financiera ya fue analizada en un informe por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), en el que pidió más información y cuestionó su viabilidad”.

Pasar costes energéticos a Presupuestos

GasIndustrial coincide con la propuesta de los expertos de traspasar costes energéticos de la factura del cliente a los Presupuestos Generales del Estado, pero no con que, si no es posible, se aplique en su lugar un recargo inversamente proporcional a la elasticidad o grado de respuesta de la demanda a los cambios en el precio. La asociación explica que el consumidor doméstico consume mayoritariamente gas en invierno, mientras que los ciclos combinados, una tecnología de respaldo, funcionan intermitentemente y con poco consumo, con lo que, de aplicarse esa fórmula, el consumidor industrial cargaría con el grueso de los costes, lo que sería perjudicial para conseguir un gas industrial competitivo.

No obstante, GasIndustrial ve positivo que el informe observe y reconozca la dificultad para descarbonizar los consumos energéticos de la industria, pues actualmente tiene una necesidad de demanda térmica que sólo le puede ser suministrada por el gas. También valora que contemple mecanismos de compensación para las industrias más expuestas a competencia internacional, con exenciones para mitigar el impacto y recomendaciones para que las industrias más intensivas sometidas a competencia internacional dispongan de unos precios energéticos competitivos, además de medidas temporales durante la transición energética.

Además, la asociación comparte queel informe recoja que los costes de políticas pasadas se trasladen con cargo a los Presupuestos, lo que facilitará que la deuda acumulada por el sistema gasista disminuya y supondría que los peajes que pagan los consumidores industriales descendieran «pudiendo equipararse antes, al menos en parte, con los de los homólogos europeos lo que sin duda revertería en un impulso a la competitividad de las industrias españolas consumidoras de gas».

La CNMC denuncia cambios de comercializador a clientes de luz y de gas sin su consentimiento o de modo engañoso

Europa Press / EFE.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha denunciado cambios de comercializador a clientes, algunos de ellos beneficiarios del bono social, por las comercializadoras eléctricas y gasistas sin su consentimiento o de modo engañoso, por lo que pide regular los requisitos «para que se pueda acreditar inequívocamente el consentimiento de los clientes cuando existen dudas sobre ello«.

En su informe sobre la supervisión del efectivo consentimiento del consumidor al cambio de comercializador, la CNMC señala que ha detectado que varias empresas de electricidad y gas no pueden acreditar el consentimiento al cambio de compañía de diversos clientes. Así, detectó durante el periodo de análisis 11 beneficiarios del bono social que afirmaron haber sido cambiados sin consentimiento o de modo engañoso y perdieron su derecho a un descuento del 25% en su factura.

Concretamente, ha analizado los cambios de compañía de electricidad (3.160.246) y gas (931.123) que tuvieron lugar entre julio de 2015 y junio de 2016 y ha realizado una muestra estadística representativa sobre 3.400 casos de cambios. En el caso del sector eléctrico, la CNMC constató que en el 3% de los casos el comercializador no ha podido demostrar que los clientes hubieran solicitado el cambio de compañía. De las muestras estadísticas analizadas se han detectado 33 cambios no acreditados. Además, en el 11% de los casos analizados, existen dudas de que los clientes dieran realmente su permiso para el cambio.

En lo que se refiere al sector gasista, el 0,9% de los cambios de comercializador no acreditaron el consentimiento del consumidor y el 4% de ellos fue dudoso. La CNMC señala que, extrapolando estos resultados, se podría afirmar que durante el periodo de estudio, no sería posible acreditar el consentimiento al menos en un total 40.000 cambios de clientes eléctricos, ni en al menos 4.000 de cambios de clientes gasistas.

Por otra parte, la CNMC constató que una parte de los cambios sin consentimiento ha afectado a clientes vulnerables, que tienen derecho a percibir el bono social de la luz, un descuento que durante el periodo analizado alcanzaba el 25% de la factura mensual. Concretamente, el regulador detectó 176 cambios con pérdida del bono social. En 11 casos, los consumidores afirmaron haber sido cambiados sin consentimiento o de modo engañoso. La CNMC subraya que las medidas de protección incluidas en el Decreto 897/2017, en el que se regula la figura del consumidor vulnerable y el nuevo bono social, «evitarán que se sigan produciendo estas situaciones».

Para combatir estas prácticas, la CNMC considera necesario regular los requisitos «para que se pueda acreditar inequívocamente el consentimiento de los clientes cuando existen dudas». Además, se debería establecer la regulación de la contratación telefónica en el caso del sector eléctrico, «simétrica a la existente en el sector gasista«. Adicionalmente, como ya ha recomendado el organismo anteriormente, considera que las empresas deberían incrementar los controles a los agentes de venta.

Enagás busca un socio interesado en participar en una sociedad con sus activos internacionales para aprovechar nuevas oportunidades de inversión

EFE.- Enagás se plantea rotar sus activos internacionales para aprovechar mejor las oportunidades de inversión que surjan en otros países, según avanzó su presidente, Antonio Llardén, durante la junta de accionistas de la compañía. En este sentido, Llardén reiteró que Enagás analiza la posibilidad de contar con un «socio principal» en su actividad internacional para buscar juntos nuevas oportunidades fuera de España. El objetivo es contar con una base más amplia «para tener más capacidad de acción». «Asociarnos para crecer», proclamó.

Esta opción, subrayó Llardén, no afectaría en ningún caso a los activos regulados en España. Según fuentes del sector, la búsqueda de un socio podría concretarse a través de la creación de una sociedad que agrupara los activos internacionales. El socio principal podría ser un fondo de inversión especializado en infraestructuras energéticas o un operador similar a Enagás, señalaron las fuentes citadas. Llardén reconoció que en la actualidad hay «cierta escasez» de oportunidades de inversión «interesantes» y que las que aparecen no siempre encajan con los criterios de rentabilidad y riesgo de Enagás. «En este entorno de demanda de activos de bajo riesgo, nos planteamos analizar potenciales oportunidades de rotación de activos para complementar nuestras nuevas oportunidades de inversión«, explicó.

Llardén ha agrupado los retos de futuro de la compañía en 4 bloques: regulación sectorial, transición energética, desarrollo de nuevas actividades y negocio internacional. Sobre los previsibles cambios en la regulación del sector gasista, el presidente de Enagás admitió que se ha generado «cierto ruido». Llardén recordó que el ministro de Energía, Álvaro Nadal, cifró en enero el posible ajuste en la retribución de los activos gasistas en un máximo de 50 millones de euros en el Congreso. «Entendemos que el Ministerio considera que no procede ningún otro ajuste», señaló.

Llardén recalcó que la ley del sector de 2014 ha permitido equilibrar los ingresos y los gastos del sistema gasista, que no genera déficit desde 2017. Además, ha señalado, el sistema paga cada año parte del déficit acumulado y lo hace a un ritmo que permitirá eliminarlo en 2023 o 2024, antes de la fecha prevista en la ley (2031).

En cuanto al desarrollo de nuevas actividades, ha explicado que Enagás trabaja en tres líneas principales: impulsar nuevos servicios y usos del gas natural, promocionar el gas renovable y el hidrógeno, y desarrollar nuevas tecnologías e infraestructuras de captura, transporte y almacenamiento. Llardén ha recordado que Enagás prevé invertir 650 millones de euros hasta 2020 y reducir su deuda en 1.440 millones respecto a 2016.

En el presente ejercicio, Enagás espera obtener un beneficio después de impuestos de 443 millones y reducir su deuda neta en unos 380 millones. Además, la empresa se propone elevar su dividendo un 5% anual hasta 2020. La Junta de Accionistas aprobó el pago de un dividendo de 1,46 euros por título con cargo al 2017, cifra que se elevará a 1,68 euros en 2020.

El sistema eléctrico evolucionó 581 millones de euros mejor de lo previsto en 2017 a falta de la última liquidación

Europa Press / EFE.- El sistema eléctrico registró un déficit de tarifa provisional (diferencia entre gastos e ingresos) de 644,9 millones de euros en la decimotercera liquidación de 2017 elaborada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) lo que, a falta de una liquidación para cerrar el ejercicio, arroja una evolución de 581,1 millones de euros mejor a la prevista.

La evolución del consumo y de los ingresos por peajes de acceso y cargos en la liquidación se situaron por encima de los valores promedio históricos. En particular, el consumo registrado ascendió a 242.404 gigavatios hora (GWh), siendo un 2,3% superior al valor promedio observado. Mientras, los ingresos por peajes y cargos de consumidores, que alcanzaron los 13.728,3 millones de euros, fueron un 0,3% superiores al valor promedio histórico. El coeficiente de cobertura se situó en un 95,46%, frente al 90,01% en la liquidación anterior.

En lo que se refiere a las renovables, en la liquidación se realizaron reliquidaciones según la metodología del Real Decreto 413/2014. La liquidación provisional acumulada asciende a 7.078 millones de euros, antes de IVA o impuesto equivalente. Como consecuencia de los desajustes temporales entre ingresos y costes del sistema, es necesario aplicar un coeficiente de cobertura de 95,4%. Así, la cantidad a pagar a cuenta a los productores en la liquidación asciende a 387,77 millones de euros, antes de IVA o impuesto equivalente. Además, la liquidación provisional a cuenta correspondiente al mismo periodo con cargo a los Presupuestos Generales del Estado asciende a 68 millones de euros, antes de impuestos.

En cuanto al sistema gasista, registró un déficit de 62 millones de euros, en torno a un tercio de los 175 millones registrados en el ejercicio anterior. El índice de cobertura fue del 97,7% de la retribución acreditada. Los ingresos declarados por las empresas ascendieron a 2.915 millones de euros, un 4,5% más que en el 2016, destacando el incremento en un 24,6% de los ingresos por peaje de regasificación.

Adicionalmente, se han considerado los pagos derivados de los artículos 66 y 61.2 de la Ley 18/2014, por 121 millones de euros, y la devolución por ejecución de sentencias de la Audiencia Nacional, por 27 millones de euros. Asimismo, se consideran los pagos de 60 millones de euros, realizados en liquidaciones anteriores al amparo del artículo 5 del RD-ley 13/2014, anulado por sentencia del Tribunal Constitucional sobre el almacenamiento Castor. En consecuencia, se tiene un total de ingresos netos liquidables de 2.657 millones de euros, un 1,7% superior al de la misma liquidación del 2016.

Evolución de liquidaciones de enero

En lo que respecta a la primera liquidación provisional de 2018, el déficit del sistema eléctrico ascendió a 805,7 millones de euros, lo que supone una evolución de 166 millones de euros mejor de la prevista. Los ingresos por peajes de acceso de consumidores ascendieron a 399,4 millones, un 18% superiores al promedio histórico, mientras que los ingresos registrados por los generadores fueron un 53,3% inferiores al valor promedio histórico.

Los ingresos por peajes correspondientes a lecturas del mes de enero no se reciben completamente hasta el mes de marzo. Como consecuencia de este decalaje, la primera liquidación del año arroja un coeficiente de cobertura bajo, en concreto de un 30,06%, señaló el regulador. En cuanto a las renovables, la CNMC gestionó la liquidación de 63.571 instalaciones activas. La liquidación provisional acumulada y a cuenta correspondiente a la energía generada en el primer mes de 2018 asciende a 576 millones.

En lo que respecta al sistema gasista, el déficit en términos de caja fue de 213 millones de euros, frente al déficit de 170 millones de euros en el mismo periodo del ejercicio anterior. Teniendo en cuenta los ingresos netos de liquidación, se tiene un índice de cobertura del 18% de la retribución acreditada. El total de ingresos declarados ascendió a 61 millones, cantidad un 44,8% inferior al mismo periodo del ejercicio anterior, debido a un cambio en la operativa de la facturación que se computa un mes después. En consecuencia, se tiene un total de ingresos netos liquidables de 47 millones, un 49% inferior.

La deuda acumulada del sistema eléctrico se ha reducido en 8.000 millones y el saldo pendiente asciende a 21.000 millones

EFE / Europa Press.- El secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, ha destacado que España haya sido capaz de reducir en cerca de 8.000 millones la deuda acumulada del sistema eléctrico, que llegó a alcanzar los 28.700 millones y que actualmente es de 21.000 millones. Navia, que intervino en la presentación del Balance Energético de 2017 y Perspectivas para 2018, del Club Español de la Energía, subrayó que España está siendo capaz de reducir los desequilibrios acumulados por sus sistemas eléctrico y gasista.

De esta manera, la deuda del sistema eléctrico, que después de 14 años consecutivos de generación de déficit en 2014 registró su primer ejercicio con superávit, se redujo en torno a otros 2.000 millones de euros el año pasado, desde los niveles de los 23.070 millones de euros en que cerró en 2016. Navia destacó la política de «contención de costes y rigurosidad» aplicada por el Gobierno y subrayó que la sostenibilidad financiera sigue siendo «el elemento fundamental» para que las decisiones que se adopten en materia energética en el corto plazo sean «coherentes con los objetivo a largo plazo«.

Ha manifestado que, aunque no están cerrados los datos de 2017, los dos sistemas mantendrán el equilibrio financiero que les ha caracterizado desde la reforma que se hizo en la legislatura pasada. Navia ha dicho que la postura del Ministerio será mantener el rigor a la hora de asignar nuevos costes al sistema, porque esto se puede convertir en un problema macroeconómico, al afectar a la competitividad. Ha subrayado que el equilibrio alcanzado en los sistemas ha permitido mantener sus costes (peajes) congelados, 5 años en el caso de la electricidad y 4 en gas, con el consiguiente beneficio para los consumidores domésticos e industriales.

En cuanto a los precios, ha indicado que, pese a las dificultades habidas en 2017, con fuertes tensiones en los mercados de electricidad y gas, y unas condiciones climáticas excepcionales, marcadas por la sequía y olas de frío en Europa, el año se superó con «cierto éxito«. Daniel Navia explicó que en 2017 la factura para un hogar medio fue de 835 euros, más alta que la de 2016, por la escasez de lluvias y unos precios de las materias primas algo más altos, aunque 16 euros más barata (un 1,8%) respecto a un año más normalizado como fue 2015.

Por eso, considera que España está en una fase de estabilización de precios de la energía y con tendencia a la baja, como prueba que se mantiene entre 21 y 22 céntimos el kilovatio hora (KWh) para un consumidor doméstico, similar a 2012, y de 11 céntimos/KWh para un consumidor industrial, un céntimo menos que el que había en 2012.

Ha señalado que para mitigar el elemento que puntualmente rompe la tendencia, la volatilidad de los precios en el mercado, el Ministerio ha introducido medidas, como las reformas que ha hecho de la interrumpibilidad (pagos que se dan por la disposición de empresas a desconectarse cuando sea necesario para el sistema, que ahora se podrá utilizar también para estabilizar precios) y del mercado del gas. Además, destacó que en el inicio de 2018 se está viendo una reducción de la factura de electricidad en los hogares, que ha bajado un 8% en los dos primeros meses del año con respecto al mismo periodo de 2017.

Por otra parte, ha destacado que España está en una posición favorable para cumplir sus objetivos medioambientales, al haber reducido de 2005 a 2015 las emisiones un 22%, más que Alemania, que lo ha hecho en un 9% o Francia, donde han disminuido un 17%. De cara a 2018, asegura que en breve se contará con el informe de la Comisión de Expertos sobre la Ley de Cambio Climático y Transición Energética y, respecto a los planes nacionales de Energía y Clima, ha indicado que la intención es tenerlos elaborados, aunque no aprobados, y disponibles para consulta pública a lo largo de este año. Por último, ha reiterado la postura del Ministerio favorable a una neutralidad entre las diferentes tecnologías.

A este respecto, indicó que el input que dará el informe de la comisión de expertos creada por el Gobierno para abordar esta transición energética, que se conocerá «en breve», va ser «una orientación fundamental». Así, consideró que debe existir un debate «muy intenso» respecto a cómo abordar la transición energética entre todas las fuerzas políticas y todos los actores del sectores, aunque subrayó que es «factible» lograr acompasar el cumplimiento de los objetivos medioambientales con la competitividad de la economía. «Partimos de una posición razonable para tomar medidas razonables. Habrá gente que quiera avanzar más rápido y otros más lentos, pero lo importante es buscar el punto común«, concluyó.