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El Defensor del Pueblo valora que el nuevo bono social recoja sus recomendaciones protegiendo a los consumidores del mercado libre

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Redacción / Agencias.- El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, aplaude que la nueva regulación del bono social eléctrico establezca la renta como criterio para acceder a él y que se introduzcan medidas para proteger a los consumidores en el mercado libre, tal y como pedía la institución, entre otras recomendaciones recogidas. El Defensor del Pueblo destaca también que se contemple no cortar el suministro por impago sin antes verificar con los servicios sociales la posible situación de vulnerabilidad de los consumidores afectados.

La institución considera que esta medida es «especialmente relevante» ya que lleva años recomendando establecer procedimientos de comunicación y coordinación entre las empresas suministradoras y los servicios sociales antes de realizar un corte de suministro, para evitar que consumidores vulnerables se queden sin electricidad. Otras recomendaciones del Defensor del Pueblo que incorpora el nuevo bono social son la modulación del umbral de renta para proteger a determinados colectivos (menores, mayores y personas con discapacidad) y la introducción de mecanismos de recurso contra las peticiones denegadas.

Menores, mayores y con discapacidad

El Defensor del Pueblo ya destacó en las conclusiones de unas jornadas sobre protección de los consumidores vulnerables en materia de energía eléctrica, celebradas en marzo de 2017, la importancia de proteger los hogares donde residan menores de edad, personas mayores y personas con discapacidad. Fernández Marugán resaltó que, en el caso de los menores, “la falta de suministro eléctrico afecta al derecho fundamental a la educación, pues es en los meses de invierno cuando hacen sus tareas escolares después de la puesta de sol”. Del mismo modo, para el Defensor del Pueblo, «las personas mayores y las personas con discapacidad cuentan con unas necesidades particulares que no pueden olvidarse».

Nadal elude responsabilidades y confirma que la sentencia del Supremo sobre el bono social supone «que lo paguen los consumidores»

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Europa Press.- El ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha afirmado que la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a cargar al sistema eléctrico la indemnización a las compañías eléctricas por haber financiado el bono social supone «que lo paguen los consumidores», por lo que el Gobierno analizará las consecuencias jurídicas de la sentencia, si bien la cumplirá a pesar de que la ha recurrido al Tribunal Constitucional para aclarar si la competencia sobre este asunto le corresponde a Luxemburgo o al Supremo.

Así lo ha señalado Nadal, que ha indicado que las sentencias «hay que aplicarlas cuando se emiten», si bien por ahora hay un «incidente de ejecución», y ha recordado que el Gobierno presentó un recurso sobre este asunto al entender que la aplicación de la normativa comunitaria sobre el bono social, utilizada por el alto tribunal para razonar su sentencia, le corresponde al Tribunal de Luxemburgo, al ser «competente para ello», en vez de al Supremo. Una vez que el Tribunal Constitucional haga cuestión prejudicial, Nadal ha indicado que se tendrá que estudiar la aplicación, pero si es una sentencia «evidentemente se tendrá que cumplir».

El Tribunal Supremo estima que las indemnizaciones a las eléctricas por las cantidades abonadas por el bono social deben realizarse con cargo al sistema eléctrico, y no al Tesoro Público o las comercializadoras. Nadal ha apuntado que el hecho de que la sentencia apunte al sistema eléctrico es «una cuestión que hay que ver», ya que «las responsabilidades del Estado generalmente son presupuestarias, aunque nosotros habilitamos la posibilidad de que lo haga el sistema eléctrico», que, ha añadido, «no es un ente abstracto», sino «todos los consumidores». Esto «quiere decir que lo paguen consumidores, por eso queremos ver las consecuencias jurídicas de esto», ha añadido.

Nadal anunció también que la aprobación del nuevo bono social eléctrico «está a punto ya de aprobarse» y es «inminente», ya que solo queda el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la competencia (CNMC), que se prevé que no tarde «mucho», tras lo que se iniciará su tramitación definitiva. En este sentido, ha destacado que supondrá un «cambio importante» porque se hará en función del nivel de renta, para lo que ha sido «fundamental» la colaboración del Ministerio de Hacienda y principalmente de Empleo, ya que se aplicarán los mismos «esquemas y procedimientos» que para otro tipo de prestaciones, como la ayuda del Plan Prepara para desempleados.

Asimismo, ha explicado que se va a establecer un periodo transitorio de 6 meses, en el que todos los usuarios van a mantener su descuento,  «para que todo el mundo se adapte al nuevo sistema», aunque «será una realidad el bono social, ya muy en breve plazo, para aplicarse desde este invierno». Concretamente, ha detallado que la verificación de los niveles de rentas se llevará a cabo a través de un sistema informático similar al de otro tipo de prestaciones en las oficinas de empleo.

Preguntado por el sistema de fijación de precios de la electricidad, Nadal ha subrayado que depende de lo que cuesta producir la energía, en función de la meteorología y el precio del petróleo, y aparte están las decisiones políticas, que suponen unos 11.000 millones de euros del coste total de 33.000 millones de euros del sistema eléctrico. El titular de Energía criticó las decisiones políticas «del pasado» que encarecieron el coste y heredaron los distintos gobiernos, que «no se pueden eliminar de un día para otro», sino acometer reformas como la llevada a cabo por el Ejecutivo de Mariano Rajoy.

En este sentido, abogó por un mix energético «adecuado, que sea barato y cumpla con los objetivos medioambientales», lo que se está intentando conseguir con las subastas de renovables, que «entran en el mercado, no tienen prima y al mismo tiempo compiten, por lo que ayudan a mejorar el precio y el medio ambiente«. No obstante, para Nadal es necesario que el mix «piense en el consumidor y el precio y no solo el medioambiente», y principalmente que no se tomen decisiones de orden político que «están muy bien anunciarlas, pero van directamente al recibo».

Repsol cotiza en Bolsa en sus niveles máximos de dos años mientras renegocia tarifas para incrementar su inversión en Ecuador

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EFE.- Ecuador tiene gran interés en que la empresa española Repsol siga invirtiendo en el país y ha llegado a un preacuerdo para la renegociación de tarifas, según anunció el ministro ecuatoriano de Hidrocarburos, Carlos Pérez García. Por su parte, la petrolera española Repsol sigue revalorizándose y se sitúa en 15,345 euros por acción, su máximo en dos años, desde el 10 de agosto de 2015.

Morgan Stanley señaló en su informe que Repsol tiene varios catalizadores fundamentales que permitirán a sus acciones subir más que las de otras empresas del sector, entre ellos la mejora de la calificación crediticia y el aumento del dividendo. Según el banco de inversión estadounidense, estos cambios se apoyan en la fortaleza de la generación de caja del negocio de refino. En otro informe, Bank of America señala que el desabastecimiento provocado por el paso del huracán Harvey puede ampliar los márgenes de refino y apunta que Repsol está bien posicionada para cubrir la demanda.

Renegociar tarifas para invertir más

«Con Repsol seguimos conversando y vamos a proceder a la renegociación de tarifas con ellos. Ya tenemos un preacuerdo», anunció el ministro ecuatoriano de Hidrocarburos, Carlos Pérez García, que explicó que la empresa española sigue trabajando en el país en el llamado Bloque 16, pero que sus inversiones «son bastante reducidas porque en el campo ya no hay más reservas».

Pérez señaló que Ecuador podría, por ejemplo, ofrecer a Repsol la oportunidad de explotar un campo muy cerca del que actualmente tiene en explotación, y que ha salido a concurso, pero que no se ha recibido oferta alguna. «Ojalá le interese a Repsol uno de ellos que está muy cerca a su zona, y es de crudo liviano», manifestó Pérez, ante la inminente apertura de sobres del concurso. En cuanto a la firma española, concluyó que tiene con el Servicio de Rentas Internas (SRI) «problemas» en los que está tratando de ayudar con el fin de fomentar una mayor actividad de Repsol en el país.

Facua denuncia que la propuesta del Gobierno veta el bono social de electricidad para los consumidores con ingresos reducidos

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Servimedia / Europa Press.- Facua denuncia que el «insolidario» modelo de bono social diseñado por el Gobierno «llega al extremo de que familias adineradas podrán acceder a él por el único hecho de ser numerosas, pero estará vetado para familias con muy reducidos ingresos y cuya renta disponible les provoque una situación de asfixia económica«.

La asociación mostró su «absoluto rechazo» a los proyectos de real decreto y su orden de desarrollo presentados por el Gobierno, por los que se regularán la figura del consumidor vulnerable y el bono social. Energía abrió el trámite obligatorio de exposición pública del proyecto de orden en pleno mes de agosto, con el consiguiente plazo para presentar alegaciones, lo que para Facua pone de manifiesto cómo la regulación llega a ser una «disparatada pantomima».

Con carácter general, para tener derecho al bono social, el Gobierno plantea que las familias sin hijos menores deben ingresar una renta no superior a 1,5 veces el Iprem (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), que está actualmente en 537,84 mensuales. Si en un hogar entran más de 807 euros al mes no podrá accederse al bono si en él vive una persona, una pareja sin niños menores o una con hijos de más de 18 años. Además, de acceder al bono social sólo afectará a los primeros 1.200 kWh que consuma al año.

Si en la familia hay un menor de edad, sólo se podrá acceder al bono social si los ingresos no superan el doble del Iprem (1.076 euros mensuales). Si hay dos o más menores, el bono estará restringido para las familias que ingresen no más de 2,5 veces el Iprem (1.345 euros). En cuanto a los pensionistas, el bono sólo podrá solicitarse si todos los miembros de la familia perciben la cuantía mínima vigente por jubilación o incapacidad permanente. Además, ya no será accesible para los usuarios que contraten una potencia inferior a 3 kilovatios.

Otro de los «recortes» del Gobierno que denuncia Facua es que si el bono vigente representa un descuento del 25% sobre el importe de la factura eléctrica, el nuevo supondría la misma reducción, pero con un límite en los kWh consumidos. Así, una unidad familiar sin menores sólo tendría bonificados los primeros 1.200 kWh que consumiese al año (100 kWh mensuales), frente los 366 kWh que consume el usuario medio en España, según Facua. En este contexto, la asociación denuncia la «aberración» que supone que familias numerosas con elevado nivel adquisitivo, solo por ser numerosas, se beneficiarán de «descuentos vetados para familias con pocos recursos».

Además de criticar los «excesivos límites de ingresos» establecidos para acceder al bono, la asociación de consumidores apunta a la falta de garantías de los usuarios a la hora de solicitarlo, ya que se tienen en consideración los ingresos brutos pero no la renta disponible tras hacer frente a los pagos esenciales, como la vivienda o el suministro de agua. Asimismo, se opone a que el Iprem sea el índice de referencia y no el salario mínimo interprofesional (707,70 euros al mes), pues el primero «hace años que no se utiliza», y a que las familias deban poner facilitar a las compañías eléctricas datos protegidos como la declaración del IRPF.

Energía calcula que solo el 45% de los beneficiarios del bono social lo pedirá; la OCU pide simplificar los trámites

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Europa Press.- La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) propone simplificar las categorías de los beneficiarios del bono social y de los trámites de renovación, así como la eliminación o revisión de los límites de consumo impuestos para los hogares. Precisamente el Ministerio de Energía calcula que solo el 45% de los hogares con derecho a recibir el nuevo bono social de la luz finalmente solicitará la ayuda, según consta en la memoria económica del borrador de real decreto sobre la materia.

La memoria afina el coste estimado del nuevo bono social, que será superior al actual y que cubrirá tanto a los consumidores vulnerables como a los severos. Según Energía, este coste ascenderá a 236 millones de euros anuales, un 17,8% más que los cerca de 200 millones actuales. Al estimar el número de hogares que podrán acceder al bono social, el departamento dirigido por Álvaro Nadal recuerda que la obtención de la ayuda requiere que el interesado lo solicite y considera “improbable que la totalidad de ellos llegue a hacerlo«.

Energía ha calculado ahora el número de hogares potencialmente beneficiarios y, sobre la estimación, ha aplicado una «tasa de aceptación» del 45%. El resultado es una previsión de 2,5 millones de hogares. Esta cifra es superior a la actual, de 2,44 millones de usuarios, al tiempo que, como defiende Energía, se reparte de una forma más adecuada, ya que el criterio de renta permitirá cubrir las necesidades de personas que, pese a su situación, antes no podían beneficiarse del bono.

Para hacer sus cálculos, el Ministerio ha segmentado los hogares en función de los umbrales de renta y de los distintos tipos de familia, en función de si es numerosa o si tiene menores o personas en circunstancias especiales. Posteriormente, para cada nivel de unidad familiar con un determinado umbral de renta, ha contabilizado el número de hogares. Tras incluir los correspondientes a discapacitados y a víctimas de violencia de género y terrorismo, ha obtenido la cifra final de potenciales beneficiarios, a los que ha aplicado la «tasa de aceptación».

Como hay una media de 2,5 personas por hogar en España y como la aspiración es proteger 2,5 millones de hogares, Energía concluye que la cobertura del bono se extenderá a más de 6 millones de personas, una cifra superior a los 4,5 millones de personas que, según Eurostat, podrían sufrir pobreza energética, señala Energía. «Por tanto, el volumen de hogares estimado que se derivan de la metodología de asignación del bono social de este real decreto es más que suficiente para la cobertura total de todas las personas con riesgo de pobreza energética que hay actualmente en España», asegura.

Propone eliminar límites de consumo

Por su parte, la OCU recuerda que «aún quedan asuntos pendientes para garantizar que accedan al bono quienes tienen derecho y poner coto a los 4,5 millones de personas en situación de pobreza energética».Por esto, aunque la reforma del bono social «mejora la situación anterior», OCU apunta algunas líneas de mejora del borrador.Concretamente, la organización propone la simplificación de las categorías de los beneficiarios usando como referencia una renta per cápita y no por hogar.En este sentido, OCU aplaude la protección de los hogares con menores, pero señala que puede estar mejor atendida si se identifica a esos hogares como «colectivos especiales».

Por otro lado, desde la organización ven necesario la simplificación de los trámites, de manera que sea posible la identificación automática de los beneficiarios del bono social cada año.Asimismo, OCU defiende la eliminación, o en su caso, «revisión de manera crítica», de los límites del consumo impuestos para los beneficiarios del bono social ya que, asegura, el beneficio que supone se verá lastrado por los límites del consumo mensual. OCU denuncia que estos límites perjudican especialmente a los hogares sin gas natural, con calefacción eléctrica y con varios miembros.

De igual modo,desde la organización señalaron que, excepto los hogares en exclusión social cuya factura será gratuita, «la factura a pagar por el resto es lo suficientemente importante pese al descuento como para no dar pie al derroche energético«.Finalmente, la organización ha reclamado la importancia de un «compromiso de la Administración» con el fin de identificar correctamente al colectivo en riesgo de exclusión social.Por el contrario, una falta de voluntad política o de presupuestos «puede provocar grandes diferencias en la protección de los hogares en situación crítica».

El nuevo bono social costará unos 230 millones de euros e impondrá límites a cada beneficiario del consumo bonificado

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Europa Press.- El nuevo bono social de la electricidad tendrá un coste de entre 203 y 235 millones de euros, frente al de entre 180 y 200 millones actual, y aspira a proteger a unos 2,5 millones de hogares en situación de vulnerabilidad, explicó el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia. También se limitará el consumo bonificado, es decir, el número de kilovatios hora (kWh) que se ve beneficiado del descuento que supone el bono social.

Por ejemplo, el derecho a percibir el bono social de la luz para las familias numerosas estará limitado a un consumo de energía de 3.600 kilovatios hora (kWh) al año, según consta en el borrador del decreto por el que se regula el bono social. Concretamente, este descuento tanto para los considerados como consumidores vulnerables, que asciende al 25% del recibo, como para los vulnerables severos, que será del 40% de la factura, será aplicado teniendo en cuenta el límite de energía suministrada previsto para el periodo de facturación. Por encima de este límite, la energía suministrada le será facturada según la tarifa regulada PVPC (Precio Voluntario al Pequeño Consumidor).

Este límite máximo de energía bonificada para cada una de las categorías de consumidores se calculará prorrateando la energía anual máxima establecida para cada una de ellas entre el número de días que conforman el período de facturación. Así, para el caso de las familias numerosas, este límite máximo será de 3.600 kWh al año por hogar, mientras que para las unidades familiares en que sus miembros sean pensionistas del Sistema de la Seguridad Social por jubilación o incapacidad permanente, percibiendo por ello la cuantía mínima vigente en cada momento para dichas clases de pensión, será de 1.680 kWh anuales.

El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, señaló que al final el Gobierno ha considerado «que era mejor» incluir a las familias numerosas, aunque subrayó que el derecho al bono social «va a tener limitado el consumo» y «no se van a financiar lujos». «Un consumo normal de una familia normal. El bono social es para niveles de consumo habituales«, aseveró. Energía ha remitido a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), para su preceptivo informe, el borrador de real decreto que desarrolla el bono social de electricidad, después de definir los criterios de renta para que sea percibido.

Para que un consumidor sea considerado vulnerable y pueda acogerse al bono social que le da acceso a un descuento del 25% en su factura, se tendrá en cuenta el nivel de renta de su unidad familiar referido al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). En concreto, podrán acceder al bono social las unidades familiares sin menores a cargo que tengan una renta anual menor o igual a 1,5 veces el IPREM, las unidades familiares con un menor a cargo que dispongan de una renta anual menor o igual a 2 veces el IPREM, así como aquellas que cuenten con dos menores a cargo y que ingresen una renta anual menor o igual a 2,5 veces el IPREM.

Además, los umbrales de renta anteriores se verán incrementados en 0,5 veces el IPREM para las víctimas de violencia de género, víctimas del terrorismo y para aquellos hogares con algún miembro con una discapacidad superior al 33%. Asimismo, podrán acogerse al bono social, además de todas las familias numerosas, aquellas unidades familiares en las que todos los miembros que tengan ingresos sean pensionistas del Sistema de la Seguridad Social por jubilación o incapacidad permanente, percibiendo por ello la cuantía mínima.

Para el caso de los consumidores vulnerables conformado por una unidad familiar sin menores que tengan una renta anual menor o igual a 1,5 veces el IPREM, que en 2017 se sitúa en unos 7.455 euros al año en 14 pagas, este límite máximo de consumo para tener derecho al bono social será de 1.200 kWh al año, mientras que para las unidades familiares con dos menores y que cumplan los criterios de renta será de 2.040 kWh anuales y para las familias con un menor y que puedan por renta acogerse a la ayuda será de 1.680 kWh anuales.

Por otra parte, se crea una nueva categoría, los consumidores vulnerables severos, para aquellos hogares con rentas inferiores al 50% de los umbrales establecidos para los consumidores vulnerables. Los consumidores vulnerables severos tendrán una mayor protección y se beneficiarán de un descuento del 40% de su factura. Las familias numerosas o los hogares donde todos sus miembros que tengan ingresos sean pensionistas de la Seguridad Social por jubilación o incapacidad permanente, percibiendo la cuantía mínima, serán considerados vulnerables severos si su renta es inferior a 2 veces el IPREM o 1 vez el IPREM respectivamente.

También se crea también la categoría de consumidores en riesgo de exclusión social, que serán aquellos consumidores vulnerables severos que, por sus especiales circunstancias, estén siendo atendidos por los servicios sociales de ayuntamientos o comunidades autónomas. Estos consumidores serán considerados esenciales y no se les podrá suspender el suministro. Esto será financiado por medio de la financiación adicional que liberará el sistema eléctrico (10%) y que complementará la aportación de los servicios sociales (50%) y del propio bono social (40%).

Lucha contra la pobreza energética

Por su parte, Navia destacó que el bono social cubrirá un conjunto de consumidores ligeramente superior al que disfruta actualmente de la ayuda, al tiempo que lo hará de forma más eficiente, al vincular su percepción a criterios de renta. Para elaborar la nueva regulación, el Gobierno parte de las cifras de Eurostat según las cuales cerca del 10% de la población se encuentra en riesgo de pobreza. El objetivo del bono social será proteger mediante descuentos en el recibo de la luz a 2,5 millones de hogares, lo que equivale a unos 7 millones de personas. Navia también destacó mejoras en los procesos de notificación y avisos de impago.

Los usuarios del bono social descienden un 1,1% en 2016 pese a aumentar entre familias numerosas o de desempleados

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Europa Press / EFE.- El promedio de consumidores acogidos al bono social de electricidad ascendió a 2,42 millones a cierre de 2016, lo que supone un descenso del 1,1% con respecto al ejercicio anterior, a pesar del aumento más del 10% entre familias numerosas y hogares con todos los miembros en situación de desempleo.

Según el último informe de indicadores eléctricos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el descenso en 2016 se debe, como viene ocurriendo en los últimos ejercicios, al menor número de consumidores domésticos con potencias contratadas inferiores a 3 kilovatios (kW). Este grupo de beneficiarios del bono social, que es el más numeroso entre los distintos perfiles de usuarios con derecho a la ayuda, ascendió a 1,79 millones en el promedio de 2016, un 4,2% menos que en 2015 y el 72,7% del total de beneficiarios.

Aparte de potencias inferiores a 3 kW, el bono social también lo pueden disfrutar los perceptores de pensiones mínimas, las familias numerosas y los hogares con todos los miembros en situación de desempleo. Los pensionistas que recibieron la ayuda en 2016 fueron un promedio de 322.060, un 5,5% más y el 13,7% del total, mientras que entre las familias numerosas hubo 216.139 beneficiarios, un 14,9% más y el 9,4% del total. Entre las familias en desempleo se produjo un incremento del 12,8%, hasta 73.571 usuarios, representando el 3,23% del total.

Los beneficiarios del bono social consumieron el año pasado 2,29 millones de megavatios hora, un 4% más que en 2015. De ese consumo, el 56,4% corresponde a los usuarios con una potencia contratada inferior a los 3 kw; el 20,2% a las familias numerosas; el 18,1% a pensionistas; y el 4,5% a desempleados. Las familias numerosas son las que más consumen de media (4.013 kilovatios hora anuales), seguidas por los desempleados (2.611 kilovatios hora anuales) y los pensionistas (2.408 kilovatios hora anuales). Los que consumen menos son los usuarios con potencias contratadas inferiores a 3 kw (1.351 kilovatios hora anuales).

Como parte del desarrollo normativo del nuevo mecanismo de financiación del bono social, el Ministerio de Energía prevé un nuevo sistema de reparto de la ayuda en función de la renta. Energía considera que la actual definición de beneficiarios «tiene una relación muy indirecta con las categoría de renta», lo que consideran que justifica vincular la ayuda al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem). Con esta definición, «puede haber consumidores que realmente necesiten la ayuda del bono social y no la estén recibiendo«, así como «beneficiarios que no requieran realmente del descuento del 25% en su factura eléctrica».

Energía impedirá a las comercializadoras eléctricas sacar a un usuario del bono social hacia el mercado libre sin advertírselo expresamente

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Europa Press.– El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital prohibirá a las comercializadoras de electricidad suscribir un contrato en el mercado libre con un beneficiario del bono social sin advertirle expresamente de que la firma implicará la pérdida de la ayuda. Esta novedad forma parte de las medidas recogidas en el borrador de reglamento de desarrollo del bono social de electricidad, que fue remitido por Energía a las distintas comunidades autónomas.

El borrador recoge tres novedades normativas encaminadas al refuerzo de la protección de los consumidores de electricidad, especialmente de los vulnerables. Entre ellas figura la de que el nuevo comercializador «deberá informar expresamente» al consumidor con bono social de que «la suscripción del nuevo contrato en mercado libre implicará que no resulte aplicable la percepción del bono social». Otra de las novedades es que las comercializadoras deberán incluir en sus reclamaciones a los consumidores con impagos en su factura que estén en el mercado libre la posibilidad de acogerse al precio regulado, el PVPC, y de solicitar el bono social.

Junto a esto, Energía anulará expresamente las cláusulas que contemplen penalizaciones o costes adicionales para los consumidores que tengan un contrato en el mercado libre y que soliciten acogerse al PVPC acreditando los requisitos para ser consumidor vulnerable. El borrador también obliga a las comercializadoras eléctricas a actualizar al menos una vez a la semana el listado con los consumidores a los que ha remitido la primera o, en su caso, segunda notificación de impago.

Esta lista se remitirá a las comunidades autónomas, que designarán por su parte un centro directivo para recibir esta información e informar a las distintas administraciones del territorio. De esta forma, «las autoridades competentes en materia de servicios sociales dispondrán permanentemente de un listado actualizado de los impagos en su territorio». Las comunidades autónomas podrán usar la información del listado para incluir a los consumidores en sus distintos programas de asistencia social. También estarán obligadas a notificar a las comercializadoras de referencia los nombres de los usuarios que están siendo atendidos por sus servicios sociales.

Al abordar el nuevo principio de asignación del bono social, Energía reconoce que la actual definición de beneficiarios «tiene una relación muy indirecta con las categoría de renta«, lo que justifica, según sus consideraciones, vincular la ayuda a un indicador como el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem). En este sentido, reconoce que con la actual definición «puede haber consumidores que realmente necesiten la ayuda del bono social y no la estén recibiendo», así como «beneficiarios que no requieran realmente del descuento del 25% en su factura eléctrica».

El Gobierno tendrá en «breve» el borrador de desarrollo del bono social, que podría aplicarse antes de verano

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Europa Press.- El Gobierno contará en «breve» con el borrador del reglamento para desarrollar el bono social eléctrico, que podría así estar listo para antes de este verano, según indicó el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, que destacó que el texto recogerá como «requisito fundamental» la consideración de la renta para acceder al bono social. Hasta ahora, al bono social accedían las familias numerosas, los consumidores con una potencia contratada inferior a los 3 kilovatios (kW), las pensiones mínimas y los desempleados.

Además, Navia destacó que se va a trabajar en la protección adicional del consumidor en las prácticas de comercialización, así como en la regulación de los cortes, estableciendo una categoría de consumidores particularmente en riesgo de exclusión social, «donde los cortes quedarán cubiertos con una contribución de las comercializadoras«. El secretario de Estado de Energía indicó que el Gobierno está ultimando este borrador después de haber mantenido contactos con todos los grupos políticos y contar con «un consenso importante» y avanzó que se procederá a una tramitación acelerada que podría, si todo funciona según lo previsto, «concluir antes de verano».

El texto deberá pasar previamente al Consejo de Estado y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para su aprobación, añadió Navia, quien aseguró que la percepción tras las reuniones con los grupos es «muy positiva» y que existe un grado de acuerdo «bastante importante». Por otra parte, el secretario de Energía insistió en que el Gobierno, «en la medida que haya márgenes en el sistema», bajará la parte regulada del recibo. «Está en nuestro programa electoral. No subir la parte regulada y, si se puede hacer de forma prudente, ir reduciendo la parte regulada», aseguró.

Cataluña planteará un bono social con descuentos de hasta el 100% y cofinanciado por las suministradoras de electricidad y gas

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Europa Press / EFE.- Mientras el precio medio de la electricidad en el mercado mayorista se situó en 55,43 euros el megavatio hora (MWh), según los datos de OMIE, el operador del mercado, la Generalitat de Cataluña anunció que hará llegar al Gobierno central una propuesta de modificación del bono social energético actual para que incluya descuentos del 25% al 100% tanto en electricidad como en gas y que esté cofinanciado al 50% por el sistema eléctrico y gasista y por las empresas suministradoras.

Esta es la propuesta catalana que está estudiando el Ejecutivo autonómico catalán tras el encargo realizado en diciembre a un grupo de trabajo formado por representantes de diversas consejerías, entidades, administraciones locales y el Colegio Oficial de Trabajo Social de Cataluña. El documento propone diverso grado de descuentos en la factura en función de la renta, con un máximo de 2,5 veces el Indicador de Renta de Suficiencia de Cataluña, los miembros de la unidad familiar y de la zona climática de la vivienda. Así, por ejemplo, las personas o unidades familiares con rentas inferiores o iguales al IRSC deberán disfrutar el 100% de descuento.

La propuesta parte de que el bono social actual beneficia a personas que no necesariamente están en situación de vulnerabilidad, y defiende la necesidad de que exista un bono social eléctrico y un bono social del gas, y advierte de la conveniencia de que el Estado desarrolle también un bono social sobre la bombona de gas butano. Los beneficiarios del bono social deberán acreditar que el contrato de suministro está vinculado a su vivienda habitual y tener contratada el Precio Voluntario del Pequeño Consumidor (PVPC) y una potencia igual o inferior a 6,9 kW, en el caso del suministro eléctrico.

En el caso del gas natural, deben tener contratada la tarifa de último recurso TUR1 y un consumo anual igual o inferior a 5.000 kWh, por lo que, si se encuentran en el mercado libre, los beneficiarios deberían aceptar pasar a estas tarifas reguladas. La propuesta también contempla que los descuentos se apliquen sobre toda la factura, salvo el IVA, y fija que el IVA aplicable debería ser el superreducido, que es del 4% en el coste del bono social.

Para elaborar esta propuesta participaron representantes de las entidades que agrupan a los municipios de Cataluña así como el Ayuntamiento de Barcelona y la Diputación de Barcelona. El Gobierno catalán indicó que está en línea con las políticas para avanzar hacia un nuevo modelo energético sostenible, democrático y equitativo, por lo que también está trabajando en la consecución del Pacto Nacional para la Transición Energética.

Bajada en el mercado mayorista

Por otra parte, el precio medio de la electricidad en el mercado mayorista se situó en 55,43 euros el megavatio hora (MWh), ligeramente por debajo de los 55,46 euros anteriores. Estos precios están muy lejos del pico alcanzado el 25 de enero, en plena ola de frío, que fue de 91,88 euros el MWh, un nivel que no se veía desde diciembre de 2013. El precio mayorista supone en torno al 35% de la tarifa eléctrica regulada, mientras que el 65% restante depende de los peajes, que fija el Gobierno, y de los impuestos aplicados.