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Los sindicatos UGT y CC.OO. creen que la fusión de Gamesa con la alemana Siemens discrimina a los trabajadores españoles

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Europa Press.- UGT Fica y CC.OO. Industria creen que, pese a que la fusión de Siemens y Gamesa «se vendió» como un proceso «positivo» para ambas compañías, «solo unos pocos se están beneficiando de esta fusión» y consideran que además discrimina a la plantilla según su origen.

Estas federaciones sindicales han denunciado que durante la fusión «se blindó» la garantía de empleo de 3 años para los trabajadores alemanes, mientras que «nadie veló por la plantilla española». En esta línea, CC.OO. ha asegurado que la garantía de 6 meses que Siemens Gamesa ha propuesto para los trabajadores en España es «ridícula», más aún cuando «ha hecho una valoración muy optimista del futuro en el plan de negocio de la compañía». Desde UGT, se ha confirmado que se están manteniendo acercamientos con los accionistas minoritarios, el 41% de la compañía, para que se tenga en cuenta el compromiso de estabilidad en el empleo en la junta de accionistas.

CC.OO. ha afirmado que ha emplazado a la compañía a que ponga por escrito una garantía real para los próximos 3 años, apoyándose en los indicadores positivos y en la no necesidad de ajuste. Por su parte, UGT ha afirmado que instará al resto de fuerzas sindicales mayoritarias en la compañía a presentarse en la CNMV para denunciar este asunto ya que cree que «son responsables de aprobar la fusión debido a su interés industrial«.

El PSOE vasco lamenta la decisión del Tribunal Constitucional de anular varios apartados de la ley vasca sobre el fracking

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Europa Press.- Tras anular el Tribunal Constitucional partes de los artículos de la ley vasca antifracking por no tener la comunidad autónoma «competencias en la materia», el sindicato ELA denuncia que la falta de «soberanía energética impone» a Euskadi un modelo «insostenible, favoreciendo el fracking» y el PSOE de Álava ha mostrado su preocupación por la decisión del Constitucional de estimar parcialmente el recurso del Gobierno central.

En este sentido, el Tribunal Constitucional ha anulado varios apartados de la Ley vasca sobre el fracking por considerarlos anticonstitucionales, al entender que «desbordan» las competencias de Euskadi en materia de protección del medio ambiente y que podrían «vulnerar» el principio de territorialidad. Los socialistas alaveses han considerado que ésta es «un mala noticia ya que puede reabrir la puerta de los fantasmas» que ya se vivieron en el pasado y que daban «por zanjandos».

El secretario de Política Ambiental y Energía del PSOE de Álava, Daniel Senderos, indicó que «es necesario y urgente derogar todos los puntos de la Ley de hidrocarburos estatal que premian e incentivan el fracking, desprotegiendo el territorio y poniendo en serio riesgo su patrimonio natural y medioambiental», con una técnica que su partido «rechaza por completo y que también rechaza la mayoría social alavesa».

Senderos ha recordado que el grupo parlamentario socialista obtuvo el apoyo mayoritario del Congreso de los Diputados, con los votos en contra del PP «hace ahora justo un año, a una proposición no de Ley para prohibir en todo el país la utilización de técnicas de prospección de hidrocarburos mediante fractura hidráulica (fracking) y que el PSOE lo rechaza en su ponencia del último Congreso». Por ello, el PSOE se «compromete a seguir trabajado a nivel político e institucional para que el fracking no sea una alternativa» en territorio alavés.

La falta de «soberanía energética”

Tras recordar que la ley antifracking se aprobó en el Parlamento vasco gracias a una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), que recabó más de 100.000 firmas en apoyo a la misma, ELA aseveró que «esta respuesta del Estado español es una clara evidencia de que se sigue favoreciendo un modelo de energía insostenible, basado en la potenciación de las energías fósiles».

«Este modelo va en contra de la necesaria soberanía energética que tenemos los pueblos para poder decidir qué energía consumimos y cómo queremos que se genere», ha denunciado, para asegurar que la anulación de parte de los artículos de esta ley es «un nuevo golpe a las energías renovables, a la vez que deja la puerta abierta nuevamente a energías que por activa y por pasiva hemos dicho que rechazamos«.

Los sindicatos respaldan al Gobierno frente al informe de la CNMC sobre el cierre de las centrales de generación eléctrica

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Europa Press.- Mientras los sindicatos y el Ministerio de Energía han acordado fijar una agenda «más intensiva» para conseguir el cierre «social» de las centrales de carbón, los representantes de los trabajadores han respaldado la regulación del Gobierno sobre el cierre de las centrales de generación eléctrica ante el informe emitido por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que, según el secretario de minería de UGT, Víctor Fernández, «permite no dar pie» a los cierres de las térmicas.

«La CNMC se tiene que dedicar a hablar de los mercados y la competencia, no de sistemas productivos», ha apuntado Fernández, sosteniendo que a la hora de «pedir el cierre de una central hay legislación vigente actual para impedirlo». Esta legislación, subrayó, «dice cómo no se debe cerrar una central». Por su parte, el coordinador industrial de CCOO, Jesús Ignacio Crespo, ha subrayado que el Gobierno tiene una ley que «define que para el cierre de centrales eléctricas hacen falta unos dictámenes y, a partir de ahí, tienen que desarrollar un escrito para esa central». También dice que “si es necesaria para el suministro, no se puede cerrar», ha zanjado.

El Gobierno activó el procedimiento para aprobar el real decreto para endurecer las condiciones para el cierre de centrales en noviembre, después de que Iberdrola solicitara la clausura para sus plantas de carbón de Lada (Asturias) y Velilla (Palencia). En su informe, la CNMC considera que el decreto introduce «una excesiva discrecionalidad y crea inseguridad jurídica para las nuevas inversiones, pudiendo resultar contraproducente para la competencia en el sector eléctrico». El organismo estima que el decreto introduce nuevos criterios para denegar el cierre de las centrales adicionales al de seguridad de suministro, como son que no afecte negativamente a los precios o a la competencia.

El Ministerio de Energía plantea que en el caso de que se deniegue la autorización al propietario de la central, éste podrá transferir la central a terceros o adherirse a un procedimiento de subasta reglado, solución que, en última instancia, podría llevar a que, si no hay interesados en la subasta, se adjudique a un tercero a cambio de una compensación. La CNMC considera que estos criterios adicionales no están incluidos en la Ley del Sector Eléctrico y podrían ir en contra de la normativa europea recogida en la propuesta de la Comisión Europea de Reglamento relativo al Mercado Interior.

Cierre «social» de las térmicas

Por otro lado, la sesión de seguimiento sobre el Plan del Carbón ha finalizado con la disposición por parte de CCOO, UGT y el Ministerio de Energía, de reunirse «con mucha más frecuencia» a partir del próximo 28 de febrero. «La idea es juntarnos con mucha más frecuencia y, cuando sea, plantear las cuestiones a la Unión Europea o a las fuerzas parlamentarias, donde corresponda», ha destacado el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia.

Desde CCOO, Jesús Crespo ha destacado que «los incumplimientos» del plan «están provocando un cierre totalmente desordenado» de las centrales de carbón, por lo que «los primeros afectados han sido los trabajadores». «Con reuniones cada 6 meses no se soluciona el problema que tenemos», ha destacado, por lo que ha expuesto la intención por parte de los sindicatos de crear un grupo de trabajo «para explorar mecanismos y sinergias» de cara a los próximos meses. Desde UGT, Víctor Fernández ha apostado por hablar con Bruselas al tiempo que tienen lugar las reuniones «para que esto que pedimos no nos lo pongan difícil», según ha apostillado.

Los sindicatos denuncian que detrás del cierre de térmicas hay un plan para favorecer a las nucleares y al gas

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Europa Press.- Los sindicatos UGT y CCOO han rechazado el cierre de las centrales térmicas por su «valor estratégico» para el país como tecnología de respaldo y han denunciado que detrás de todo ello existe un plan para favorecer el peso de las nucleares y los ciclos combinados en el mix energético.

El secretario sectorial minero de UGT FICA, Víctor Fernández, consideró que este movimiento de las empresas para cerrar las plantas de carbón «es una operación perfectamente diseñada para que se les pague las inversiones en desnitrificación y un apoyo a los ciclos combinados y a las nucleares«. A este respecto, el responsable del sector mineroeléctrico de CCOO, Jesús Crespo, añadió que el Gobierno traza la política energética pero «las empresas deciden qué mix energético es el más adecuado para ellas».

Por ello, pidieron un plan nacional que reconozca el papel del carbón dentro del mix energético ya que se trata de «un sector estratégico» para España dando estabilidad al sistema productivo e industrial y, por otro lado, «con carácter social para que la energía llegue a todos los hogares», añadieron desde UGT. Asimismo, Crespo consideró que no es viable «ahora mismo» el cierre de las centrales de carbón en España ya que es una tecnología que está actuando de estabilizador de los precios de la electricidad y como energía de respaldo. «Las renovables instaladas no pueden sostener el sistema», advirtió.

Además, rechazaron que sea necesario la aprobación por el Gobierno de un nuevo real decreto para endurecer los motivos para cerrar las centrales eléctricas, ya que «hay legislación suficiente para decirles que no tienen que cerrar». «Todos los lobbies están preparados para esta jugada, incluidas las propias empresas que saben de sobra que no hace falta esperar al decreto», advirtió Fernández, subrayando que la nueva normativa para «lo único» que va a servir es para «dar dinero a las centrales que no tienen buena situación«.

De esta manera, Fernández afirmó que la propuesta de los sindicatos pasa por mantener «las térmicas y el carbón» y hacer que Europa lo considere «reserva estratégica e ir a unos pagos por capacidad». Para ello, solicitarán a la Secretaria de Estado de Energía la convocatoria de una nueva reunión de la comisión de seguimiento del plan del carbón para exponer cómo está la situación. «Hay materia legal para dar contestación ya a quien dice que quiere cerrar centrales», aseveran.

Por otra parte, los sindicatos pidieron al Gobierno que exija a las empresas energéticas, «que se han repartido millonarios beneficios», un plan de inversión para las centrales de carbón que permita que sean más limpias a través de la desnitrificación, cumpliendo así con los compromisos recogidos en el acuerdo de 2013. Finalmente, UGT y CCOO coincidieron en recordar a las empresas energéticas su responsabilidad con las comarcas donde operan estas centrales, ya que estiman que dan empleo a unas 2.800 personas, para plantear nuevos proyectos.

Siemens Gamesa comunica a los sindicatos el despido de 408 trabajadores en los próximos 3 años en España

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Europa Press.- Siemens Gamesa ha comunicado a los sindicatos su previsión de despedir a 408 trabajadores en los próximos 3 años en las diferentes plantas que la compañía tiene distribuidas por toda España. Según ha informado la empresa, se ha trasladado a la representación sindical que la previsión es despedir a 408 trabajadores en España, de los cuales 341 serían durante 2017, contando desde el pasado 30 de septiembre.

Aunque la compañía no ha puntualizado cómo distribuirá los despidos, fuentes del sindicato ELA han asegurado que el plan no afectará a las plantas productivas de País Vasco y Navarra, ubicadas en Mungia (Vizcaya), Asteasu (Guipúzcoa) y Aoiz (Navarra), por lo que afectaría a oficinas o centros de I+D. También han asegurado que el próximo 23 de noviembre se celebrará la primera reunión de la mesa negociadora, en la que esperan que la multinacional aporte datos y concrete sus intenciones.

Siemens Gamesa anunció la pasada semana un plan de reestructuración de hasta 6.000 empleos en un total de 24 países. El grupo, que tiene una plantilla aproximada de 4.000 personas en España, con 600 en Guipúzcoa y Vizcaya, alcanzó unos ingresos de 5.022 millones de euros en sus primeros seis meses como empresa fusionada, tras la integración entre el fabricante de aerogeneradores de España y la filial eólica del grupo alemán, lo que supone una caída del 12% respecto al mismo periodo del año anterior.

CCOO pide a Podemos, PSOE y Ciudadanos reconsiderar la moción que aprobaron en el Congreso ya que liquida la minería

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Europa Press.- Comisiones Obreras (CCOO) de Industria ha instado a Podemos, PSOE y Ciudadanos a reconsiderar la moción aprobada en el Congreso de los Diputados en la que hacen varias peticiones al Gobierno ya que supone, a su juicio, «acabar con la minería del carbón». El sindicato subraya que estos partidos políticos, con la excusa de eliminar los combustibles fósiles, «desindustrializan, aniquilan empleos y desertizan comarcas enteras«.

El sindicato recuerda que en otras ocasiones estas formaciones políticas, en lugar de aniquilar un sector que mantiene «muchísimos puestos de trabajo», han realizado propuestas que iban encaminadas a utilizar «correctamente» los combustibles fósiles con proyectos que consiguen producir electricidad con baja emisión de carbono y que cumplen con todos los acuerdos europeos sobre combustión limpia. Asimismo, subraya que debe ser en el grupo de expertos creado por el Ministerio de Energía para analizar los escenarios de transición energética y cumplir con el Acuerdo de París donde se debe incidir en que los escenarios propuestos tengan en cuenta la sostenibilidad técnica, económica y social. Para CCOO, es «fundamental» una transición energética que contemple estas cuestiones.

UGT cree que el nuevo bono social de electricidad «no es la respuesta adecuada» para proteger a los consumidores vulnerables

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Redacción / Agencias.- La Unión General de Trabajadores (UGT) ha denunciado que el nuevo bono social aprobado por el Gobierno «no es la respuesta adecuada» para proteger a las personas más vulnerables ni para garantizar el acceso al suministro básico de electricidad en condiciones de igualdad para todas las rentas «y menos para los hogares que más lo necesitan». En este sentido, el sindicato considera que el bono social es «claramente insuficiente» para evitar los cortes de suministro en casos de pobreza extrema.

UGT cree que tanto la regulación del bono social como la definición de consumidores vulnerables no es la adecuada ya que «no garantiza el acceso a toda la población a un suministro básico de electricidad«. El sindicato ha señalado que el nuevo bono social «no resuelve las situaciones que se están produciendo por el incremento del recibo de la luz» y ha reclamado una reforma «en profundidad» del mercado eléctrico, revisar los conceptos fijos de las tarifas y reducir la fiscalidad del suministro básico con la aplicación del IVA supereducido.

Entre las críticas al bono social, la central sindical indicó que el descuento sobre la factura de la luz es «claramente insuficiente» porque se fija un límite máximo de consumo bonificado según la unidad familiar. Asimismo, considera que en el consumo de calefacción deberían tenerse en cuenta fundamentalmente los metros de la vivienda y no tanto el número de personas que componen el hogar. Además, afirma que tampoco se tiene en cuenta el mayor consumo que hay en los meses de invierno, así como que no se diferencia por zonas climáticas, con lo que el exceso de kilovatios en caso de exceder el límite de consumo se pagará sin descuento.

Respecto a la definición que realiza el Gobierno de consumidor vulnerable, UGT no la comparte ya que “fija criterios basados fundamentalmente en los ingresos, el número de miembros de las familias y el límite de consumo, sin tener en cuenta que la mayoría de estos hogares pertenecen a viviendas energéticamente ineficientes e incluso que el gasto medio de consumo en hogares energéticamente pobres tiene un consumo superior al límite establecido». Finalmente, UGT subraya su desacuerdo con que las familias numerosas, «por el hecho de serlo y sin considerar sus rentas», puedan disponer del bono social sin límite temporal hasta que dejen de ser familia numerosa.

También ha criticado que para comprobar la renta del solicitante se pida la declaración de la renta del año anterior, que no acredita los ingresos que se tienen en el momento de presentar la solicitud, cuando su renta puede haber cambiado, así como que a los únicos perceptores del bono social a los que no se podrá cortar el suministro es a los que estén en riesgo de exclusión social. A juicio del sindicato UGT, «una persona pasa en un espacio muy breve de tiempo a situación de exclusión social, desde el momento en el que no se reciben rentas».

Por otra parte, el sindicato propone que el precio de kilovatio por hora «se fije en función de su coste real de generación, acabando de esta manera con el actual sobrepago a las empresas eléctricas», y que se revise el conjunto de conceptos incluidos en la parte fija de las tarifas eléctricas para determinar la procedencia de los que deban ser asumidos por el conjunto de consumidores, permaneciendo en la tarifa,y los que proceda que sean sufragados por los Presupuestos Generales del Estado, por ser más propios de otras políticas sectoriales, industriales o territoriales.

El Gobierno desoye a la industria: la próxima subasta de interrumpibilidad solo cubrirá 5 meses en lugar de un año

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Europa Press / EFE.- El Ministerio de Energía ha limitado el periodo que cubrirá la próxima subasta de interrumpibilidad a 5 meses, en lugar de la adjudicación por un año, como era habitual. Sindicatos y partidos políticos llevan tiempo pidiendo que la subasta de interrumpibilidad vaya más allá del año para dotar de más estabilidad a la industria que se beneficia de los pagos del servicio interrumpible, integrada por empresas grandes consumidoras de electricidad.

Según consta en el proyecto de orden que modifica la anterior orden por la que se regula el mecanismo competitivo de asignación del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad, que ha sido remitido a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el periodo de entrega para el procedimiento de subastas será el comprendido entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2018. No obstante, el gabinete dirigido por Álvaro Nadal abre la puerta a que posteriormente puedan celebrarse otras subastas durante 2018.

El Ministerio considera que este plazo es «más adecuado y se ajusta más eficazmente al contexto energético en estos momentos», teniendo en cuenta que se contempla una reforma de los actuales mecanismos de capacidad para adaptarlos a la normativa comunitaria, cuya asignación deberá producirse mediante mecanismos competitivos, «tal y como indica también el informe sobre la investigación sectorial sobre los mecanismos de capacidad, publicado por la Comisión Europea en noviembre de 2016», añade. Además, señala que tras la adjudicación de más de 8.000 megavatios (MW) de potencia renovable, que serán ejecutados en los próximos dos años, se requiere una adaptación de los mecanismos actuales de cobertura y gestionabilidad «en concordancia con los compromisos europeos adquiridos«.

Asimismo, se excluyen del ámbito de aplicación del servicio de disponibilidad las instalaciones de generación hidráulica, debido a la escasez actual de las reservas y a la incertidumbre futura sobre la evolución de las precipitaciones. Por otra parte, la retribución del servicio de interrumpibilidad estará constituida por dos términos, uno fijo asociado a la disponibilidad de potencia y otro variable asociado a la ejecución efectiva de la reducción de potencia. Con la reforma energética, el Gobierno creó un sistema de subastas para repartir el servicio de interrumpibilidad, por el que los grandes consumidores de electricidad reciben un incentivo por modular su consumo en momentos de saturación en el sistema eléctrico.

La primera subasta, celebrada a finales del 2014, generó críticas de varias empresas, especialmente de Alcoa, que amenazó con el despido de trabajadores si no obtenía un precio competitivo para la electricidad. Industria realizó una nueva puja que mejoró las condiciones para estas empresas, que ahora reclaman la compra de bloques de megavatios de menor tamaño y periodos más largos para el servicio de interrumpibilidad. La última subasta de interrumpibilidad, celebrada en noviembre del año pasado, se saldó con un coste total para el sistema eléctrico de 525 millones de euros y potencia para todos los participantes en la puja.

Por su parte, el secretario general de la Sección Intercentros de CCOO en Alcoa, José Manuel Gómez de la Uz, también maneja otros datos sobre los cambios que prevé el Gobierno central para la próxima subasta de la tarifa eléctrica, que tienen que ver con el sistema de pagos del servicio y con las razones por las que Red Eléctrica de España (REE) podría requerir un «apagón». Las medidas gubernamentales podrían tener que ver con la necesidad de ajustar el sistema de concesión del servicio de interrumpibilidad a los criterios que exige la Unión Europea.

Alcoa, ArcelorMittal y AZSA son algunas de las principales beneficiarias de los pagos del servicio de interrumpibilidad. Ante estos cambios, y «con todas las reservas», José Manuel Gómez de la Uz quiere trasladar un mensaje de tranquilidad a la plantilla de Alcoa, a la espera de poder confirmar que la idea del Gobierno central sea la de ganar tiempo para mejorar posteriormente las condiciones del sistema tarifario y lograr el aval de la Unión Europea. Por su parte, fuentes de la multinacional del aluminio aseguraron que están analizando los cambios que se anuncian para la subasta del servicio de interrumpibilidad.

Por otro lado, la sección sindical de UGT en Alcoa considera que los cambios que se apuntan suponen «una falta de compromiso del Gobierno estatal con la industria nacional». El sindicato asegura que se trata de una subasta eléctrica de «transición» para 5 meses mientras termina de confeccionar un marco energético mejor del que hay actualmente para la industria. «La reforma del actual marco energético es una reivindicación sindical que llevamos exigiendo y luchando mucho tiempo», sostiene UGT que, sin embargo, considera que no tiene que haber una subasta transitoria sino un nuevo marco energético que dé estabilidad y competitividad.

La patronal, los sindicatos y el Cermi piden a la Junta de Castilla-La Mancha que siga prohibiendo las gasolineras desatendidas

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EFE.- La patronal de gasolineras, los sindicatos CCOO y UGT, el Cermi y la asociación de consumidores Facua quieren que el Gobierno de Castilla-La Mancha mantenga en la nueva normativa en la que trabaja la prohibición de que existan gasolineras desatendidas en la región, por razones de seguridad, empleo y sociales.

Este es el motivo que les ha llevado a registrar en la Consejería de Sanidad y Consumo 14 propuestas que esperan que se incluyan en el nuevo decreto que sobre esta materia está elaborando el Gobierno regional para adaptarse a la normativa europea, «más permisiva con las gasolineras sin empleados», según el presidente de la patronal de gasolineras, Alberto Domínguez.

Domínguez ha explicado que, de las 14 propuestas, «hay una que solventaría todo el problema y es que todas las unidades de suministro de carburante deben cumplir la obligación legal de contar al menos con un empleado», a lo que obligaba el anterior decreto de la Junta, del año 2005. Además, esto iría a favor de una mayor seguridad, que, a raíz de los atentados de Barcelona, «se ha demostrado que es el mayor valor a defender y que no puede ir una persona a una gasolinera y llevarse la cantidad de litros que quiera de gasolina, que es un material muy peligroso», ha alertado.

El responsable regional de Industria de CCOO, Ángel León, ha subrayado que en Castilla-La Mancha hay 730 estaciones de servicio, de las cuales el 16% (160) son desatendidas, lo que se ha traducido en una pérdida de empleo desde 2014 de 136 puestos de trabajo, a lo hay que sumar la falta de seguridad y el menoscabo de los derechos de los discapacitados y la competencia desleal entre las empresas.

En similares términos se expresó el responsable regional de la Federación de Industria de UGT, Carlos Duque, quien se ha referido además a la campaña de recogida de firmas que han iniciado para que el Gobierno regional endurezca las medidas para evitar que proliferen este tipo de gasolineras sin personal, que además, aseveró, deberían estar penalizadas porque no crean empleo.

Por su parte, el gerente de Cermi en Castilla-La Mancha, José Antonio Romero, indicó que este organismo a nivel estatal ha trasladado a la Unión Europea el planteamiento de que «es incompatible la liberalización del servicio que pretende hacer la Unión Europea con la armonización de los derechos de las personas con discapacidad«. Y recalcó que la Convención de la ONU establece que, en el acceso a bienes y servicios, «se tiene que primar a las personas con movilidad reducida o cualquier discapacidad», lo que incluye el repostaje de combustible, derechos que también recoge la ley autonómica de Garantías de los Derechos de los Discapacitados.

Por último, el presidente regional de la asociación de consumidores Facua, Francisco Ferrer, apuntó que esta organización está también muy sensibilizada con este asunto «tan preocupante y peligroso a la vez». Y criticó que, «con la excusa de mantener o crear competencia, lo que no deseamos es que se rebajen los derechos de los consumidores y usuarios castellano-manchegos, cuya competencia no es de Europa, sino que es de nuestra comunidad», recalcó, y que ya estaban garantizados en la normativa autonómica.

La propietaria Nuclenor y los sindicatos alcanzan un preacuerdo de ERE para la plantilla de la central nuclear de Garoña

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EFE.– Nuclenor, propietaria de la central nuclear Santa María de Garoña, y los sindicatos alcanzaron un preacuerdo para el expediente de regulación de empleo (ERE) que se aplicará a los 227 trabajadores de la planta ubicada en Valle de Tobalina (Burgos) Tendrá que ser ratificado por la plantilla la próxima semana.

Pedro San Millán, representante de UGT en la comisión mixta que desde agosto negocia las condiciones del ERE, explicó que el preacuerdo firmado se ha cerrado con la unanimidad de las cuatro centrales sindicales (UGT, USO, ALOG y ACN/ATYPE), y la parte empresarial. Tras el preacuerdo, los plazos que se manejan pasan ahora por informar del mismo a los trabajadores para que lo voten el próximo jueves mediante un referéndum. «Son las mejores condiciones que hemos podido obtener, aunque entendemos que no a todos van a gustar», reconoció San Millán, quien, sin embargo, no quiso avanzar los datos del preacuerdo.

Se ha impuesto un criterio de confidencialidad en las reuniones y, además, la próxima semana Nuclenor tendrá que comunicar a cada uno de los empleados cómo les afecta en particular el texto. Lo que sí se sabe es que el ERE se sustentará en prejubilaciones y recolocaciones en centros de Endesa e Iberdrola, propietarias de Nuclenor. Además, como Iberdrola ya avanzó, para finales de año solo deben quedar 120 trabajadores, que se encargarán de gestionar el proceso de desmantelamiento de Garoña. De este modo, aproximadamente un 47% de la plantilla saldrá de la central nuclear con recolocaciones y prejubilaciones, aunque todavía no se han cerrado los datos, indicó San Millán.

Si la plantilla acepta las condiciones, se iniciará el diseño del ERE por parte de Nuclenor, que tendrá que comunicarlo a Trabajo. A continuación se abrirá un nuevo periodo de negociación sobre el documento y, cerrado un acuerdo, el expediente se remitirá a Trabajo para su autorización, ha recordado San Millán, que insiste en que el haber llegado a un acuerdo es «positivo» y es «lo mejor que puede pasar».