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Sordo (CCOO) exige al Gobierno que regule la deslocalización de empresas con beneficios para evitar casos como el de Vestas

EFE.- El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha exigido al Gobierno que impida la deslocalización de empresas con beneficios que hayan recibido subvenciones públicas y se les obligue a asumir el compromiso adquirido con el territorio en el que asientan, como sucede en Francia.

Así lo ha afirmado en León, donde participó en la manifestación convocada por UGT, CCOO y CGT para exigir la continuidad de la planta de componentes eólicos que la multinacional Vestas tiene en la localidad leonesa Villadangos del Páramo y la reindustrialización de la provincia.

El líder de CCOO ha tildado de «atropello» lo que pretende hacer la multinacional danesa y ha ofrecido todo el apoyo del sindicato para frenar las intenciones de la empresa.

«Es una batalla en la que no vamos a cejar porque consideramos inaceptable que una empresa que arroja resultados positivos y cuenta en León con una planta que tiene unos ratios de productividad muy importante sea cerrada después de contar con recursos públicos y con un tratamiento privilegiado», ha advertido.

Ha añadido que es «inaceptable» que en una provincia como León se produzcan estos episodios de desindustrialización que «desanclan las empresas del territorio y provoca que la gente se tenga que marchar».

«No podemos admitir que empresas multinacionales que acceden a recursos públicos se marchen sin ningún ejercicio de responsabilidad con su entorno, y vamos a promover el Gobierno tome medidas», ha anunciado Sordo, que ha calificado de «intolerable» la forma de actuar de la empresa.

Ha señalado que los trabajadores de Vestas ya han demostrado su disposición a la negociación, que pasa, ha precisado, porque la empresa reconsidere su decisión, y están dispuestos a asumir medidas que mejores incluso los ratios de productividad y rentabilidad.

Ha precisado que cuando se facilita que las empresas se vayan sin tener que dar explicaciones una vez que han aprovechado los recursos públicos, los episodios de deslocalización son más habituales de lo que deberían.

«Por tanto exigimos medidas para controlar que empresas con beneficios no se puedan ir de esta manera, tal y como sucede en otros países y Francia es un buen ejemplo donde hay leyes que condicionan las decisiones de las empresas», ha zanjado.

Los sindicatos piden que la manifestación para exigir la continuidad de Vestas sea el comienzo de una reindustrialización de León

EFE.- Los sindicatos UGT, CCOO y CGT han animado a la participación en la manifestación convocada este jueves en León para exigir la continuidad de la planta de la multinacional danesa Vestas en Villadangos del Páramo, y confían en que esta movilización sea el arranque de la reindustrialización de la provincia.

Bajo el lema Por la reindustrialización y el empleo de León. Vestas, la marcha partirá a las 20.00 horas desde la sede de los sindicatos, en Gran Vía de Marcos, para desembocar en la plaza de San Marcelo tras recorrer las principales calles leonesas. El responsable de industria de UGT en la provincia de León, Francisco Romero, ha expresado su decepción por el resultado de la reunión celebrada entre la empresa y el Gobierno, y ha recalcado que el objetivo es mantener la planta en León y no negociar traslados o recolocaciones de los trabajadores.

«Exigimos a los administraciones que fuercen a la empresa a cambiar su decisión y mantenga la planta leonesa», ha señalado el dirigente sindical, que ha recordado que la compañía recibió 13 millones en subvenciones. Además, advierte de que el Gobierno de España no debe caer en el «engaño de la multinacional» de que ahora apuesta por las factorías de Ciudad Real y Lugo, cuando «hasta hace poco decían que la de Villadangos era la mejor planta de España y al cumplirse el plazo fijado por las subvenciones recibidas la cierran».

Mayor beneficio durante este año

Por su parte, el responsable de la CGT, Javier Suárez, ha denunciado que el modelo que representan empresas como Vestas es «pan para hoy y hambre para mañana» y subraya que se va de León dejando «un reguero de cadáveres». El presidente del comité de empresa, Juan Francisco García, ha insistido en que no hay causas objetivas que justifiquen el cierre ya que, sólo en el primer cuatrimestre, Vestas ganó con la planta en Villadangos un 45% más que en el mismo periodo del año anterior. Finalmente, el responsable de industria de CCOO en la provincia de León, Ángel Santos, ha apostado por mantener la lucha como la única forma lograr mantener el tejido industrial.

Desde que Vestas anunciara su intención de cerrar su fábrica leonesa para deslocalizar la producción a China o India, prácticamente la totalidad de la plantilla cuenta en su haber con la carta de la empresa en la que les comunica el Expediente de Regulación de Empleo (ERE). La mesa de negociación del ERE ya ha sido compuesta por los mismos integrantes del Comité de empresa de Vestas, según indicó el presidente del Comité. Los cerca de 600 trabajadores que se verían afectados mantendrán levantado el campamento, instalado ante la factoría, hasta que consigan una solución.

El PSOE, en la manifestación

Por su parte, el secretario general del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, participará en la manifestación convocada en León para la defensa de los trabajadores de Vestas. En este sentido, el secretario general del PSOE de León, Javier Alfonso Cendón, ha formulado un llamamiento a todos los leoneses para que participen en la protesta contra la pérdida de empleo. El subdelegado del Gobierno en León, Faustino Sánchez, también ha confirmado su presencia en la protesta que se celebrará bajo el lema No al cierre de la industria, no a la despoblación de León.

El PSOE de León destaca cómo desde que los trabajadores de Vestas dieron la primera voz de alarma, a principios de verano, se posicionó en todo momento a favor de sus «justas» reivindicaciones.Cendón reitera ahora que es «lamentable que intereses puramente empresariales» lleven a esta situación a una fábrica «modélica desde el punto de vista de la eficiencia y la competitividad» y lamenta que la empresa no haya dado el margen necesario en las conversaciones abiertas con el Gobierno.

«Cuando conocimos la gravedad de la situación dimos los pasos necesarios para evitar el cierre. El Gobierno ha trasladado a Vestas la apuesta decidida por las energías renovables y el volumen de negocio que eso puede suponer para la empresa, pero no ha servido de nada porque la decisión ya estaba tomada en Dinamarca», señala Cendón.Pese a todo, mantiene un hilo de esperanza ante la posibilidad de encontrar un comprador para el mantenimiento de la planta tras la línea de negociación abierta entre el Ejecutivo y la compañía danesa.

Cendón también abogó por mantener el consenso logrado en este conflicto para apoyar a los trabajadores «porque es un momento para la unidad de las instituciones, con el objetivo de que todos echen una mano a una empresa importante para León».»No podemos entrar en luchas partidistas porque no se puede permitir que se vaya otra empresa de León», concluyó.

Los sindicatos abordan con el Ministerio de Industria la implantación del coche eléctrico y la necesidad de empresas de baterías

Europa Press.- CCOO y UGT Fica se han reunido con la ministra de Industria, Reyes Maroto, con la intención de trasladarle la necesidad de un Pacto de Estado por la Industria. El secretario general de UGT Fica, Pedro Hojas, señaló que ambicionan un posible Pacto de Estado por la Industria con matizaciones y aportaciones del nuevo Gobierno, y pusieron encima de la mesa los problemas relacionados con otros Ministerios, como el energético.

Para UGT, es fundamental tener una energía competitiva y que no represente un coste superior al 30% que existe actualmente de diferencial con los países industriales europeos y ve necesario que el Ministerio «se apoye» en los consensos del anterior Gobierno para sacar adelante la Estrategia Industrial del Programa 2020-2030. En el encuentro con Maroto, se ha abordado la implantación del coche eléctrico, la digitalización y la necesidad de que en España se establezcan empresas de baterías y de desarrollo de nuevos materiales y combustibles.

El secretario general de Comisiones Obreras, Agustín Martín, ha explicado que para pasar por ese Pacto de Estado por la Industria, es necesario un Pacto de Transición Energética, que garantice que en las transformaciones no se pierda empleo. Además, ambos secretarios han asegurado que todos los sectores son importantes y estratégicos y han mostrado su descontento con las declaraciones sobre el diésel que, aseguran, «son alarmas innecesarias y tienen un serio impacto sobre el empleo».

El sindicato UGT pide al Gobierno negociar una transición energética “justa” y «atemperar» la alarma social generada alrededor del diesel

Europa Press.- El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha pedido a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, un proceso de negociación «que permita hacer los cambios necesarios» y una transición energética «justa» para pasar de un modelo a otro. Asimismo, exige al Gobierno que «atempere» la alarma social que se ha generado en torno a la desaparición del diésel.

«A una persona que ha comprado un diésel hace 3 meses, con unos grados de contaminación bastante equiparables a los de la gasolina, ahora no se le puede decir meses después que su situación ha cambiado radicalmente», apuntó el líder de UGT. Álvarez también aboga por suprimir «de manera inmediata» el conocido como impuesto al sol, porque es un “absurdo” que «solo beneficia a las empresas eléctricas». También apuesta por impulsar las energías renovables, especialmente la eólica y la solar. “Las nuevas generaciones de energía no fósiles tienen un abanico de posibilidades de creación de empleo muy importantes«, ha precisado.

«Queremos que nuestro país impulse las energías renovables y queremos saber cuál es la política que vamos a desarrollar desde ese punto de vista», afirmó. Por ello, ha apostado por «pasar de las declaraciones a los hechos» para conseguir un medio ambiente «sano»; un precio de la energía que permita mantener el desarrollo industrial, manteniendo los precios al consumidor «de acuerdo con el coste de la vida»; y unos precios a la industria que tengan «una relación» con lo que ocurre en Europa, ya que los grandes consumidores de energía están pagando en España «en torno a un 30% más».

Asimismo, el sindicalista ha criticado que algunos sectores industriales «han creado alarma social» desde el punto de vista de todo el proceso energético. Así, ha defendido introducir cambios «con justicia social y medioambiental«. En este sentido, ha pedido una coordinación entre el Ministerio de Transición Ecológica, el de Industria y el de Trabajo, para «sumar esas sinergias» y ser un país que «tenga peso» y «se visualice» en las nuevas generaciones de energías no fósiles.

Por otro lado, sobre la decisión del Gobierno de paralizar los trámites del ATC de residuos nucleares en Villar de Cañas (Cuenca), Álvarez considera que los residuos deben tenerse en España, en una ubicación “segura, con la suficiente información para que no genere alarma social” y donde existan compensaciones para el desarrollo de la zona desde el punto de vista industrial y económico. «Lo que es muy difícil es mantener un canon como el que pagamos», advirtió Álvarez respecto a los 74.000 euros diarios que se pagan a Francia para el almacenaje de estos residuos.

Teresa Ribera compromete ante el sindicato CCOO un plan de transición justa que complementará a la Ley de Transición Energética

Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha anunciado un Plan para la Transición Justa, que será complementario a la futura Ley de transición energética, cuyo borrador verá la luz probablemente antes de agosto. En la Jornada sobre transición energética y justa, organizada por Comisiones Obreras, la ministra señaló que entre los primeros objetivos del Gobierno está facilitar una transición justa con un modelo energético, social y productivo diferente en el que ningún colectivo o región se quede atrás.

Para ello, ve fundamental fortalecer “el entendimiento y el diálogo social”, así como hacer visibles las oportunidades de empleo e inversión en un nuevo modelo de producir diferente. La ministra opina que es «indispensable» que las personas se sitúen «en el centro» del proceso para lograr una «nueva etapa» en España «más justa socialmente y más realista ambientalmente«. Por eso, ha insistido en la necesidad de un plan en el marco de una estrategia seria y participativa y, por ello, ha dicho que su Ministerio está trabajando acompañado de otros departamentos como Industria y Trabajo, pero ha añadido que también se necesita implicar a Economía, Hacienda y «también a Educación». Esta es, según añadió, una «prioridad» del presidente del Gobierno.

Respecto al Plan de Transición Justa, ha detallado que será una parte «complementaria» de la Ley de Transición Energética necesaria para dar «un giro a las políticas llevadas hasta la fecha». Ribera considera que no basta con decir que se necesita una economía baja en carbono sino que hay que «facilitar» ese proceso de cambio, hacer factible la creación de empleo sostenible en el tiempo, priorizar las oportunidades y propuestas para las comunidades locales. Además, añadió que es «imprescindible» que esta transición tenga en cuenta los contextos culturales, sociales y económicos de la población, pero también sus emociones. «Es imprescindible que los pueblos, sociedades y comarcas entiendan que lo que se está haciendo es la mejor opción», ha insistido Ribera.

Al respecto, la ministra ha dicho que para no dejar a nadie atrás en esta transición se tendrá que realizar un acompañamiento financiero, político, industrial que permita dar credibilidad a este proceso y cree que hacerlo es una «obligación» que solo puede hacerse desde el diálogo y la correcta observación de prioridades. «Necesitamos un marco coherente. Es un debate importantísimo. Necesitamos, por tanto, entender, incorporar los ajustes, los cambios, corregir aquello que no funciona con una visión amplia que vaya más allá», ha concluido. En este contexto, resaltó que las emisiones de gases invernadero son un lastre para España, los ciudadanos, las actividades económicas, los inversores y los trabajadores, tanto del presente como del futuro».

Ribera ha destacado que el proceso hacia una transición ecológica «no es una actividad reservada exclusivamente a los activistas ambientales», sino que desde la política se debe trabajar «intensamente» para construir medidas que tengan cobertura «más allá del corto plazo». Por otra parte, la ministra quiso destacar la «fragilidad» que presenta el equilibrio ecológico en la actualidad y la necesidad por crear un «modelo diferente» en España. Además, ha expresado que desde la Administración son conscientes de que aún quedan heridas «no cerradas» desde la crisis y que el desempleo sigue siendo «precario», especialmente entre la población joven. En este contexto, Ribera señaló que esta situación se debe corregir mediante alternativas promovidas por el diálogo y que «miren al futuro«.

La ministra ha declarado que esta aproximación «no es nueva» y que, a veces, la reacción a un cambio produce que no haya cambio. Así, hizo hincapié en que este no es el camino y que «no hay institución, centro de estudios o analista serio que no haya señalado, una y otra vez, que un proceso de cambio genera oportunidades».

En el marco de la jornada, el sindicato Comisiones Obreras presentó sus propuestas para una transición energética justa hacia un modelo bajo en carbono. El plan es fruto de un trabajo confederal y se encuentra dirigido a orientar las propuestas del economista Jorge Aragón Medina en la Comisión de Expertos sobre escenarios de transición energética nombrada por el Gobierno. Durante la inauguración, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha pedido la participación sindical en esta transición energética en la que considera que no se puede olvidar a los sectores industriales. «La transición a un sistema productivo libre de CO2 debe llevar también a momentos de oportunidades laborales estables. La sostenibilidad del modelo no puede mirar hacia otro lado», subrayó.

Sin embargo, respecto a las comarcas que se verán afectadas por el cambio del modelo energético, Sordo ha reclamado «soluciones políticas» para las empresas y los trabajadores afectados que no se puedan reconvertir. Entre estas propuestas, ha reclamado precisamente un plan de transición justa para cada zona afectada y un plan de inversión industrial y del empleo al tiempo que ha propuesto que se prime a las empresas que acometen esta transición frente a las que no lo hacen. En definitiva, insiste en que el desarrollo económico debe hacerse también en áreas que «no pueden ser abandonadas a su suerte».

Sordo quiso resaltar las consecuencias locales que la transición puede acarrear y promover un cambio que no deje de lado el crecimiento «sostenible» desde el punto de vista social. En este sentido, Sordo ha declarado que la transición hacia un modelo energético justo debe tener en cuenta a los trabajadores y las comarcas afectadas por el cambio. Además, añadió que los sectores industriales son «fundamentales» en el modelo productivo español y que gran parte de los problemas económicos en España tienen que ver con la dependencia energética y con la presencia «insuficiente» de los mismos.

El contenido del documento de Comisiones Obreras reivindica una transición energética hacia un sistema productivo libre de carbono en todos los sectores económicos, el cual implante fuentes de energía renovables y conduzca a una eficiencia en el uso de la energía que configure un nuevo tejido de empresas y de actividad económica generadora de abundante empleo en todos los sectores.

En este sentido, el plan propone medidas para la transición, como estrategias de apoyo a políticas industriales, territoriales y/o sectoriales, la adecuación en la formación en los colectivos laborales, la reactivación económica de zonas afectadas mediante la inversión pública o la creación de una protección social específica; así como planes de reactivación por zonas y sectores y un plan específico de actuación de las empresas en las que se prevea un posible cierre o reconversión.

Respecto a la financiación, el documento defiende la creación de un «fondo de transición justa» con instrumentos de financiación que primen el empleo creado, sus condiciones y su permanencia. Además, CC.OO. remarca la importancia de potenciar el I+D+i mediante incentivos fiscales para las empresas que se dediquen a la investigación de nuevos procesos de generación o de actividades relacionadas con el cambio de modelo energético.

En su intervención, el secretario general de la federación de Industria de CC.OO., Agustín Martín, ha llamado a crear una «visión integral» de un modelo energético que tenga permanencia para «más de 4 años» y así logre un progreso «estable» y «responsable». En este sentido, ha señalado que el cambio debe hacerse a nivel europeo y debe perseguir los objetivos de estabilidad, suficiencia y ser generador de empleo y riqueza.

Además, Martín ha reivindicado que se ha hablado «muy poco» de las personas que viven de estos sectores y que pueden ser afectadas por el cambio del modelo, por lo que CC.OO. quiere tratar su futuro y promover un proceso energético que genere «ganadores». Asimismo, ha querido resaltar que «no puede haber transición justa sin justicia social» y que llama a la Administración y a las empresas a colaborar en este objetivo y dar pasos «muy medidos» hacia el cambio.

Lambán (Aragón) advierte a la ministra Ribera que prescindir del carbón y las térmicas encarecerá el precio de la energía

EFE / Europa Press.- El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, advirtió a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que prescindir del carbón, cuando aún no está resuelto el asunto del almacenamiento de la energía procedente de fuentes renovables, encarecería «notablemente» el precio de la electricidad. Además, señaló, pondría en riesgo la supervivencia de buena parte de la provincia de Teruel.

Para Lambán, Ribera hereda del gobierno del PP en este asunto, «como en tantos otros», una situación «complicada», puesto que su gestión respecto a la minería del carbón fue «una página en blanco» y, durante los 7 años que estuvo en el poder, no tranquilizó «nunca» a Aragón respecto al futuro de la Central Térmica de Andorra (Teruel). «El Gobierno del PP, además de engañarnos clamorosamente en algunas ocasiones, no ha hecho absolutamente nada por asegurar la supervivencia del carbón ni por buscar alternativas en las cuencas mineras», lamentó Lambán.

También recordó que el plan para la reconversión del sector para aplicarse en Castilla y León, Asturias y Aragón entre 2013 y 2016, con 250 millones de euros, «se ha incumplido de manera clamorosa», con una prórroga hasta 2022 y 132 millones en lugar de los 250 previstos. Ante esta situación, la nueva ministra habla ahora, recordó el presidente aragonés, de una transición hacia las energías renovables pero que no produzca «quebrantos» en los territorios ni en el sistema energético español, y eso es algo de lo que el gobierno de Aragón quiere hablar con Ribera en cuanto tenga la oportunidad de hacerlo porque, según Lambán, prescindir ahora mismo del carbón supondría un «encarecimiento notable» del precio de la energía.

Aunque el gobierno autonómico espera que «en un momento determinado» todo el sistema se nutra de energías renovables, en este momento no está resuelto el almacenamiento y por eso, en determinados momentos, para asegurar el abastecimiento de energía hay que recurrir a otro tipo de fuentes, entre ellas, «de manera absolutamente inevitable», al carbón. Además, señaló Lambán, la Central de Andorra «sigue siendo un elemento fundamental para la supervivencia económica de una parte importante de Teruel», por lo que mientras no se encuentren alternativas su cierre sería «una temeridad». Por ello Lambán confía en que la ministra tendrá «sensibilidad suficiente» para coincidir con este diagnóstico.

Lo de Tejerina “no sirve”

Por otro lado, la ministra para la Transición Ecológica ha asegurado haberse encontrado con un texto «avanzado» del proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética elaborado por su antecesora Isabel García Tejerina aunque ha precisado que «sirve de poca cosa» al no incluir la parte de energía. «Hay un texto bastante articulado y dada la incidencia que tiene la ley no entiendo los motivos por los que la ministra no se animó a sacarlo a la luz; dejar en un cajón lo que ya está avanzado tiene poco sentido», ha indicado la ministra.

No obstante, Ribera lamenta que en el texto «no haya nada en materia de energía, implicación social o medidas fiscales«. Es un texto «interesante que permitirá trabajar sobre una base importante» pero «es poca cosa» porque se ve que «la energía no estaba en el radar». En este sentido ha recordado que desde 2015 «cada país tiene que enviar un plan nacional integrado de energía y clima y no hay una sola línea; la energía no formaba parte del debate«.

Partiendo de esta situación, ha explicado que su tarea será «facilitar un debate que identifique puntos que son complicados. Ribera pretende «presentar unas líneas maestras» a un grupo de trabajo que «de forma plural pueda empezar a discutir y construir para cumplir el objetivo de tener un documento de referencia en plazo». Para la titular de Transición Ecológica, «España no se debe permitir el lujo de llegar tarde a obligaciones que se conocen y marcan el carácter y la seriedad del compromiso con la comunidad internacional y la Unión Europea».

UGT critica a la ministra

Por su parte, el secretario de Acción de Política Sindical, Industrial y Empleo de UGT Castilla y León, Raúl Santa Eufemia, ha criticado el «varapalo para Castilla y León» de Teresa Ribera, que asegura que el carbón tiene «poco futuro». Santa Eufemia ha recordado que «desde el sindicato» siguen «pensando que el carbón autóctono tiene vida» y que continuarán «defendiendo las térmicas, el consumo y la extracción de carbón autóctono». El responsable de UGT lamenta las declaraciones sobre las térmicas y el carbón de la nueva ministra, de quien ha criticado que «lleva una semana en el cargo y como quien dice ni tan siquiera se ha sentado a ver los papeles del antiguo gobierno».

Además, Santa Eufemia ha indicado que en los próximos meses, con las elecciones autonómicas en un año, se verá la postura y firmeza de los políticos ante este tema y de cara a Europa, que está marcando «en Medio Ambiente las rayas» a seguir, y que si no cambian «encontrarán en frente a los sindicatos» para la defensa «de la población y del territorio». El sindicalista mostró su incertidumbre sobre qué va a pasar con la devolución de las ayudas mineras planteadas para 2020, sobre las que recordó que será Europa la que marque esa devolución, pero también ha incidido en que habrá que ver la postura del Estado y cómo se realiza la devolución.

El Gobierno lanzará de manera «inminente» las ayudas para compensar las emisiones de CO2 del sector industrial

Europa Press. – El Gobierno lanzará de manera «inminente» la convocatoria de ayudas por un importe de 78 millones de euros que compensarán los costes indirectos de CO2 incurridos por las grandes empresas industriales.

En la nueva reunión del grupo de Trabajo del Acero participaron representantes de la Unión de Empresas Siderúrgicas (Unesid), de diferentes ministerios, de las comunidades autónomas y de sindicados y la secretaria general de Industria y Pequeña y Mediana Empresa, Begoña Cristeto.

Los Ministerios de Energía, Turismo y Agenda Digital y de Economía, Industria y Competitividad firmaron el pasado mes de marzo un convenio mediante el cual el primero transferirá un total de 78 millones de euros de su presupuesto para esta nueva convocatoria de ayudas.

Este mecanismo de ayudas permite compensar a las industrias pertenecientes a los sectores más expuestos por los costes imputables a las emisiones de gases de efecto invernadero repercutidos en los precios de la electricidad.

Por su parte, el presidente de Unesid, Bernardo Velázquez, trasladó en la reunión «la importancia» que tiene el foro para la industria siderúrgica, «ya que permite reunir a todas las administraciones públicas con los representantes de la siderurgia española y entablar «un diálogo abierto y sincero sobre los temas de interés común».

En la reunión se trató la necesidad de un comercio libre y de acuerdo con las reglas. Al respecto, Unesid agradeció el apoyo de la Administración a la investigación lanzada por la Comisión Europea de cara al establecimiento de medidas de salvaguardia derivadas de las recientes decisiones del gobierno norteamericano.

El tema energético fue otro de los puntos tratados. Para Unesid, la competitividad de la siderurgia española está «seriamente lastrada» por el diferencial de precio que debe pagar por la electricidad en comparación con los principales países europeos, como Alemania y Francia.

Asimismo, la patronal expresó su interés por avanzar en el proceso de la economía circular y recalcó la necesidad de poder utilizar las escorias como áridos siderúrgicos en la construcción, en el cemento y en el hormigón.

Finalmente, el sector señaló que «está a la espera» desde hace años de que el Gobierno decida adoptar «un imprescindible aumento de la masa máxima de los camiones hasta las 44 toneladas, lo que redundará en beneficios para el conjunto de la economía y reducirá las emisiones de gases de efecto invernadero».

Siemens Gamesa eleva a 400 millones de euros las sinergias fruto de la fusión, prácticamente el doble de lo previsto

EFE.- La fusión de Siemens Gamesa aportará sinergias estimadas en 400 millones de euros para 2020, casi duplicando el objetivo inicialmente establecido de 230 millones, según indicaron sus máximos directivos, que han asegurado que tras un primer año duro el futuro de la firma es «brillante».

Siemens Gamesa ha celebrado su Junta General de Accionistas en su sede de Zamudio (Bizkaia). Tras la fusión de ambas el accionista principal es Siemens, con el 59%, mientras que Iberdrola controla el 8%, pero las relaciones son más delicadas porque la eléctrica vasca es también uno de los principales clientes de Siemens Gamesa. La reunión ha puesto de manifiesto las discrepancias entre ambos socios, rechazando Siemens porque «carecen de todo fundamento» las dos peticiones que hizo la eléctrica vasca.

La presidenta de la compañía, Rosa García, y el consejero delegado, Marcus Tacke, han ratificado insistentemente la permanencia de la sede en España, y se han centrado en analizar 2017, un año «muy duro». Ambos han reconocido la dificultad del año 2017: para todo el sector eólico, en el que India uno de los principales mercados, no realizó ninguna adjudicación de megavatios en 8 meses; y para Siemens Gamesa, con recortes de empleo y una evolución de la acción «decepcionante».

En este entorno los dos destacaron que la firma ha reaccionado con una integración «ejemplar». «Durante 2018 vamos a completar la integración, estabilizar la empresa, ahondar en el control de costes y generar oportunidades de negocio. En 2019 nos concentraremos además en acelerar el crecimiento, y en 2020 seremos capaces de asegurar una rentabilidad sostenible», avanzó García. «De no habernos fusionado cuando lo hicimos, las dos compañías lo hubieran tenido extremadamente difícil para resistir las turbulencias del mercado de este último año. Estamos definitivamente en la buena senda y los argumentos que sustentaron la fusión han quedado avalados», subrayó Tacke.

En cifras, las metas de Siemens Gamesa son crecer a mayor ritmo que el mercado, implantar una reducción de costes de 2.000 millones hasta el 2020, de los que 400 son las citadas sinergias y los restantes 1.600 de mejoras de productividad, y mantener una política de reparto de dividendo del 25% del beneficio neto. Precisamente, los accionistas minoritarios que han tomado la palabra han recordado que cuando se produjo la fusión la acción estaba a 21 euros y ahora a 13, y han pedido a Siemens e Iberdrola que «se dejen de peleas y remen en la misma dirección». Tacke ha concluido asegurando que es el momento de apostar por el crecimiento de la compañía: «El futuro es brillante«.

En la Junta, Iberdrola planteó dos cuestiones: una para garantizar que la sede de la firma se quede en Zamudio y otra para que las compras que se realicen al grupo Siemens cuenten con el respaldo del consejo de administración y de un consejero independiente, con el objetivo de «fiscalizar» las mismas y que no salgan perjudicados los proveedores españoles. Siemens rechazó las dos peticiones porque “carecen de todo fundamento”.

La primera frase del discurso del consejero delegado, Marcus Tacke, ha sido una respuesta a la cuestión de la sede: Tacke ha dicho que era un placer y un honor dar la bienvenida a los accionistas, «y me agrada especialmente hacerlo aquí, en Zamudio, en el País Vasco, la sede de nuestra compañía». «Estamos orgullosos de nuestras raíces vascas y valoramos enormemente el favorable entorno industrial al que estamos encantados de contribuir», ha agregado. «No hay debate» sobre el cambio de sede, ha subrayado posteriormente.

Rosa García ha recordado los compromisos del acuerdo de fusión, por el que la sede está en Zamudio: «no hay ninguna decisión ni planteamiento alguno que ponga en duda el mantenimiento de la sede social en España. Aquí viven sus principales directivos, incluyendo el consejero delegado Marcus Tacke». Respecto a la aprobación de las compras, la presidenta de la comisión de auditoría ha defendido la transparencia y el rigor de las adjudicaciones, subrayando que en el negocio eólico es esencial que las compras «se realicen en condiciones de mercado y evitando que cualquier parte vinculada pueda aprovecharse de su influencia«. Además, ha rechazado la posibilidad de la intervención de un experto ya que «podría ocasionar un retraso en la operación».

El abogado representante de Iberdrola, Iñigo Elorriaga, ha defendido las dos propuestas de la eléctrica vasca asegurando que con ellas buscaba apoyar a los administradores porque «al actual consejo le faltan herramientas de gestión» y conservar los principios en los que se basó la fusión, «un proyecto industrial fuerte en nuestro país». El abogado representante de Siemens ha contestado que las dos peticiones de Iberdrola «carecen de todo fundamento. Tanto la ley como la normativa interna establece que la comisión de auditoría se encargue de las operaciones». El letrado se ha llegado a preguntar «¿Qué aportan los representantes de Iberdrola en el consejo?», tras asegurar que estos consejeros nunca han puesto reparos a las compras.

Los dos puntos propuestos por Iberdrola han sido rechazados por la Junta, dada la mayoría absoluta de Siemens, pero también se ha introducido un matiz: la consultora PwC actuará como experto externo que determine si las operaciones de compras son correctas y responden solo a las condiciones del mercado, algo que se ha interpretado como una pequeña «cesión» a Iberdrola en su petición de más control. Por último, UGT ha pedido garantías para el mantenimiento del empleo en España, a lo que Tacke ha contestado que España ha sido el país que menos bajas ha sufrido, con 231 despidos, frente a los 6.000 en todo el mundo, y que también se están produciendo nuevas contrataciones.

Endesa invertirá 27,7 millones en la construcción de un parque eólico en Aragón mientras hay protestas de sindicatos contra Enel

EFE.- Trabajadores de Endesa, compañía de energía propiedad del grupo italiano Enel, en el que tiene participación el Estado de ese país, se han manifestado ante la Embajada de Italia en Madrid para protestar por el vaciamiento que dicen que está haciendo Enel de Endesa. Mientras tanto, Endesa tiene previsto invertir, a través de su división de renovables Enel Green Power España, 27,7 millones de euros en la construcción de un parque eólico de 24 megavatios de potencia en Mallén (Zaragoza).

Según indicó la empresa eléctrica, el proyecto, que consta de 8 aerogeneradores de 3 megavatios de potencia unitaria, se encuentra en fase de solicitud de autorización administrativa. La puesta en marcha de este parque eólico está prevista para finales de 2019. En este sentido, Endesa obtuvo una adjudicación de 540 megavatios en la última de las subastas de energías renovables celebrada en 2017 en España. En Aragón, la compañía tiene previsto ejecutar 13 proyectos eólicos que supondrán una potencia superior a los 380 megavatios y una inversión de 434 millones.

Protestas contra gestión de Enel

Por otro lado, delegados sindicales, trabajadores y jubilados procedentes de Andalucía, Galicia, País Vasco, Madrid, Castilla-La Mancha, Cataluña y Extremadura participaron en la protesta ante la embajada italiana, en la que también estuvo el secretario general de UGT, José María Álvarez. Los representantes sindicales fueron recibidos por el embajador italiano, Stefano Sannino, quien se ha comprometido a trasladar el manifiesto que le han entregado al presidente de Endesa, Borja Prado, a los consejeros del grupo Enel y al Gobierno italiano.

Álvarez ha denunciado el «saqueo» que está sufriendo Endesa, que ha calificado de «incompatible» con una empresa que tiene que desarrollarse y cumplir con sus obligaciones con los trabajadores y los consumidores invirtiendo para mantener un suministro de calidad. Recordó que de Endesa han salido decenas de miles de millones hacia el accionista mayoritario con «la venta de la filial iberoamericana, vía endeudamiento, de Endesa hacia Enel» y denunció que no se puede permitir que el grupo italiano continúe achatando a Endesa con el cierre de algunas de sus centrales térmicas, al tiempo que ha reclamado un proceso de negociación en que estén presentes los gobiernos de España e Italia.

En el mismo sentido, el responsable estatal de Industrias Extractivas y de Energía de la Federación de Industria de CCOO, Jesús Crespo, ha criticado que Enel, en lugar de crear riqueza y empleo, se olvide del mantenimiento de la empresa. Por su parte, el secretario general de la Federación de Industria, Construcción y Afines de UGT (UGT-FICA), Pedro Hojas, aseveró que los trabajadores de Endesa están cansados porque se ha pasado de tener una empresa que era la «joya de la corona» en España a lo que la ha convertido Enel, que la ha vaciado de contenido y de inversiones.

Por su parte, el secretario general de UGT en Endesa, Manuel Jaramillo, ha manifestado que si Endesa está en manos del Gobierno italiano es porque los políticos lo quisieron así, y ha exigido al Ejecutivo italiano que garantice la continuidad de Endesa, al tiempo que ha acusado a los políticos españoles de mirar a otro lado «mientras Enel está expoliando a Endesa«. Por su parte, el secretario general de CCOO en Endesa, José Manuel Falagán, denunció que Endesa se puede convertir en una «burbuja del sector eléctrico» porque los italianos «lo único que están haciendo es exprimiéndola al máximo, llevándose los beneficios para Italia y no invirtiendo para el futuro».

La protesta coincide con la negociación del V Convenio Marco de Endesa, que se inició en octubre, y en la que los sindicatos han manifestado su desacuerdo con la propuesta de la empresa, que consideran supone un recorte de sus derechos, por lo que el próximo 23 de abril volverán a protestar ante la sede de Endesa, coincidiendo con la celebración de la junta de accionistas. Fuentes de Endesa criticaron el empeño de la representación sindical por centrar sus críticas sobre Enel, una táctica de presión que consideran no tiene fundamento ya que es Endesa la que tiene plena competencia en materia de negociación colectiva.

Iberdrola aumenta su dividendo subiendo al menos un 4,2% la retribución a los accionistas sobre el ejercicio 2017

EFE.- Iberdrola prevé que la remuneración total a sus accionistas con cargo al ejercicio 2017 se sitúe, al menos, en 0,323 euros brutos por acción, lo que supondría un incremento del 4,2% respecto a la retribución mínima prevista con cargo al ejercicio 2016.

En este sentido, la compañía eléctrica comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que el dividendo complementario previsto con cargo a los resultados de 2017 será, como mínimo, de 0,183 euros brutos por acción. El pago de esta retribución deberá ser aprobado por la Junta de Accionistas, convocada para el 13 de abril en Bilbao. Este importe se suma a los 0,14 euros brutos por título abonados en enero en el marco del sistema de dividendo flexible de Iberdrola. Por ello, la remuneración total ascenderá a, al menos, 0,323 euros por acción.

Esta suma es un 4,2% superior a la retribución prevista con cargo al ejercicio 2016 (0,31 euros brutos por título) y un 3,5% mayor a la finalmente abonada, que fue de 0,312 euros, según Iberdrola. Asimismo, la compañía someterá a la Junta dos ampliaciones de capital para ejecutar su programa Iberdrola Dividendo Flexible, una de 1.310 millones y otra de 1.140 millones. Los accionistas también deberán dar luz verde a una reducción de capital mediante la amortización de un máximo de 198,4 millones de acciones propias, que representan un 3,08% del capital, para evitar el efecto dilutivo de las ampliaciones.

Problemas con Vestas en Granada

Por otro lado, el sindicato UGT ha convocado jornadas de huelga de 24 horas entre los días 5 y 18 de marzo en el Parque Eólico del Marquesado, en la provincia de Granada, ante la negativa de Vestas, la nueva empresa gestora del parque, a subrogar a la plantilla, contratada por Iberdrola, y que podría ser despedida en su totalidad.

El secretario de Organización de la Federación de Industria Construcción y Agro (FICA) de UGT Granada, Francisco Ruiz-Ruano, ha lamentado que las dos empresas estén jugando con los derechos laborales de la plantilla, que desconoce si mantendrá el empleo y en qué condiciones.El sindicato ha considerado que las dos empresas son responsables y ha pedido que alcancen acuerdos para mantener el prestigio de este parque, considerado por Iberdrola como unos de sus proyectos emblemáticos.