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UGT no ve motivos para cerrar las térmicas y adelantar la descarbonización en España cuando Alemania la prolonga hasta 2050

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Europa Press.- El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, no ve motivos para adelantar en España el proceso de descarbonización, que implicaría el cierre de centrales térmicas, cuando otros países como Alemania lo prolongan hasta el año 2050. En este sentido, Álvarez apuesta por mantener el carbón como reserva estratégica de España ya que se trata de un país muy dependiente energéticamente y es posible que haya cambios en el «panorama internacional».

«No creemos necesaria la descarbonización en los términos en los que se están planteando», ha señalado, añadiendo que «ni siquiera medioambientalmente» está tan claro que tenga un efecto positivo. No obstante, en cuanto a los recursos que se destinen para la reindustrialización, Álvarez ha rechazado «hacer lo que se hizo en el pasado y que no ha funcionado». De esta forma, ha explicado que esos recursos han de servir para crear «empleo estable» y no limitarse para construir infraestructuras puntuales.

Por su parte, el secretario general de UGT en Asturias, Javier Fernández Lanero, se ha opuesto a una transición energética «precipitada» que, según ha augurado, tendría efectos de deslocalización en las empresas asturianas, al aumentar el precio de la electricidad. Finalmente reclamó a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, «respeto» para Asturias y que se reúna con los sectores implicados. «No queremos subsidios ni fondos para callar bocas, queremos un pacto de Estado para la energía», ha apuntado.

Los sindicatos transmiten al Gobierno que no aceptarán el fin del carbón ni indefiniciones sobre la reactivación de las cuencas

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Europa Press.- Los sindicatos UGT FICA y CCOO de Industria han transmitido al Gobierno que «no van a aceptar el cierre del carbón ni indefiniciones en la reactivación» tras una reunión a la que ha asistido por primera vez el secretario de Estado de Energía, José Domínguez.

En este sentido, UGT indicó que los sindicatos han pedido al Gobierno «un mayor compromiso y flexibilidad» en cuanto a la aplicación de la legislación vigente, así como que no se siga «demonizando» al sector. Además, han reclamado «sensibilidad» con las cuencas mineras y con sus trabajadores y un acuerdo consensuado que valore unos parámetros «que hagan posible la reactivación, junto a un plan social y la continuidad de las empresas a partir de 2019».

Asimismo, el sindicato ha vuelto a insistir en la urgencia de dotar al sector de un nuevo marco para la minería del carbón autóctono y las comarcas mineras, que tenga vigencia hasta el año 2027, y la defensa de una participación suficiente del carbón nacional en el mix de generación eléctrica «por ser necesario tanto como energía de respaldo, como para garantizar la seguridad de suministro y la estabilización de los precios de la energía complementariamente al desarrollo de las renovables«. UGT también exige el mantenimiento de una producción de carbón autóctono y que se asegure su uso en las centrales térmicas de generación eléctrica.

CCOO: «con las manos vacías»

Por su parte, CCOO ha señalado que el Gobierno español ha «vuelto» a demostrar su «nulo compromiso» con el sector del carbón al acudir a la reunión sobre el futuro del sector «con las manos vacías». «El Ministerio para la Transición Ecológica acudió a la reunión con las manos vacías, sin documento y sin respuestas a las propuestas que plantearon los sindicatos», ha señalado el sindicato, que tiene la sensación de que la negociación sobre el futuro de la minería del carbón se encuentra «en el minuto número cero«. «Los sindicatos tienen una propuesta y el Ministerio para la Transición Ecológica un libro incompleto», lamentan.

«La posición del Ministerio va encaminada al cierre y a la desaparición sin alternativas de la minería del carbón», han señalado, para afirmar que el secretario de Estado tiene un “nulo interés por el futuro de la minería del carbón». Por ello, exigen «de forma reiterada» que arranque de forma definitiva la negociación con voluntad de avanzar. «El Ejecutivo socialista debería cambiar de actitud y dar continuidad al sector minero porque el tiempo se agota y la paciencia también. CCOO recuerda que los trabajadores y las trabajadoras de la minería del carbón necesitan soluciones», concluyó.

Pablo Iglesias pide valentía al Gobierno y que «se siente con las eléctricas» para frenar la subida de la luz

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Europa Press.- El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, reclamó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que sea «valiente» y «se siente con las eléctricas» para «acabar de una vez a una dinámica de oligopolio que tiene que pagar la gente, que ve cómo se sube sistemáticamente la factura de la luz».

Iglesias considera que este «oligopolio eléctrico» es «responsable en última instancia» de que la factura de la luz en España sea «una de las más caras de Europa», ha recalcado, y considera «insuficiente» la anunciada suspensión del impuesto de generación eléctrica a las compañías. Esta medida, anunciada por la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, con el fin de abaratar la tarifa eléctrica, dejará en suspenso el 7% que grava la producción de la electricidad a las compañías, impuesto por el Gobierno de Mariano Rajoy en su reforma energética de 2012. Las estimaciones del Ministerio es que esta medida abarataría un 3% la factura.

“Los intereses de las eléctricas”

Uno de los compañeros de Iglesias en el Congreso, el diputado Rafa Mayoral, ha apostado por «empezar a tocar los intereses de las eléctricas», pues considera que «tienen que asumir que tienen que comprometerse». «No tiene sentido que cuando hablemos del precio de la luz, las grandes ausentes sean las eléctricas«, ha afirmado, apostillando que «el hecho de ser un oligopolio no significa que tengan que tengan que tener súperbeneficios». «Hay que ver cómo se toca la factura de la luz para garantizar el derecho al acceso al suministro», concluyó.

Por otro lado, uno de los grupos que forma parte de la coalición de Unidos Podemos, Equo, ha calificado de «parche» la anunciada suspensión del impuesto de generación eléctrica, y ha reclamado al Gobierno medidas que prioricen al consumidor y al medio ambiente, y no a las empresas eléctricas. «Es hora de que la política energética se haga pensando en los consumidores y en el medio ambiente, en vez de en los beneficios de las eléctricas», subrayó el diputado de Equo, Juan López de Uralde.

Equo critica que esta medida no aborda «el problema de fondo del coste de la luz», que «tendrá un impacto muy moderado en los consumidores», e insiste en abordar una reforma del mercado eléctrico, particularmente en el sistema de fijación de precios para acabar con los beneficios caídos del cielo de las plantas ya amortizadas, como las hidráulicas o nucleares.

Tendrá un «muy limitado efecto»

Por su parte, Izquierda Unida ha advertido al Gobierno del «muy limitado efecto» que tendrá la suspensión del impuesto del 7% a la generación eléctrica, ya que «no logrará reducir de forma significativa el abusivo recibo de la luz«. En este sentido, la portavoz de la dirección federal de Izquierda Unida y el responsable de Políticas Económicas, Sira Rego y Carlos Sánchez Mato, respectivamente, denuncian que la suspensión de esta tasa, instaurado por el PP, «no conseguirá el efecto deseado».

Rego subrayó que el efecto de la medida será «muy limitado, lo que no se corresponde con el triunfalismo y las expectativas con que la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, lanzó la medida». Además, advirtió que incluso para aquellas personas que se puedan beneficiar de ella» la reducción media estimada rondará los 1,5 euros al mes y siempre en aquellos meses de precios más elevados, por lo que puede ser incluso inferior en las épocas con un precio más reducido dado el mayor peso de las energías renovables».

Por otra parte, Sánchez Mato apuntó que eliminar el impuesto de generación eléctrica supone, de forma automática, que el erario público pierda una recaudación que sólo en 2017 ascendió a 1.700 millones de euros. «Ribera no ha explicado cómo afrontará el desequilibrio que supone. ¿Acaso quiere financiarlo, como ya hicieron antes, con el famoso déficit de tarifa que seguiremos pagando en el recibo mes tras mes o acaso va a subir otros tributos para que haya más justicia fiscal?», añadió.

Un paso «insuficiente» para UGT

Por otro lado, UGT considera que las medidas propuestas por el Gobierno para frenar la subida de la luz y combatir la pobreza energética «son un primer paso», pero que es «insuficiente». El sindicato reclama al Ejecutivo concreción en sus propuestas, incluido su impacto económico y financiero, y le pide ser «más ambicioso» con la aprobación de una ley «eficaz» para combatir la pobreza energética. Así, propone mejorar el bono social permitiendo que se puedan acoger más familias y que éstas cuenten con mayores descuentos.

Además, el sindicato reclama la participación sindical en la anunciada Estrategia Nacional de Lucha contra la Pobreza, que estará lista en 6 meses. Por ello, UGT pide una reforma integral y consensuada del sector eléctrico que garantice el suministro y propicie «la transparencia y la competencia efectiva» del sector. Dentro de estas medidas, reclama una auditoría al sistema eléctrico, mejorar la fiscalidad, la implementación de actuaciones de eficiencia energética y el impulso del autoconsumo, así como «acabar con el monopolio de las redes de distribución eléctrica, pasando a manos públicas».

El Ministerio de Industria avanza un principio de acuerdo en Vestas que el Gobierno autonómico y los sindicatos han negado

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EFE.- El Ministerio de Industria ha anunciado un principio de acuerdo para intentar mantener la actividad industrial en la factoría de Vestas en Villadangos del Páramo (León) ante su inminente cierre por parte de la compañía danesa, un pacto que niegan tanto la Junta de Castilla y León como los sindicatos.

El secretario general de Industria, Raúl Blanco, explicó que este principio de acuerdo se terminará de perfilar «en las próximas horas» o días para concretar medidas y garantías.

Sin embargo, los representantes de la Junta de Castilla y León, CCOO y UGT han negado que exista ese principio de acuerdo, ya que no está garantizado que la planta seguirá funcionando, ya sea con Vestas o con otra empresa, aunque han puntualizado que las negociaciones no se han roto y que continuarán.

El objetivo del principio de acuerdo, ha explicado, es «garantizar las capacidades industriales, la salida de la planta hacia empresas del mismo sector, hacia otra empresa, la recolocación de trabajadores y buscar que esa capacidad industrial que hay en León sea aprovechada por nuevos inversores».

Al encuentro han asistido representantes del Ministerio de Industria, Vestas, la Junta de Castilla y León, Cecale, CCOO y UGT.

Tras anunciar el cierre de la planta, Vestas notificó a principios de septiembre la presentación de un ERE de extinción para los 362 empleados de la planta de Villadangos del Páramo y poco después precisó que su salida se producirá entre el 8 de octubre y el 31 de diciembre, aunque la materia laboral no se ha abordado en la reunión.

Sin embargo, el viceconsejero de Economía de la Junta de Castilla y León, Carlos Martín Tobalina, ha subrayado que «no hay ningún acuerdo» ya que este pasa «únicamente por una garantía real y cierta» de que, ya sea Vestas u otra empresa, se mantenga la actividad industrial y el trabajo en la planta.

El vicesecretario general de UGT en Castilla y León, Evelio Angulo, ha descartado que exista un acuerdo, aunque seguirá negociando porque la situación afecta al tejido industrial de la comarca, que se ha visto afectada por la crisis.

De la misma manera, el secretario de Política Sindical de CCOO Industria en Castilla y León, Juan Manuel Ramos, ha achacado la negativa de acuerdo a la falta de propuestas de la empresa, a la que quieren «arrancar un compromiso mayor» con el tejido industrial de la zona.

El sindicato USO denuncia que la «especulación» con los derechos de emisión de CO2 dispara el precio de la electricidad

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EFE.- El sindicato USO considera que hay una «especulación» en el mercado de derivados con los derechos de CO2 que está encareciendo la energía y señala que no se han tomado medidas para mitigar esta situación, que pone en riesgo a la industria y a sus trabajadores.

El sindicato sostiene que las ganancias en los mercados las acaban pagando los ciudadanos en su factura y los trabajadores, y señala que el precio por tonelada emitida ha subido desde los 7 euros en enero de este año hasta los 24,85 euros que se alcanzaron recientemente.

En este sentido, sostiene que en solo 9 meses ha pasado a costar más del triple, una subida que está afectando «gravemente» al precio de la luz para las familias, así como a la competitividad de las empresas, sobre todo de las electrointensivas, tal y como indica el responsable de Energía de la Federación de Industria de USO, Jaime Marcos.

En este contexto, USO muestra su preocupación por el precio de las emisiones de CO2 y vaticina que en este año superarán los 20 euros.

Además, indica que esta situación puede afectar a la viabilidad de las centrales térmicas y de gas, que agrega que son indispensables para el respaldo a la red de las energías renovables.

UGT pide reducir la fiscalidad y un IVA súper reducido para la electricidad mientras Unidos Podemos también exige tomar medidas

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EFE / Europa Press.- Unidos Podemos reclama a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, un Plan de choque contra la subida de luz, que permita hacer frente a la crisis actual en este sector. Mientras tanto, el sindicato UGT plantea reducir la fiscalidad de la electricidad y aplicarle un impuesto sobre el valor añadido (IVA) súper reducido, así como mejorar la transparencia y la regulación del sector eléctrico, para paliar los efectos que su subida en el mercado tiene en los consumidores.

UGT pide al Gobierno que actúe de manera «contundente» para mejorar la transparencia y la regulación del sector eléctrico, con el fin de evitar las continuas subidas del precio de la electricidad, que vuelve a marcar un nuevo máximo anual en el mercado mayorista, apenas una semana después del último récord, subidas que considera «escandalosas e insostenibles». El sindicato ha denunciado la existencia de un «oligopolio que no para de cosechar beneficios a costa del bolsillo de los ciudadanos y que prevé seguir haciéndolo». UGT ha instado al Gobierno a solucionar el problema “continuo y creciente” de las subidas del precio de la electricidad, que afecta especialmente a los sectores de la población más vulnerables.

Por ello, pide que se reduzca la fiscalidad de la electricidad, así como de otros suministros básicos, y se le aplique un IVA súperreducido, frente al actual del 21%, “por ser un servicio esencial para la ciudadanía”. También demanda ampliar el bono social y hacerlo más inclusivo, pues considera que el actual es “insuficiente” para evitar los cortes de suministro en casos de pobreza extrema, así como la modificación de la actual regulación para que sea “más transparente y eficaz”. «En definitiva, se trata de primar el interés general sobre el interés privado y que el sector eléctrico cumpla sus obligaciones con la sociedad», subrayó.

Unidos Podemos trabaja con Ribera

Mientras tanto, Teresa Ribera se reunía en el Congreso con los portavoces de Unidos Podemos en materias relacionadas con Energía y Medio Ambiente, Josep Vendrell, Juan López de Uralde, y Antón Gómez-Reino. Vendrell ha explicado que han planteado a Ribera varias medidas basadas, fundamentalmente, en una reforma del mercado eléctrico en España. Un mercado que, según ha señalado, no es coyuntural, sino estructural, lo que hace que «el país sea el cuarto de la Unión Europea con los precios de la electricidad más caros», a pesar de que un «10-15% de la población sufre pobreza energética». El portavoz de Energía del grupo parlamentario ha denunciado, además, que con este mercado las compañías eléctricas «siempre ganan».

Por ello, y además de esa reforma del mercado, Unidos Podemos también ha propuesto reducir el término de potencia, es decir, la parte fija que se paga; recuperar la gestión de las hidráulicas cuya concesión ha caducado; y afrontar la reforma del bono social que, actualmente, según Vendrell, deja fuera a un millón de usuarios. Los diputados han explicado que Ribera ha estado receptiva en esta materia, aunque estarán atentos a su comparecencia en el Congreso, prevista para este miércoles, en la que se abordará el tema de la subida de la luz. El grupo confederal espera que entre sus medidas para solucionar este tema incluya alguna de sus propuestas.

Cambio climático y Transición Energética

En cuanto a la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, Unidos Podemos ha anunciado la puesta en marcha de un espacio abierto de diálogo, aunque no se ha establecido un calendario concreto para posibles reuniones. Según López de Uralde, ofrecieron su ayuda a la ministra para abordar la norma en esta legislatura, algo que le parece «imprescindible» pues, tal y como explicó, con el Gobierno del PP se «perdieron» dos años de trabajo en esta materia. «Era importante que se creara este espacio de trabajo por la urgencia, porque no queremos que ocurra como con el PP, y por el contenido, porque esperamos que la ley sea ambiciosa», indicó.

En su intervención ha recordado que Unidos Podemos registró en julio su propuesta de ley sobre este tema, que «la ministra conoce» y que «aborda realmente el cambio climático de manera completa desde el punto de vista de la energía, pero también desde otros sectores afectados de alguna forma por el cambio climático». Esta primera reunión con la titular de Transición Ecológica está enmarcada en el «diálogo preferente» que el grupo confederal «está teniendo con el Gobierno salido de la moción», según ha explicado Gómez-Reino.

La OIT y diferentes agentes sociales aseguran que la transición energética incrementará el empleo pero con algún «impacto adverso»

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EFE. – El director de la Oficina para España de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Joaquín Nieto, ha solicitado a España para que trabaje por la transición energética, pero de una forma justa, incorporando medidas de promoción del empleo y de protección social.

En una mesa redonda de la jornada «La transición energética y el empleo», organizada por el Club Español de la Energía y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Nieto ha considerado que la transición energética es «urgente» y tendrá «efectos positivos», pero ha detallado también los «impactos eventualmente adversos» que puede tener.

En este sentido, y según los datos de la OIT, los primeros cambios que traerá la transición energética generará 24 millones de empleos a nivel mundial, pero también la pérdida de otros 6 millones, lo que el saldo global será positivo, con 18 millones de puestos de trabajo netos más.

Así, Nieto ha destacado un informe elaborado por la propia organización que analiza 163 sectores económicos y ha apuntado que «la mayoría se beneficiarán con crecimiento de empleo», especialmente el eléctrico, estimando para 2030 la creación de 2,5 millones de empleos frente a los 400.000 que se perderán.

El director de la OIT ha asegurado que «los nuevos empleos no se crean ni en el mismo momento ni lugar que los que se perdieron», por lo que ha resaltado la necesidad de «incorporar el concepto de transición justa y gestionar esa perdida de empleo».

Por ello, ha abogado por medidas de protección social y promoción del empleo y «eso requiere dialogo social con los sectores concernidos, con la patronal y con los sindicatos», a quienes ha advertido que «el retraso de la conversión la hará mucho más traumática».

 

Sindicatos y empresario

Asimismo, sindicatos y empresarios consideran también que la transición energética incrementará el empleo al final del proceso aunque advierten, del mismo modo, que requerirá sacrificios, si bien han dejado claro que la opción de no hacer nada ante el cambio que se avecina no existe.

Así, la presidenta de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), Rocío Sicre, ha señalado que en 2050 se pueden crear 18 millones de empleos en el mundo, con lo cual habrá un movimiento del empleo.

Sicre ha destacado el objetivo de alcanzar, en 2030, que el 32% de la demanda final de energía en la Unión Europea sea de fuentes renovables. Así, se generarán 132.000 nuevos empleos.

Por su parte, el jefe del área de Industria, Energía y Medio Ambiente de la patronal CEOE, Iván Albertos, ha advertido de que sin un marco regulatorio «predecible» será difícil acometer las cuantiosas inversiones, de entre 60.000 y 100.000 millones de euros, necesarias para la transición energética y ha expresado sus dudas de que los partidos políticos puedan llegar a un consenso en materia de energía.

También ha asistido el presidente del Foro de la Industria Nuclear, Ignacio Araluce, quién ha señalado que la transición energética no será posible sin los ciudadanos y a éstos hay que contarles la verdad, que «va a tener oportunidades gigantescas pero va a exigir también sacrificios».

En este sentido, ha recordado que con el coche eléctrico en un futuro se ahorrará, pero de momento es «muy caro», y lo mismo ocurre con las medidas de eficiencia en edificios, que en un primer momento supondrán costes, por lo que los políticos deben decir qué medidas van a tomar para paliar esos primeros impactos.

Además Araluce, ha asegura que se van a destruir empleos y habrá que reconvertirlos, al tiempo que ha insistido en que habrá que poner el foco en las regiones y los territorios porque el problema es que la generación de la energía se concentra en territorios.

Por otro lado, José López-Tafall, secretario del Grupo Español para el Crecimiento Verde, creado en 2015 e integrado por 40 empresas que impulsan ese modelo de desarrollo económico, ha afirmado que la transición energética creará empleo y riqueza, y que «habrá buenos empleos».

Ha recalcado que España invirtió el año pasado 40.300 millones en importar combustibles fósiles, por lo que es necesario poner en marcha esta transición, algo que ha recordado requiere de un marco regulatorio, pues si no sólo se verán los costes de la transición.

Por último, el responsable de Medio Ambiente de UGT, Wilfredo Miró, ha manifestado que la transición energética es una oportunidad para crear empleo «y de calidad» en España, aunque ha señalado que habrá que acompasar en el tiempo los que se destruyan con los que se generen, mientras que el secretario de Medio Ambiente de CCOO Madrid, Ángel Juberías, ha dicho que es imprescindible tener en cuenta a la zonas afectadas.

Ribera garantiza que el Gobierno elaborara un plan “urgente” dirigido a las comarcas mineras y a las nucleares que cierren

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EFE / Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, garantiza que en la estrategia de transición energética justa del Gobierno habrá un plan de acción urgente dedicado a las comarcas mineras y a las de centrales nucleares en proceso de cierre. Ribera señaló también que se pondrán en marcha los contratos de transición, negociados y pactados con las administraciones locales y agentes económicos y sociales de las zonas afectadas, un modelo similar al ya aplicado en Francia, Alemania y Reino Unido.

Ribera lamenta que no se anticiparan estrategias de diversificación para estos territorios con tiempo «suficiente«. Asimismo, ha señalado que España no se puede conformar con el paro y la calidad del empleo que tiene. Por eso, ha indicado que se debe prestar atención a los sectores generadores de empleo como consecuencia de la transición energética, a fin de propiciar una industria y un nuevo modo de producir bienes y servicios. «Tenemos muchísimo que ganar si apostamos por la transformación de la economía y una transición bien diseñada», añadió Ribera, quien señaló que los recursos que ahora se destinan a la importación de combustibles fósiles se podrían redirigir a crear empleo.

Por otro lado, la ministra ha argumentado que constituir proyectos integrados en el desarrollo territorial garantizará el empleo a medio y largo plazo, así como facilitará un sistema productivo «sólido» y sobre la base de los límites ambientales. En este sentido, ha declarado que el Gobierno quiere aprender de experiencias «previas» y reactivar la agenda económica hacia la «transición energética, la movilidad sostenible y la economía circular». Asimismo, la ministra ha avanzado que el Gobierno llevará a cabo un acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para cumplir con las orientaciones que esta organización realizó a los países para lograr una transición energética justa.

En su informe Directrices de política para una transición justa hacia economías y sociedades ambientalmente sostenibles para todos, publicado en 2015, la OIT recogió varias conclusiones relativas al desarrollo sostenible, al trabajo decente y a los empleos verdes. Actualmente, esas directrices se encuentran respaldadas internacionalmente por sindicatos, empleadores y gobiernos, según la ministra. Ribera ha asegurado que «no tener estrategia es la peor de las opciones», por lo que el Gobierno optará por una estrategia por la transición justa basada en las directrices de la OIT a través de un acuerdo que garantice el «éxito».

Inacción mala para el empleo

Además, recordó que, según el informe de la OIT, por cada empleo que se pierda con la transición energética se crearán 4, si bien ha reconocido que no todos se producirán en los mismos lugares, por lo que hay que hacer una labor de anticipación. Ha añadido que los impactos negativos que han sufrido en el empleo sectores como el carbón no se han debido únicamente a razones ambientales, sino a la competitividad del carbón de otros países y la aparición de tecnologías energéticas más baratas. Asimismo, ha destacado la importancia de acometer la transición energética, pues la «inacción» ha hecho que no se hayan creado empleos relacionados con la eficiencia energética o el autoconsumo.

Por su parte, el presidente del Club de la Energía y de Viesgo, Miguel Antoñanzas, ha recordado que en la transición de los años 90, cuando empezó el declive del carbón, se perdieron 40.000 empleos y se crearon sólo 70.000, cifra muy alejada del potencial que tienen las energías renovables. Ha advertido que en esta nueva transición energética no se van a crear puestos de trabajo si no hay inversión, y para ello hace falta un marco regulatorio que favorezca la confianza de los inversores.

Según la consejera delegada de Iberdrola España, Ángeles Santamaría, en el mundo se crearán 24 millones de nuevos puestos de trabajo con la transición energética, pero no se podrá evitar que se destruyan 6 millones, algo que hay que acometer «con valentía». Ha advertido que luchar contra el cambio climático es necesario para evitar que desaparezcan 1.200 millones de puestos de trabajo que se necesitan de un medio ambiente estable.

Además, augura que el cambio de modelo energético aumentará la competitividad de la industria en España, pues las renovables dan más estabilidad a los precios y harán que no se dependa tanto de los combustibles fósiles. Finalmente, subrayó que es urgente apostar por el cambio pues, si no, se anticiparán otros países, de los que España acabará importando tecnología y conocimiento, en lugar de exportarlos.

Vestas ofrece recolocar a parte de su plantilla de León sin concretar a cuantos trabajadores alcanzará esta medida

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EFE.- La dirección de Vestas ha ofrecido al comité de empresa la recolocación de parte de la plantilla de la factoría que la multinacional danesa tiene en la localidad leonesa de Villadangos del Páramo, pero sin concretar a cuantos trabajadores alcanzará esta medida. Según fuentes sindicales, la intención de la firma de componentes eólicos es ir cerrando éste y otros aspectos a medida que vayan avanzando las negociaciones del ERE de extinción presentado.

Los sindicatos señalan que, como principal oferta, la empresa asume el compromiso de reabsorber a parte de la plantilla, pero sin concretar en qué número ni las condiciones laborales. Además, la multinacional ha entregado a los sindicatos un informe técnico en el que argumenta la decisión del cierre de la planta leonesa, que achaca exclusivamente a factores objetivos de mercado.

Las mismas fuentes han precisado que los representantes de los trabajadores «han desmontado uno por uno los argumentos de la empresa», y recalcan que era una decisión tomada al margen de criterios de rentabilidad o productividad. Al respecto, han recordado que presentaron propuestas para la mejora de la planta de León que han sido rechazados o directamente desoídos en una estrategia preconcebida para el cierre de la factoría de Villadangos.

Responsabilidad ante las subvenciones recibidas

Al margen de estas negociaciones, la Fundación Anclaje, de la que forman parte la Junta de Castilla y León, Cecale, CCOO y UGT, sigue trabajando en la búsqueda de un inversor que quiera hacerse cargo de la planta y propiciar así el mantenimiento del empleo. La reunión tuvo lugar después de que miles de personas participaran en una multitudinaria manifestación que colapsó León para exigir la continuidad de la planta. A la manifestación asistió el secretario general de CCOO, Unai Sordo, quien exigió al Gobierno que impida la deslocalización de empresas con beneficios que hayan recibido subvenciones públicas y se les obligue a asumir el compromiso adquirido con el territorio en el que asientan, tal y como sucede en Francia.

Los gobiernos central y autonómico exigen a la dirección de la empresa dar «viabilidad» a la planta leonesa con un nuevo plan industrial que «reoriente la producción de la planta hacia la demanda del mercado», a la que habría que añadir los paquetes de ayudas autonómicas, nacionales y europeas que Vestas ha venido recibiendo en los últimos años y que ascienden hasta los 13,5 millones. De esta forma, el objetivo prioritario para el Gobierno central y el autonómico es que se mantengan los 362 puestos fijos de la planta leonesa, que sumados con los puestos indirectos llega a dar trabajo a más de 2.000 personas.

Pedro Sánchez garantiza una transición energética «justa y dialogada» con los agentes económicos y sociales de los territorios más afectados

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EFE.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha garantizado que la transición energética será «justa» y que en este proceso la empresa pública Hunosa estará «a la vanguardia». Sánchez hizo esta promesa con motivo de sus primeros 100 días de Gobierno e incidió en que la transición energética también va a ser «dialogada» con los agentes económicos y sociales de Asturias, desde donde se reclama que el proceso no ponga en riesgo el empleo de la región ni la competitividad industrial.

Transición sin ganadores ni perdedores

Por su parte, el SOMA-FITAG-UGT ha reafirmado la necesidad de un mensaje y un escenario «claro, inequívoco y dialogado» sobre la transición energética, que no condene ni confunda a la industria ni a la sociedad y en el que no haya ni ganadores ni perdedores. Este sindicato ha anunciado además que en la reunión sobre el futuro del sector minero, prevista para el 13 de septiembre, manifestará su postura inequívoca en defensa del carbón autóctono. El sindicato ha reiterado la importancia de la presencia del carbón autóctono dentro de un mix energético diversificado, sobre todo ante el incremento considerable del precio del carbón de importación.

El sindicato destaca que todos los agentes coinciden en la defensa de una transición justa, que no penalice a los territorios mineros, y que respete los plazos temporales acordados de proporcionar una energía neutra en carbono para el 2050. Asimismo, señala que cualquier otra derivada supondrá que se ha impuesto el individualismo y los intereses de unos pocos frente al bien común, profundizando en la desigualdad, en la pobreza y fomentando un caldo de cultivo que será un polvorín en lo social. Sobre este asunto, el sindicato reconoce que el futuro avanza hacia un modelo energético neutro en carbono, que garantice la sostenibilidad sin comprometer los recursos de generaciones futuras.

Diversas velocidades en la transición

Sin embargo, recalca que esta senda hacia una economía baja en emisiones se puede hacer con mayor o menor velocidad. Para el Soma, el inexplicable adelantamiento de los plazos para el cumplimiento de las reducciones de emisiones supondría un peligro gravísimo para la economía asturiana, que se acentuaría aún más en las comarcas mineras, y que acarrearía problemas relacionados con el suministro energético, el encarecimiento de la energía o la caída de la competitividad de la industria. Una situación que desembocaría en unas consecuencias desastrosas en términos de pérdida de miles de empleos, acelerando la despoblación de las cuencas mineras.

Ante este problema, el sindicato ha hecho pública su propuesta concreta: el Acuerdo Marco para una Transición Justa de la Minería del Carbón y Desarrollo Sostenible de las Comarcas Mineras de España 2019-2027. En caso de que el Gobierno estatal se niegue a negociar un proceso de transición justa, optando por adelantar plazos de manera caprichosa o por presiones, el sindicato anuncia medidas de presión, recurriendo si es necesario a la convocatoria de movilizaciones sociales.