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Villar Mir presenta un nuevo proyecto de regasificadora en Huelva a pesar de que la Autoridad Portuaria deniega la concesión

EFE.- Después de que el Puerto de Huelva haya denegado a Villar Mir Energía la concesión para la puesta en marcha de la regasificadora ENERGAS, una decisión que recurrirá ante los tribunales, ha sido la propia empresa quién presentó a la Junta de Andalucía su nuevo proyecto en tres fases para la construcción y puesta en marcha de una planta de recepción, almacenamiento y regasificación de gas natural licuado (ENERGAS), que vuelve a ubicar en Huelva.

Se trata, según aclaró la compañía, de una reorientación del proyecto inicial «obligada» por la moratoria existente en España desde 2012 para la autorización de las plantas de gas. El proyecto está dividido en tres fases independientes de ejecución: una primera, que concentra el 90% de la inversión al implicar la construcción de los tanques y el pantalán, transformará la instalación en puerto logístico para almacenamiento, carga y descarga de buques y suministro a los países de la cuenca mediterránea, sin regasificación y sin conexión a la red de gasoductos.

La segunda fase consistirá en conectar los consumos propios de las empresas del Grupo Villar Mir en la comunidad autónoma, sin incluir conexión a la red troncal de gas natural. Y en la tercera fase, una vez desbloqueado el proyecto, se procedería a la instalación de más vaporizadores y a la conexión con el gasoducto de Huelva-Córdoba, previa eliminación de la actual moratoria sobre plantas.

Cada una de las fases del proyecto tiene sustantividad propia, por la que la división por fases tiene sentido económico con independencia de que se lleve a término o no cada fase sucesiva. La empresa confía que este proyecto pueda ejecutarse, a pesar de que el Puerto de Huelva le haya negado la concesión para su puesta en marcha, una decisión que ha sido recurrida por Villar Mir, que defiende la viabilidad de su proyecto.

La Autoridad Portuaria niega concesión

Por otro lado, Villar Mir Energía ha expresado su «sorpresa» por la decisión de la Autoridad Portuaria de Huelva de denegar la concesión para la puesta en marcha de ENERGAS por “no contar con autorización administrativa”, y “al estar vigente una moratoria” y ha precisado que se produce «en un momento en el que se estaban manteniendo conversaciones con esta entidad para reorientar el proyecto y tramitarlo ante la Junta de Andalucía». En este sentido, la empresa considera que el Puerto «malinterpreta la sentencia del Tribunal Supremo que paraliza, pero no hace inviable, el proyecto».

Asimismo, Villar Mir recuerda que se está tramitando un real decreto para poner en marcha la planta de regasificación de Enagás en El Musel (Gijón). La empresase ha planteado también interponer una demanda ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo después de que el Tribunal Constitucional no admitiera a trámite el recurso presentado por la compañía, así como una denuncia ante la Comisión Europea por no permitir la construcción de plantas en España.

Mibgas registra un nuevo récord diario de negociación libre al superar los 158 GWh

Europa Press / EFE.- El operador del mercado organizado de gas, Mibgas, registró un nuevo récord de negociación libre con un volumen de 158,106 gigavatios hora (GWh) transaccionados, la cifra más alta en este tipo de negociación desde su puesta en funcionamiento en 2015. Por negociación libre se entiende todas las transacciones realizadas en el mercado a excepción de los gases regulados, precisó el Mibgas.

El volumen total negociado fue de 164,2 GWh, el tercero más alto de su historia, ocupando el primer puesto hasta la actualidad el registrado el 30 de junio de 2016 (214,852 GWh), seguido del alcanzado el 5 de enero (172,714 GWh). Respecto al porcentaje sobre la demanda nacional registrado desde enero, éste ha sido del 4,37%, siendo la registrada en octubre del 2017, que fue del 6,25% de la demanda, la mayor cuota desde la puesta en marcha del mercado.

Mibgas señaló que el volumen de negociación libre es «un indicador positivo del dinamismo y evolución» del mercado organizado de gas y, en lo que va de año, supone un volumen de negociación de 2,2 TWh, de un total de los 2,9 TWh registrados. Por su parte las transacciones libres en 2017 han supuesto el 78% de su volumen (10,4 TWh), frente al 51% registrado en el 2016 (3,4 TWh).

Por otra parte, la actividad de Mibgas durante 2017 ha evolucionado de forma positiva, doblando en algunos aspectos las cifras registradas en el año 2016. Así, se ha pasado de 45 agentes en 2016 a 65 en 2017, y se duplicó el volumen negociado, de 6,6 TWh en 2016 (el 2% de la demanda total del sistema), superándose el año pasado la cifra de 13,4 TWh (el 3,8% de la demanda nacional de gas natural).

La CNMC reintegra al sector gasista otros 6,7 millones de los pagos anulados por la indemnización de Castor

Europa Press.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha reintegrado al sector gasista otros 6,7 millones de euros correspondientes a los pagos anulados del almacén Castor, según indicó el organismo. En concreto, se ha reintegrado el pago previsto en enero, correspondiente a la liquidación décima del año pasado, con lo que la cantidad total pagada en 2017 en concepto del abono de las indemnizaciones con cargo al sistema gasista ascendió a 60,5 millones de euros.

A finales de enero, la CNMC paralizó los pagos destinados a materializar el derecho de cobro por la deuda del almacén Castor, que está en manos de Banco Santander, Bankia y Caixabank. El regulador aplicaba así la sentencia del pasado diciembre del Tribunal Constitucional, que declaró «nulos e inconstitucionales» algunos artículos del decreto ley aprobado en 2014 que contemplaba la hibernación del almacenamiento subterráneo de gas de Castor y en el que se reconocía una compensación de 1.350 millones de euros para la empresa promotora Escal UGS, participada por ACS.

La deuda por Castor, que ascendió a 1.350 millones de euros, fue colocada por Enagás en 2015 a Banco Santander, Bankia y Caixabank a un tipo de interés del 4,3% y a devolver en 30 años. De esta manera, estas tres entidades son los titulares de estos derechos de cobro, que ascienden a unos 80 millones anuales y que se incluían en el sistema gasista.

Por su parte, con esta reintegración, el déficit provisional gasista fue de 385 millones de euros a diciembre, frente a los 430 millones de euros en el mismo periodo del 2016. El total de ingresos declarados por las empresas al sistema de liquidaciones por facturación de tarifas, peajes y cánones ascendió a 2.586 millones de euros, un 3,6% más que en el mismo periodo del 2016, destacando el incremento del 28% de los ingresos por peaje de regasificación y del 14% por reserva de capacidad.

Mientras, los costes liquidables del sistema ascendieron a 46 millones de euros, un 23,4% superiores a los del 2016, debido principalmente al aumento del coste de adquisición del gas de operación. Por tanto, teniendo en cuenta los ingresos existentes, se obtuvieron unos ingresos netos declarados de 2.540 millones de euros. Además, la retribución total fija acreditada a las empresas ascendió a 2.687 millones de euros.

Enagás gana 490,8 millones de euros en 2017, un 17,6% más, tras la integración de la regasificadora chilena GNL Quintero

Europa Press.- Enagás obtuvo un beneficio neto de 490,8 millones de euros en 2017, lo que representa un 17,6% más que en 2016, tras la integración de la planta de regasificación GNL Quintero (Chile), según comunicó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La empresa ha destacado que este crecimiento está por encima del objetivo previsto del 11,9%. Sin tener en cuenta los efectos contables derivados de la consolidación de GNL Quintero, el crecimiento del beneficio después de impuestos ascendería un 4,9%, en línea con el objetivo establecido para el año. El resultado bruto de explotación (Ebitda) de la compañía gasista creció un 17% en 2017, hasta los 1.110,3 millones de euros. Sin la consolidación de GNL Quintero, el Ebitda crece un 4,4%, hasta 990,2 millones de euros.

Los ingresos totales de la compañía presidida por Antonio Llardén subieron un 13,7% en el año 2017 y se situaron en 1.384,6 millones de euros. Las inversiones efectuadas por Enagás en 2017 totalizaron 328,5 millones de euros, de los cuales 68,5 millones de euros han sido invertidos en España y 259,9 millones de euros han correspondido a inversión neta internacional.

En las inversiones internacionales, destaca la destinada a TAP (Trans Adriatic Pipeline), proyecto en el que Enagás participa con un 16% y que es clave para la seguridad de suministro energético en Europa, por importe de 174,8 millones de euros, el aumento de la participación en COGA por 8,3 millones de euros y el pago de las garantías asociadas a GSP (Gasoducto del Sur Peruano) por 213 millones de euros.

Crece un 5% el dividendo

Mientras, la deuda neta stand alone del grupo se situó en 4.364 millones de euros a cierre de 2017, frente a los 5.089 millones de euros del 2016, con más del 80% de deuda a tipo fijo. Además, en 2017 la compañía redujo el coste de esta deuda neta al 2,2%, frente al 2,4% registrado en 2016. Asimismo, el dividendo correspondiente al 2017, que se propondrá en la próxima junta general de accionistas, será de 1,46 euros brutos por acción, que supone un aumento del 5% anual, de acuerdo con la estrategia de la compañía.

Para 2018, Enagás prevé un beneficio de aproximadamente 443 millones de euros, cifra en línea con el objetivo establecido para 2016-2020 de obtener una tasa anual de crecimiento medio del 3%. Además, este año prevé repartir un dividendo al accionista de 1,53 euros por acción, manteniendo su compromiso de ofrecer un dividendo un 5% superior al de 2017. Mientras, para el periodo 2018-2020, que Enagás prevé que estará marcado por los cambios que supone el paso a una economía más baja en carbono y con mayor protagonismo para el gas, Enagás tiene como objetivo invertir aproximadamente 650 millones de euros.

Por otra parte, la demanda de gas natural del mercado nacional alcanzó 350.888 gigavatios hora (GWh), un 9,2% superior a la de 2016 y suma así el tercer año consecutivo de incremento. Este aumento se debió, fundamentalmente, al buen comportamiento de la demanda industrial, que representa más del 60% de la demanda de gas. Asimismo, influyó el mayor consumo de gas para generación eléctrica, como consecuencia de la baja hidraulicidad y generación renovable. Finalmente, Enagás prevé que en España el sistema gasista obtenga un superávit neto anual a partir de 2018. Esta previsión, junto con el crecimiento estimado de la demanda de gas natural, haría posible que la deuda acumulada se absorbiera completamente en 2023, mucho antes de lo previsto.

La CNMC aprueba el contrato marco para el acceso a las conexiones internacionales mediante gasoductos con Europa de Enagás Transporte

Europa Press.– La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha aprobado el contrato marco para el acceso al sistema de transporte y distribución de Enagás Transporte mediante conexiones internacionales por gasoducto con Europa. La Ley 34/1998, en su artículo 70, establece el derecho de acceso a las infraestructuras de transporte con base en los principios de no discriminación, transparencia y objetividad. En la Circular 3/2017 se establecieron los mecanismos de asignación de capacidad a aplicar en las conexiones internacionales.

Para participar en los procedimientos de asignación de capacidad mediante subasta, los comercializadores o consumidores directos deberán firmar con carácter previo un contrato marco con el operador de la interconexión en el lado español, donde se establecerán las condiciones del servicio del transporte y las obligaciones y responsabilidades de las partes. Dicho contrato se realiza al margen de los trámites a realizar con los operadores en el otro lado de los puntos de la interconexión.

El contrato marco se corresponde con los que están en vigor y describen el objeto del contrato, la entrada en vigor, su duración, las obligaciones y responsabilidades de las partes, las condiciones de prestación de los servicios contratados y las condiciones de facturación. Está disponible en las web de la Comisión Nacional de los Mercados y Competencia, del Gestor de Red de Transporte Enagás y de la Iniciativa Regional del Gas del Sur de ACER.

Fitch alerta de la incertidumbre sobre la retribución del sector gasista español debido a la injerencia política

Europa Press.- Fitch Ratings advierte de que persiste «la incertidumbre» sobre el sector gasista debido a la injerencia política a pesar de no haberse concretadopor el Gobierno la amenaza de ajustes a la retribución de la actividad regulada de transporte y distribución de gas.

En este sentido, la agencia de calificación considera que la decisión del Gobierno de aplazar estos recortes al sector no cambia su opinión de que el riesgo de interferencia regulatoria en el sector sigue siendo «más alto que en otras jurisdicciones, lo que podría perjudicar los perfiles de ingresos de las utilities«. De esta manera, cree que la situación pone de relieve las potenciales consecuencias «de la falta de un regulador independiente con un enfoque transparente y consultivo». Así, Fitch Ratings cree que el marco español está más expuesto al riesgo político y a la transparencia en comparación con otros países como Portugal e Italia.

El Gobierno estudia la introducción de ajustes en los costes regulados del sistema energético, centrados en la retribución de la actividad de distribución y transporte de gas, así como en el sector eléctrico, mediante su inclusión como enmiendas dentro del proyecto de Ley por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía, que se tramitó en el Senado, aunque finalmente estas enmiendas no se materializaron debido a la falta de respaldo del resto de grupos políticos. Asimismo, el ministro de Energía, Álvaro Nadal, estimó que estos ajustes que prevé por sobrerretribución de activos del sector gasista supondrían un máximo de 50 millones de euros.

Los rumores sobre la aplicación de estos nuevos recortes llevó a las empresas energéticas dedicadas al negocio eléctrico y gasista a dejarse en Bolsa 9.000 millones de euros a lo largo de 7 sesiones. Para Fitch Ratings, la propuesta del Ministerio refleja el deseo del Gobierno de reducir los costes regulados del sistema y reestablecer el equilibrio entre los costes y los ingresos «a expensas de las empresas, de forma similar a 2014». Sin embargo, la agencia considera que el sistema gasista está más equilibrado en la actualidad que en 2014, «cuando la razón principal de la reforma fue el creciente déficit tarifario del gas».

Así, señala que, a pesar de los pequeños déficits registrados en 2015 (27 millones) y 2016 (90 millones), este último debido en gran parte a los costes adicionales por el cierre de Castor, se prevé un pequeño déficit para 2017, mientras que a partir de 2018 habrá superávits que ayudarán a ir gradualmente reduciendo la deuda acumulada pendiente de unos 1.000 millones de euros. Por ello, Fitch no cree que la sostenibilidad del sistema gasista sirva de excusa para justificar este recorte a la retribución. Además, el Gobierno actualizó la remuneración por los contadores de gas, lo que supone un impacto negativo de 6 millones de euros para las pequeñas distribuidoras y 40 millones de euros para Gas Natural Fenosa.

Moody’s advierte que los ajustes retributivos para el sector eléctrico y gasista afectarán negativamente a los ratings

Europa Press.– Moody’s ha advertido que de convertirse en leyes las medidas anunciadas por el ministro de Energía, Álvaro Nadal, para ajustar la retribución de las redes tanto de electricidad como de gas, así como de incrementar los requisitos para el cierre de plantas de carbón y nucleares, «tendrán implicaciones crediticias negativas para el sector«.

En un informe sobre la calidad crediticia de las compañías financieras en España para 2018, la agencia de calificación subraya que estas decisiones impactarían «en especial» en REE (Baa1 estable), el operador de la red eléctrica, así como en los principales operadores de plantas nucleares, que son Endesa (Baa2 estable) e Iberdrola (Baa1 positiva). Para Moody’s, «las inquietudes del Gobierno en torno a la asequibilidad de la energía han propiciado una posible carga regulatoria adicional».

Para el sector de petróleo y gas, la agencia considera que la recuperación de los precios del petróleo y los ahorros en los costes mejorarán las condiciones crediticias. Así, destaca que Repsol (Baa2 estable) se beneficiará del crecimiento de sus operaciones de exploración y producción (upstream) y de las operaciones de refinería y comercialización (downstream) «históricamente sólidas«. Asimismo, Moody’s pronostica un crecimiento real del PIB del 2,3% en España, lo que «respaldará la calidad crediticia de las empresas este año».

«Una mayor recuperación económica generalizada en sus principales mercados finales, Europa y América Latina, también beneficiará a las empresas españolas con presencia internacional», destaca la vicepresidente-senior analista de la agencia, Laura Pérez. No obstante, considera que las tensiones políticas y la normalización de la política monetaria seguirán siendo «factores relevantes» desde el punto de vista del crédito que afectarán a la mayoría de sectores corporativos.

A este respecto, el escenario central de Moody’s es que Cataluña seguirá formando parte de España. No obstante, las tensiones políticas y la incertidumbre «probablemente pesarán en el sentimiento económico y el gasto del consumidor y, por tanto, limitarán la demanda, lo cual conlleva implicaciones crediticias negativas para las empresas españolas», añade la agencia. Por otra parte, señala que la política monetaria seguirá siendo favorable y los bajos spreads de crédito respaldarán el coste de financiación y refinanciación de las empresas en 2018. Por ello, cree que la subida de los tipos de interés producirá un aumento inmediato del coste marginal de la deuda en el momento de la emisión.

Nadal plantea ajustes a las energéticas por 250 millones de euros y que asuman el coste de desmantelar las nucleares

Europa Press.- Mientras desde el PSOE afirman que el sector energético «no necesita más parches», el ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha reclamado al resto de fuerzas políticas del Congreso respaldo para aplicar a las compañías eléctricas y gasistas una serie de ajustes en su retribución por un máximo de 250 millones de euros, de los cuales algo menos de 200 millones de euros corresponden al sector eléctrico y otros 50 millones de euros al sector gasista.

En comparecencia en la Comisión de Energía del Parlamento, Nadal también solicitó el apoyo para que las empresas dueñas de las centrales nucleares asuman, en el caso de producirse su cierre, el coste de su desmantelamiento. A este respecto, subrayó que España es el único país en el que el desmantelamiento de una central nuclear «es responsabilidad de todos», a través de la sociedad Enresa.

El titular de Energía señaló que estos ajustes en el sistema de la retribución en la parte regulada de las energéticas procede de las recomendaciones del regulador, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), y ha mostrado su deseo de tramitarlo bien a través de una enmienda en el Senado o como proposición de Ley con el respaldo de los grupos políticos.

En concreto, el mayor de estos ajustes se refiere a los costes del sistema en transporte y distribución, donde considera que existen «casos de sobrerretribución en el factor de retardo», por el que una distribuidora eléctrica o Red Eléctrica de España (REE) reciben un equivalente de tipo de interés del 10% durante un periodo de dos años desde que se realiza el proyecto hasta que se integra. «Este tipo de interés es altísimo. Un 5% anual a dos años no lo paga nadie para este nivel de riesgo. Pretendemos sustituirlo por un índice financiero», indicó Nadal, quien estimó que el impacto de esta medida sería de unos 100 millones de euros, en una actividad de unos 7.000 millones de euros.

Otra de las partidas a ajustar corresponde a la retribución correspondiente a unos activos pertenecientes a las grandes compañías, después de una demanda presentada por pequeñas empresas distribuidoras ante el Tribunal Supremo, que estarían «sobreretribuidos» y cuyo impacto sería de unos 70 millones de euros, así como un ajuste en parámetros de activos de REE que ascendería a unos 15 o 20 millones de euros, «dependiendo de los cálculos definitivos de la CNMC». Respecto al sector gasista, el ministro de Energía estimó que los ajustes que prevé por sobrerretribución de activos estará en torno a los 50 millones de euros.

Asimismo, Nadal insistió en mantener el actual marco normativo y «aplicar la Ley» para revisar a partir de 2020 la rentabilidad razonable para las actividades reguladas del sector y para las renovables, ya que supondrá un ahorro de 1.500 millones de euros. «Creo francamente que hay que aplicar la Ley. Aplicar el bono del Estado más 200 puntos básicos en el caso de la distribución y 300 puntos básicos en el caso de las renovables», indicó Nadal, destacando que conoce «pocas inversiones que obtengan Tesoro más 200 puntos básicos sin riesgo«. Para el ministro, no hacerlo así sería algo «poco entendible por los consumidores que tienen unos costes altos por aquellas políticas energéticas que se han hecho en el pasado».

Por otra parte, Nadal también señaló que sequiere facilitar la instalación de postes de recarga y desregular la figura del gesto de carga. Además, prevé que se permita el suministro eléctrico a buques, aeronaves y ferrocarriles en instalaciones portuarias y aeroportuarias para reducir el consumo de combustibles fósiles en estas instalaciones. Finalmente, Nadal presentó una iniciativa para prevenir el fraude del IVA en el negocio de los carburantes. «Todas las semanas tengo expedientes por este tipo de acciones», apuntó.

El PSOE habla de “parches”

Por su parte, la portavoz socialista de Energía en el Congreso, Pilar Lucio, instó al ministro a buscar «otras mayorías» si quiere aprobar modificaciones en la retribución y consideró que el sector energético en España «no necesita más parches; necesita una reforma integral». Además, cuestionó a Nadal si está teniendo en cuenta los cambios que se avecinan en el sistema energético» y «si su política energética va a ir alineada con la europea y no en la dirección contraria, que es lo que parece forzar».

Asimismo, Lucio ha criticado que el Gobierno haya recurrido al proceso de enmiendas en el Senado de la ley de medidas urgentes para paliar los efectos de la sequía cuando el propio Congreso discute el actual modelo energético en otro grupo de trabajo. «Estamos en un proceso de elaboración de los escenarios de transición energética y no vemos adecuado en este momento la adopción de estas medidas, que son un parche para algo que requiere una modificación en profundidad«, aseveró.

Lucio sostiene que Nadal tendrá que buscarse otros apoyos si quiere sacar adelante una reducción en las retribuciones, una vez el proyecto de ley vuelva al Congreso y se someta a votación en el Pleno de la Cámara Baja. «Si lo que quiere contar es con el PSOE, no vamos a tomar medidas si no es de forma global», subrayó.

Así, ha alertado de «la inseguridad jurídica» por «tomar medidas de ese calado» en torno al modelo energético por ser medidas que, en un breve período de tiempo, fruto de los trabajos de ese grupo dedicado a la transición energética, pueden volver a modificarse. Lucio ha recordado que están a la espera de recibir el informe de los expertos sobre esta cuestión y que, posteriormente, se constituirá una ponencia para debatir el futuro modelo energético y su transición hasta el mismo. «Hasta que eso no se dé, no vamos a hacer ningún paso adelante», aseveró.

De forma más reservada, Unidos Podemos también se ha desmarcado de las intenciones del Gobierno de cambiar estas retribuciones, aunque reconocen que ven positivamente buscar una rebaja en el precio de la factura eléctrica. Sin embargo, recelan de las intenciones de Nadal. «Obviamente, simpatizamos con todo lo que sea bajar los precios, pero con esta gente siempre hay algo de trampa detrás. Estamos convencidos de que están negociando con las empresas», aseguró la portavoz energética de Unidos Podemos, Yolanda Díaz.

Así, Díaz ha optado por adoptar una posición de «absoluta prudencia» hasta no ver con detalle tanto las enmiendas como el texto final de las modificaciones en el sistema de retribuciones eléctricos, pues cree que «con este Gobierno es un escándalo todo lo que tiene que ver con la energía». «Esta gente es un peligro», ha resumido Díaz, que recuerda el efecto de otras medidas que podían compartir, como la de cargar en las empresas el bono social, una operación doblemente anulada por la justicia española y que han agravado el déficit eléctrico y encareciendo la factura de la luz.

Nadal vaticina una enorme litigiosidad con la banca al paralizarse el pago de la deuda contraída por el almacén Castor

Europa Press.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha paralizado los pagos destinados a materializar el derecho de cobro por la deuda del almacén gasista  Castor, que está en manos de Banco Santander, Bankia y Caixabank. En este sentido, el ministro de Energía, Álvaro Nadal, vaticinó una «enorme litigiosidad» entre entidades privadas y operadores públicos por la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló la indemnización de 1.350 millones de euros con que se resolvió la hibernación de Castor.

Nadal señaló que el Ministerio trasladó en enero a la CNMC, que es quien posee la competencia en las liquidaciones del sistema gasista, que diera cumplimiento a la sentencia, tal y como hizo en la liquidación correspondiente a noviembre. «Ahora mismo tenemos un efecto de la sentencia que dice que este gasto del Castor no se puede considerar como parte de los costes regulados y pedimos a la CNMC que vaya a aplicar la sentencia», explicó Nadal, quien no concretó nada más respecto a una posible solución por parte del Gobierno a la situación planteada tras el fallo del Constitucional.

Posteriormente, Nadal precisó que «ahora mismo ese coste no se está pagando». Por ello, consideró que al tratarse de «una situación de impago», es previsible que «la gente acuda a los tribunales». «Sería la primera vez si no ocurre así. Lo lógico es que los actores aquí implicados intenten unos a otros hacerse responsables», añadió al respecto. La deuda por Castor, que ascendió a 1.350 millones de euros que se abonaron a la empresa promotora Escal UGS, participada por ACS, fue colocada por Enagás en 2015 a Banco Santander, Bankia y Caixabank a un tipo de interés del 4,3% y a devolver en 30 años.

De esta manera, estas tres entidades son los titulares de estos derechos de cobro, que ascienden a unos 80 millones de euros anuales, a razón de 6,7 millones de euros mensuales, y se incluían en el sistema gasista. Asimismo, Nadal puntualizó que la competencia «para pagar» no es del Gobierno, sino de la CNMC, «y lo que está aplicando es decir que no se hagan los pagos por Castor«. Así sucede después de que el Tribunal Constitucional declarara «nulos e inconstitucionales» algunos artículos del decreto en el que se reconocía la compensación a Escal UGS.

Se anuló el real decreto

En su sentencia, el Tribunal no entraba en el fondo de la indemnización que recibió Escal UGS por la decisión adoptada sobre Castor, centrándose más en el fondo de cómo se hizo esa indemnización, a través de la aprobación de un real decreto de urgencia. A este respecto, Nadal consideró que el Constitucional no pone en duda ni la hibernación ni la asignación a Enagás de la instalación, pero que lo que sí contradice es que la asignación del pago se lleve al sistema gasista.

En 2014, el Gobierno aprobó un decreto ley en el que se establecía la hibernación del almacenamiento subterráneo de gas de Castor y en el que se reconocía esa compensación para la empresa promotora, cuyo importe se decidió repercutir durante 30 años en la tarifa de gas. En lo que respecta a esta decisión del anterior Gobierno, Nadal la defendió ya que, de no haber sido así, se habría producido la quiebra de la entidad, el impago al Banco Europeo de Inversiones (BEI) y «habría corrido como la pólvora a la prima de riesgo española«.

La CNMC paraliza el pago

El regulador indicó que, en aplicación de la sentencia del pasado mes de diciembre del Tribunal Constitucional, los titulares de estos derechos de cobro «dejan de ser sujetos del sistema de liquidaciones». Además, la CNMC señala que «se eliminan del procedimiento de liquidación del ejercicio en curso, los costes de operación y mantenimiento reconocidos con cargo al sistema gasista». Por tanto, la decisión de la CNMC también afecta a Enagás, encargada del mantenimiento de Castor, aunque en este caso su retribución por ello es anual.

Asimismo, los pagos de las liquidaciones recibidos en 2017 por la banca por los derechos de cobro por Castor ascienden a 67,21 millones de euros en los meses anteriores a noviembre. En lo que se refiere a los pagos correspondientes a los ejercicios 2015 y 2016 por Castor, ya fueron liquidados, por lo que habrá que decidir ahora si corresponde a la CNMC o al propio Gobierno su reclamación, según indicaron fuentes conocedoras del procedimiento.

El déficit eléctrico provisional de 2017 asciende a 1.234 millones de euros hasta noviembre, 453,9 millones menos de lo previsto

Europa Press.- El déficit de tarifa provisional del sistema eléctrico en el 2017, que se produce porque los costes reconocidos de la actividad regulada son mayores a los ingresos obtenidos a través de los peajes, se situó en 1.233,9 millones de euros en los once primeros meses del año, 453,9 millones menos de lo previsto, según indicó la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

El consumo registrado en la liquidación ascendió a 205.833 gigavatios hora (GWh), un 2% superior al valor promedio observado en años anteriores; mientras que los ingresos por peajes de acceso y cargos de consumidores (11.770,0 millones de euros) fueron un 0,6% superiores al valor promedio histórico. Por el contrario, los ingresos registrados por peajes de acceso de generadores resultaron un 1,3% inferiores (1,4 millones de euros) al valor promedio histórico.

En lo que se refiere a los costes regulados, fueron 359,1 millones de euros inferiores a los previstos, debido, principalmente, a unos menores costes de la retribución adicional y específica de los sistemas extrapeninsulares. Como consecuencia de los desajustes temporales entre ingresos y costes del sistema, el coeficiente de cobertura registrado en la liquidación se situó en un 90,771%, frente al 88,036% en la anterior, y se aplica a cada uno de los costes reconocidos para determinar los costes a pagar con cargo a la liquidación. Así, la cantidad a pagar a cuenta a los productores en la liquidación asciende a 685,116 millones de euros, antes de IVA o equivalente.

En cuanto a las renovables, en la liquidación del pasado mes de noviembre, la CNMC ha gestionado la liquidación de 63.605 instalaciones del total de las inscritas en el Registro de Régimen Retributivo Específico del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, y que tienen derecho a retribución específica. La liquidación provisional acumulada y a cuenta correspondiente a la energía generada desde enero y hasta el pasado 30 de noviembre con cargo a las liquidaciones de las actividades reguladas del sector eléctrico se elevó hasta los 6.531,24 millones euros, antes de IVA o impuesto equivalente.

En cuanto al sector gasista, el déficit registrado a cierre de noviembre fue de 434 millones de euros, frente a los 482 millones de euros en el mismo periodo del ejercicio anterior. Así, teniendo en cuenta los ingresos netos de liquidación, se tiene un índice de cobertura del 82,6% de la retribución acreditada. Como consecuencia de la sentencia del Constitucional sobre el almacenamiento del Castor, se han paralizado los pagos destinados a materializar el derecho de cobro (6,7 millones mensuales).

El total de ingresos declarados por las empresas al sistema de liquidaciones por facturación de tarifas, peajes y cánones ascendió a 2.298 millones de euros, un 3,2% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior, destacando el incremento del 30% de los ingresos por peaje de regasificación y del 16% por reserva de capacidad. Mientras, los costes liquidables del sistema ascendieron a 41 millones de euros, un 25,5% superiores a los del mismo periodo del ejercicio anterior debido principalmente al aumento del coste de adquisición del gas de operación en el Mercado Organizado de Gas (Mibgas). Por tanto, teniendo en cuenta los ingresos existentes, se han obtenido unos ingresos netos declarados de 2.257 millones de euros, indicó la CNMC.

La retribución total fija acreditada a las empresas asciende a 2.462 millones de euros. Esta cifra incluye las retribuciones aprobadas en la Orden ETU/1977/2016, habiéndose descontado la retribución por operación y mantenimiento del almacenamiento subterráneo Castor, afectada por la sentencia del Tribunal Constitucional y las aprobadas mediante resoluciones de la DGPEM en el 2017. La demanda nacional de gas en 2017 facturada hasta noviembre, ascendió a 278,5 teravaios hora (TWh). Esta cantidad es 8,7 TWh superior a la del mismo periodo de 2016, lo que supone un aumento del 3,2%.